POLITICA
El Senado debate el proyecto para incrementar el financiamiento universitario
El Senado se prepara para sancionar las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -Hospital Garrahan de emblema- y que refuerza los presupuestos de universidades públicas.
Además, se desactivaron cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU ya rechazados la semana pasada por Diputados, por lo que perderán vigor. Así, el Ejecutivo se quedó sin las modificaciones del Banco Nacional de Datos Genéticos; la “disolución” de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, así como cambios profundos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Marina Mercante.
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Wado De Pedro: “¿Cuál es la épica de atacar a las universidades?”
“¿Cuál es la épica de ajustar universidades que están al lado de industrias, de fábricas, de pueblos que los necesitan?“, se preguntó en forma retórica el senador de Unidad Ciudadana, Eduardo ”Wado» De Pedro. Así, el legislador opositor cuestionó las medidas del Poder Ejecutivo que recortó fondos a la educación superior en el sistema público.
“La mayoría de los senadores saben que la educación universitaria es la llave para el desarrollo de la Argentina. Cuando se discutió en comisión, la mayoría defendió el rol de cada una de las universidades que tienen en sus provincias. Lo hicieron porque sus universidades nacionales tienen mucho que ver con el modelo productivo y el desarrollo que se dan en sus regiones”, argumentó De Pedro.
Luego lo justificó con su aspecto productivo: “Sólo en Vaca Muerta, una región dentro de un sistema de energía mucho más amplio, vamos a necesitar más de 25 mil ingenieros. Por supuesto que también químicos y geólogos”.
A ello agregó: “El norte grande con la industria forestal, agropecuaria, de cítricos, olivos, algodón, un montón de industrias que generan trabajo y tienen institutos y universidades que forman técnicos. Educación formando, sector privado invirtiendo y Estado articulando”.
“El 90% de los chicos y chicas que están en las escuelas secundarias quieren ir a la universidad. Miren si no tendremos ganas de crecer y trabajar”, explicó el senador.
Comenzó el debate por el financiamiento de las universidades
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El Senado rechazó la disolución de Vialidad
El Senado rechazó el DNU con cambios a la Marina Mercante
El Senado rechazó la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos
El Senado vota para rechazar los decretos del Gobierno que desregulaban organismos públicos
Atauche: “Llenaron de militantes al Estado”
El senador Ezequiel Atauche, presidente de bloque de La Libertad Avanza, refutó las críticas opositoras advirtiendo que los organismos públicos que se desregulan tendrán continuidad con otro formato en el que sus funcionen continuarán siendo un servicio del Estado a la sociedad.
“Las funciones siguen. Lo que está sucediendo es una reorganización que es legal”, introdujo Atauche.
Luego agregó: “Como emprendedor, como un argentino más, cuando iba a una organización del Estado las veía llenas de empleados”.
“Nosotros estamos conservando las funciones y corriendo a esos militantes políticos que la mayoría no trabajan. Y no estoy hablando de funcionarios ni técnicos, estoy hablando de una gran masa de militantes políticos”, justificó el senador libertario.
Luego argumentó: “Esta realidad la conocen los argentinos y están enojados, y votaron una alternativa en contra de aquellos que viven a costa de nuestros impuestos y dicen cómo puede ser que haya tantos con lo que me cuesta a mí tener uno o dos empleados”.
“La hipocresía pasa por eso, con decirle a los argentinos que estamos cerrando organismos, eso es una mentira que se demuestra fácilmente”, afirmó.
“Abusarse de los argentinos porque tienen un espacio de poder y una firma no es gracioso. Con tal, no lo pagaban ustedes y armaron una red de militancia dentro del Estado”, insistió el senador, oriundo de la provincia de Jujuy.
Más adelante, Atauche expuso algunos números: “El INTI tiene 2.365 empleados y 85 mil millones de pesos de presupuesto. Su función era impulsar la industria, ahora es una ente regulador. Un crecimiento de personal que no se condice con la mayoría de sus funciones”.
“El INTA 224 mil millones de pesos, en 2015 su dotación creció un 130%, cuenta con 6 mil agentes. Ese aumento de empleados no se tradujo en eficiencia”, abundó.
“Tiene 1611 celulares y una flota de 2.400 vehículos. Uno cada dos personas. Cada dos empleados, el INTA tiene un vehículo”, brindó más datos.
Finalmente cerró con una frase: “Es verdad que muchas veces pagan justos por pecadores”.
De Ángeli: “Hemos llegado acá porque han llenado las instituciones de militantes políticos”
El senador Alfredo De Ángeli, productor agropecuario, cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo que cierra el INTA y el INTI, aunque hizo una fuerte crítica a las gestiones de gobierno kirchneristas, a quien responsabilizó por la discusión actual.
“Háganse cargo del desastre que hicieron. Por eso llegamos hasta acá. Si no hubieran contaminado los organismos no estaríamos discutiendo el futuro del INTI”, dijo De Ángeli.
“La crítica que le hago a este gobierno es que lugar de controlar y eliminar los cargos que cobran sueldos sin trabajar, elige la motosierra”, agregó.
Luego explicó su postura. “Ni lo que hicieron los kirchneristas de colonizar con militantes el Estado, ni la motosierra. Al INTA tenemos que conservarlo”.
“Llegó Milei con la motosierra y pagan justos por pecadores”, abundó en sus argumentos el senador de la provincia de Entre Ríos.
La defensa del oficialismo: “el kirchnerismo es hábil para crear este escenario antes de las elecciones”
El Senador formoseño, Francisco Paoltroni, quien milita en el oficialismo con algunas reservas críticas, hizo una defensa de los decretos del Poder Ejecutivo para ordenar organismos del Estado, al tiempo que puso en duda los objetivos de la oposición.
“No voy a ser parte de un escenario que tan hábilmente han armado, en la previa de las elecciones, por el kirchnerismo”, dijo Paoltroni.
“El kirchnerismo se ha encargado de hacerle creer a los ciudadanos que puede vivir por encima de las expectativas. En dos años que estoy acá no he escuchado cómo generar crecimiento”, argumentó.
Luego, ligó el rechazo de la oposición de las medidas de gobierno al contexto pre electoral. “En la renovación de las cámaras el kirchnerismo va a salir reducido”, proyectó.
“Todo el atraso que nos trajeron en el desarrollo, en los costos, en las coimas, no es sólo el efecto de ese costo, si no no tener un transporte competitivo. Perdimos 22 años. Generaron un Estado elefantiásico aumentar”, criticó Paoltroni.
Recalde: “Disolviendo el Instituto Nacional del Teatro el Estado va a perder plata”
El senador Mariano Recalde adelantó que también votará en contra de la ratificación de los decretos del Poder Ejecutivo que intentaron disolver organismos públicos e hizo foco en el Instituto Nacional del Teatro. El legislador dijo que su clausura “no tiene razonabilidad técnica ni económica”.
“La quita de funciones no tiene ninguna vinculación con la idea de achicar los gastos porque el Instituto Nacional del Teatro tiene financiamiento propio e implica en términos presupuestarios un 0,01% del presupueto mientras que le agrega al PBI un 1,8%. Osea que el Estado va a perder plata cerrándolo”, advirtió Recalde.
“El decreto 345/25 tiene que ser rechazado por argumentos constitucionales por el procedimiento usado, no tiene razonabilidad técnica, conveniencia económica ni social, y está cargado de prejuicios ideológicos, como nos tienen acostumbrados los gobiernos autoritarios”, introdujo el senador.
Luego defendió el rol del organismo. “Es un Instituto que garantiza el acceso equitativo a la cultura fundamentalmente en aquellas regiones donde es más difícil que lleguen expresiones culturales”.
Luego apuntó al procedimiento usado por el Gobierno. “Se dicta con la Ley Bases. Pero ni siquiera la respeta, porque cuando la discutimos expresamente se establecieron los límites de la delegación de facultades y se excluyó la materia cultural. No se podía legislar en materia cultural”.
“En los últimos cuatro años tuvo un alcance de más de 10.500 aportes a proyectos independientes, con el apoyo a más de 700 salas, más de 400 festivales financiados, difunde y promueve la cultura nacional, popular, genera trabajo y fortalece la vida comunitaria. Su presupuesto es mínimo y el impacto es enorme. Por eso no se entiende, no es conveniente ni desde lo económico ni desde lo técnico”, cerró el senador.
Lousteau: “La motosierra rompe y no construye nada”
El senador de Evolución, Martín Lousteau, adelantó que votará en contra de los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo que disuelven organismos públicos. Lo hizo al defender el rol del Estado.
“La discusión es cómo mejoramos el Estado. Las sociedades que tienen un Estado peor que otras se degradan y son peores, no importa si sos capitalista o socialista. Si sos un país socialista y tu Estado funciona sos China, si no funciona sos Cuba. Si sos un país capitalista de nuestras latitudes y tu Estado funciona sos Australia, si no sos Argentina. Si sos chico en Europa que tu Estado no funciona sos Grecia, si funciona sos Irlanda. Independientemente de las ideologías”, resumió el legislador.
Allí cuestionó a las posturas ideológicas que antepone la gestión del presidente Javier Milei. “La motosierra rompe, no construye nada. Si unos rompen en el mercado y otros rompen en el Estado no sé a donde vamos a ir a parar”.
“Así como lo está haciendo el presidente Milei no creo que tengamos ni un país ni una sociedad mejor”, cerró.
La oposición acelera los cuestionamientos a la disolución de Vialidad, INTA e INTI
Distintos integrantes de bloques opositores profundizaron los cuestionamientos con los decretos que emitió el Poder Ejecutivo para eliminar reparticiones del Estado, entre ellos la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La senadora Edith Terenzi, del bloque “Despierta Chubut”, defendió la gestión de Vialidad en la Patagonia y cuestionó la disolución del organismo. “Mantienen 2016 kilómetros de ruta”, explicó la legisladora y agregó: “como chubutense y ciudadana que transita las rutas en la provincia, voy a rechazar el decreto que disuelve Vialidad”.
Luego enumeró una serie de logros del INTA y defendió su desempeño. “Para hablar de INTA hay que ir al territorio. A los trabajadores no los vamos a dejar solos porque estamos todos comprometidos con el trabajo que los trabajadores del INTA hacen en la provincia de Chubut”.
Por su parte, la senadora de Unidad Ciudadana, Stefanía Cora, mencionó un intercambio con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. “Me contestó que las víctimas fatales se iban a evitar mediante los programas de seguridad vial, que después fueron eliminados. Nadie se hace cargo de los muertos por inseguridad vial”, apuntó.
“Me solidarizo de los 300 trabajadores desvinculados de Vialidad Nacional. A los de INTA e INTI. A los trabajadores del Arte y la Cultura. Se está atacando el federalismo, a los ciudadanos y a las ciudadanas”, cerró Cora.
Las críticas de Unión por la Patria a los decretos del Ejecutivo
Los senadores de Unión por la Patria expusieron duros cuestionamientos a distintos decretos delegados que el Senado debate. Carlos Linares advirtió que el DNU 340/25 “permite políticas que ya perjudicaron al sector marino. Permite el cabotaje de buques extranjeros, contradice la tendencia global, viola seriamente los derechos laborales de los embarcados, usurpa funciones legislativas”.
Eduardo “Wado” de Pedro manifestó el “firme rechazo” de su bloque al decreto 351/25 al señalar que “le quita competencias al Banco Nacional de Datos Genéticos, reduce las capacidades y tiene que ver con volver a la Argentina de la impunidad”. En la misma línea, Nora Giménez sostuvo que esa norma “limitó la autarquía y la autonomía financiera del Banco Nacional de Datos Genéticos y degradó su jerarquía de organismo descentralizado de la APN, esta decisión comprometió su independencia y su efectividad”.
Senadores alertaron por el impacto en el INTI y el INTA
Durante el debate, el pampeano Daniel Pablo Bensusán sostuvo que “el INTA y el INTI son dos estructuras administrativas que no son abstractas, son instituciones que hacen al desarrollo regional, destruirlas es destruir años de trabajo en ciencia, tecnología y poner en riesgo el futuro productivo del país”.
En la misma línea, el radical Pablo Blanco advirtió que “la arquitectura institucional del Estado no se destruye solo con la derogación de leyes: basta con vaciar de contenido los organismos que le dan vida, subordinándolos a estructuras menores, eliminando su condición técnica, retirando la autonomía presupuestaria”.
García Larraburu cuestionó la reforma a organismos técnicos
La senadora rionegrina Silvina García Larraburu advirtió sobre las consecuencias de los decretos que modifican al INTI y al INTA. “No hay una Argentina posible si destruimos nuestra matriz productiva, si seguimos sometiendo al sistema científico tecnológico a este escarnio. Seamos conscientes y echemos por tierra al decreto 462”, expresó durante el debate.
Con su intervención, la legisladora de Unión por la Patria se sumó a las críticas que apuntan al impacto de las reformas en áreas estratégicas vinculadas a la producción y al desarrollo científico-tecnológico.
El Senado inició el debate sobre decretos delegados
La Cámara alta abrió el tratamiento de los decretos delegados impulsados por el Poder Ejecutivo que habían sido rechazados en Diputados. Se trata de iniciativas que buscan la “transformación” del Banco Nacional de Datos Genéticos, la “disolución” de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo, entre otras medidas.
Los decretos también incluyen reformas profundas en organismos técnicos clave como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su desactivación en el Senado implicaría la pérdida de vigencia de disposiciones que forman parte del plan de reestructuración estatal defendido por el oficialismo.
La UCR endureció críticas al Gobierno en el Senado
El senador Martín Lousteau pidió una cuestión de privilegio en el inicio de la sesión y acusó a la administración de Javier Milei de “crueldad, inmoralidad y cinismo”, al tiempo que denunció supuestos actos de corrupción. “Arrancó con venta de candidaturas, después denuncia de venta de reuniones”, enumeró, y agregó: “No hay nada, desde la inmoralidad y el cinismo, más grande que lo que está pasando con el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad y el ex director Spagnuolo. Mientras ajustan, roban”.
En la misma línea, el radical Pablo Blanco defendió a la vicepresidenta Victoria Villarruel frente a las críticas del Presidente, que había cuestionado al Senado tras aprobar medidas adversas al oficialismo. “Para el Presidente parece ser que la división de poderes no existe”, señaló Blanco, mientras Villarruel, presente en el recinto, asintió ante sus palabras.
El Senado aprobó los ascensos militares
La Cámara alta avaló por 70 votos positivos el pedido de ascensos del personal de la Armada y de la Fuerza Aérea Argentina. La votación mostró un amplio respaldo político al tratamiento de la cuestión militar en el recinto.
En medio de la sesión, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, referente de Unión por la Patria, protagonizó un furcio al justificar la postura de su bloque. “El bloque de Unión por la Plata…”, dijo antes de corregirse y aclarar que “Unión por la Patria se va a abstener” en uno de los casos sometidos a consideración.
El Senado abrió la sesión con quórum
Con 46 senadores presentes y 26 ausentes, la Cámara alta inició la sesión prevista para tratar la emergencia pediátrica, el refuerzo de los fondos universitarios y la revisión de decretos del Ejecutivo.
Entre los que no dieron quórum estuvieron la radical Carolina Losada; los macristas Carmen Álvarez Rivero y Martín Goerling; el formoseño Francisco Paoltroni; y casi todo el bloque libertario, con excepción de Bruno Atauche y Ezequiel Abdala, que sí estuvieron en el recinto.
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POLITICA
Convocaron a una audiencia pública para debatir la Ley de Glaciares a la espera de su tratamiento en Diputados
La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública los días 25 y 26 de marzo de 2026 para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares N° 26.639. Se trata de otra de las reformas impulsadas por el Gobierno, con la intención de fomentar la explotación económica del ambiente periglacial nacional.
Según la convocatoria publicada en el Boletín Oficial, el formato de la audiencia prevé una doble modalidad de participación: presencial y virtual. Así, el 25 de marzo de 2026, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No obstante, el 26 de marzo la dinámica se realizará de forma virtual. Según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00 horas.
Las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y la de Asuntos Constitucionales acordaron los términos de esta convocatoria en una reunión realizada el 4 de marzo de 2026. El objeto específico será recibir y considerar aportes en torno al Expediente 0072-S-2025, que propone modificaciones directas a la Ley de Glaciares vigente.
De esta manera, confirmaron que la inscripción al Registro de Participantes estará habilitada hasta el viernes 20 de marzo. Los interesados pueden registrarse en persona en la oficina de la comisión, ubicada en el primer piso, oficina 149, de la propia Cámara de Diputados, entre las 10:00 y las 16:00 horas. Otra opción para inscribirse es completar el trámite electrónicamente mediante un formulario que estará disponible hasta las 20:00 horas en la página web de la institución.
Cada exposición, según la normativa, no podrá exceder los cinco minutos, y quienes deseen presentar una ponencia por escrito deberán hacerlo presencialmente o bien enviarla al correo de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar).
Para esto, pidieron que el escrito cuente con una extensión máxima de diez carillas en formato PDF, tamaño A4, letra Times New Roman 12. Además, informaron que las exposiciones como las presentaciones escritas quedarán registradas y serán publicadas posteriormente en la web de la Cámara de Diputados de la Nación.
Por otro lado, indicaron que la audiencia seguirá las pautas del Plan de Trabajo de Audiencia Pública sobre Ley de Glaciares, su Anexo I – Reglamento, el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara y el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe.
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Al fundamentar la iniciativa, el Poder Ejecutivo argumentó que existen “graves falencias interpretativas” en la legislación vigente, que habrían generado inseguridad jurídica y obstaculizado inversiones productivas, principalmente en minería.
Según el oficialismo, el objetivo principal apunta a “ordenar el marco normativo, eliminar interpretaciones arbitrarias y fortalecer el federalismo ambiental”. Esto implicaría una transferencia de poder a las provincias para que asuman mayor protagonismo en la gestión de recursos.
Durante la discusión de la Ley de Glaciares, varios legisladores subrayaron la importancia de incluir a comunidades indígenas y actores sociales en las audiencias. Al respecto, el diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, afirmó que “todas las comunidades indígenas que estén registradas y que estén en las cuencas afectadas tienen que tener asegurada su participación“.
En el caso de la diputada Silvana Giudici, integrante del bloque de La Libertad Avanza, defendió la idea original del oficialismo al recordar que “hubo un sistema que fue de la misma manera que se propone hoy. Lo que corresponde es considerar la propuesta de las presidencias de la comisión”.
Estos son los puntos claves de la Ley de Glaciares vigente
La actual Ley de Glaciares marcó un cambio en la política ambiental nacional al establecer, desde el 30 de septiembre de 2010, los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Por ese entonces, se estableció como objetivo central “preservar estos cuerpos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas”.
En este sentido, la norma definió a los glaciares como “bienes de carácter público” y extendió su protección a las áreas de suelos congelados que cumplen funciones reguladoras de los recursos hídricos, conocidas como ambiente periglacial. Para garantizar la identificación y el resguardo de estos espacios, el artículo 3 de la ley ordena la creación del Inventario Nacional de Glaciares.
Según el texto, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es el organismo responsable de “identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares del territorio argentino”. El inventario debe actualizarse al menos cada cinco años e incluir información sobre la ubicación exacta, la superficie y el estado de conservación de cada glaciar.
En contraposición a la propuesta del Gobierno, la ley prohíbe de manera explícita toda actividad que pueda alterar la condición natural de los glaciares o del ambiente periglacial. La lista incluye la “liberación de sustancias contaminantes, la construcción de infraestructura ajena a la investigación científica, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias”.
Por esto, frente a cualquier proyecto que se pretenda realizar en zonas donde existan glaciares, la norma exige una evaluación de impacto ambiental y la garantía de participación ciudadana. Solo quedan exceptuados los casos de rescate, investigación científica no invasiva y deportes no motorizados, de acuerdo con la letra de la ley.
Las sanciones por el incumplimiento de la Ley 26.639 pueden ir desde advertencias hasta multas económicas y la suspensión total de la actividad responsable del daño. La normativa advirtió que, en caso de reincidencia, las multas “pueden triplicarse”.
Si la infracción la comete una empresa, la ley determinó que “sus directivos y administradores también resultan responsables”. Además, el dinero recaudado a través de las multas debe destinarse prioritariamente a la protección y recuperación de los glaciares afectados.
gabriel cano / comunicacin senado
El Gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral, sancionada hace una semana en el Congreso. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y rige desde este 6 de marzo.
La norma introduce desde hoy cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y en otros aspectos del régimen laboral.
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La reforma laboral fue publicada con un total de 25 capítulos. Entre ellos, incorpora un banco de horas de carácter voluntario para compensar horas extraordinarias con descanso, habilita el fraccionamiento de vacaciones por acuerdo entre las partes y prevé la creación optativa de un Fondo de Cese Laboral como alternativa para atender desvinculaciones.
“En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.802 sancionada por el H. Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026″, indica el texto oficial.
La norma que comenzó a regir este viernes señala que sus disposiciones no serán aplicables a los dependientes de la Administración Pública; al personal de casas particulares; a los trabajadores agrarios; a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas y a contratistas regulados por el Código Civil y Comercial.
Qué establece la reforma laboral
La reforma laboral o ley N° 27.802 está compuesta por 25 capítulos e introduce cambios en indemnizaciones, despidos, licencias, vacaciones, horas extras e impuestos.
A continuación, las principales claves de la Ley de Modernización Laboral
Salarios
Los salarios podrán ser pagados en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. También se incluye el concepto de “salario dinámico” que podrá ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa, y ser tratado como pago al mérito personal del trabajador o productividad.
Idemnizaciones
Se reduce la base de cálculo y no se consideran dentro de la misma las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera y para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual.
También se habilita a las pymes el pago en cuotas.
Se dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el aporte obligatorio que realizan los empleadores, y la ANSES dejará de percibir esos ingresos. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Hace una segmentación de 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes.
Vacaciones
De acuerdo a la norma, el empleador deberá conceder las vacaciones entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. Se propone un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador para convenir el fraccionamiento de las vacaciones, “con una antelación no menor a treinta (30) días”, permitiendo fraccionamientos mínimos de siete días.
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Banco de horas
Con respecto a las horas extras y bancos de horas, el artículo 197 bis incorporado prevé que empleador y trabajador “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, debiendo formalizar por escrito el sistema.
“Dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”, indica el texto.
El derecho de huelga
La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, de acuerdo al tipo de actividad. De esta manera, los servicios que son considerados esenciales deberán asegurar una cobertura del 75%, en tanto que los establecidos como trascendentales, al menos el 50%.
Por otra parte, la norma amplía el número de actividades alcanzadas. Finalizada una conciliación obligatoria, los sindicatos deberán presentar con anticipación un plan de ejecución de la medida de fuerza. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.
Formalización del empleo
Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un año y establece que, por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones).
Sobre las nuevas incorporaciones, deberán no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo y haber sido empleado público.
reforma laboral, Javier Milei
El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, comenzó su gestión promoviendo cambios en las cúpulas de todos los organismos que se encuentran bajo su órbita. En ese sentido, este jueves se dio a conocer que puso al frente de la Inspección General de Justicia a Alejandro H. Ramírez, abogado con amplia experiencia y que ha litigado contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad a la que deberá investigar.
Ramírez, quien reemplaza en el cargo a Daniel Vítolo, es abogado y Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde se desempeña como profesor de grado y de la Maestría en Derecho Empresario (MDE). Como parte de su trabajo privado, ha representado a la empresa Berg Watches S.A. en una demanda contra la casa madre del fútbol argentino. La compañía y la AFA fueron socias en la comercialización de 10.000 relojes de lujo en homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en 2022.
Los mismos contaban con un diseño en color celeste, con detalles que denotan la tercera estrella, movimiento suizo Ronda 704 y cristal de zafiro. Evidentemente, algo salió mal, la sociedad se quebró y los relojes ya no se pueden ver en la página oficial de la empresa, aunque persiste en la web la descripción del artículo.
La IGJ protagoniza un conflicto con la AFA, sobre todo luego de que requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la entidad que rige al fútbol argentino.
En un intento por obstaculizar ese trabajo, la asociación civil estableció su domicilio en Pilar, quedando así bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Ramírez, quien dicta cursos de posgrado en distintas universidades del país, es socio del estudio Highton & Ramírez.
Según informa su currículum, ha representado a la República Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), integrando el grupo de trabajo sobre PYMES, donde participó en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas.
También fue punto focal ante la OEA en materia de simplificación del derecho societario en América y co-redactor de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor y del régimen de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).
Es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y Director del CES-Latam (Centro de Estudios Societarios para Latinoamérica). Es autor del libro SAS – Sociedad por Acciones Simplificada (Editorial Astrea, 2019), entre otras publicaciones especializadas.
No es menor el detalle de su especialización en SAS, ya que se ha enfrentado en redes sociales y hasta en el Congreso de la Nación con el gobierno de Alberto Fernández por ese mismo tema. Incluso también con la IGJ, organismo que ahora comandará.
En 2023, se puso al hombro los reclamos del sector y apuntó una y otra vez tanto contra Fernández como contra el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. De hecho, acusaba al Poder Ejecutivo de que, en su busca de limitar las SRL y las SAS, podía llegar a disolver una sociedad y confiscarla.
“Otra vez fui a Diputados a defender el inentendible ataque de este Gobierno a las SAS, los emprendedores y a las PYMES. ¡Es increible no tener consenso en que sin empresas y emprendimientos no vamos a salir nunca para adelante!“, expresó en su cuenta de X el 28 de abril de 2023, con mención a la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).
Casi un año más tarde, el 16 de abril de 2024, cuando ya era presidente de la Nación Javier Milei, Ramírez celebró: “La IGJ intentó matar a las SAS. Con ASEA hicimos un amparo. Hoy, la Corte Suprema nos dio la razón, avalando al fuero Comercial, quien había suspendido todos los atropellos de la IGJ. ¡A veces, en Argentina hacer políticas públicas significa defender lo ya conseguido!“.
Entre otras cosas, lo que pretendía el gobierno de Fernández era crear un Registro de Emprendedores, a cargo del Ministerio de Economía de Massa y la Secretaría de Desarrollo Productivo, que tendría la potestad de aceptar o rechazar a quién se consideraba emprendedor y, por lo tanto, quién podía conformar una sociedad.
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