Sergio Abrevaya conoce la arena política porque hace tiempo que la transita. Tuvo dos mandatos como legislador porteño (2007-2011 y 2017-2021) y desde 2022 preside el partido GEN, cuya principal referente es la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer. Sin embargo, como él mismo reconoce, siempre ha estado en “segundas líneas”. Será por eso que no duda al afirmar que Para Adelante, el espacio fundado por Facundo Manes y en el que competirá el próximo 26 de octubre, tiene “un tinte más nuevo”.

Abrevaya encabeza la lista de diputados nacionales de la alianza que lleva al neurocientífico como primer candidato al Senado. Sabe que, frente al descontento social con los últimos gobiernos, la corta trayectoria política de Manes −lleva apenas un mandato en la Cámara baja− y su bajo perfil son, hoy, un diferencial respecto de los otros espacios que se disputarán las tres bancas del Senado y las 13 de diputados que pone en juego la ciudad de Buenos Aires.

“A Milei se lo supera con un proyecto de futuro y con una nueva política. Por eso decimos, ni con los de antes ni con los de ahora, para adelante. Pensamos que hay que fundar, junto con otros, un nuevo movimiento ciudadano, que traiga renovación política y modernidad económica. Nuevas ideas y nuevos liderazgos”, resume Manes a .

El neurocientífico construyó un perfil fuertemente opositor al gobierno de Javier Milei en los últimos meses. Fue, por ejemplo, uno de los legisladores que impulsó la expulsión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados −que no se concretó, porque el libertario se pidió licencia− luego de que se conocieran sus vínculos con Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de activos y narcotráfico.

En medio de esta cruzada con el Gobierno, Manes denunció que La Libertad Avanza tenía previsto iniciar una “operación de prensa” en su contra que, según confirmó Abrevaya a , se terminó concretando días después en redes sociales con la difusión de fakes news sobre un presunto vínculo del diputado con Machado.

“Una cantidad de trolls habían empezado a repetir dos o tres formatos tipo diario que decían que se había comprobado que [Machado] había aportado dinero para la candidatura de Manes, pero él no fue candidato ese año», explica el dirigente del GEN. El neurocientífico se había postulado para la presidencia, pero terminó bajando su candidatura y, ante la consulta de , niega el vínculo que le imputan.

“Es un absurdo. Tan absurdo es, que yo me meto en política en 2021 y para ese entonces Machado estaba preso. Espert me pidió una reunión en 2019, se la di por cortesía, le expliqué que no tenía nada que ver con su proyecto político. Vino acompañado por un asesor. A Machado no lo conozco”, asegura, y pone el foco en otros dirigentes libertarios como la diputada Lorena Villaverde “que tiene una causa en Estados Unidos por narcotráfico” y hoy encabeza la lista de senadores de LLA en Río Negro. “Son hechos de una gravedad institucional superlativa”, sentencia.

Para Abrevaya, el avance contra su compañero en estos comicios es igualmente grave. “Terminamos haciendo una denuncia porque es un tema serio. Las nuevas formas de imponer el autoritarismo es la creación de falsas noticias en redes para intentar demoler la credibilidad de una persona”, afirma. Está convencido de que la gestión de Milei tiene rasgos autoritarios que se expresan no solo en su estilo de comunicación, sino también en sus intentos de eludir al Congreso a través de un “abuso de los DNU”.

En la sesión de Diputados del 8 de octubre, Manes avaló el proyecto para recortar el alcance de los DNU presidenciales, una herramienta ampliamente utilizada por el primer mandatario. Ya se había expresado también en contra de los vetos presidenciales, otro instrumento cuestionado por Abrevaya, al respaldar la insistencia a las leyes de emergencia pediátrica y en discapacidad y la de financiamiento universitario.

“Milei es una mala respuesta a preguntas legítimas de la sociedad. Creemos que es necesario que Argentina avance en el diseño de un Estado más chico y eficiente, no en su destrucción. El Estado es también la educación, la salud, los caminos, la policía”, señala el candidato a senador.

El exlegislador porteño coincide: “Sobre lo que dejó el kirchnerismo hay que hacer auditorías y ser quirúrgicos, que no es lo mismo que la motosierra que se lleva puesto la posibilidad de hacer un Estado más eficiente”. En las últimas semanas, ambos candidatos mantuvieron encuentros con referentes de la comunidad educativa para apuntalar su agenda de campaña. Creen que no solo es necesario preservar los fondos para esta área, sino también volverlos más eficientes a través de una reforma educativa que permita mejorar la compresión lectora y el desempeño en matemáticas. La caída en la tasa de natalidad −estiman en Para Adelante− es una buena oportunidad para ello.

Ponen el foco también en las pymes que −según relata Abrevaya− se ven afectadas tanto por la “recesión económica” como por la carga impositiva y la apertura comercial. Propone, entre otras iniciativas, un RIGI especial para emprendimientos de menor envergadura, así como también facilitar el acceso al crédito. Subraya, en este sentido, la necesidad de reformar la ley de entidades financieras, que también permitiría potenciar el acceso a la vivienda, y la implementación de un sistema de scoring basado en el comportamiento financiero y bancario de los individuos que flexibilice los requerimientos para tomar préstamos.

Lorena Villaverde está acorralada. La principal candidata a senadora de LLA en Río Negro quedó en la mira por su vínculo con Claudio Cicarelli, primo y presunto testaferro de Fred Machado.

Machado está imputado en Estados Unidos por narcotráfico y la revelación de su apoyo a la campaña de José Luis Espert le costó al diputado nacional el primer lugar de la lista bonaerense.

En La Libertad Avanza hay algunos que creen que el caso de Villaverde puede terminar igual, con una renuncia a la candidatura a una semana de la elección. Hay tres hechos que la ponen entre la espada y la pared: estuvo detenida en Estados Unidos (hecho que no niega), tuvo una causa judicial en ese país que ella dice que fue por “conspiración” pero que según lo que difundió el canal A24 fue por tráfico de drogas ; y reconoce al primo de Machado como “un viejo conocido de Viedma”.

Lo que sí niega es haber traficado drogas y haber estado involucrada en algún proceso judicial por ese motivo.

“En Estados Unidos basta con estar en el lugar equivocado para quedar involucrado”, justificaron en su entorno. Mientras tanto, los libertarios la miran de reojo y los pedidos para que renuncie a su candidatura se multiplican.

Pero Villaverde redobla sus esfuerzos. En los últimos días, se sometió a una rinoscopía -como si el resultado negativo fuera una garantía de no traficar drogas-, denunció por “calumnias e injurias” a Juan Martín, su rival de Pro en Río Negro, y rechazó la reciente difusión de una causa del 2002 que la involucra por tenencia de drogas en los EE.UU.

Lo que sigue es el relato de un allanamiento en una feria de ropa de Miami, donde se secuestró desde mercadería hasta sustancias ilegales y en el que Villaverde habría quedado implicada.

“Ella viajó al exterior, abrió una tienda de ropa y conoció a varias personas. Entre ellas, un cubano que le recomendó ir a las liquidaciones de stocks. Fue con él a una especie de feria que había almacenes -parecido a La Salada- y minutos después, irrumpió un operativo policial”, relataron cercanos a Villaverde para despegarla de la grave acusación.

“Como suele suceder en ese tipo de procedimientos, todos los presentes fueron demorados hasta determinarse las responsabilidades. Ella se defendió ante un jurado popular que terminó con la nulidad del juicio”, agregaron. No precisaron ante el pedido de el tiempo que permaneció detenida y cuánto demoró la Justicia norteamericana en retirar los cargos.

La señal A24 dio a conocer el jueves la presunta acta de detención de Villaverde, correspondiente a esa causa. De acuerdo al documento, la diputada fue imputada por el tráfico de 14 kilos de cocaína. contactó a la legisladora por segunda vez y le preguntó si efectivamente enfrentó cargos por tenencia de drogas. Una vez más, cerca de ella, lo negaron. “Se difundió un expediente que no correspondía con su causa. Estaba mayormente armado. No es real lo que se difundió”, apuntaron.

“Todos los cargos de la causa en Estados Unidos fueron desestimados por la justicia de ese país en 2017″, concluyeron.

“Bozal legal” y choque electoral

En medio de la controversia, Villaverde pidió en la Justicia una medida para que Juan Martín, el candidato de partido Pro, cesara en la difusión de este tipo de hechos. El dirigente amarillo la cuestionó públicamente por intentar silenciarlo mediante un bozal legal y compartió un video en redes sociales denunciando censura.

“No hay ‘bozal legal’, que deje de hacerse la estrella de chimentos de televisión. Lo que hay es una querella penal por calumnias e injurias y una mediación civil por los perjuicios que generaron sus declaraciones difamatorias”, señaló Villaverde a .

“Se solicitó que el magistrado intime a Juan Martín a abstenerse de seguir difamando, mientras se tramita la causa. Ese requerimiento está pendiente de resolución. No es censura: es una medida de protección judicial frente a una campaña de falsedades”, remarcó.

El legislador provincial de Pro le restó importancia a la embestida judicial de Villaverde. “¿Cómo voy a calumniar a alguien por reproducir lo que dice todo el mundo?, ironizó Martín. “Los legisladores tenemos inmunidad de opinión”, justificó, respaldándose en los fueros parlamentarios. “Voy a seguir hablando”, desafió.

“No la acuso, simplemente doy a conocer denuncias, hechos y hasta resoluciones judiciales de público conocimiento. Pero en lugar de dar explicaciones serias sobre sus vínculos, elige el camino de la censura. Después dice que defiende la libertad”, criticó el dirigente amarillo que responde a Mauricio Macri.

“Le aconsejo que se serene y que dé explicaciones claras. Tiene que entender que es una funcionaria pública y que eso implica estar sujeta a la mirada y el juicio de todos”, sentenció luego.

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) responsabiliza a Martín por haberle atribuido “una serie de hechos ilícitos”, días después de romper la alianza sellada entre amarillos y violetas en Río Negro, “de manera sorpresiva y sin razones plausibles”.

En la presentación judicial, Villaverde cita declaraciones públicas de Martín, en las que sugiere un vínculo con Machado, a través de Cicarelli, a quien presenta como “una persona que permanentemente está con ella”. Además, lo acusa de atribuirle una venta de terrenos fraudulentos en Las Grutas y de mencionar la causa de Estados Unidos por tenencia de drogas por la que, según sostiene, ella no podría ingresar al país. Incluso, siendo hoy la representante en Diputados de la comisión de Energía y Combustibles.

La solicitud en la Justicia no fue el único movimiento de Villaverde por acallar las acusaciones en su contra. La diputada libertaria se sometió la semana pasada una rinoscopia, cuyos resultados compartió en redes sociales para despejar cualquier sospecha sobre presuntos nexos con el narco.

Ante la consulta de , Villaverde admitió que Cicarelli “es un viejo conocido de Viedma”, con quien comparte espacios de militancia. Allegados a la libertaria van un poco más allá y reconocen que ambos mantienen una amistad. La elegida de Milei en la provincia patagónica repite que “no son ni nunca fueron pareja”.

Las mismas fuentes detallan que el empresario minero, sindicado como testaferro de Machado, milita para La Libertad Avanza. Eso sí, se ocupan de aclarar que Cicarelli “no tiene ninguna causa ni es parte de una investigación judicial”. Por lo menos, hasta donde saben.

En cambio, sobre la conexión con Machado, son categóricos: “Nunca tuvo una relación ni vínculo alguno. Solo algún cruce ocasional, en un evento empresarial o espacio público, ya que él se movía en esos tipos de ambientes”.

En el tramo final de la campaña y con múltiples frentes abiertos, Villaverde se concentró en silenciar al candidato de Pro, pese a las alianzas que mantienen violetas y amarillos en diversos distritos. La ofensiva llegó justo después de que la Casa Rosada celebrara haber recuperado el diálogo con el líder del partido, Mauricio Macri, quien en las últimas horas apoyó con un video a su candidato en Río Negro y pidió votar por la lista, “que lleva a la gente idónea”.

La ruptura de la alianza entre el Pro y LLA tiene a Villaverde de protagonista. Por varios motivos. En primer término, la legisladora es la titular del partido violeta en Río Negro, por lo que el fallido acuerdo se firmó en su despacho del Congreso. La salida de Martín llegaría días después de enterarse que ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el apoderado del partido, Santiago Viola, o el secretario de asuntos estratégicos, Lule Menem, habrían cumplido con lo acordado: dejar fuera de la contienda a Villaverde. “Entonces no tengo más nada que hablar”, se jactó el dirigente macrista, antes de dar el portazo. Para retenerlo tampoco le concedieron un primer lugar como candidato a diputado.

El candidato de Pro no es el único que exige respuestas a Villaverde o que alude a una relación de cercanía con el primo de Machado. A fines de agosto, el diputado de Unión por la Patria, Martín Soria – también candidato a senador por el kirchnerismo en Río Negro- invocó esta cuestión durante una sesión en el recinto. “Ciccarelli estuvo en las gradas de este Congreso. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Espert o su actual pareja, la dipunarco de mi provincia, Lorena Villaverde?”, arremetió, a modo de chicana, sobre la presencia del empresario minero en la Cámara baja durante la asunción de la diputada, en 2023.

Aquella ocasión quedó registrada en una foto donde se los puede ver a ambos en un balcón del palacio legislativo. La imagen cobró mayor relevancia con la renuncia de Espert, luego de reconocer un pago de Machado por 200.000 dólares.

Soria se jactó de que Villaverde mantenía una relación personal con Ciccarelli y además lo identificó como el propietario de la camioneta blindada Jeep Grand Cherokee que Espert utilizó en su campaña presidencial de 2019. El diputado libertario, actualmente investigado en la Justicia por lavado de dinero, admitió que utilizó este vehículo provisto por Machado, al igual que la flota de aviones en los que viajó por lo menos 17 veces.

Pero las críticas a Villaverde llegan hasta las filas libertarias representadas también en la provincia por el candidato a senador Ariel Rivero, de Primero Río Negro, fuerza cercana a Javier Milei. “Espert, no te vayas sin Lore. Hacelo por todos los rionegrinos. Merecemos candidatos con Ficha Limpia”, demandó Rivero en su cuenta de X. “Dejen de dañar el proyecto nacional que encabeza nuestro Presidente. Los delincuentes tienen que ir a dar explicaciones a la Justicia”, reclamó.

A menos de una semana de las elecciones de medio término, propios y ajenos desconfían del relato de Villaverde. Y en Diputados, el apoyo se empieza a agrietar: reconocen que el escenario se le volvió adverso y ni los suyos están dispuestos a salir en su defensa. “Nadie se quiere inmolar”, confían desde los pasillos del Congreso.

En octubre de 2017, luego de ser procesada por la compra irregular de un inmueble y en medio de fuertes presiones del macrismo para que dejara el cargo, Alejandra Gils Carbó renunció a la Procuración General de la Nación. La reemplazó Eduardo Casal, por ser el fiscal de mayor antigüedad ante la Corte Suprema. Aunque desde entonces ejerce como “interino”, esto es, nunca fue votado para el cargo, Casal se convirtió en el procurador con más tiempo en el cargo desde el regreso de la democracia.

Este fin de semana, Casal superó a Esteban Righi, que ocupó ese lugar a lo largo de casi ocho años (2848 días), durante el kirchnerismo, entre el 23 junio de 2004 y el 9 de abril 2012. Cristina Kirchner le retiró todo apoyo, y eso derivó en su renuncia, responsabilizándolo por las investigaciones por corrupción que avanzaron contra su entonces vicepresidente, Amado Boudou.

Casal asumió el 31 de diciembre de 2017 y desde entonces, pero principalmente durante el gobierno de Alberto Fernández, enfrentó varios embates del kirchnerismo, que lo acusó de “mal desempeño” por presuntas irregularidades en sumarios y que intentó, incluso, poner en marcha un juicio político. Fue un intento por frenar las investigaciones por corrupción, que ahora rodeaban por todos los flancos a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Casal, de marcado perfil bajo, resistió las embestidas y permaneció en el cargo.

Sobrevolaron distintos nombres para reemplazarlo, algunos con más fuerza que otros, pero la falta de acuerdos políticos en el Senado, donde se requiere el aval de dos tercios de los senadores presentes, prolongó su interinato.

Con el procurador, el proceso de selección es similar al de los jueces de la Corte: son designados por el Poder Ejecutivo y luego requieren el acuerdo de dos tercios de la Cámara alta.

Durante el gobierno de Cambiemos, el expresidente Mauricio Macri eligió como candidata a la jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal Inés Weinberg de Roca, de largo recorrido en el ámbito del derecho internacional. Pero su nombre siempre estuvo lejos del apoyo necesario.

Más consenso reunió el juez federal Daniel Rafecas, la opción de Alberto Fernández para reemplazar a Casal, pero el magistrado de Comodoro Py nunca contó con el visto bueno de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, que bloqueó el pliego de Rafecas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo entonces de la camporista Anabel Fernández Sagasti.

El gobierno de Javier Milei es la tercera gestión que atraviesa el procurador Casal. No fue prioridad del gobierno libertario darle estabilidad al cargo: el oficialismo deslizó algunos nombres de candidatos pero nunca oficializó un postulante, quizás a sabiendas de su extrema debilidad parlamentaria, expuesta en el rechazo a los pliegos del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla.

A comienzos de la gestión, Casal recibió, además, un espaldarazo por parte del Presidente. “Hace un muy buen trabajo. Tocar lo que funciona parece un poco complejo”, dijo Milei en abril del año pasado.

Funciones y vacancias

El Procurador General es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, y como tal, el jefe de más de 300 fiscales nacionales y federales.

Tiene atribuciones para reorganizar la estructura del organismo −que incluye procuradurías y unidades fiscales especializadas−, efectuar nombramientos interinos y actuar como fiscal ante la Corte Suprema.

Por ejemplo, en la causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner cumple una pena de seis años en su casa por fraude al Estado, Casal respaldó el pedido del fiscal de Casación Mario Villar y pidió a los jueces del máximo tribunal que revieran la condena del Tribunal Oral Federal N°2 y eleven la pena a 12 años por el delito de asociación ilícita.

El poder de Casal creció a la par de la implementación gradual del nuevo Código acusatorio, que se puso en marcha en 2019 en las provincias de Salta y Jujuy y continúa desplegándose desde entonces, aunque con reparos.

Esta nueva reglamentación pone en cabeza de los fiscales todas las investigaciones, algo que ocurre muchas veces en la práctica, pero depende del juez de instrucción, que tiene la opción de delegar la investigación o retenerla.

El sistema también rige en Rosario, Mendoza, San Juan y San Luis y en las jurisdicciones de General Roca, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Mar del Plata.

La llegada del acusatorio a Comodoro Py estuvo prevista inicialmente para agosto, pero los reclamos al unísono de los fiscales −que se mostraron a favor del nuevo sistema, pero piden más recursos humanos, nuevas condiciones edilicias y más fondos para hacerlo operativo− postergaron su implementación, que fue reprogramada para el 10 de noviembre de este año.

El procurador Casal se puso a la cabeza del reclamo. “No puede seguirse adelante eficientemente sin la debida adjudicación de recursos”, sostuvo en una carta enviada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Días atrás se reunió con más de 25 fiscales de los fueros Penal Económico y Criminal y Correccional, quienes le reiteraron sus dudas respecto a la puesta en marcha del acusatorio.

La Justicia atraviesa desde hace largos años un problema de vacantes que por estos días afecta a más del 30% del Poder Judicial.

De acuerdo a los datos presentados por la jueza federal y consejera Alejandra Provítola en un informe reciente ante el Consejo de la Magistratura, la Justicia Nacional y Federal registra, a agosto de este año, 1002 cargos, de los cuales el 59,49% pertenecen al fuero federal (596) y el 40,51% al nacional (406), distribuidos en 470 juzgados, 86 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales.

En total, están vacantes 337 de esas posiciones; poco más del 33%. La mayor parte de los lugares sin cubrir se concentra en la Justicia Nacional (176), seguida por la Federal del Interior (112) y la Federal de la Ciudad de Buenos Aires (49).

El problema de las vacancias se agudiza en el Ministerio Público Fiscal, donde los huecos, a noviembre de 2024, el último dato oficial disponible, superaban el 43% de los cargos.