POLITICA
Fentanilo contaminado | Indagan a García Furfaro y los demás detenidos: los acusan de un delito con penas de hasta 25 años de cárcel
El juez federal Ernesto Kreplak empezó esta mañana a tomarles declaración indagatoria a los detenidos en la causa por el fentanilo contaminado. En total son diez. La lista incluye al empresario Ariel García Furfaro, a dos hermanos, a su madre y a socios y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se produjo el fentanilo.
La acusación es muy grave. La fiscal federal Laura Roteta le imputó a García Furfaro un delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel (y una pena mínima de diez), según informaron fuentes con acceso a la investigación. El delito está previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y castiga a quien adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso “resultare la muerte de alguna persona”.
Las indagatorias que empezaron hoy seguirán la semana próxima y la siguiente. Además de los diez detenidos, hay otros siete acusados que están libres y fueron citados a declarar por el juez.
Kreplak dispuso además que el Ministerio de Salud ya no sea más querellante en la causa. El motivo es que la fiscal Roteta y el fiscal nacional Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), acusaron a la Anmat de persistentes incumplimientos en sus deberes de control.
En cuanto a García Furfaro y sus socios, las pruebas que sostienen el dictamen de la fiscal acreditarían que el fentanilo se contaminó por graves fallas estructurales en todo el proceso de producción. Fue central el informe que presentó en las últimas horas el Instituto Malbrán sobre cómo se fabricaron los lotes 31202 y 31244, que resultaron adulterados.
Ese peritaje da cuenta de un proceso poco robusto e inconsistente de producción, según informaron las fuentes a . No precisa en qué punto de la fabricación se adulteró el fentanilo, pero menciona, por ejemplo, que la calidad de cierre y llenado de las ampollas fue deficiente y explica que el “mal cierre” compromete la esterilidad del producto y representa un peligro directo para el paciente.
También destaca que el personal operativo que trabajaba en el Laboratorio Ramallo hacía turnos más largos de lo que correspondía y que esto incrementó el riesgo de contaminación. Advierte asimismo que sobre falsedades en los registros que llevaba el laboratorio.
Una vez tomadas las indagatorias, el juzgado tendrá diez días hábiles para resolver las situaciones procesales de todos los indagados; es decir, definir si los procesa y por qué delitos.
En paralelo, sigue adelante la investigación sobre la actuación de la Anmat y avanza el tramo de la causa que busca determinar si existió un “desvío de cantidad”; es decir, si se traficó ilegalmente fentanilo. En este tramo de la investigación interviene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que lidera el fiscal Diego Iglesias.
Además, los investigadores siguen adelante con otras medidas de prueba, como los análisis del contenido de los teléfonos celulares de los acusados, de donde podrían surgir datos sobre otras posibles complicidades en la causa.
En cuanto al rol de la Anmat, la fiscalía busca dilucidar si la “ineficiencia recurrente” que registró la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios podría constituir “negligencia, connivencia o complicidad” en los sucesos investigados en la causa.
Ayer, después de conocidas las órdenes de detención, el Gobierno separó de su cargo a la funcionaria de la Anmat que tenía responsabilidad directa sobre la fiscalización del laboratorio. No así a la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio, que el viernes pasado fue respaldada por el ministro de Salud, Mario Lugones, en una entrevista con TN.
En un dictamen anexo que forma parte de la causa, la PIA advirtió sobre el ineficiente control que ejerció el Estado sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
El período en el que se investiga la actuación de la Anmat va de 2018 a la actualidad, informaron fuentes con acceso a la causa.
La PIA analizó 273 expedientes administrativos sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que fueron una prueba central para revisar la actuación de la Anmat, es el organismo regulador.
Un dato clave para los investigadores es que la Anmat inspeccionó Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado. El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre, seis días después de terminada esa inspección. Pero recién el 10 de febrero se le informó al laboratorio que no podía seguir con la producción “hasta no dar cumplimiento a [las observaciones por] las deficiencias” y presentar una serie de “acciones correctivas”. Fue en mayo cuando la agencia regulatoria dispuso la inhibición de toda actividad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
El informe del organismo detalla que entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) detectaron “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en todas las áreas clave de la planta ubicada en Ramallo. Fallas que comprometían directamente “la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”.
Las irregularidades incluían problemas en la validación de procesos, documentación deficiente, falencias en el control de calidad, malas prácticas en depósitos y en la gestión de recursos humanos, según el documento oficial.
La Anmat, que depende del Ministerio de Salud, no solo no clausuró de inmediato el laboratorio; tampoco dispuso el retiro preventivo de los lotes fabricados después de la constatación de las fallas.
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POLITICA
¿Alta demanda o fachada?: el hotel “fantasma” de Toviggino no cuenta con habitaciones disponibles en 2026
El Hotel Deluxe, ubicado sobre la ruta 9 en Santiago del Estero y vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, se encuentra bajo la lupa mediática y judicial tras revelarse una desconcertante contradicción entre su ocupación real y su disponibilidad en plataformas digitales.
Según la periodista Camila Dolabjian, de La Nación, la web oficial del hotel muestra reservas completas hasta fin de año, mientras que sitios como Booking.com y Planet of Hotels no permiten realizar contrataciones. No obstante, la realidad presencial describe un panorama opuesto: la cronista fue la única huésped en una estructura de lujo atendida por aproximadamente 40 empleados, en un escenario que evoca las maniobras de los “hoteles vacíos” investigados en causas como Hotesur.
Miren qué curioso. Vía su web, el hotel de Toviggino aparece todo reservado hasta fin de año. En dicen que el alojamiento no admite reservas a través de su sitio. En Planet of Hotels, no importa la fecha que selecciones: no hay habitaciones disponibles.… pic.twitter.com/0Ki7fdhvdN
— Camila Dolabjian (@camidolabjian) March 10, 2026
La sofisticada infraestructura del predio, que incluye mármoles costosos, suites con nombres de los hijos del dirigente y un servicio gastronómico exclusivo en el restaurante El Establo, contrasta con una baja rentabilidad turística que despierta sospechas sobre su financiamiento.
El hotel ofrece instalaciones que van desde un spa y tanque de flotación para deportistas hasta canchas de polo, pádel y un parque acuático. A pesar de presentarse como un espacio de “habitabilidad de lujo y comodidad único en la provincia”, la Justicia investiga si el establecimiento funciona como una fachada para justificar movimientos de fondos que no coinciden con su nula actividad comercial cotidiana.
Un punto crítico de la investigación radica en el entramado societario que respalda la facturación. Los comprobantes no son emitidos por la firma del hotel, sino por SEGON SRL, una empresa cuya actividad principal ante ARCA es de “servicios de seguridad e investigación”.
Esta sociedad pertenece a SOMA SRL, la cual recibió transferencias por USD 468.000 de una firma bajo investigación por desvíos de dinero de la AFA. Además, SEGON SRL fue adjudicataria de licitaciones provinciales por montos superiores a los $370 millones, lo que vincula directamente los ingresos de la firma con contratos estatales.
A estas irregularidades financieras se suman denuncias de pobladores sobre presuntas usurpaciones de terrenos linderos mediante grupos de choque, y una investigación de la PROCUNAR que asocia campos del dirigente con una pista clandestina de narcotráfico en el departamento de Alberdi.
A pesar de estas graves sospechas, el hotel mantiene un estatus privilegiado como base de la Selección Argentina y de equipos de la Liga Profesional. Con una camiseta firmada por el plantel nacional decorando sus pasillos, el interrogante central de la causa sigue siendo el origen de la inversión para sostener uno de los hoteles más modernos del país frente a su evidente falta de huéspedes.
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El reclamo salarial policial en Jujuy avanzó hacia una solución tras una propuesta formal presentada por el Gobierno a los delegados de agentes activos y retirados durante una reunión en la Central de Policía. Se trata de un esquema que aplicaría aumentos escalonados y establecería un piso salarial de $1.150.000, además de adicionales por presentismo.
Uno de los puntos claves del sistema que buscaimplementar la gestión que lidera Carlos Sadir sería alinear las actualizaciones salariales con el resto de los sectores de la administración pública. En este sentido, se tomaría como punto de partida el incremento del 10% anteriormente otorgado.
Al mismo tiempo, el paquete garantizaría a los agentes recién incorporados un sueldo mínimo neto de 1.150.000 pesos desde marzo. Además, se incluiría el pago de un adicional por presentismo y mejoras en los conceptos de títulos y posgrados.
La propuesta habría sido aceptada por los delegados policiales, aunque todavía se tendrían que realizar una serie de ajustes para terminar de definir el esquema final de remuneraciones. Según la información publicada por Jujuy al Momento, la prioridad del Gobierno provincial es retomar el funcionamiento habitual de la Policía y consolidar el consenso alcanzado.
Para destrabar el conflicto, el Poder Ejecutivo jujeño exigió «un compromiso mutuo por la paz y el respeto“. Por esto, pidieron que no haya encapuchados en las próximas manifestaciones que se realizaran, así como tampoco se quemen cubiertas o se lleve a cabo cualquier acto que pueda producir daños a propiedades públicas o privadas, subrayando la importancia de proteger la institucionalidad y la imagen de la fuerza.
En las horas previas, el conflicto salarial entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad había escalado hacia la vía judicial, debido a que las autoridades presentaron una denuncia penal contra los responsables de encabezar los disturbios ocasionados el lunes por la noche en las inmediaciones de la Casa de Gobierno.
Frente a esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación de oficio para determinar a los autores materiales de los ataques registrados en el edificio gubernamental.
Incluso, indicaron que ya tendrían en su poder las imágenes de las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos que permitieron identificar a personas involucradas en la remoción de vallas y el uso de pirotecnia de alto poder. Bajo el punto de vista del Gobierno provincial, estas acciones son consideradas actos de vandalismo planificado.
En un comunicado, las autoridades calificaron los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada”, ejecutada por sectores sin “representatividad” en la fuerza. Desde los despachos oficiales, el mensaje fue claro al asentar que no se permitirán maniobras de minorías que “pongan en jaque la paz social”, un bien considerado estratégico ante el aumento de la conflictividad dentro del sector estatal.
Por su parte, el Ministerio Público de la Acusación destacó que los incidentes no derivaron en enfrentamientos directos entre miembros de las propias fuerzas de seguridad. “Lo peor se evitó: el choque entre pares”, afirmaron.
En este sentido, los investigadores resaltaron la disciplina mostrada por quienes custodiaban el edificio, pese a la presión ejercida por sus propios colegas y los familiares presentes. Así, confirmaron que la investigación judicial avanzará con el análisis detallado de las pruebas recolectadas, con el objetivo de determinar eventuales sanciones penales para los responsables.
El reclamo de efectivos de la Policía de Jujuy por un aumento salarial desencadenó movilizaciones y protestas en la provincia, luego de que exigieran la actualización del salario básico y mejoras en condiciones de trabajo. Estas abarcarían tanto la revisión de la jornada laboral como la dotación de recursos y renovaciones en la infraestructura de dependencias policiales.
El impacto del conflicto se potenció ante los incrementos diferenciados otorgados a la plana mayor de la fuerza, quienes recibieron un aumento del 70%. Además, sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP) accedieron a beneficios excluyentes, lo que profundizó el malestar entre agentes de menor rango, de acuerdo con Noticias (d) Jujuy.
En respuesta a este descontento, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, notificó que las resoluciones que concedían estos aumentos serán anuladas, una decisión orientada a calmar la tensión dentro de la institución policial.
El viernes, una delegación de policías retirados fue recibida por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, junto a autoridades de la Jefatura de Policía y del Servicio Penitenciario. En esa reunión, se acordó la conformación de una mesa de diálogo dedicada a analizar la situación salarial y los reclamos.
Los delegados anticiparon la presentación de un pedido formal de aumento del 50% para el personal policial y penitenciario. Aunque ese encuentro no logró contener el descontento de ese sector de las fuerzas de seguridad, se espera que el acuerdo con el Gobierno derive en el fin de las protestas.
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POLITICA
Legislatura porteña: La Libertad Avanza y Fuerza Patria presionan a Jorge Macri y desplazan a Pro de las principales comisiones
La oposición busca capitalizar la debilidad de Jorge Macri en la Legislatura porteña y presiona al jefe de gobierno para quedarse con la presidencia de las principales comisiones. Aunque Pro retendrá presupuesto, el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) postergan al sello amarillo en las negociaciones y se encaminan a conducir los órganos que revisarán los pliegos judiciales y los vetos del mandatario.
La magra cosecha de Pro en los comicios de mayo pasado dejó al oficialismo en una situación frágil en el parlamento local con apenas 11 legisladores. La semana pasada logró completar la docena, con la adhesión de Pablo Donati, de Republicanos Unidos, a la bancada, pero todavía se mantiene detrás de Fuerza por Buenos Aires -cuyo bloque concentra un tercio de la cámara (20 bancas)- y los 14 libertarios, incluida Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez desde las filas larretistas.
En este contexto, las dos principales bancadas opositoras buscaron hacer valer su superioridad numérica y tensaron las negociaciones con el oficialismo por el reparto de las comisiones. “Nuestro bloque entiende que, siendo el bloque mayoritario, nos corresponden comisiones más relevantes que en otras oportunidades”, explicaron en la bancada peronista.
Según pudo saber , aunque las negociaciones continúan en marcha, Fuerza por Buenos Aires se encamina a conducir la Junta de Ética, un órgano que jugará un rol clave este año si se concreta en el corto plazo el traspaso del fuero laboral a la ciudad. Es que por esa comisión pasan los pliegos para ocupar cargos públicos y vacantes judiciales previo a su discusión en el recinto.
En la Legislatura afirman que el oficialismo tiene los votos para aprobar el convenio firmado con el gobierno de Javier Milei para avanzar con el traspaso de competencias. Es el paso final para que el acuerdo entre en vigor, dado que ya recibió el aval de las dos cámaras del Congreso Nacional.
La Libertad Avanza también tendrá un rol central en los debates sobre temas judiciales en el nuevo período de sesiones ordinarias. Sucede que el sello violeta habría logrado quedarse con la comisión de Justicia, un nicho que buscaba mantener bajo su órbita la Unión Cívica Radical (UCR), en particular el sector del partido que responde a Daniel “Tano” Angelici, aliado de los primos Macri que, desde mediados del año pasado, integra la mesa chica del jefe de gobierno.
El dirigente radical tiene una fuerte injerencia en la Justicia porteña, un área en la que también talla el presidente del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, quien ubicaría a uno de sus alfiles al frente de la Junta de Ética: Matías Lammens. Angelici -que tiene terminales en la Secretaría de Justicia porteña y el Consejo de la Magistratura local- apostaba a conservar el control sobre el órgano legislativo que digita los proyectos en materia judicial a través de su ladera Aldana Crucitta.
Según señalaron tres fuentes parlamentarias consultadas por separado, el operador judicial del macrismo habría intervenido directamente en las negociaciones para retener la comisión. En particular, advirtieron que habría mantenido diálogo con Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque libertario para destrabar la puja por esa codiciada comisión, aunque el partido de Milei terminó imponiendo su posición.
Se prevé que LLA se quede también con la comisión de Asuntos Constitucionales, que, entre otras cuestiones, revisa los vetos del jefe de gobierno. El presidente del órgano sería Nicolás Pakgojz, mano derecha de Ramírez.
Angelici no se quedará, de todos modos, al margen de las comisiones con mayor actividad. Legisladores de la oposición indicaron a que su alfil Crucitta finalmente presidiría Seguridad, que hasta el año pasado controlaba Pro a través de Gimena Villafruela.
En algunos bloques esperan que el oficialismo resista el intento por desplazarlo de este órgano, en especial ahora que Jorge Macri busca apuntalar su vocación reeleccionista en una agenda de mano dura y orden. Sin embargo, al cierre de esta nota, era Crucitta quien lideraba la carrera por la presidencia de esta comisión.
De confirmarse esta distribución, de las principales comisiones, Pro apenas conservaría Presupuesto. A pesar de los embates al oficialismo, tanto en fuerza por Buenos Aires como en LLA acordaron respetar la regla tácita por la que es el partido que gobierna el que conduce esta comisión. Según pudo reconstruir , dos nombres se barajaban para su presidencia: por un lado, la propia Villafruela, y, por el otro, Ignacio José Parera, un hombre del riñón de Cristina Ritondo.
El presidente de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados y titular de Pro bonaerense -que renovó su mandato la semana pasada- participó de la apertura de sesiones ordinarias de Jorge Macri.
La decisión final probablemente recaiga en cuánto poder estará dispuesto a concederle a Angelici el alcalde porteño. Sucede que, aunque no es alguien de su fuero más íntimo, Villafruela mantiene una relación asidua con algunos aliados del radical como el secretario de Justicia, Francisco Quintana.
El oficialismo también controlará la comisión de Salud, que estará a cargo del dirigente de la Coalición Cívica, Facundo del Gaiso. Aunque no es Pro puro, el legislador juega en tándem con el bloque amarillo desde que encabezó la lista de diputados porteños de Jorge Macri en 2023.
La Libertad Avanza (LLA),magra cosecha de Pro,Sandra Rey, reciente incorporación a la tropa de Pilar Ramírez,pic.twitter.com/dYdepf0cbS,February 28, 2026,traspaso del fuero laboral,Daniel “Tano” Angelici,agenda de mano dura y orden,Abigail Contreiras Martínez,Legislatura Porteña,Jorge Macri,La Libertad Avanza,Conforme a,,Análisis. La guerra amenaza el plan de Javier Milei,,»Lo esperábamos». El puntapié inicial de la “Argentina Week”: entusiasmo, elogios y salones llenos en la noche de Nueva York,,Senado. Bullrich empuja una sesión para darle ingreso a los ascensos militares y al pliego de Mahiques,Legislatura Porteña,,Daniel Angelici. El radical que gana poder en la gestión porteña con el aval de los primos Macri,,Conflicto en la Legislatura. Jorge Macri vetó leyes de la oposición y abre un nuevo frente con un peronismo fortalecido,,Chiqui Tapia, sal y vinagre
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