La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció este domingo sobre el traslado del empresario Lázaro Báez. La funcionaria ofreció detalles del operativo que movilizó al contratista, condenado por corrupción, desde la Unidad Penitenciara N°15 de Río Gallegos hasta la cárcel de Ezeiza por orden judicial, en respuesta a denuncias sobre su paradero.

En una entrevista con Luis Majul en LN+, la funcionaria desmintió las versiones y denuncias sobre una presunta desaparición del empresario. La familia de Báez realizó la denuncia, difundida en redes sociales por Diego Brancatelli, quien aseguró que los abogados desconocían la situación. Bullrich ofreció otra versión de los hechos.

“La Justicia le ordenó al Servicio Penitenciario el traslado de Lázaro al CP1, la cárcel de Ezeiza. Por una cuestión determinada, que la pista no estaba en condiciones, una parte del trayecto se hizo en un auto especial y la otra en avión. El abogado fue avisado”, explicó la ministra.

Subrayó que el movimiento del empresario entre las dos unidades penitenciarias se realizó de manera correcta. “Fue trasladado en regla de un penal a otro”, afirmó y añadió que el Gobierno esperó para responder a las acusaciones. “Ante las denuncias, esperamos -antes de desmentir- para demostrar que siempre generan mentiras”, sostuvo.

La decisión del regreso del empresario a la cárcel de Ezeiza la tomó el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. El magistrado rechazó durante la semana una acción de hábeas corpus que presentó la defensa de Báez, que solicitaba la prisión domiciliaria por sus delicadas condiciones de salud.

Vázquez consideró que las actuales condiciones de detención del empresario no agravan su estado de salud. No obstante, solicitó la realización de los estudios cardiológicos requeridos en hospitales locales. Dispuso finalmente el traslado a Buenos Aires en función de su cuadro general.

Desde Córdoba, donde acompañará al presidente Javier Milei este lunes en un acto de campaña, Bullrich también se refirió a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre. La candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires cuestionó el accionar de algunos partidos que buscaron confundir al electorado.

“Apoyamos a nuestros candidatos en Córdoba, que están un poco preocupados porque acá ha habido una maniobra del sector del peronismo que puso una boleta casi idéntica a la de LLA”, dijo la funcionaria. “Acá en Córdoba hay un fake que se hace llamar ‘Partido Libertario’, con el mismo color que el nuestro, y la Justicia lo dejó pasar. Por eso hay que aclarar que LLA va en la 13° posición en la boleta de Córdoba», precisó.

La coalición de Fuerza Patria, liderada por Cristina Kirchner y Axel Kicillof, planea un reclamo ante la Justicia electoral para un conteo de votos diferenciado por provincias. Bullrich criticó la posibilidad de que otros partidos peronistas sumen sus votos al total del kirchnerismo sin una alianza formal.

“El que no es de Fuerza Patria… ¿quién lo suma? ¿Con qué criterio se puede sumar a alguien que va con otro partido que no es de Fuerza Patria? Hubieran hecho la alianza antes. Si no, se genera una situación desigual”, criticó.

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Cuatro exfuncionarios de la empresa estatal de energía que creó el kirchnerismo Energía Argentina S.A. (Enarsa) fueron condenados por fraude tras un juicio abreviado en el que reconocieron su responsabilidad en los hechos a cambio de penas de entre dos años y dos años y medio de prisión en suspenso. Aunque luego uno de los condenados desconoció el acuerdo y buscó apelar la condena ante la Cámara de Casación, pero le rechazaron el recurso intentado.

La maniobra consistió en que uno de los funcionarios contrató a la empresa de su esposa para controlar refinerías de combustible. El fallo fue dictado por el juez federal Néstor Costabel integrando el Tribunal Oral Federal N° 2 que homologó el juicio abreviado contra Claudio Miguel Fernández, Juan Carlos Teso, Alejandra Marcela Tagle y Rodrigo Maximiliano Palacios por defraudación por administración fraudulenta.

El mismo fallo declaró la prescripción de la acción penal y sobreseyó a Raúl Alberto Argañaraz, Ernesto Gabriel Mazzola y Juan Fernando Giovachini, al ser acusados de violación de los deberes de funcionarios públicos, que tiene una menor escala penal. Se llegó al juicio abreviado merced a un acuerdo entre la defensa y la fiscalía a cargo de Diego Luciani.

Los acusados contrataron a la empresa P&D Control Group S.R.L., para la inspección de plantas refinadoras, pero la firma estaba constituida por Paula Gabriela Merlo, esposa de Claudio Miguel Fernández, uno de los condenados. El concurso privado de precios COMB. 03/2010 culminó con la adjudicación arbitraria a P&D Control Group S.R.L. por un monto de $1.080.000 del año 2010, que excedió las condiciones de contratación y eludió el proceso competitivo.

El principal acusado en este juicio fue el extitular de ENARSA, Exequiel Espinosa, quien falleció el 30 de septiembre de pasado por una afección pulmonar en la clínica de Córdoba donde estaba internado. Espinoza era en aquel momento un hombre de confianza de Julio De Vido, el poderoso ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner.

La acusación giró en torno a maniobras irregulares en el proceso de contratación efectuado por Enarsa en 2010. La Fiscalía imputó a varios funcionarios por haberse interesado directamente en la adjudicación del servicio de inspección de plantas refinadoras a la empresa P&D Control Group S.R.L. Se comprobó que Claudio Miguel Fernández se interesó en la contratación con P&D Control Group S.R.L., una empresa constituida por su esposa, Paula Gabriela Merlo.

El juez Costabel, en su sentencia, resolvió condenar a Fernández a dos años y seis meses de prisión en suspenso y al resto de los acusados, Tagle, teso y Palacios a dos años. Los consideró coautores de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El tribunal consideró que todos actuaron de manera coordinada desde el interior de ENARSA para concretar la contratación irregular.

Dadas las características del hecho, la calidad de funcionarios públicos y el nivel educativo de los acusados se consideraron agravantes, pero se aplicó la ejecución condicional de la pena debido a la falta de antecedentes penales condenatorios. A los condenados se les impuso, por el término de la condena, la obligación de fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Pese a haber aceptado y ratificado el acuerdo de juicio abreviado, Rodrigo Maximiliano Palacios posteriormente desconoció sus términos y buscó recurrir la sentencia en Casación. Pero el recurso finalmente le fue negado por el juez Costabel.