Artículo publicado originalmente en La Nación

Hace 10 años, un viejo conocedor del sector público fue contratado por un candidato a presidente. Le encomendó una tarea: realizar un mapa del Estado en el que estén resaltados todos los rincones donde haya dinero para gastar. Cajas, en lunfardo político. Jamás aclaró si era para colocar ahí a los más eficientes y honestos o no.

El diligente exfuncionario cumplió con la tarea. Uno de los renglones más importantes de aquella lista eran los fondos que se destinan a las pensiones graciables, donde se encuentra, entre otras cosas, las prestaciones para la discapacidad.

A los arqueólogos de la administración nacional nunca se les escapa este organismo que ahora se llama Agencia Nacional De Discapacidad (Andis), una estructura que tenía 1373 empleados en junio de 2022 y que actualmente fue reducido a 921 trabajadores y que antes se llamó Profe, programas federales.

La Andis asomó la cabeza después de que se conocieran los audios de Diego Spagnuolo, abogado y director de la agencia, donde habla de supuestos retornos que pagaban las droguerías que proveen medicamentos.

En esas oficinas se cocinan compras millonarias que ni siquiera suelen hacerse por licitación sino por sistema de “compulsa” donde unos pocos son invitados a participar. Allí se contratan medicamentos, productos de ortopedia y prestaciones para los que tengan pensiones no contributivas, es decir, otorgadas por una ley especial y no por aportes.

Una de las formas de entender la magnitud del sistema de compras es repasar los números. Según datos oficiales del Ministerio de Economía, el año pasado la partida 36 llamada “Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas” ejecutó $548.628 millones.

Y en lo que va de 2025, ese número de presupuesto devengado llega a $467.494 millones de pesos, siempre según datos públicos actualizados al viernes. Para ponerlo en dólares y tomar magnitud, con la moneda norteamericano en $1337 en las pizarras del último día de la semana, en la Andis se confecciona un cheque de US$43,7 millones por mes para “atención médica”. Un punto a aclarar: no todo este importe es destinado a medicamentos.

Detrás de esa cifra millonaria se mueve, desde hace tiempo, un fenomenal negocio donde reinan las droguerías, los prestadores de servicios, las compulsas a los de siempre, funcionarios de confianza del poder y una red de oficiosos repartidores de las compras.

Tan aceitado está el esquema llave en mano que, además de los directivos y gerentes del organismo, está la figura del “armador”. Se trata de personaje central en la trama que está al tanto del quién vende, a qué precio y que producto. Tanto los funcionarios como “el armador” cambió con la llegada de Javier al poder. Se fueron los anteriores y entregaron el “fondo de comercio” a sus continuadores. El esquema, se mantuvo.

Para entender lo que sucede en ese pliegue del Estado hay que hacer un poco de historia. Hasta la llegada de Mauricio Macri al poder, todo lo que tuviese que ver con discapacidad era jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social. Desde esta repartición, que en los años de Néstor y Cristina Kirchner fue manejada por Alicia Kirchner, es donde se decidía todo lo que concernía a las pensiones no graciables.

“A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, o sea los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000. Esta cifra bajó a un 1.026.000, entre 2015 y 2019, para volver a subir a de 1.026.000 a 1.222.000 pensiones en diciembre de 2023″, dijo el 8 de agosto el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La expansión de la cifra, propia de un país que haya sido atravesada por una guerra o una catástrofe, terminó por generar la necesidad de darle otro marco al asunto. En el macrismo, entonces, se creó la Andis, bajo el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia.

El 27 de febrero de 2018, con el decreto 160, se creó Incluir Salud. Y acá sí se llega hasta el punto de más importante del tema ya que este es el organismo que demanda los medicamentos y los servicios. El programa federal Incluir Salud, ex Profe, no es una obra social, sino que brinda prestaciones mediante convenios directos con prestadores y con las provincias destinado a los titulares de las pensiones no contributivas que no tengan ninguna otra cobertura de salud. Formalmente, todas las provincias han adherido y han creado una Unidad de Gestión Provincial (UGP), donde los afiliados llegan a pedir la cobertura, los servicios o los medicamentos. Ahí empieza el camino que termina, en la sede central, con la compra millonaria.

Además de lo que pide el afiliado, Incluir Salud también debiera enviar dinero a las provincias, como una suerte de compensación por la atención a los pacientes en los hospitales públicos. Así funciona el sistema.

Para acceder al plan, además de no tener otra cobertura, hay que ser titular de una pensión asistencial que tienen los discapacitados, así como también las madres con siete 7 hijos o más ,o mayores de 70 años en situación de pobreza. también pueden afiliarse los beneficiarios de pensiones por leyes especiales como excombatientes de Malvinas, familiares de desaparecidos, precursores de la Antártida Argentina, ganadores de Premios Nobel, de medallas Olímpicas o prelados, entre otros. Finalmente, están incluidos los beneficiarios de pensiones graciables que son personas designadas por legisladores del Congreso Nacional.

Ese es el universo de personas que a las que les compra el programa que está dentro del organigrama que hasta la semana pasada manejó Diego Spagnuolo.

Diego Spagnuolo, en el Congreso

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Cuando se crea la Andis y posteriormente Incluir Salud, empezaron a acumularse las solicitudes de los afiliados al sistema. Así empezaron a vender y proveer decenas de droguerías y droguerías. Los márgenes de semejante la industria siempre permiten generar cadenas de felicidad compartidas entre los dos lados del mostrador.

Así las cosas, la cantidad de proveedores empezó a crecer, y en muchas oportunidades, con droguerías o prestadores cercanos a los gobiernos provinciales. Por entonces, los nombres que pisaban fuerte en la agencia eran Emilio Nana, Alan Norton, y Pablo Atchabahian, el último director en la era Macri. Daniel Garbellini, ahora separado del cargo por Milei, y Patricio Rama eran dos personas conocidas entonces.

Con la llegada de Alberto Fernández todo cambió. Hubo nuevas designaciones y entonces se cambió la forma de comprar. La decisión de la Casa Rosada del último kirchnerismo fue concentrar las adjudicaciones en unos pocos prestadores. En el caso de los medicamentos todo quedó en unos pocos. La más importante fue la Droguería Suizo Argentina, la Droguería Dihemo, otra llamada Del Sud y finalmente, la distribuidora de especialidades médicas Lowcedo. En la parte de prótesis, los prestadores más grandes son las ortopedias San Jorge y Alemana, ambas con compras muy por debajo de lo que se les pide a las droguerías.

En ese momento empezó a tomar fuerza un nombre que poco tenía que ver con el mundo de las prestaciones médicas. Se trata de Luis Fernando Segura -conocido como Luifer-, hijo de Luis Segura, presidente de Argentinos Junios hasta 2014, fecha en la que dejó el club para asumir en la AFA tras la muerte de Humberto Grondona. Los Segura tenían una relación cercana con Fernández, hasta el punto de que padre e hijo fueron recibidos en la Casa Rosada en 2021 por el entonces presidente. De hecho, el exmandatario fue el jefe de Segura en la campaña que terminó en la recordada asamblea con 75 votantes para elegir el presidente de la AFA que terminó 38 a 38.

Con el tiempo, Luifer se adentró informalmente en la Andis y de convirtió en el primer “armador” de aquel complejo sistema de compras que ya tenía menos oferentes y una centralización total. De hecho, en las provincias se recibían las solicitudes de los afiliados a Incluir Salud y solo se limitaban a mandar todo a Buenos Aires. Y desde las oficinas centrales partía, y parte, la autorización y en su caso, el producto.

Semejante concentración enero que la Andis, además, se convierta en un fenomenal sistema logístico. Por dar un ejemplo, en 2023, mediante la orden de compra 483-0001-OCA23 se hizo una contratación directa al Correo Argentino para distribuir en todo el país los medicamentos por $542 millones, algo así como 135 milones de dólares si se toma en cuenta el precio de la moneda norteamericano de entonces.

En ese momento, los márgenes del negocio daban para todo, hasta el punto de que algunas droguerías quejosas eran invitadas a no competir con algún inventivo mensual. Tal como había sucedido con Macri, la Andis y el Incluir Salud dependían de la Secretaría General, a cargo de Julio Vitobello.

Durante los primeros meses de Milei no hubo tantos cambios. Pero, entre febrero y marzo de 2024, el poder de Luifer Segura empezó a menguar. Detrás del “armador”, la Suizo Argentina había ganado más importancia a fuerza de espalda financiera para sostener los tiempos de pago del Estado, a su fuerza logística y a los enormes márgenes que entregaban un estado de felicidad compartida.

Cuando la dupla Spagnuolo y Garbellini asume, el sistema se mantuvo intacto. Como se dijo, fue un pase llave en mano. Solo que el “armador” perdió el favor del poder y en su reemplazo, siempre de manera informal, apareció Sebastián Nuner Uner, un abogado que ya tenía relación con los primos Menem, y que además, es uno de los directores de la Droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovadliker.

Quizá la relación de Nuner y los Menem sea un conducto para analizar a la hora de que los audios empiecen a ser estudiados por la Justicia. De hecho, las 5 fuentes que contactó este cronista reconocían la existencia de algún vínculo entre ellos. Finalmente, los Menem, grandes arqueólogos de la Administración Pública, conocen estos rincones del Estado, perfectos para un alfil propio.

Pero el lugar de Nuner, a quién LA NACION le cursó mensajes pero no contestó, no es formal sino que ser “armador” no tiene designación en el Boletín Oficial. De ahí que siempre aparecen gestores de buena voluntad que se acercan al millonario pliegue del Estado donde se deciden compras millonarias sin licitación. Uno de los nombres que se escuchan cada tanto es el de Miguel Angel Calvette, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo y concejal en La Matanza, que habría tenido participación en la búsqueda de aportantes para la campaña libertaria en este sector.

Por encima de esta estructura del Andis está el Ministerio de Salud, donde ahora se encuentra alojado este instituto que salió de la Secretaría General. Allí está Mario Lugones, cuestionado no solo por este asunto sino por el escándalo del fentanilo contaminado que también transcurrió dentro de su organigrama, en el Anmat, el ente que debió controlar el producto.

Lugones, hombre cercano al siempre presente Enrique “Coty” Nosiglia, está secundado por Cecilia Loccisano, actual viceministra de Salud y exesposa de Jorge Triaca, de histórica buena relación con la Droguería Suizo Argentina.

En medio de todo este magma de millones, compras y poder, los afiliados a este sistema llamado Incluir Salud, un nombre demasiado ambicioso a la luz de lo que sucede en este rincón del Estado.

La entrada Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos se publicó primero en Nexofin.

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