Los empresarios que crearon una agrupación en mayo de 2021 para enfrentar los bloqueos sindicales están reorientando su proyecto para brindar otro tipo de ayuda a las pymes que tienen problemas con los gremios.

Es que esa modalidad de protesta se redujo drásticamente desde el récord de 75 episodios que se registraron aquel año hasta cerca de 10 que hubo en 2025, gracias a un artículo de la Ley Bases que los penaliza, y por eso el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) presentará esta tarde en sociedad su nuevo desafío, que consiste en “asesorar a empresas y a trabajadores para tratar de evitar las escaladas sindicales fuera de la ley”, según dijo a Infobae el presidente de la entidad, Juan Méndez.

“El bloqueo como pasaba antes, en donde quemaban cubiertas ante las empresas, nos cerraban los portones, nos extorsionaban y nos decían quién podía entrar o salir ya casi no está ocurriendo», dijo el titular del MEAB, dueño de una pyme de Villa Adelina bloqueada hace 5 años, que desde diciembre de 2023 reemplazó a Verónica Razzini, actual diputada, al frente de esa agrupación.

Aun así, Méndez advirtió que ahora “sigue habiendo bloqueos indirectos”, como llama, entre otras acciones, a las asambleas de trabajadores que a veces se convierten en medidas de fuerza encubiertas que impiden el funcionamiento normal de las empresas.

Según el empresario, en esos casos los sindicalistas “no sólo deben avisar sobre la asamblea sino que debe realizarse por un período de tiempo determinado porque es informativa y no puede parar una línea de producción en una fábrica, por lo que se convierte en un acto ilegal”. Y agregó: “El MEAB quiere ayudar a combatir el desconocimiento del empresario ante esas situaciones porque si estuviera capacitado no lo permitiría”.

“También queremos ayudar a los empleados porque a veces el sindicalismo los obliga a cometer a actos de ilegalidad -sostuvo-, por lo que apuntamos a capacitaciones para empresarios y trabajadores con el fin de tratar de evitar las escaladas sindicales ilegales”.

Méndez aclaró, de todas formas, que buscarán brindar información “no sólo sobre los límites legales que tienen los trabajadores sino los propios empleadores también porque hay que tener equilibrio en esto: hay empleadores serios y hay empleadores que se abusan”.

Esta reinvención del MEAB saldrá a la luz este martes, a las 19, en un encuentro llamado “Del miedo a la libertad”, que se realizará en la sede de UCEMA, Reconquista 775, en CABA, donde hablarán la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, entre otros, además de Martín Culatto, responsable de la Unidad de Seguridad Productiva del Ministerio de Seguridad, y Arturo Deheza, Fernando Literas, Pablo Salvatori y Pablo Torres Barthes, los abogados laboralistas y penalistas que trabajan con este movimiento contra los bloqueos.

Bullrich es una de las figuras políticas que más se opuso a los bloqueos sindicales y, en septiembre de 2024, firmó una resolución por la cual estableció la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad federales ante las protestas extorsivas contra las empresas y definió la forma en que estas acciones se pueden denunciar.

Por su parte, Valenzuela impulsó la sanción de una ordenanza “antibloqueo” que asegura el normal funcionamiento de las empresas en su municipio.

Culatto, a su vez, encabeza la unidad del gobierno nacional que se encarga de realizar tareas de prevención y control de los bloqueos por medio de una coordinación de las fuerzas de seguridad federales y locales.

También se confirmó la presencia en el encuentro de Javier Meyer, el intendente de la ciudad de Las Rosas, en Santa Fe, que hace dos años sufrió un extenso bloqueo sindical por un error en la liquidación de los sueldos de unos 200 empleados municipales que impidió la pavimentación y la recolección de residuos.

Hace unos 4 años, el Sindicato de Camioneros, en particular, y otras organizaciones gremiales habían puesto de moda la modalidad de bloquear a las pymes para efectuar distintos reclamos impidiendo el acceso y la salida de vehículos y personas de los depósitos y establecimientos, muchas veces con violencia, insultos, intimidaciones y agresiones físicas y, para colmo, en medio de la pasividad, la tolerancia e incluso la complicidad de funcionarios gubernamentales, efectivos policiales, fiscales y jueces.

En 2021 se alcanzó el récord de los bloqueos, con unos 75 que se hicieron en todo el país y que derivaron en el cierre de 6 pymes que no podían trabajar por el hostigamiento de los gremialistas. En 2023 los bloqueos se redujeron a 12; en 2024 sólo se produjeron 8 y en lo que va de 2025, según el MEAB, no fueron más de 10.

El descenso de los bloqueos comenzó luego de que sancionó la Ley Bases, el 27 de junio de 2024, ya que su artículo 94 se convirtió desde entonces en un fuerte elemento disuasivo para esta modalidad de protesta: califica como grave injuria laboral la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento y, por lo tanto, se convierte en causal de despido justificado.

Pero antes de la ley, en realidad, fue decisiva la creación del MEAB, en mayo de 2021, a partir de la iniciativa de Verónica Razzini, dueña de una empresa en Rosario que en 2020 estuvo bloqueada 90 días por el Sindicato de Camioneros de Santa Fe y que logró que la Justicia detuviera e imputara a los activistas que impidieron el acceso a sus sedes y amenazaron a sus directivos.

Secundada por la abogada penalista Florencia Arietto, que diseñó la estrategia jurídica, Razzini (actual diputada nacional de La Libertad Avanza) logró agrupar a dueños de pymes que eran víctimas de los bloqueos para asesorar a otros colegas a los que les pasaba lo mismo. El MEAB surgió con 18 pymes y en un año ya llegaban a 122 y a los dos años, a 259. Hoy, presidido por Méndez, sumó a distintas cámaras para representar a más de 2000 empresas y su tarea fue determinante para los últimos cambios legislativos sobre el tema y medidas gubernamentales como el protocolo antibloqueos del Ministerio de Seguridad, conducido por Bullrich.

Gracias a la tarea del MEAB, en 2022 aumentó la cantidad de empresas que se animaron a presentar una denuncia penal contra los responsables de los bloqueos, algo que, sumado a la acción rápida de algunos jueces y fiscales en todo el país, llevó a que muchos sindicatos no concretaran o no mantuvieran este tipo de protestas.

De los 53 bloqueos registrados por el MEAB hace tres años, 19 fueron protagonizados por el Sindicato de Camioneros. Y gracias a la estrategia judicial desplegada por esta organización de pymes, en agosto de 2023 ya había 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que iría a juicio como responsables de unas 30 protestas extorsivas.

De ese grupo de sindicalistas que quedó en la mira de la Justicia, los dos principales que siguen detenidos con prisión domiciliaria son el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el dirigente Fernando Espíndola, que esperan el juicio oral y público por estar procesados en la causa por un bloqueo contra Distribuidora Rey, en 2021.

La sucesión de fallos judiciales que equipararon a los bloqueos con un delito contribuyó también para que los sindicalistas terminaran replanteando su forma de protestar contra las empresas para que los trabajadores y los activistas no fueran castigados por la Justicia.