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El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

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A pesar de que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ya confirmó su postulación como senadora nacional, La Libertad Avanza se encuentra definiendo cómo estarán compuestas sus listas de legisladores en distintos puntos del país. El poroteo y el filtro de los diferentes posibles postulantes no es una excepción en la Ciudad de Buenos Aires, donde se ponen en disputa 13 bancas a diputados y tres a senadores; lo que la configura como uno de los distritos de mayor importancia para estas elecciones.

En las usinas libertarias calculan el escenario en la Ciudad y afirman que, casi con seguridad, conseguirán siete bancas a diputados nacionales. “Todo lo que se consiga arriba de eso va a ser muy bienvenido, y es posible tener algo más, pero nos tenemos que ir arriba de los 50 puntos”, indica un integrante del Gobierno a Infobae.

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La Libertad Avanza fue la última vencedora de los comicios locales de mayo, donde se impuso con algo más de 30 puntos al peronismo y al oficialismo local del PRO. Estos comicios habilitaron a posicionarse como la principal fuerza del centro hacia la derecha, y recibir mayores espacios en el caso de una alianza electoral porteña.

Finalmente sucedió. Y de esa base de siete lugares entrables, los libertarios acordaron darle el quinto y sexto puesto a alfiles de Mauricio Macri: prácticamente al fondo de esa lista. El presidente nacional del PRO está en contacto con su par nacional de La Libertad Avanza como para terminar de acordar quiénes pueden ser sus dos representantes en la lista violeta.

El caso es casi inédito a nivel nacional. Por caso, en la Provincia esto fue directamente negociado con el armador nacional y presidente provincial del PRO, Cristian Ritondo; aunque cabe aclarar que Macri sobrevoló y dio el visto bueno de esos nombres.

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Mauricio Macri

Pero en la Ciudad la cuestión se volvió específicamente personal para el expresidente, que se reunió con Karina Milei la semana pasada para terminar de cerrar la alianza de partidos, pero sin sacarse ningún tipo de foto. Consultados por Infobae, desde ambas usinas partidarias no dieron definiciones si existirá un nuevo encuentro entre ambos por estas horas. Sí es más probable que haya una foto final con los candidatos una vez que la lista se defina en su totalidad.

La hermana presidencial ya autorizó a que Fernando de Andreis sea uno de los dos candidatos del macrismo. Se trata de uno de los predecesores de Karina, ya que fue secretario general de la Presidencia durante el período entre 2015 y 2019. Es una persona de extremísima confianza de Macri y que cumple el rol del prototípico candidato PRO.

Menos suerte tuvo la consejera de la Magistratura, Jimena de la Torre, a quien Macri le había prometido que la iba a colocar como su otra candidata. La Casa Rosada vetó esa posibilidad producto de sus enfrentamientos anteriores con integrantes del oficialismo -como con Santiago Caputo-, a la vez de que los libertarios no son muy adeptos a los perfiles de corte “republicano”.

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En su lugar, el macrismo postuló a Antonela Giamperi, actual secretaria parlamentaria del bloque PRO en la Legislatura porteña, que preside Darío Nieto. Es una figura técnica y del núcleo puro del partido, describen fuentes que la conocen.

Fernando de Andreis

Los libertarios tienen para sí del primero al cuarto lugar, y del séptimo en adelante.

En ese primer grupo ya es prácticamente un hecho que irán la contadora Patricia Holzman (quien es muy cercana a la presidenta porteña de LLA, Pilar Ramírrz), el abogado Alejandro Fargosi, el cineasta Diego Recalde y la diputada nacional Sabrina Ajmechet, la única de todos los legisladores electos en 2021 por Juntos por el Cambio que tiene altas chances de conseguir reelegir.

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Fargosi comenzó a teñirse de violeta una vez que Milei asumió en su cargo. Ambos se conocen desde hace años por su asidua actividad en la red social X y el Presidente le confió la redacción de la versión libertaria del proyecto de Ficha Limpia a finales de ese año y que estuvo a punto de convertirse en ley. El abogado penalista no esperó a la confirmación de su candidatura para dar una declaración de principios: “Uno de mis principales objetivos para 2026 es seguir trabajando, para volver a aprobar Ficha Limpia y lograr que la Cámara de Senadores la haga ley”, tuiteó ayer.

En tanto, Ajmechet es una legisladora que actualmente figura dentro del bloque del PRO, pero que ahora responde a la línea de la Casa Rosada. Su vínculo político es con Bullrich, pero tiene una particular relación con Milei a través de su militancia por la causa israelí.

Sabrina Ajmechet

El dilema es quiénes tienen posibilidades reales de ser los otros dos que integren ese primer pelotón de cuatro candidatos. En rigor, desde la estrategia libertaria indican que no precisan a una figura altisonante para la campaña a diputados porque la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ya será un foco mediático suficiente.

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Parece muy probable la candidatura de Diego Recalde, homenajeado por Milei en un acto hecho una semana atrás en la Fundación Faro, el think tank libertario. El Presidente considera que sería un excelente vocero de “las ideas de la libertad” en la cámara baja.

Se rumoreó en los medios una eventual presentación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero no tiene intenciones de abandonar su cargo, a la vez que los Milei la consideran indispensable en ese rol.

La Libertad Avanza debe renovar dos bancas en total. La de Nicolás Emma y la de María Fernanda Araujo, quienes asumieron hace dos años para reemplazar a Milei y a Victoria Villarruel, quienes se presentaron para ese cargo en 2021. No está descartado que se les dé la posibilidad de estar en las listas. Emma tiene más probabilidades de ser ubicado en un lugar más alto que Araujo.

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Pare el Senado el cálculo es más sencillo. Los libertarios perciben como un hecho de que su frente saldrá en primer lugar, lo que les hará ganar dos senadores. Ambos candidatos pertenecen al riñón de La Libertad Avanza y ninguno al PRO.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, confirmó ayer en sus redes que será la primera candidata a senadora nacional por el frente La Libertad Avanza. “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, escribió.

Agustín Monteverde, Karina Milei y Javier Milei en el Jockey Club

En sus filas aseguran que renunciará y que no volverá a la función ejecutiva. El dilema es si logra imponer un sistema de doble comando al poder ascender a su secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, o en su defecto, que el actual candidato a diputado provincial e intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, pase a esa esfera. Por ahora, en el Gobierno afirman que realmente no está definida esa cuestión.

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Tal como informó este medio, el consultor y doctor en Economía Agustín Monteverde será quien vaya en segundo lugar. Así, el discurso por la inseguridad y el económico estarán garantizados en ambas partes de las listas. Milei fue quien avaló la candidatura de Monteverde, a quien conoce desde hace años y semanas atrás fue quien lo invitó al Jockey Club para hablar ante sus autoridades.

A su vez, en el oficialismo piden mirar con atención quién irá como candidata a primera senadora suplente, ya que se presume que Bullrich irá como candidata a jefa de Gobierno porteño dentro de dos años y deberá dejar su banca en caso de ganar. Aunque se habló de la presidenta porteña de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, en su entorno relativizan cualquier tipo de rumor. También se habló de que pueda ir como diputada nacional, aunque la respuesta es la misma.

South America / Central America,Government / Politics,BUENOS AIRES

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Una senadora dijo que “los niños argentinos no tienen derecho a atenderse en el Garrahan” y recibió duras críticas

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La senadora Carmen Álvarez Rivero recibió duras críticas luego de afirmar que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan a ser curados”. Los dichos de la legisladora cordobesa ocurrieron en el marco de una reunión conjunta de comisiones en la que se discutió -entre otras cosas- el proyecto de emergencia sanitaria pediátrica, que busca destinar más fondos a hospitales de alta complejidad infantil.

En su intervención desde el Salón Illia del Senado, Álvarez Rivero subrayó que la atención de salud corresponde a las provincias y cuestionó la centralidad del Garrahan. “La salud privada y la salud pública cordobesa atienden a mucha población de otras provincias. De Catamarca, La Rioja, Santiago y hasta La Pampa. Se debe a que la Argentina está pobre”, expresó. Y agregó: “Por eso la frase que ‘la salud de alta complejidad es de competencia federal’ es falsa. La salud, y no hay más distinción, es de competencia provincial”.

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La senadora también advirtió sobre el impacto económico que, según ella, recae sobre Córdoba al recibir pacientes de otras jurisdicciones: “Me gustaría que se asignaran también más recursos a Córdoba cuando atendemos a personas de otra jurisdicción. Eso recae sobre las espaldas de los cordobeses”. Y tras ello sostuvo: “Hay que discutir el sistema de salud en su conjunto. Quiero hacer un aporte: no creo que los niños argentinos tengan derechos a venir a Garrahan a ser curados. Ese derecho no lo conozco en ningún lado”.

Una senadora dijo que “los chicos de la Argentina no tiene derecho a atenderse en el Garrahan”

Las palabras de la integrante del Pro sobre el Garrahan marcaron el punto más álgido de la discusión. La catamarqueña Lucía Corpacci (Frente Nacional y Popular) replicó de inmediato tras escucharla: “La verdad, le tengo que decir que creo que todos los niños tienen derecho al acceso a la salud”.

En la misma línea, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital) sostuvo: “Hay que recordar la Constitución y el derecho a la salud, que lo tiene que garantizar el Estado . También la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene carácter constitucional. Una de las cosas que plantea es el acceso equitativo, cercano e inmediato a la salud de los niños, niñas y adolescentes de cada uno de los países”.

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El último en opinar sobre los dichos de Álvarez Rivero fue Martín Lousteau (UCR): “Un país es injusto cuando lo que uno tiene a disposición depende del lugar en que uno nace. Que alguien diga que los niños en la Argentina, cuando tienen una patología grave, no tienen derecho a ser atendidos en el Garrahan da idea de cuán proclive a la injusticia es la cabeza de una persona y cuán alejada está de eso. Me parece de un nivel de violencia inusitado”.

Una senadora dijo que “los chicos de la Argentina no tiene derecho a atenderse en el Garrahan”
Una senadora dijo que “los chicos de la Argentina no tiene derecho a atenderse en el Garrahan”

Lousteau también remarcó que la organización de la salud debe ser nacional y coordinada: “No tiene sentido que cada provincia tenga un hospital de alta complejidad especializado en algo. Para hacer un buen uso de los recursos, hay que tener una organización del sistema sanitario. Es exactamente al revés. Sino sería más deficitario, tendríamos menos capacidad de cubrir, gastos que no rinden lo que deberían rendir”.

Frente al repudio que despertaron sus dichos, la senadora cordobesa intentó luego dar una explicación. “Me parece que fui malinterpretada. Los chicos que se operan en el Garrahan no tienen nada que ver en esta discusión, por supuesto”, aclaró. Y completó: “Pero no podemos dejar de entender que si la competencia de la salud es provincial, que haya un hospital pago por todos… hay que decir la verdad: ¿a quién le proveen más servicio? A la población de Ciudad de Buenos Aires y de AMBA. Esa es la atención mayoritaria”.

Más allá de la controversia, la reunión terminó con la firma de los dictámenes favorables para la emergencia pediátrica y también para el proyecto de financiamiento universitario. Ambos textos ya tenían media sanción en Diputados y quedaron en condiciones de ser discutidos en el Senado en los próximos días.

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Baja de la edad de imputabilidad: el proyecto para llevarla a 14 años tiene dictamen desde mayo, pero el Congreso no lo trata

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La baja en la edad de imputabilidad a 14 años volvió a instalarse en la agenda política. Ante el asesinato de una mujer a manos de dos menores, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de “inútil” al gobernador Axel Kicillof y le pidió al Congreso que debate el proyecto que ya tiene dictamen.

Desde el pasado 6 de mayo, y luego de un extenso trabajo de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, encabezada por la legisladora Laura Rodríguez Machado, se firmó un dictamen de mayoría de la iniciativa que prevé la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

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El dictamen, con amplio consenso se logró con el respaldo del bloque de La Libertad Avanza y otras fuerzas: el Pro, la UCR, partidos provinciales, la Coalición Cívica, sectores disidentes de Encuentro Federal como Juan Brügge, Alejandra Torres —quien pidió garantizar los fondos para las provincias—, Oscar Agost Carreño, y los radicales críticos de Democracia para Siempre.

Además, se firmaron dos dictámenes de minoría, uno de Unión por la Patria (UxP) y otro del Frente de Izquierda.

La diputada Rodríguez Machado confirmó a TN este martes que el proyecto ya tiene despacho, orden del día y consenso. “Pero ocurre que la oposición, que no es solamente el kirchnerismo, no tiene la voluntad de generar el clima legislativo para que se traten proyectos que sean logros del gobierno nacional. La oposición se encargó que todos los proyectos que han ingresado al recinto sean para corromper el equilibrio fiscal o generar un golpe político en la imagen del Gobierno”, aseguró.

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El plenario por baja de edad de imputabilidad en Diputados se reunió el pasado 6 de mayo encabezado por los diputados Roxana Reyes, Manuel Quintar, Laura Rodríguez Machado y José Luis Espert. Foto Cámara de Diputados

Luego dijo: “Estamos viendo cuándo podremos tratarlo, si no se trata el despacho antes del recambio legislativo no se trata, el despacho cae, y hay que empezar la discusión nuevamente.

La iniciativa destaca los principios de legalidad, debido proceso y derecho a defensa desde el inicio. Se aplica el in dubio pro minoris, interpretando siempre en favor del menor. Establece la proporcionalidad y excepcionalidad de las medidas restrictivas de libertad, priorizando la resocialización y la educación. La privación de libertad es la última instancia y solo se permite en establecimientos especializados. Se garantiza la participación activa del adolescente y su derecho a ser oído, respetando el rol de las familias. Se asegura también celeridad procesal y el derecho del menor a expresar públicamente su situación, si así lo desea.

Uno de los puntos clave del proyecto es el reconocimiento de los derechos de las víctimas como sujetos activos en el proceso penal juvenil. Tendrán derecho a ser escuchadas, contar con patrocinio jurídico, acceder a asistencia psicológica desde el inicio del proceso, participar en mediaciones penales juveniles (siempre con su consentimiento) y oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal, lo que implicará la revisión por parte de un fiscal superior. También se contempla la responsabilidad civil de los padres o representantes legales del imputado y su participación en la suspensión del juicio a prueba.

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Los proyectos como antecedentes

Fueron 12 las iniciativas que trató el plenario de comisiones. Cada uno de los autores a lo largo de varias audiencias explicaron los contenidos de los mismos. El diputado Manuel Aguirre de Democracia para Siempre, sintetizó su proyecto: “Lo primero que puse en los artículos fue la necesidad de crear institutos adecuados para cumplir las sanciones. No pueden ser cárceles. Estos institutos deben contar con herramientas que permitan al adolescente reconducir su conducta, algo que hoy falta”.

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó un proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil.
La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli presentó un proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil.

Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, impulsó una iniciativa presentada por su espacio desde 2003, que propuso un Régimen Penal para menores con penas progresivas y alternativas a la prisión. “No alcanza con bajar la edad. Hay que garantizar una justicia especial para menores y trabajar en su reinserción”.

Otros proyectos plantearon límites de 14, 15 o 16 años. Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) y Diego Santilli (PRO) apoyaron un sistema de responsabilidad penal juvenil desde los 14 y 15 años, respectivamente.

En Unión por la Patria, Natalia Zaracho defendió mantener la edad en 16 años y se enfocó en la prevención y la no reincidencia. En tanto, los libertarios Carolina Píparo y Álvaro Martínez pidieron penas más duras para menores reincidentes, y este último propuso fijar la edad en 12 años, como en Brasil y México.

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Mientras que, el gobierno nacional en su proyecto de ley buscó para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa busca favorecer el derecho de las víctimas y establecer un régimen diferenciado en cuanto al tratamiento de resocialización y a las sanciones penales.

Penalidades consensuadas del nuevo régimen

El nuevo sistema establece sanciones escalonadas, priorizando medidas educativas y restaurativas que promuevan la rehabilitación del adolescente. Entre las medidas complementarias se incluyen: asesoramiento interdisciplinario, inclusión en programas educativos, tratamiento psicológico y capacitación laboral. También sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de contacto con la víctima. La privación de libertad se reserva solo para delitos graves, con un máximo de 15 años de condena, y posibilidad de sustitución parcial tras cumplir dos tercios. Los adolescentes serán alojados en institutos especializados, con personal capacitado y sin contacto con adultos.

El proyecto también contempla la mediación penal juvenil, que será voluntaria y confidencial para delitos con penas de hasta seis años, y con el consentimiento de víctima e imputado. La suspensión del juicio a prueba será aplicable solo a delitos con penas mínimas inferiores a tres años y sin mediación previa. En estos casos, el adolescente deberá reparar el daño y realizar tareas comunitarias.

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Si se dispone la privación de libertad, el alojamiento será en módulos diferenciados por edad, salud, situación cautelar o punitiva. Se garantizará el acceso a educación, salud, recreación, cultura y religión, y se prohibirá expresamente el contacto con adultos. Todo el personal deberá estar especializado en infancia y adolescencia.

Régimen Penal de la Minoridad, Diputados, Laura Rodríguez Machado

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Denunciaron al intendente Julio Zamora por el uso de fondos estatales para hacer campaña

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El intendente de Tigre, Julio Zamora, quedó envuelto en un confuso episodio que derivó en una denuncia en su contra. La polémica se desató tras detectarse en la web una serie de anuncios de campaña con los que el jefe comunal promocionaba su candidatura a senador en la primera sección por el espacio de Somos Buenos Aires, presuntamente solventados por el propio municipio que lidera.

Tras la consulta de a la intendencia de Zamora, todas las publicidades en cuestión fueron borradas de la web.

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Zamora fue denunciado por el abogado Javier Ignacio Baños, que cuenta con el patrocinio del abogado penalista Fernando Burlando, por la posible comisión de eventuales delitos de acción pública. “Podríamos estar en presencia de anuncios de campaña política solventados con dineros públicos”, se advierte en la presentación judicial que se vale de una serie de links que remiten a los anuncios de Google en los que se podía corroborar -hasta antes de ser borrados- que el anunciante y patrocinador detrás de los mismos era el Municipio de Tigre.

Anuncios del municipio de Tigre

Ante la consulta de , desde el entorno del intendente aseguraron no estar al tanto de la denuncia llevada adelante por el estudio de Burlando, al tiempo que negaron cualquier tipo de publicidad electoral solventada con fondos del municipio. Luego, le pidieron a este medio el envío de alguno de los posteos publicados por Google ADS. Llamativamente, tras acceder al pedido, los anuncios fueron borrados.

“Los bajaron porque trascendió la denuncia”, apuntaron desde el estudio de Burlando, responsabilizando así al propio Municipio de Tigre de la eliminación de los anuncios citados en la denuncia. “La maniobra delictiva está consumada”, advirtieron luego.

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En la denuncia, radicada a la Fiscalía de Delitos Complejos, los letrados reclaman que con la prueba presentada “se inicie la correspondiente Investigación Penal Preparatoria en orden a la posible comisión de los delitos de acción pública cuya potencial ejecución se somete a consideración del MPF”.

Asimismo, Baños plantea que de corroborarse un delito “se ordene la detención de los eventuales responsables y se les reciba declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal” y que eventualmente se “remitan testimonios a la Justicia Federal Electoral competente y al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires”.

En uno de los posteos electorales citados como prueba en la denuncia, se lo podía ver al intendente local destacando la renovación de más de 100 plazas en Tigre, en simultáneo de la promoción de su candidatura a senador por la primera sección electoral.

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Mediante el uso de leyendas tales como “Somos Zamora” o “Somos Buenos Aires”, Zamora promueve en los posteos citados su candidatura dentro del frente integra y que en la Provincia aglutina al peronismo disidente, el Partido del diálogo de Emilio Monzó, el GEN de Margarita Stolbizer y una parte de la UCR.

En las elecciones provinciales del 7 de septiembre, Zamora competirá con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien encabeza la boleta de la alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro en la primera sección. Otro de sus contrincantes, en este caso por el frente peronista de Fuerza Patria, será el ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis.


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