La Justicia federal de Estados Unidos levantó el embargo de fondos vinculados a la criptomoneda $LIBRA y habilitó al “empresario” Hayden Mark Davis a disponer de una billetera virtual que contiene 500 millones de tokens para que los transfiera de inmediato al proyecto “Viva la Libertad”, en la Argentina.

La cotización de mercado de esos 500 millones de tokens es, hoy, cercana a 0, pero le permitirían al CEO de la firma Kelsier Ventures argumentar ante la Justicia argentina que nunca buscó estafar a los inversores que compraron esa “memecoin” en las horas que siguieron al posteo del presidente Javier Milei en la red social X, el 14 de febrero pasado.

La jueza federal Jennifer Rochon admitió así un planteo que presentó Davis durante una audiencia celebrada el 1 de julio pasado, y que diez días después recibió el visto bueno de los abogados de Burwick Law, el bufete que representa a los impulsores de la demanda colectiva –“class action”- que tramita en los estrados federales de Nueva York.

“Este fallo confirma lo que siempre hemos sostenido: este caso no tiene fundamento”, celebró uno de los abogados de Davis, Mazin Sbaiti, al término de la audiencia. “A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente hizo algo indebido o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de hoy revelan la verdadera naturaleza de este caso”, afirmó, en un comunicado de prensa que emitió al término de la audiencia.

Otro de los abogados de Davis presente en la audiencia, cargó contra la prensa: “Aunque este litigio ha generado titulares y cierta especulación injusta y desinformación, nada se presentó ante el tribunal para sostenerlo, y la jueza expresó su profundo escepticismo sobre los méritos de las acusaciones.”

La decisión de la jueza Rochon revierte, en la práctica, la orden que había emitido a fines de mayo, cuando dispuso congelar cerca de US$280 millones de las ganancias generadas por la venta de $LIBRA, en una maniobra que se estima que habría perjudicado a cerca de 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores.

El levantamiento del embargo judicial le permitirá a Davis retirar cerca de 20,8 millones de tokens $LIBRA por mes, aunque esos activos casi no tienen valor de mercado en la actualidad, según coinciden expertos como Fernando Molina, quien remarca que resulta incierto aún cuál es el objetivo final detrás de este pedido.

Según explicó Molina, el pedido fue que “el dinero se envíe inmediatamente a una wallet [es decir, una billetera virtual] designada por ‘Viva La Libertad Project’”, la que opera en la plataforma Jupiter. “En criollo, solo se puede retirar a razón de 20,8 millones de $LIBRA por mes a partir del 16 de agosto”, abundó. “No existe otra forma de retirar ese dinero, por lo cual no se entiende el pedido del estudio [Burwick] a la jueza [Rochon”, además de que “la liquidez de $LIBRA es prácticamente nula, así que tampoco se entiende por qué solicitan esto”.

Otro experto que testimonió ante el Congreso argentino, sin embargo, creen que el valor de mercado que tiene hoy la “memecoin” $LIBRA podría resultar irrelevante. “Quieren repartir $LIBRA entre los que llenaron el formulario y así demostrar que se cumplió con [la versión inicial sobre] la ayuda para las PyMEs argentinas”, sostuvo Maximiliano Firtman. “Un par de criptobros oficialistas ya dijeron que si pasa eso no se puede hablar de estafa”.

Para Molina, no obstante, eso no tendría sentido. “$LIBRA no tiene liquidez; es como si repartiera billetes falsos, no sirve para nada”, insistió, en un mensaje que posteó en la red social X. “Piden que la transfiera inmediatamente”, añadió, “lo cual es técnicamente imposible”.

El objetivo de Davis no sería, sin embargo, contentar a los inversores que compraron $LIBRA antes de que colapsara durante la madrugada del 15 de febrero pasado, sino enviarle un mensaje a la Justicia argentina, donde afronta una investigación penal junto al presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los organizadores del evento Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

En ese sentido, Davis ya sondeó a los tribunales argentinos con una oferta que plantearon de manera informal en las semanas que siguieron al lanzamiento y colapso de $LIBRA, según reveló en junio pasado. Davis propuso devolver los cerca de US$100 millones que se llevó entre la noche del 14 y la madrugada del 15 de febrero pasados.

La propuesta de Davis consistía en girar esos fondos a la Argentina, donde designó a los abogados Marcos Salt y Natalia Sergi. Propuso transferir esos fondos a la cuenta bancaria que designaran la jueza federal María Servini y el fiscal federal Eduardo Taiano, para demostrar así su buena voluntad e inocencia, alejado de las acusaciones por fraude, desfalco, insider trading y otros presuntos delitos.

“Él está convencido de que no hizo nada y no entiende qué le reprochan”, precisó entonces un allegado a Davis a . “Él sostiene y reafirma que el proyecto era un buen proyecto, que iban a financiar emprendimientos de la economía real en la Argentina, y que retiró los fondos cuando vio que se desplomaba la cotización y que algunos desconocidos estaban ‘snipeando’ la operación”, detalló. Es decir, boicoteándola para su propio beneficio.

En línea con su aparente interés de devolver alrededor de US$100 millones, fuera real o declamado, Davis puso una condición para completar la transferencia de los fondos a la cuenta que le indiquen bajo la forma jurídica de un depósito judicial. ¿Cuál? Que cuando la Justicia ratificara su inocencia, él quedase habilitado a cobrar la comisión pactada por su labor.

El propio Davis había anticipado su aparente interés por devolver los US$100 millones en su primera aparición pública tras el colapso de $LIBRA. “En cuanto a mi rol, fui responsable de garantizar la liquidez del proyecto y aún mantengo el control sobre todas las tarifas asociadas y los fondos de la tesorería. Quiero dejar absolutamente claro que no he tomado, ni tomaré, ninguno de estos fondos para mi beneficio personal”, sostuvo. “Como custodio —y no propietario— de estos fondos, no me siento cómodo transfiriéndolos a los asociados de Javier Milei, ni al equipo de KIP Protocol”, añadió.

De avanzar con el depósito en la Argentina, Davis podría invocar lo que estipula el artículo 59 del Código Penal argentino. Establece las causales por las que se extingue la acción penal contra uno o más acusados, entre las que figura la muerte del imputado o la prescripción, por ejemplo, y la reparación integral del daño.

Ahora, tras el levantamiento parcial del congelamiento de fondos en Estados Unidos, Davis tiene la oportunidad de intentar esa jugada, aunque resta ver si la Justicia argentina considera si la entrega de tokens sin valor de mercado representan una “reparación integral del daño”.

2. El sostenimiento del aumento jubilatorio de 7,2% que llevará el bono de $70.000 a $110.000 y define actualizaciones por inflación. Milei lo vetó.

3. La distribución automática a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) según los índices de coparticipación.

4. Un nuevo reglamento para sacar de la parálisis a la comisión investigadora del caso $LIBRA y ponerla en funcionamiento.

5. Tres proyectos para modificar el huso horario en verano. Como ninguno cuenta con despacho de comisión, la oposición apunta a emplazar a las comisiones pertinentes para impulsar su tratamiento.

6. Una actualización de los montos por evasión fiscal en la ley 24.769, de Régimen Penal Tributario.

7. Una nueva moratoria previsional por dos años, que permite acceder a la jubilación a las personas que ya alcanzaron la edad pero no cumplen con el tiempo de aportes requerido. El Presidente la impugnó.

8. La insistencia a la ley que Milei vetó para destinar un fondo de emergencia de $200.000 millones para reconstruir y asistir a los damnificados en Bahía Blanca y zonas aledañas tras las inundaciones de marzo. El senado ya rechazó la impugnación presidencial y si Diputados sigue el mismo camino, será la primera vez que el Congreso logre revertir un veto de esta gestión.

9. La coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y la eliminación de una serie de fideicomisos (de infraestructura, transporte, vivienda y energía, entre otros). La distribución de lo recaudado por el ICL será de la siguiente manera:

– Tesoro Nacional: 14,29%

– Provincias: 57,02%

– Sistema Único de Seguridad Social: 28,69%

De los fondos provinciales, un 25% se repartiría en partes iguales entre todas las jurisdicciones y un 75% según los índices de coparticipación.