POLITICA
La provincia de Córdoba se presentará como querellante en la causa por el fentanilo contaminado
La provincia de Córdoba se presentará como querellante ante la Justicia en la causa por el fentanilo contaminado que investiga a los lotes que se produjeron en el laboratorio HBL Pharma. La decisión fue confirmada por el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer.
Asimismo, el titular de la cartera de salud provincial señaló en una conferencia de prensa que todas las instituciones sanitarias “tiene la obligación de tener separadas cada una de las ampollas” pertenecientes a los lotes contaminados. “Cada uno de nosotros somos custodios y somos responsables de que cada una de esas ampollas esté fuera de circulación”, agregó.
El hallazgo de fentanilo contaminado generó una investigación nacional por la distribución de lotes defectuosos del laboratorio HBL Pharma, con presencia documentada en distintas jurisdicciones, entre ellas Córdoba. Según los reportes oficiales, el aviso de alerta se emitió el 8 de mayo cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comunicó una alteración en la calidad de un lote distribuido también en Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y otros destinos en análisis. Tras la notificación, hospitales, sanatorios y clínicas privadas de impronta local y nacional se movilizaron para confirmar la existencia y estado de las ampollas en sus inventarios.
En declaraciones ante la prensa, Pieckenstainer subrayó que el Ministerio de Salud de la provincia actuó de manera inmediata desde la primera alerta de ANMAT. “A partir de ese mismo día, la Dirección de Farmacia instruyó a todos los referentes públicos y privados de la alerta e instruyó a todas las farmacias de los hospitales públicos de la Provincia y de los privados a que separaran de cada una de las farmacias o de los lugares como quirófanos, terapias intensivas, terapias intensivas pediátricas o guardias de emergencia el lote de fentanilo que estaba informado», expresó el funcionario.
En esa línea, el Ministerio dispuso que no solo se segregara el fentanilo sino la totalidad de la medicación provista por HBL Pharma. Pieckenstainer describió que todos los medicamentos endovenosos, sueros y dispositivos de esa firma debían ser apartados de la circulación en la provincia, independientemente del lote. Así, ningún producto del laboratorio que está siendo investigado por la Justicia permanecería activo en los centros de salud mientras avanzan las pericias judiciales.
El ministro también detalló que la denuncia penal se realiza por medio del fuero federal, con un seguimiento junto al Juzgado Federal N.º 113 de La Plata, a cargo de la investigación. Allí, la provincia colabora activamente para determinar el origen, la extensión de la distribución y la responsabilidad por los lotes contaminados que pusieron en riesgo la salud pública.
Por otra parte, Pieckenstainer explicó que, a diferencia del sistema público, las clínicas privadas deben notificar a las autoridades nacionales cada caso sospechoso y comunicar la tenencia de viales bajo sospecha. “Esa obligación es indelegable y es responsabilidad de cada uno de los directores de las clínicas. Nosotros no tenemos la potestad de poder hacerlo porque no conocemos cuáles son las clínicas que habían comprado el lote”, remarcó en conferencia de prensa.
Desde el momento de la alerta nacional por parte de la ANMAT, la provincia difundió entre sus hospitales la instrucción precisa de apartar cualquier referencia a los productos implicados. Según el ministro, los nosocomios públicos de Córdoba no tienen lotes contaminados: “Tenemos certeza propia y por parte del juzgado que el lote en discusión contaminado no está disponible en ninguno de los hospitales”, afirmó. Además, aseguró que el resto de los insumos de HBL Pharma se encuentran retenidos y a disposición judicial sin haber tenido contacto con pacientes.
La difusión de la alerta también implicó que todos los efectores sanitarios reporten los casos sospechosos a través del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud y el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), canales oficiales del monitoreo epidemiológico. ANMAT reforzó la obligatoriedad del reporte y la clasificación de toda medicación asociada a los lotes detectados, mientras se extiende el relevamiento de las instituciones que hayan recibido partidas de fentanilo desde HBL Pharma en los últimos meses.
El impacto de la distribución del fentanilo contaminado llevó a que el número de muertes a nivel nacional ascienda a 96, según la información oficial aportada hasta el 12 de agosto. La provincia de Córdoba, junto a Formosa, Santa Fe y Bahía Blanca, figura entre los puntos donde se han detectado casos y continúan los estudios epidemiológicos sobre más de 5.000 situaciones bajo análisis, incluyendo sospechas y casos confirmados vinculados al consumo del anestésico.
En el análisis de responsabilidades, Pieckenstainer apuntó que el Ministerio de Salud provincial actúa como apoyo institucional y administrativo pero no puede intervenir directamente sobre la gestión privada ni acceder a registros clínicos particulares. El funcionario señaló que la notificación, análisis y clasificación de casos en clínicas privadas corresponden a sus respectivas direcciones médicas, en coordinación con la autoridad nacional. Por ello, insistió en la importancia de respetar los protocolos de información y actuar bajo las recomendaciones de las entidades regulatorias y judiciales.
POLITICA
El cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Axel Kicillof por los menores que delinquen
Una publicación de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, sobre la situación de los menores involucrados en delitos graves en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte controversia, una vez más, con la gestión bonaerense. La funcionaria nacional señaló que en esa jurisdicción “un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”, un comentario que apareció tras un caso reciente que involucró a dos adolescentes, entregados por sus madres, acusados del asesinato de una mujer en Villa Luzuriaga. La reacción no tardó en llegar por parte de Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia gobernada por Axel Kicillof, quien respondió con dureza a Bullrich buscando refutar su apreciación sobre el tratamiento de los menores que delinquen.
El mensaje inicial, difundido a través de las redes sociales el lunes 19 de agosto, expuso el profundo desacuerdo entre las gestiones de seguridad a nivel nacional y provincial.
El asesinato en Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, implicó a dos menores de 15 y 17 años, quienes, según la investigación, participaron activamente del crimen. El hecho motivó no solo operativos policiales y manifestaciones vecinales, sino también declaraciones de funcionarios que pusieron en primer plano una discusión sobre la edad de imputabilidad y la respuesta estatal frente al delito cometido por adolescentes.
Según publicó Patricia Bullrich en su cuenta, “en la provincia de Buenos Aires un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir a su casa como si nada hubiera pasado”. La funcionaria nacional añadió en su publicación: “Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres.”. Con estas afirmaciones, Bullrich planteó la necesidad de discutir el marco normativo aplicable a los jóvenes involucrados en delitos graves, especialmente en la jurisdicción bonaerense.
“¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor”, enfatizó Bullrich.
La postura la reacción inmediata del gobierno provincial. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, respondió también desde su cuenta oficial: “Bullrich mentirosa e irresponsable. Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”.
“Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires”, agregó.
Finalmente sostuvo: “Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso slogan impulsado por Milei”.
“Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”, cerró.
El funcionario bonaerense defendió así la actuación del poder judicial y de los organismos responsables de la protección de la infancia y adolescencia en la provincia, aportando detalles sobre la aplicación de la ley penal juvenil y subrayando el acompañamiento a las víctimas de situaciones como la ocurrida en Villa Luzuriaga.
El trasfondo del cruce tiene como referencia inmediata el caso conocido el lunes 18 de agosto, en el que una mujer de 44 años, identificada como Marina Gómez, murió tras recibir una puñalada durante un asalto cometido por dos adolescentes en un barrio residencial. Según la investigación, las madres de los acusados, al enterarse del crimen, decidieron entregarlos a la policía para que la justicia tomara intervención. Los adolescentes quedaron así a disposición del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, que investiga su participación directa en el asesinato.
El caso provocó protestas de la comunidad local por la sucesión de hechos violentos en la zona y renovó las críticas al sistema de seguridad local y nacional.
POLITICA
Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
Un juez civil y comercial federal le dio la razón a Cristina Kirchner para no pagar una indemnización de 1125 millones de dólares al Estado por el perjuicio que provocó con el fraude de Vialidad. Pero esa decisión no está firme, ya que puede ser apelada por el Gobierno.
Hace dos meses, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dejó firme una decisión del mismo juez que rechazaba la caducidad de la instancia. Hoy, el magistrado declaró la caducidad de la instancia.
Esta sentencia se dio en un juicio civil −por daños y perjuicios− que corre paralelo a la causa penal de Vialidad, donde Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión y por la cual debe afrontar el decomiso de sus bienes hasta la suma de 530 millones de dólares (648.990 millones de pesos).
En el juicio penal, Cristina Kirchner planteó justamente la semana pasada al tribunal oral que la condenó que ellos no eran competentes para rematar sus bienes. Dijo que sí lo era este juzgado civil y comercial federal N°2, a cargo del juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos. Como si hubiera estado segura de que le iban a dar la razón con este fallo conocido hoy.
Este demanda civil fue planteada en 2018 por Javier Iguacel cuando era titular de la Dirección Nacional de Vialidad en la gestión de Mauricio Macri. La demanda era por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. Según la cotización de 2018, el monto correspondería a 1125 millones de dólares.
La decisión tomada hoy por el juez Dos Santos implica −por ahora− la finalización del proceso judicial civil por inactividad procesal: durante seis meses Vialidad no hizo nada para hacer avanzar el caso, por lo que además deberá pagar las costas, que son millonarias, proporcionales al monto de la demanda. Esa inactividad del organismo ocurrió durante la presidencia de Alberto Fernández, en la que Cristina Kirchner fungía como vicepresidenta.
Pero el fallo no es definitivo, ya que es apelable ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. La misma que el 24 de junio pasado, hace dos meses, dejó firme el rechazo de una decisión similar.
Dos de los jueces que fallaron en ese momento se jubilaron, con lo que el asunto, si es apelado por el Gobierno, deberá ser revisado por la misma Sala de la Cámara, pero con otra integración.
El artículo 317 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación señala que “la resolución sobre la caducidad solo será apelable cuando esta fuere declarada procedente“, lo que sucede en este caso.
Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia y el juez la rechazó el 22 de noviembre de 2024.
Su intento de apelación fue denegado por el magistrado y esa denegatoria fue confirmada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal el 24 de junio de 2025, al basarse en que el rechazo es inapelable.
Sin embargo, el fallo de hoy, al conceder la caducidad de la instancia, es susceptible de apelación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.
La causa se originó el 25 de enero de 2018, cuando Iguacel presentó la demanda civil contra Cristina Kirchner y Carlos Santiago Kirchner, entre otros imputados en el caso penal de Vialidad.
El objetivo era obtener resarcimiento por daños y perjuicios al patrimonio nacional, supuestamente causados por la adjudicación y ejecución de la obras públicas fraudulentas de Santa Cruz.
El 22 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó la competencia de este asunto al fuero Civil y Comercial Federal.
Tras la contestación de la demanda, el 10 de marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner presentó un “hecho nuevo”: su absolución en la causa penal de Vialidad, el 6 de diciembre de 2022, y pidió ser excluido del caso.
La providencia que dispuso el traslado de este escrito, el 17 de marzo de 2023, fue un punto clave en la tramitación del expediente, considerado como un acto impulsor del proceso, que impidió la primera caducidad.
El 18 de septiembre de 2023, el apoderado de Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia, argumentando que la Dirección Nacional de Vialidad no había realizado presentaciones en la causa por más de dos años, ni había impulsado el expediente por más de nueve meses desde la notificación del juez competente. Era la Vialidad de la gestión de Alberto Fernández.
El 22 de noviembre de 2024, el juez rechazó este primer planteo de caducidad. Si bien consideró aplicable el plazo de seis meses sin actividad, lo computó desde el 17 de marzo de 2023 (el traslado del “hecho nuevo” de Carlos Santiago Kirchner), entendiendo que ese acto había impulsado el proceso.
La defensa de Cristina Kirchner apeló esta decisión el 28 de noviembre de 2024, por “manifiestamente arbitraria”. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2024, el juez denegó la apelación.
Cristina Kirchner fue en queja a la Cámara Civil y Comercial Federal, que rechazó su planteo. La Sala III de la Cámara reiteró que la denuncia de “hecho nuevo” por parte de Carlos Santiago Kirchner impulsó el procedimiento.
Ahora, el juez de primera instancia, Bruno dos Santos, a pesar de los fallos anteriores que habían mantenido viva la causa, ante la nueva presentación de caducidad planteada por Kirchner el 7 de abril pasado, le dio la razón.
La defensa argumentó que, si bien la instancia había estado suspendida por el trámite de la anterior caducidad, el proceso se reanudó el 17 de marzo de 2025, fecha en que todas las partes fueron notificadas de la resolución del 22 de noviembre de 2024.
Según la defensa, desde esa reanudación y hasta el 28 de marzo de 2025, la inactividad de la Dirección Nacional de Vialidad, esta vez del gobierno de Javier Milei, fue total, y se cumplió así el plazo legal de seis meses sin que nadie impulsara la causa.
El juez Dos Santos le dio la razón y dijo que el castigo es para la negligencia de Vialidad, que se desentendió del curso de su reclamo, y que además la medida busca evitar la duración indeterminada de los procesos cuando los interesados abandonan sus pretensiones.
El tribunal desestimó los argumentos de la DNV, que había señalado demoras judiciales, cuestiones de competencia, o presentaciones como el pedido de préstamo del expediente para digitalizarlo.
dejó firme una decisión,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Justicia Federal,Conforme a,Cristina Kirchner,,Vialidad. La Casación rechazó un recurso de Cristina contra la tobillera electrónica,,Detalle. Qué dice el peritaje de los “cuadernos de las coimas” sobre quién los escribió,,A 50 años del asesinato de Larrabure. Estuvo secuestrado 373 días en un pozo al que llamaron “cárcel del pueblo”
El Gobierno se enfrentará este miércoles a una sesión compleja en Diputados, donde se debatirá si quedan firmes o se rechazan los vetos que Javier Milei emitió sobre el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Esta última ley es la que mayor inseguridad genera en el oficialismo: no creen que puedan sostener la decisión del Presidente.
“La sesión de mañana es la más difícil”, aseguró una fuente libertaria de Casa Rosada. Pero no solo por los votos, sino por el momento en el que se dará el debate. “El cierre de listas nacionales dejó varios heridos”, agregó una fuente legislativa que votará a favor de los vetos.
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Por otro lado, La Libertad Avanza tiene más expectativas sobre los proyectos jubilatorios. Si bien no reina el optimismo, creen que los bloques aliados permitirán que el Ejecutivo llegue a los 86 votos que requiere -si están todos los diputados presentes- para cuidar los vetos.
En ese sentido, desde el Gobierno mantienen una negociación contra reloj y un trabajo artesanal para conseguir más voluntades a su favor. Sostienen que contarán con los votos del bloque PRO, de los radicales afines (La Liga del Interior) y de los legisladores que responden a los gobernadores del norte del país; es decir, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).
La postura de la oposición
En la oposición mantienen la esperanza de conseguir que todas las leyes se promulguen, aunque son conscientes que la emergencia en discapacidad es la que más posibilidades tienen de sostener. “La suba de las jubilaciones es más difícil y la iniciativa de la moratoria está hundida”, graficó un miembro de los bloques antagonistas al Gobierno.
Pero estos no son los únicos proyectos que quieren tratar los diputados este miércoles. También buscan debatir las iniciativas que impulsan los gobernadores, para repartir de manera automática los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el impuesto a los combustibles líquidos.
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Los encargados de discutirle al bloque de La Libertad Avanza son Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda. “Quórum va a haber, y ahí van a tener que traer a todo el mundo, porque los que queremos sostener las leyes nos vamos a quedar sentados”, expresó un legislador de una de estas agrupaciones.
No obstante, también deberán lograr más votos que los diputados oficialistas. Frente a este panorama, las miradas se posan sobre la UCR, que lidera Rodrigo de Loredo en la Cámara Baja.
Hasta el momento, es una incógnita cómo actuarán los legisladores de ese bloque. De ellos depende el resultado del poroteo, donde también toman protagonismo aquellos diputados que en la votación original se abstuvieron o se ausentaron.
Congreso., veto, Cámara de Diputados, Javier Milei
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