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POLITICA

La Cámara Federal rechazó un recurso de Milei contra Pagni porque el Presidente omitió firmar su escrito

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La Cámara Federal porteña rechazó hoy el recurso de casación con el que Javier Milei pretendía reabrir la causa que promovió contra el periodista Carlos Pagni por calumnias e injurias. El motivo del cierre fue que el abogado del Presidente presentó su escrito sin la firma de Milei.

“Corresponde tener por no presentado el recurso de casación”, dijo el camarista Eduardo Farah, el mismo magistrado que había desestimado la querella.

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Farah relató que contra el fallo que confirmó el cierre del caso “por inexistencia de delito”, el abogado del Presidente, Francisco Oneto, “interpuso recurso de casación mediante un escrito encabezado por Javier Milei ‘por derecho propio” que sólo estaba firmado por Oneto “en carácter de letrado patrocinante”.

“Los abogados defensores de Pagni -narró Farah- se presentaron y, señalando la falta de firma del querellante, solicitaron que se tenga el escrito como no presentado.”

En su resolución de hoy, el juez hizo lugar a ese pedido. “La pretensión de la defensa es atendible”, dijo. Farah destacó que el abogado Oneto no presentó “poder alguno” que lo habilite a firmar en nombre de Milei y afirmó: “Encontrándose vencido el plazo previsto en el artículo 463 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde tener por no presentado el recurso de casación deducido por el abogado patrocinante de la querella, lo que así resuelvo”.

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El abogado de Milei dijo hoy a que va a ir directo a la Cámara de Casación, con un recurso de queja, para que el máximo tribunal penal intervenga de todos modos y reabra la causa. Sostuvo que Farah incurrió en un “exceso de formalidad” y que, en todo caso, debió haberlo intimado a que volviera a presentar el escrito.

“Es un exceso ritual manifiesto. Nadie puede dudar de que Milei quería recurrir el fallo”, dijo el abogado. Consultado sobre la omisión de la firma del Presidente, contestó: “No sé por qué se presentó así. Tenemos poder en otros casos. En este no porque se fue dando así… En la mayoría de los casos [de demandas del Presidente contra periodistas] sí tenemos: en el de Lijalad, el de Canosa,…”.

No es la primera vez que Oneto presenta un escrito sin la firma del Presidente (ni poder que lo habilite a firmar por él) en esta causa y la Cámara Federal se lo marca.

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El 27 de junio pasado, el mismo tribunal le hizo saber al abogado que no trataría el pedido que había hecho para que se cambiara la fecha de una audiencia por el mismo motivo. Farah escribió entonces: “Siendo que el escrito presentado no lleva firma del querellante, y que el letrado patrocinante no acompañó hasta hoy el poder para actuar en representación de aquél, subsanada que sea dicha omisión, se proveerá. Hasta tanto ello ocurra, estése a la fecha de audiencia designada”.

En aquel momento, como no estaba en juego plazo alguno, el abogado tuvo la posibilidad de presentar otro escrito. Esta vez, el plazo que fija la ley se le venció.

En su denuncia, Milei sostuvo que Pagni comparó su llegada al poder con la del dictador Adolf Hitler (algo que Pagni no hizo) y dijo que, con esa analogía, hirió su “honra personal”. El juez federal Daniel Rafecas rechazó en junio la querella del Presidente sin siquiera darle trámite porque entendió que los hechos de los que Milei acusó al periodista no existieron. Advirtió además que la ley no persigue penalmente las expresiones sobre asuntos de interés público.

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Ese fallo de Rafecas fue confirmado por la Cámara Federal con la firma del juez Farah. El argumento central del camarista fue que las afirmaciones del periodista “nunca pueden configurar delito penal en los términos de los arts. 109 o 110 del Código Penal [calumnias e injurias] porque es indudable que se refirieron a asuntos de interés público”.

Farah dijo además que de la transcripción de los dichos de Pagni “surge claramente que el periodista no hizo una directa analogía como la que el querellante señala; no al menos en el sentido de haberle atribuido la comisión de los crímenes atroces que aquel ejecutó o haberlo equiparado en sus propósitos, métodos y estrategias de forma deliberada”.


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El cruce entre Patricia Bullrich y el ministro de Seguridad de Axel Kicillof por los menores que delinquen

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Una publicación de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, sobre la situación de los menores involucrados en delitos graves en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte controversia, una vez más, con la gestión bonaerense. La funcionaria nacional señaló que en esa jurisdicción “un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada”, un comentario que apareció tras un caso reciente que involucró a dos adolescentes, entregados por sus madres, acusados del asesinato de una mujer en Villa Luzuriaga. La reacción no tardó en llegar por parte de Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia gobernada por Axel Kicillof, quien respondió con dureza a Bullrich buscando refutar su apreciación sobre el tratamiento de los menores que delinquen.

El mensaje inicial, difundido a través de las redes sociales el lunes 19 de agosto, expuso el profundo desacuerdo entre las gestiones de seguridad a nivel nacional y provincial.

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El asesinato en Villa Luzuriaga, en el partido de La Matanza, implicó a dos menores de 15 y 17 años, quienes, según la investigación, participaron activamente del crimen. El hecho motivó no solo operativos policiales y manifestaciones vecinales, sino también declaraciones de funcionarios que pusieron en primer plano una discusión sobre la edad de imputabilidad y la respuesta estatal frente al delito cometido por adolescentes.

Según publicó Patricia Bullrich en su cuenta, “en la provincia de Buenos Aires un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir a su casa como si nada hubiera pasado”. La funcionaria nacional añadió en su publicación: “Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres.”. Con estas afirmaciones, Bullrich planteó la necesidad de discutir el marco normativo aplicable a los jóvenes involucrados en delitos graves, especialmente en la jurisdicción bonaerense.

“¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor”, enfatizó Bullrich.

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El tuit de la ministra de Seguridad de la Nación que disparó la polémica

La postura la reacción inmediata del gobierno provincial. Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, respondió también desde su cuenta oficial: “Bullrich mentirosa e irresponsable. Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves”.

“Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Finalmente sostuvo: “Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso slogan impulsado por Milei”.

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“Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”, cerró.

El funcionario bonaerense defendió así la actuación del poder judicial y de los organismos responsables de la protección de la infancia y adolescencia en la provincia, aportando detalles sobre la aplicación de la ley penal juvenil y subrayando el acompañamiento a las víctimas de situaciones como la ocurrida en Villa Luzuriaga.

El trasfondo del cruce tiene como referencia inmediata el caso conocido el lunes 18 de agosto, en el que una mujer de 44 años, identificada como Marina Gómez, murió tras recibir una puñalada durante un asalto cometido por dos adolescentes en un barrio residencial. Según la investigación, las madres de los acusados, al enterarse del crimen, decidieron entregarlos a la policía para que la justicia tomara intervención. Los adolescentes quedaron así a disposición del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, que investiga su participación directa en el asesinato.

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El caso provocó protestas de la comunidad local por la sucesión de hechos violentos en la zona y renovó las críticas al sistema de seguridad local y nacional.

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Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad

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Un juez civil y comercial federal le dio la razón a Cristina Kirchner para no pagar una indemnización de 1125 millones de dólares al Estado por el perjuicio que provocó con el fraude de Vialidad. Pero esa decisión no está firme, ya que puede ser apelada por el Gobierno.

Hace dos meses, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal dejó firme una decisión del mismo juez que rechazaba la caducidad de la instancia. Hoy, el magistrado declaró la caducidad de la instancia.

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Esta sentencia se dio en un juicio civil −por daños y perjuicios− que corre paralelo a la causa penal de Vialidad, donde Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión y por la cual debe afrontar el decomiso de sus bienes hasta la suma de 530 millones de dólares (648.990 millones de pesos).

En el juicio penal, Cristina Kirchner planteó justamente la semana pasada al tribunal oral que la condenó que ellos no eran competentes para rematar sus bienes. Dijo que sí lo era este juzgado civil y comercial federal N°2, a cargo del juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos. Como si hubiera estado segura de que le iban a dar la razón con este fallo conocido hoy.

Este demanda civil fue planteada en 2018 por Javier Iguacel cuando era titular de la Dirección Nacional de Vialidad en la gestión de Mauricio Macri. La demanda era por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. Según la cotización de 2018, el monto correspondería a 1125 millones de dólares.

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La decisión tomada hoy por el juez Dos Santos implica −por ahora− la finalización del proceso judicial civil por inactividad procesal: durante seis meses Vialidad no hizo nada para hacer avanzar el caso, por lo que además deberá pagar las costas, que son millonarias, proporcionales al monto de la demanda. Esa inactividad del organismo ocurrió durante la presidencia de Alberto Fernández, en la que Cristina Kirchner fungía como vicepresidenta.

Pero el fallo no es definitivo, ya que es apelable ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. La misma que el 24 de junio pasado, hace dos meses, dejó firme el rechazo de una decisión similar.

Dos de los jueces que fallaron en ese momento se jubilaron, con lo que el asunto, si es apelado por el Gobierno, deberá ser revisado por la misma Sala de la Cámara, pero con otra integración.

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El artículo 317 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación señala que “la resolución sobre la caducidad solo será apelable cuando esta fuere declarada procedente“, lo que sucede en este caso.

Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia y el juez la rechazó el 22 de noviembre de 2024.

Su intento de apelación fue denegado por el magistrado y esa denegatoria fue confirmada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal el 24 de junio de 2025, al basarse en que el rechazo es inapelable.

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Sin embargo, el fallo de hoy, al conceder la caducidad de la instancia, es susceptible de apelación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad.

La causa se originó el 25 de enero de 2018, cuando Iguacel presentó la demanda civil contra Cristina Kirchner y Carlos Santiago Kirchner, entre otros imputados en el caso penal de Vialidad.

El objetivo era obtener resarcimiento por daños y perjuicios al patrimonio nacional, supuestamente causados por la adjudicación y ejecución de la obras públicas fraudulentas de Santa Cruz.

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El 22 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyó la competencia de este asunto al fuero Civil y Comercial Federal.

Tras la contestación de la demanda, el 10 de marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner presentó un “hecho nuevo”: su absolución en la causa penal de Vialidad, el 6 de diciembre de 2022, y pidió ser excluido del caso.

La providencia que dispuso el traslado de este escrito, el 17 de marzo de 2023, fue un punto clave en la tramitación del expediente, considerado como un acto impulsor del proceso, que impidió la primera caducidad.

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El 18 de septiembre de 2023, el apoderado de Cristina Kirchner planteó por primera vez la caducidad de la instancia, argumentando que la Dirección Nacional de Vialidad no había realizado presentaciones en la causa por más de dos años, ni había impulsado el expediente por más de nueve meses desde la notificación del juez competente. Era la Vialidad de la gestión de Alberto Fernández.

El 22 de noviembre de 2024, el juez rechazó este primer planteo de caducidad. Si bien consideró aplicable el plazo de seis meses sin actividad, lo computó desde el 17 de marzo de 2023 (el traslado del “hecho nuevo” de Carlos Santiago Kirchner), entendiendo que ese acto había impulsado el proceso.

La defensa de Cristina Kirchner apeló esta decisión el 28 de noviembre de 2024, por “manifiestamente arbitraria”. Sin embargo, el 3 de diciembre de 2024, el juez denegó la apelación.

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Cristina Kirchner fue en queja a la Cámara Civil y Comercial Federal, que rechazó su planteo. La Sala III de la Cámara reiteró que la denuncia de “hecho nuevo” por parte de Carlos Santiago Kirchner impulsó el procedimiento.

Ahora, el juez de primera instancia, Bruno dos Santos, a pesar de los fallos anteriores que habían mantenido viva la causa, ante la nueva presentación de caducidad planteada por Kirchner el 7 de abril pasado, le dio la razón.

La defensa argumentó que, si bien la instancia había estado suspendida por el trámite de la anterior caducidad, el proceso se reanudó el 17 de marzo de 2025, fecha en que todas las partes fueron notificadas de la resolución del 22 de noviembre de 2024.

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Según la defensa, desde esa reanudación y hasta el 28 de marzo de 2025, la inactividad de la Dirección Nacional de Vialidad, esta vez del gobierno de Javier Milei, fue total, y se cumplió así el plazo legal de seis meses sin que nadie impulsara la causa.

El juez Dos Santos le dio la razón y dijo que el castigo es para la negligencia de Vialidad, que se desentendió del curso de su reclamo, y que además la medida busca evitar la duración indeterminada de los procesos cuando los interesados abandonan sus pretensiones.

El tribunal desestimó los argumentos de la DNV, que había señalado demoras judiciales, cuestiones de competencia, o presentaciones como el pedido de préstamo del expediente para digitalizarlo.

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Sesión clave en Diputados: el Gobierno no cree que pueda blindar todos los vetos de Milei

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El Gobierno se enfrentará este miércoles a una sesión compleja en Diputados, donde se debatirá si quedan firmes o se rechazan los vetos que Javier Milei emitió sobre el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Esta última ley es la que mayor inseguridad genera en el oficialismo: no creen que puedan sostener la decisión del Presidente.

“La sesión de mañana es la más difícil”, aseguró una fuente libertaria de Casa Rosada. Pero no solo por los votos, sino por el momento en el que se dará el debate. “El cierre de listas nacionales dejó varios heridos”, agregó una fuente legislativa que votará a favor de los vetos.

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Javier Milei vetó tres leyes que, según el oficialismo, ponen en peligro el equilibrio fiscal. (Foto: captura Cadena Nacional)

Por otro lado, La Libertad Avanza tiene más expectativas sobre los proyectos jubilatorios. Si bien no reina el optimismo, creen que los bloques aliados permitirán que el Ejecutivo llegue a los 86 votos que requiere -si están todos los diputados presentes- para cuidar los vetos.

En ese sentido, desde el Gobierno mantienen una negociación contra reloj y un trabajo artesanal para conseguir más voluntades a su favor. Sostienen que contarán con los votos del bloque PRO, de los radicales afines (La Liga del Interior) y de los legisladores que responden a los gobernadores del norte del país; es decir, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta).

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La postura de la oposición

En la oposición mantienen la esperanza de conseguir que todas las leyes se promulguen, aunque son conscientes que la emergencia en discapacidad es la que más posibilidades tienen de sostener. “La suba de las jubilaciones es más difícil y la iniciativa de la moratoria está hundida”, graficó un miembro de los bloques antagonistas al Gobierno.

El Gobierno no cree poder blindar los vetos que Javier Milei emitió contra el aumento de las jubilaciones, la vuelta de la moratoria y la emergencia en discapacidad. (Foto: Diputados)
El Gobierno no cree poder blindar los vetos que Javier Milei emitió contra el aumento de las jubilaciones, la vuelta de la moratoria y la emergencia en discapacidad. (Foto: Diputados)

Pero estos no son los únicos proyectos que quieren tratar los diputados este miércoles. También buscan debatir las iniciativas que impulsan los gobernadores, para repartir de manera automática los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el impuesto a los combustibles líquidos.

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Los encargados de discutirle al bloque de La Libertad Avanza son Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda. “Quórum va a haber, y ahí van a tener que traer a todo el mundo, porque los que queremos sostener las leyes nos vamos a quedar sentados”, expresó un legislador de una de estas agrupaciones.

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No obstante, también deberán lograr más votos que los diputados oficialistas. Frente a este panorama, las miradas se posan sobre la UCR, que lidera Rodrigo de Loredo en la Cámara Baja.

Hasta el momento, es una incógnita cómo actuarán los legisladores de ese bloque. De ellos depende el resultado del poroteo, donde también toman protagonismo aquellos diputados que en la votación original se abstuvieron o se ausentaron.

Congreso., veto, Cámara de Diputados, Javier Milei

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