POLITICA
Quiénes son los detenidos por el fentanilo contaminado: la historia de García Furfaro y los directivos de HLB Pharma
No es la primera vez que Ariel García Furfaro ingresa a un penal. Anoche, 20 de agosto de 2025, en el federal de Ezeiza; el 3 de septiembre de 2002 en la Unidad Penal N° 9 de La Plata. Hace veintitrés años fue condenado a siete años de prisión por homicidio simple en grado de tentativa contra un empleado de un restaurante de su propiedad, Rafael Francisco Lupa Cayo, a quien roció con alcohol y lo prendió fuego. La víctima sobrevivió. Sufrió graves quemaduras en el 65% de su cuerpo. A los cuatro años, ya recibido de abogado en la cárcel fue liberado. Su primer cliente fue un compañero de reclusión, Aníbal González Igonet, conocido como “El Loco del Martillo”, hasta ese momento, con casi 43 años tras las rejas, el preso más antiguo, luego condenado por ser un asesino serial de mujeres. Consiguió su liberación. Hace un día, el dueño de un pequeño imperio farmacéutico integrado por HLB Pharma Group SA; Laboratorios Ramallo SA y Droguería Alfarma SRL, se entregaba ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria y puesto a disposición del juez federal Ernesto Kreplak. El magistrado había dictado una orden de detención. Lo acusa de ser uno de los responsables de la elaboración de al menos dos lotes de fentanilo contaminado asociado, hasta ahora con la muerte 96 pacientes.
Ariel García Furfaro comenzó su ascenso social y relaciones políticas, judiciales y comerciales, como ayudante en la verdulería de su padre que en 2012 se trasformó en una cadena que nació en la Avenida Carabobo al 600 en el barrio porteño de Flores, a la cual llamó Colina. Debajo del nombre similar a la agrupación de Alicia Kirchner, pero sin K, un letrero anuncia “Precios más bajos que el INDEC”. La presidente de esa sociedad es Nilda Furfaro, su madre jubilada de casi 70 años. Anoche ella también fue detenida en su departamento de la calle Yerbal al 1000, en el barrio de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires por ser accionista y vicepresidenta del laboratorio HLB Pharma.
La verdulería Colina de Flores sigue operando con éxito. Hasta ayer, uno de los que pesaban papas y batatas era Diego, el hermano menor de Ariel. También fue esposado por las fuerzas federales, junto al tercero de sus hermanos, Damián. El magistrado comprobó que los tres “llevaban el control de las actividades de los laboratorios”.
La quinta detenida del clan familiar fue, Olga Luisa Arena, la abuela de 88 años. El 18 de diciembre de 2024, día en que se produjo el lote contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii identificado con el número 31202, la señora Arena figuraba como “presidenta de HLB Pharma Group SA” en la Inspección General de Justicia. En el Boletín Oficial consta que el 2 de junio de 2023 renunció como presidente de la sociedad anónima Jorge Pedro Dimopulos y asumió, por pedido de su nieto, la titularidad de la empresa sobre la que nunca tomó una sola decisión.
-¿Por qué nombró a su mamá y a su abuela de casi 90 años al frente de HLB Pharma, pero también en el directorio de Laboratorios Ramallo (elaborador exclusivo del primero)?, le preguntó Infobae a García Furfaro.
-Estaba pasando por un divorcio muy traumático y no tenía otras personas de confianza para poner, respondió.
El diálogo se dio en el departamento de su madre, que además figura como domicilio legal de la sociedad. Mientras Ariel García hablaba, Nilda Furfaro le acercaba una taza de té con el saquito dentro y un plato con tostadas y queso untable.
La caída del conglomerado farmacéutico significó la pérdida del poder que fue construido a fuerza de relaciones políticas, judiciales y comerciales. HLB Pharma Group SA era uno de los proveedores de medicamentos de la mayoría de las administraciones públicas provinciales del país. También de intendencias de la provincia de Buenos Aires de todos los colores políticos.
Un ejemplo, el 13 de mayo de 2025, fecha en que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) inhibe la producción de medicamentos de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma y prohíbe al sistema de salud de la Argentina utilizar el fentanilo elaborado por las empresas de García Furfaro, el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, informó que se detectaron “más de 540.000 ampollas de fentanilo de la firma distribuidas en 16 provincias, con Santa Fe (302.000), Córdoba (251.000) y Buenos Aires (126.000) como principales destinatarias”.
Si bien Ariel García Furfaro supo tener algún destello público al irrumpir en el mercado de las hortalizas y frutas con precios económicos, su nombre saltó a la opinión pública en 2020 al participar de la delegación oficial del Ministerio de Salud del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández que viajó a Rusia para traer a la Argentina la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V.
Según el relato de García Furfaro, los funcionarios de entonces, entre los que se encontraban Carla Vizzotti, quien sería a la postre ministra de Salud ante el despido de Gines González García por el escándalo del “vacunatorio VIP”, HLB Pharma sería el distribuidor de al menos 50 millones de dosis de vacunas. Pero la operación naufragó. Él sostiene que lo defraudaron y denunció judicialmente González García; otros, en cambio, afirman que en Moscú le bajaron el pulgar por sus antecedentes penales y porque la ANMAT, ya en el gobierno de Mauricio Macri, había abierto expedientes por “desvío de calidad” de algunas partidas de sus medicamentos, desde agua destilada, pasando por ibuprofeno y Propofol.
El juez Kreplak acumula en su despacho más de 150 de esos expedientes. Sin embargo, hasta que el 2 de mayo de 2025 el Hospital Italiano de La Plata no denunció ante el organismo regulatorio la vinculación de pacientes fallecidos con el fentanilo de HLB Pharma, las autoridades, sobre todo del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), a cargo de Gabriela Mantecón Fumado, como mínimo aletargaron las decisiones sobre las irregularidades que se detectaban en las inspecciones en las plantas de Ramallo y HLB Pharma.
La justicia también investiga si esa falta de acción formó parte de una aceitada cadena de complicidades que favorecieron al empresario. El propio ministro Lugones abrió un sumario interno para deslindar responsabilidades y actuar en consecuencia.
No es la primera vez que un laboratorio de García Furfaro salta a la tapa de los portales y los diarios. En 2016 era socio mayoritario de Apolo, cuya planta rosarina, ubicada en el barrio Tablada explotó luego del supuesto sobrecalentamiento de una caldera. Los directivos de la sociedad fueron procesados por estrago culposo agravado y lesiones graves culposas estrago culposo, pero acordaron realizar trabajos comunitarios y quedó en el olvido.
Después del incidente, García Furfaro y otros socios, se mudaron a un parque industrial de la ciudad de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires y montaron el Laboratorio Ramallo. Años después García Furfaro adquirió el paquete mayoritario de HLB Pharma ubicado en San Isidro.
Si bien el empresario niega sus vínculos con el kirchnerismo, hay datos públicos que van en otro sentido. En 2024, participó de una reunión con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Hubo fotos, vídeos y besos.
HLB Pharma Group SA también coincidía en su dirección legal con la empresa de vuelos privados Top Air SA propiedad del empresario de Santa Cruz Lázaro Báez, condenado en la causa conocida como “Ruta del dinero K”: Yerbal 1021. El departamento de Nilda Furfaro, el mismo en que le servía la taza de té cuando este medio fue a entrevistarlo.
Los otros detenidos
Además de la familia García Furfaro, ayer también fueron detenidos directivos y responsables de los laboratorios vinculados al fentanilo mortal: El director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran. Los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB Pharma, José Antonio Maiorano. Por último, los accionistas y autoridades de Laboratorio Ramallo: su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.
Los procedimientos estuvieron a cargo de dos de las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.
“Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas. Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad”, escribió Bullrich, en su cuenta de X con las fotos de algunos de los detenidos. Poco después agregó: “Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido”, apuntó la ministra, para luego concluir: “Ser amigo del poder kirchnerista no te salva”.
Las otras causas
El empresario ya había sido procesado por el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola por su presunta participación en cinco operaciones de contrabando de mercadería proveniente de China a través de HLB Pharma y Alfarma SRL. Según la denuncia de Aduana habría utilizado documentación falsa. Las maniobras se realizaron entre marzo y agosto de 2022, y por un monto de U$D 5.040.000 de dólares, cuando ante las autoridades chinas se declararon solo U$D 555.920, lo que arrojó una diferencia U$D 4.484.080. Es decir una “sobrefacturación” del mil por ciento. El juez Yadarola procesó a Furfaro, sin prisión preventiva, como “coautor” de una serie de infracciones al Código Aduanero que se resumen en la figura de contrabando y le trabó un embargo por 25.000 mil millones de pesos. Como presidenta de la sociedad también fue procesada y embargada la abuela Olga Luisa Arena.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció también denunció por lavado de dinero a HLB Pharma Group. Acusó al laboratorio de supuesta infracción al artículo 303 inciso 1 del Código Penal.
A partir de hoy el juez federal Ernesto Kreplak comenzará a tomar declaración indagatoria a los detenidos. “Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal María Laura Roteta en el dictamen a través del cual le solicitó a Kreplak las detenciones a la que se dieron lugar y remarcó que “la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada”.
En el comunicado oficial publicado en el sitio Fiscales se afirma que: “Las graves falencias estructurales que se verificaron, en estos tres meses de investigación, en los procesos de producción del medicamento a partir de las distintas medidas probatorias practicadas -entre ellas, el reciente informe del prestigioso Instituto Malbrán- resultaron determinantes para que los lotes de fentanilo (N° 31.202 y 31.244) salieran al mercado contaminados y se distribuyeran en todo el país, exponiendo a miles de pacientes a un riesgo sanitario concreto“. Y se remarca: “Estamos frente a un caso dramático, grave, que exige una actuación rápida pero también rigurosa y profesional”.
Las elecciones legislativas nacionales de 2025 tienen la particularidad de que se celebran el domingo 26 de octubre y se utilizará en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP), por lo que es preciso conocer cómo funciona este instrumento de votación.
La Boleta Única Papel (BUP) reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.
La CNE (Cámara Nacional Electoral) publicó un video explicativo en el que figura todo el proceso de votación con la boleta única de papel y cómo elegir cada categoría de cargos.
En primer lugar, es necesario tener en claro que cada elector vota para elegir diputados nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y senadores nacionales en Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Por lo tanto, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción.
En la columna, de forma vertical, aparecen los partidos políticos; y en las filas, de manera horizontal, figuran las categorías de cargos.
De acuerdo al cronograma electoral que anticipó la CNE, el lunes 1° de septiembre es la fecha designada para la audiencia pública en la que se exhibirá el diseño de la Boleta Única de Papel con la oferta electoral. Se aprobarán símbolos partidarios, denominación, fotografías de candidatos entregadas y demás requisitos.
Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberán, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista.
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POLITICA
El PJ ya piensa en un bloque anti-Milei para 2027: las hipótesis sobre una alianza con sectores opositores
Mientras se acomoda para afrontar las elecciones de medio término y sanar las heridas del cierre de listas, la dirigencia peronista comenzó a trazar hipótesis en público sobre el camino al 2027. Porque ya saben que, ganen o pierdan el 26 de octubre de este año, en los próximos comicios ejecutivos se discutirá la continuidad del modelo que encarna Javier Milei. Anticipan la continuidad de la polarización.
El primero en hacer visible un pensamiento que atraviesa a gran parte del peronismo y a los espacios políticos que transitan el centro del mapa, fue Juan Manuel Urtubey, que volvió a acercarse al kirchnerismo después de una década de distanciamiento y se convirtió en el primer candidato a senador nacional por la provincia de Salta.
“En el 2027 tenemos que ir en un frente en el que estén desde Cristina hasta Carrió”, precisó el ex gobernador salteño durante una entrevista con radio Rivadavia. En ese sentido, agregó: “Fuerza Patria es el primer paso para la construcción de un gran frente social en 2027, que plantee una salida superadora a lo que hoy está en la Argentina”.
La idea que expuso Urtubey no es nueva. Hace tiempo da vueltas por las oficinas de los principales dirigentes del peronismo y de aquellos que forman parte de la vía del medio, y en los últimos años se inclinaron por participar de alternativas que intenten romper la polarización. Hay particularidades, como la de algunos dirigentes que ven en el kirchnerismo un límite imposible de traspasar para armar una alternativa electoral. Pero en la política todo es lo suficientemente flexible como para que cambie en el transcurso del tiempo.
La muestra más cabal de eso en el último tiempo es la explosión de Juntos por el Cambio. En esa estructura convivían el PRO, la UCR, el peronismo disidente y la Coalición Cívica (CC). Hoy todos esos sectores están desperdigados. Algunos son parte del oficialismo, otros de la oposición. Algunos se convirtieron en libertarios, otros están predispuestos a negociar con el kirchnerismo. Ya no son tan rígidos como antes.
Durante el 2024, cuando el peronismo había perdido la brújula y estaba sumergido en el comienzo de una crisis interna, Cristina Kirchner bajó línea en su campamento. Le pidió a los diputados estrechar relaciones con el radicalismo, el peronismo cordobés, el peronismo disidente, la izquierda y los partidos pequeños para poder construir una mayoría en la Cámara alta y enfrentar la avanzada libertaria, a fuerza de votos, presiones, insultos y encuestas positivas sobre la imagen de gestión del Gobierno.
El peronismo se unió a esos sectores para votar el aumento de las jubilaciones que, finalmente, Javier Milei vetó el año pasado. Veto que pudo sostener con los célebres “87 héroes”, como llamó el Presidente a los diputados que lo ayudaron a sostener su decisión. Poco después hubo “85 héroes” que bloquearon, a través del respaldo al veto, el aumento del presupuesto universitario.
“La convergencia de distintos sectores es el camino a seguir. Va a tener que ver con la capacidad de parte de la oposición para hacer acuerdos con el peronismo y para construir una propuesta electoral. A veces no se animan porque tienen miedo que les digan kukas”, indicó una voz importante de La Cámpora. CFK quiere un esquema amplio para el 2027. La gran incógnita es qué sectores están dispuestos a aceptar su figura dentro de un nuevo frente anti Milei.
En la vía del medio, hoy identificada en las expresiones “Provincias Unidas”, a nivel nacional, y “Somos Buenos Aires”, en el territorio bonaerense, sumado a algunos espacios más pequeños, hay quienes creen que para formar un esquema competitivo para dentro de dos años hay que negociar con el PJ de la provincia más poblada del país. Pero hay algunos que presentan un matiz clave, que tiene que ver con la posibilidad de una separación definitiva de Axel Kicillof y Cristina Kirchner.
“Hay que esperar para saber en qué termina la interna del kirchnerismo. No es lo mismo cerrar con Kicillof y los intendentes, que con CFK y La Cámpora”, analizó un legislador con larga trayectoria. En algunos sectores de la vía del medio entienden que es posible un acuerdo con Kicillof, pero no con la ex presidenta, a la que dejan anclada en el pasado y la colocan como la jefa política de una agrupación con la que ven imposible llegar a un acuerdo: La Cámpora.
Otros creen que ese camino es imposible de llevar adelante porque “Axel es Cristina” y porque “no hay forma de separar sus ideas”. Solo se trata, entienden, de una diferencia etaria y de un menor desgaste político impregnado en la figura del Gobernador. Lo cierto es que con una parte del kirchnerismo o todo el espacio, las especulaciones sobre posibles acuerdos dan vuelta por algunas terminales políticas que hoy están presas de la polarización extrema.
“El kirchnerismo puede estar adentro pero no conduciendo. Esa es la clave. Hay que llegar al final del 2027 con la mayor parte de la oposición unida para poder ganar un eventual balotaje. Cada uno tiene que construir por su lado y después se verá como puede se puede lograr una convergencia Y, llegado el caso, competir internamente. Una gran PASO”, se sinceró un diputado nacional que forma parte del bloque Encuentro Federal, que conduce Miguel Pichetto. Sus proyecciones están presentes en las hipótesis de varios dirigentes que no están ni con los libertarios ni en Fuerza Patria.
En paralelo, en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera Axel Kicillof, hay dirigentes que creen que, una vez pasada las elecciones, el mandatario bonaerense debe empezar un proceso de alejamiento del cristinismo y el camporismo. Sobre todo si quiere mantener viva su idea de ser candidato a presidente. Con ellos, aseguran, será un proyecto imposible de llevar a cabo.
“Está todo roto. Lo odian a Axel y le ponen trabas en la gestión. Es imposible pensar en un armado político y en la construcción de un proyecto de gobierno con La Cámpora”, sostuvo una voz importante de un municipio de la tercera sección electoral. Sus palabras bien podrían describir el pensamiento de varios dirigentes del kicillofismo. El Gobernador maneja cada paso que da con absoluta cautela, pero ya ha dado muestras de que quiere tejer lazos con dirigentes por fuera del peronismo.
La discusión sobre el día después de mañana empezó ver la luz. Es probable que, lentamente, se disperse por todo el país. Que comience a darse en ambientes más chicos y en reuniones que no trasciendan a lo público. El peronismo ya hace tiempo que empezó a preguntarse cómo hacer para volver a convertirse en un partido de poder, cómo hacer para volver a tener la llave de la Casa Rosada.
En la vía del medio, donde hay tres hipotéticos presidenciables como los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), saben que el gran problema de un proyecto nacional que ellos lleven adelante es la falta de una base sólida en la provincia de Buenos Aires. Es la limitación que han tenido todos los últimos intentos que caminaron por el centro del mapa electoral. Y el escenario que se genere en el 2027, según el estado actual del arco político, no parece ser la excepción.
Tal vez por eso, por lo bajo, ya nadie sea tan contundente y descarte por completo la posibilidad de una alianza con el PJ Bonaerense. Los más arriesgados sacan una cuenta posible para prescindir del peronismo. Creen que deben construir un bloque de gobernadores, con una base aceptable en Buenos Aires, que les alcance para achicar la expresión K en la escala nacional y forzar un balotaje con Milei. De esa forma, piensan, el votante peronista no tendrá dudas sobre a dónde poner su voto.
Cuentas, proyecciones, necesidades e intereses que se cruzan casi todo el tiempo. En las jugadas del 2025 se está pensando en el 2027. Es la lógica de la política, le guste a quien le guste, le pese a quien le pese.
Tras un debate de alto voltaje político en la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados se anotaron un importante triunfo anoche al torcerle el brazo a la oposición y obtener el tercio de los votos necesarios para blindar el veto que el presidente Javier Milei le impuso a la ley que establece una suba en los ingresos jubilatorios.
El Gobierno acusó a la oposición de intentar quebrar el equilibrio fiscal, uno de los pilares de la administración económica.
La sesión, de todas formas, comenzó con una derrota para el oficialismo. Con el apoyo de antiguos aliados de La Libertad Avanza (LLA), la oposición logró insistir con dos tercios en la ley de emergencia en el área de discapacidad que había vetado el Presidente.
Ahora esa pulseada se traslada al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario aún más adverso que en la Cámara de Diputados.
El debate en el Congreso impactó en los mercados financieros, que cerraron apenas después del voto a favor de la ley de discapacidad. El dólar minorista frenó su baja y cerró a $1315, mientras que los bonos de la deuda pública emitidos en dólares cayeron hasta 2,6%.
El presidente Javier Milei salvó anoche, a último momento, el veto a la ley que disponía aumentos en los haberes jubilatorios, en una sesión caliente de la Cámara de Diputados en la que la oposición había conseguido, en la votación anterior, voltear el veto a la norma que declaró la emergencia en discapacidad.
La votación sobre el veto a la ley de jubilaciones finalizó con 160 diputados a favor de liquidar la medida presidencial, 83 en contra y 6 abstenciones. Pero como hacían falta dos tercios, faltaron dos voluntades para alcanzar lo exigido por la Constitución para insistir con una ley aprobada por el Congreso.
El oficialismo frenó así el impulso opositor, que más temprano había conseguido, con una mayoría aplastante de 172 votos, voltear el veto a la ley de emergencia en discapacidad. El oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados habían sumado, en ese caso, solo 73 votos a favor del instrumento presidencial. Esa votación fue celebrada en las inmediaciones del Congreso por familias, organizaciones no gubernamentales y entidades vinculadas al tratamiento de personas con discapacidad.
Pero el clima marcadamente opositor tuvo un freno cuando llegó la hora de votar el veto a las jubilaciones. La ley establecía un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones. También disponía una actualización del bono que cobran los jubilados de la mínima, a $110.000 mensuales.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma iba a implicar un costo fiscal de 0,32 punto del PBI en lo que queda del año. Anualizada, esta cifra iba a elevarse a 0,78 punto del PBI.
La votación final se anticipaba por demás ajustada. A tal punto que, al final del debate, los diputados Rodrigo de Loredo (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) propusieron como alternativa la insistencia parcial de algunos de los artículos para lograr las adhesiones de los legisladores dudosos. Sin embargo, el resto de los bloques opositores rechazaron la moción.
Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, lanzó una advertencia hacia quienes estaban pensando cambiar su voto. Pero no tuvo efecto alguno: cuatro diputados misioneros que responden a Carlos Rovira y habían apoyado inicialmente a la oposición contra el veto a la ley de discapacidad se abstuvieron al final en la votación de las jubilaciones.
Los opositores se habían ilusionado con la posibilidad de un triunfo luego de que lograra habilitar, con dos tercios de los votos, el tratamiento del tema en el recinto. Esa mayoría la lograron por la deserción de cinco diputados oficialistas que pegaron el faltazo: Alberto Arancibia, Carlos D’Alessandro, Florencia Klipauka, Alida Ferreyra y Gerardo González.
Marcela Pagano, en tanto, votó contra el Gobierno. Tres de ellos –D’Alessandro, Pagano y González– anunciaron que romperán con el bloque oficialista para conformar, junto a Lourdes Arrieta, una bancada propia que se llamará “Coherencia”.
Pero el oficialismo se aseguró el apoyo de Ricardo López Murphy (Republicanos). “No lo voy a acompañar porque esta ley no resuelve el problema (de los jubilados), está mal diseñada”, enfatizó López Murphy en el recinto.
Por su parte, el diputado Miguel Pichetto cuestionó al Gobierno por su política de imponer decretos y vetos presidenciales. “¿Quién va a venir a invertir en un país con un gobierno que solo piensa en gobernar por medio del veto y del DNU y pierde en institucionalidad? Nadie”, advirtió el jefe del bloque de Encuentro Federal.
A su vez, el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, consideró: “Primó la cordura y logramos defender el equilibrio fiscal. La mejor forma de ayudar a quienes más necesitan es manteniendo la baja de la inflación y la estabilidad económica”.
Más temprano, los 172 que votaron a favor de la emergencia en discapacidad se conformaron a partir de los bloques críticos, impulsores de la ley, pero también con los “heridos” que dejó el oficialismo en el cierre de listas nacionales. Hubo 73 rechazos y dos abstenciones, de las legisladoras de Pro María Eugenia Vidal y Gabriela Besana.
También Oscar Zago y Eduardo Falcone, ambos del MID, apoyaron la caída de veto, así como cinco diputados de Pro –Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González, Ana Clara Romero y Karina Bachey– y diez de la UCR: Rodrigo de Loredo, Karina Banfi, Fabio Quetglas, Gabriela Brouwer de Koning, Soledad Carrizo, Julio Cobos, Roxana Reyes, Roberto Sánchez, Martín Tetaz y Natalia Sarapura.
Se trata, en su mayoría, de dirigentes que –pese a que lo intentaron– no conciliaron un acuerdo electoral con los libertarios.
La decena de ausentes –que facilitaron a la oposición la obtención de los dos tercios– la integraron tres libertarios: Gerardo González (Formosa), Florencia Klipauka (Misiones) y Alberto Arancibia (San Juan), que no pudieron meter la cuchara en el armado de las listas en sus provincias. Se les sumaron Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas –ambas de Pro–, tres legisladores de UP, Atilio Benedetti (UCR) y Manuel Aguirre (Democracia).
La ley que quedó a salvo del veto fue sancionada en julio, actualiza los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crea una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
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