El juez federal Ernesto Kreplak empezó esta mañana a tomarles declaración indagatoria a los detenidos en la causa por el fentanilo contaminado. En total son diez. La lista incluye al empresario Ariel García Furfaro, a dos hermanos, a su madre y a socios y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, donde se produjo el fentanilo.

La acusación es muy grave. La fiscal federal Laura Roteta le imputó a García Furfaro un delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel (y una pena mínima de diez), según informaron fuentes con acceso a la investigación. El delito está previsto en el artículo 201 bis del Código Penal y castiga a quien adulterare o envenenare aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales cuando de eso “resultare la muerte de alguna persona”.

Las indagatorias que empezaron hoy seguirán la semana próxima y la siguiente. Además de los diez detenidos, hay otros siete acusados que están libres y fueron citados a declarar por el juez.

Kreplak dispuso además que el Ministerio de Salud ya no sea más querellante en la causa. El motivo es que la fiscal Roteta y el fiscal nacional Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), acusaron a la Anmat de persistentes incumplimientos en sus deberes de control.

En cuanto a García Furfaro y sus socios, las pruebas que sostienen el dictamen de la fiscal acreditarían que el fentanilo se contaminó por graves fallas estructurales en todo el proceso de producción. Fue central el informe que presentó en las últimas horas el Instituto Malbrán sobre cómo se fabricaron los lotes 31202 y 31244, que resultaron adulterados.

Ese peritaje da cuenta de un proceso poco robusto e inconsistente de producción, según informaron las fuentes a . No precisa en qué punto de la fabricación se adulteró el fentanilo, pero menciona, por ejemplo, que la calidad de cierre y llenado de las ampollas fue deficiente y explica que el “mal cierre” compromete la esterilidad del producto y representa un peligro directo para el paciente.

También destaca que el personal operativo que trabajaba en el Laboratorio Ramallo hacía turnos más largos de lo que correspondía y que esto incrementó el riesgo de contaminación. Advierte asimismo que sobre falsedades en los registros que llevaba el laboratorio.

Una vez tomadas las indagatorias, el juzgado tendrá diez días hábiles para resolver las situaciones procesales de todos los indagados; es decir, definir si los procesa y por qué delitos.

En paralelo, sigue adelante la investigación sobre la actuación de la Anmat y avanza el tramo de la causa que busca determinar si existió un “desvío de cantidad”; es decir, si se traficó ilegalmente fentanilo. En este tramo de la investigación interviene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que lidera el fiscal Diego Iglesias.

Además, los investigadores siguen adelante con otras medidas de prueba, como los análisis del contenido de los teléfonos celulares de los acusados, de donde podrían surgir datos sobre otras posibles complicidades en la causa.

En cuanto al rol de la Anmat, la fiscalía busca dilucidar si la “ineficiencia recurrente” que registró la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios podría constituir “negligencia, connivencia o complicidad” en los sucesos investigados en la causa.

Ayer, después de conocidas las órdenes de detención, el Gobierno separó de su cargo a la funcionaria de la Anmat que tenía responsabilidad directa sobre la fiscalización del laboratorio. No así a la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio, que el viernes pasado fue respaldada por el ministro de Salud, Mario Lugones, en una entrevista con TN.

En un dictamen anexo que forma parte de la causa, la PIA advirtió sobre el ineficiente control que ejerció el Estado sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El período en el que se investiga la actuación de la Anmat va de 2018 a la actualidad, informaron fuentes con acceso a la causa.

La PIA analizó 273 expedientes administrativos sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que fueron una prueba central para revisar la actuación de la Anmat, es el organismo regulador.

Un dato clave para los investigadores es que la Anmat inspeccionó Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado. El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre, seis días después de terminada esa inspección. Pero recién el 10 de febrero se le informó al laboratorio que no podía seguir con la producción “hasta no dar cumplimiento a [las observaciones por] las deficiencias” y presentar una serie de “acciones correctivas”. Fue en mayo cuando la agencia regulatoria dispuso la inhibición de toda actividad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El informe del organismo detalla que entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) detectaron “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en todas las áreas clave de la planta ubicada en Ramallo. Fallas que comprometían directamente “la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”.

Las irregularidades incluían problemas en la validación de procesos, documentación deficiente, falencias en el control de calidad, malas prácticas en depósitos y en la gestión de recursos humanos, según el documento oficial.

La Anmat, que depende del Ministerio de Salud, no solo no clausuró de inmediato el laboratorio; tampoco dispuso el retiro preventivo de los lotes fabricados después de la constatación de las fallas.