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El Ministerio de Seguridad aprobó la reglamentación del Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), un subsidio extraordinario de 800.000 pesos destinado a los damnificados por las inundaciones ocurridas el 16 y 17 de mayo en las ciudades de Zárate, Campana, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Salto, Mercedes y San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. La medida, formalizada mediante la Resolución 983/2025, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y establece los procedimientos y requisitos para la asignación de los fondos, que alcanzan hasta 10.000 millones de pesos.

La decisión responde a la emergencia generada por el evento meteorológico que afectó a miles de residentes en la región. El Decreto 497/2025 había creado previamente un fondo especial para asistir de manera directa a los afectados, instituyendo el SUR como una prestación monetaria no contributiva, de pago único, para compensar las pérdidas materiales sufridas. La resolución firmada por Patricia Bullrich aprueba las normas complementarias que regulan la entrega de este subsidio y designa a la Agencia Federal de Emergencias como responsable de controlar, autorizar y aprobar los desembolsos.

Además, el Gobierno fijó que este organismo deberá informar a la Secretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio el listado de personas en condiciones de percibir el beneficio, una vez que las solicitudes hayan sido aprobadas.

La normativa se apoya en la Ley 27.287 y su decreto reglamentario, que regulan el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, así como en la Ley de Ministerios 22.520, que otorga al Ministerio de Seguridad Nacional la competencia para coordinar acciones ante emergencias en el territorio nacional.

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Los requisitos para acceder al SUR

Tal como precisaron, el SUR se otorgará por única vez a personas cuyas viviendas en planta baja hayan sido afectadas por el evento climático. El subsidio no es reintegrable y se abonará mediante transferencia bancaria a los beneficiarios que cumplan con los requisitos y superen las verificaciones establecidas.

Entre las condiciones para acceder al SUR, indicaron que el solicitante debe ser mayor de 18 años, argentino o extranjero con residencia legal en el país de al menos dos años, y acreditar domicilio real y residencia efectiva en alguna de las localidades afectadas al momento de la inundación. Además, debe demostrar habitación, uso, locación o titularidad regular y permanente del inmueble dañado, según la información del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).

El proceso de solicitud se realizará exclusivamente a través de la página web http://sur.argentina.gob.ar, donde los interesados deberán completar un formulario digital y presentar documentación que acredite la residencia y la afectación de la vivienda. El formulario tendrá carácter de declaración jurada, y en caso de falsedad, se iniciarán acciones civiles y penales.

El Ministerio de Seguridad verificará los datos aportados por los solicitantes mediante el cruce con bases de datos de empresas proveedoras de electricidad, el Banco Central de la República Argentina, el SINAME y otros organismos públicos. También se realizará una verificación por muestreo de los servicios cargados en el formulario para acreditar la residencia en el domicilio afectado.

El trámite de cada solicitud pasará por distintos estados: recibido, en análisis, aprobado, en proceso de pago, pagado o rechazado. Los solicitantes podrán consultar el estado de su trámite en la misma página web. Solo las solicitudes aprobadas pasarán a la etapa de pago.

El reglamento prevé una instancia complementaria de 72 horas para que quienes hayan presentado documentación incompleta o no validada puedan subsanar o ampliar la información, accediendo nuevamente al formulario web mediante una notificación enviada por correo institucional.

El Ministerio de Seguridad Nacional será responsable del monitoreo y control de la gestión de pagos, resguardando la documentación por un plazo máximo de tres años.

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Durante el fin de semana, varios funcionarios reconocieron que esta iba a ser una semana intensa y con alto movimiento mediático. El escándalo de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, aludiendo a presuntos cobros de coimas con la droguería Suizo Argentina no terminaba aquietarse, sino todo lo contrario. La agenda política de los sitios y de los programas políticos estaba signada por esa temática. “Había que responder”, indicó una figura del Gobierno.

En el epílogo del domingo se decidió que, esta vez, fueran Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem quienes salieran a hablar. El secretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza es uno de los principales implicados de las acusaciones que se vierten en esos audios. Su primo, en tanto, no forma parte de las imputaciones que hace Spagnuolo, pero es uno de los principales voceros políticos del espacio, integrando el sector del Gobierno que es directamente aludido por las acusaciones.

En el Ejecutivo hay una mesa no institucionalizada que es conformada por diferentes partes del Gobierno para poder socorrer ante esta crisis comunicacional y de gestión. Participan el asesor presidencial Santiago Caputo, el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni; y diferentes de sus funcionarios técnicos que se encargan de delinear el curso de acción ante este episodio, que es el más profundo y sensible de todo lo que va de la gestión libertaria. Todas las sugerencias que salen de este lado son validadas Javier Milei y su hermana Karina, así como convenidas con los Menem. “Lo ordenamos entre todos”, contó uno de estos integrantes.

En los primeros minutos del lunes se terminó de ajustar el texto que publicaría Lule Menem, que es la primera vez que esgrime alguna declaración pública desde que es funcionario nacional. Lo hizo en su cuenta de X, que no hasta la publicación de ese comunicado tenía menos de 1000 seguidores y un solo tuit, que responde a otro posteo suyo que fue borrado. No se sabe si hubo más posteos en el pasado que fueron eliminados.

En su carta, Lule explicó que no tiene las capacidades técnicas de determinar si el audio es auténtico, pero sí de rechazar todo el contenido que se desprende del mismo. “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del ANDIS. Ni de manera formal ni de manera informal. Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el ANDIS ni en ningún otro organismo del estado. Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del ANDIS”, justificó.

Según dice Spagnuolo en los audios, Lule habría intervenido con la designación de un funcionario para implementar el presunto esquema de coimas. El funcionario rechazó abiertamente esta acusación.

Aunque se tratan de datos banales en el marco de este entramado, las principales figuras que escribieron mensajes abajo del posteo fueron las diputadas y candidatas a senadoras libertarias Nadia Márquez (Neuquén) y Lorena Villaverde (Río Negro). También lo hizo la legisladora Lilia Lemoine. Los demás funcionarios (incluso los hermanos Milei) optaron por retuitear el mensaje para evitar correr la atención del mensaje.

No se prevé que el alfil karinista salga a hablar en público. Cultor del perfil bajo, su carta abierta se trató de una excepción dado este caso. “El tema escaló”, se resignan cerca suyo, donde agregan que luego “evolucionará como tenga que ser en la Justicia” y que “mediáticamente dependerá cuánta mecha le den”.

La entrevista que Martín Menem le concedió al periodista Antonio Laje esta mañana se terminó de gestar a última hora de ayer. “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei“, repitió ocho veces a lo largo de la entrevista. El titular de la Cámara Baja se limitó a asentar los principales fundamentos del Gobierno por estas horas: que la veracidad de los audios lo determinará la Justicia, que se trata de una “monumental operación” a días de las elecciones bonaerenses y que lo que dice Spagnuolo en los audios “es falso”.

A pesar de no estar mencionado, el presidente de Diputados eligió exponerse en público, algo que ya había hecho el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero que lo hizo de una manera más iniciática. El vínculo del ministro coordinador con los dos principales acusados en los audios no es, en principio, el mismo que el de Martín Menem.

“No está inmolándose porque no hay nada que esconder”, esgrimen en las filas libertarias, pero explican que Menem no se dispuso antes a hablar en público porque “si hay que salir a aclarar cada cosa que dicen, hay que salir cada cinco minutos”. Martín hará una nueva ronda aclaratoria con el periodista Luis Majul esta noche. Después no se prevén nuevas entrevistas. Ante todo, en el entorno presidencial están expectantes a las advertencias de que se conocerán nuevos audios en las próximas horas y en los próximos días. Es por eso que esperaban que Milei no hable hoy sobre el tema en su acto en Junín, pero sí que pueda desprender algunas indirectas. Resulta más probable que lo haga en la caravana en Lomas de Zamora fechada para este miércoles.

Para todo este caso, hay algunos integrantes de este sector libertario que prefieren volver a un video del expresidente Carlos Menem en donde habla sobre la contraposición de “la corrupción y la honestidad”: “Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de la honestidad, de moral y de ética; cuando se va, hay que contar los cubiertos”. En la familia Menem siempre repiten el proverbio de que “los sirios vienen del desierto” y de que se aguantaron los años pasados de cuando el apellido Menem parecía un insulto.

El presidente de Diputados había aparecido en público tanto hacia el final de la semana como en la actividad que Karina Milei hizo con fiscales en La Matanza. No había emitido declaraciones públicas hasta el momento. En tanto, Lule Menem, fiel a su estilo, no se mostró en la tarima junto a los referentes nacionales y provinciales. Incluso, optó por un perfil aún más bajo en los pasillos de la Casa Rosada, donde prácticamente no se lo divisó en público. La Justicia, en tanto, no avanzó contra ningún integrante del Gobierno más allá de los dos exfuncionarios desplazados de la ANDIS.