POLITICA
Por el escándalo de los audios y las derrotas en el Congreso, el Gobierno redefine su estrategia electoral
Artículo publicado originalmente en TN
En la última una semana el gobierno de Javier Milei se pareció mucho a un boxeador que viene ganando la pelea, se descuida, baja la guardia y recibe un par de duros golpes que lo aturden y lo hacen cambiar el plan de combate.
También se le puede aplicar aquella famosa frase que dice que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Y eso le pasó en el Congreso de la Nación.
La oposición, con el kirchnerismo a la cabeza, hizo lo que se esperaba. Juntó los votos en Diputados y en el Senado, y rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad y dio de baja cinco decretos de desregulación de organismos del Estado. Además, convirtió en ley el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.
A la Casa Rosada solo le quedó sostener el veto al aumento del 7,2% a los jubilados. Contó con el apoyo de los gobernadores, que -como contraparte- lograron la sanción del reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
La historia es conocida. Milei suele castigar a los gobernadores que no se alinean con el ajuste que aplica la administración nacional. Pero luego tiene que ir a pedirle los votos para sostener los vetos, por carecer en el Parlamento de la fuerza propia y suficiente para lograr ese objetivo.
Pero en las últimas semanas el Presidente vivió también otra realidad. Los heridos que dejó La Libertad Avanza con el cierre de listas para las elecciones legislativas nacionales y la bonaerense, se hicieron sentir a la hora de votar.
Milei sabe que debe ganar -y bien- los comicios para aumentar su poder en el Congreso desde el 10 de diciembre. Aunque, con ese escenario favorable, para poder sacar las leyes que necesitará su Gobierno deberá seguir apelando a los aliados del PRO -partido al que somete cada vez que puede- y a los que le quedan en el radicalismo.
Pero no fue solo el Parlamento el que trastocó todos los planes de la Casa Rosada. El golpe inesperado provino de la fuerza propia, con el escándalo de los audios que ponen en superficie supuestos actos de corrupción con la compra de medicamentos, un lamentable clásico de la Argentina que atravesó diferentes gobiernos.
Puertas adentro del mundo libertario admitieron que el Gobierno entró en una especie de estado de shock.
No es para menos. En esos audios aparecía Diego Spagnuolo, por entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), hablando de un sistema de corrupción con el presunto pago de coimas o sobornos que involucraba droguerías como la Suizo Argentina.
Pero el sacudón mayor fue la mención de Spagnuolo respecto a que, el año pasado, había puesto al tanto de todo esto al propio Milei, y que involucraba a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y a su mano derecha, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem.
“¿Por qué ahora?” y “¿Quién lo difundió?” fueron las dos preguntas que más se escucharon por los pasillos del poder sobre el audio de Spagnuolo. Empezaron entonces las múltiples versiones.
Que fueron los servicios de inteligencia, como parte de la pelea entre Karina Milei y el poderoso asesor Santiago Caputo. O que fueron los diputados que rompieron con el bloque de LLA y crearon Coherencia, su propio espacio, como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.
Pero uno de los detalles no menores de este caso es que quien se queja es nada menos con Spagnuolo, un hombre que siempre fue de extrema confianza de Milei, al punto tal que era su abogado.
Lo que también llamó la atención es el silencio del propio Milei, quien suele ser muy locuaz a la hora de hablar de los problemas que se le presentan al gobierno y sobre la corrupción kirchnerista. Durante días, desde la presidencia solo hubo silencio. Eso sí: Spagnuolo fue eyectado rápidamente de su cargo.
Nadie explicó aún otra cosa: si estos audios son del año pasado, según se desprende de la investigación judicial, ¿por qué el Gobierno no hizo nada para cortar ese supuesto sistema de coimas, sobre todo si Spagnuolo había puesto sobre aviso al propio Presidente?
Por estas horas se hizo muy conocida una selfie que Spagnuolo se había sacado junto a Karina, “Lule” y Martín Menem. Todos sonrientes.
Ahora, el miedo está recostado sobre la posible aparición de nuevos audios o videos, y lo que pueda salir de los celulares y dispositivos electrónicos que el juez Casanello le secuestró a los implicados en la causa, para conocer sus contenidos. Y especialmente, si Spagnuolo ratifica ante la Justicia todo lo que se escuchó.
En la Rosada evalúan qué hacer. El viernes estuvieron todos juntos para definir una estrategia. Karina, Caputo, los Menem y el vocero Manuel Adorni. Nadie mueve un dedo sin la autorización de Milei.
Se habló de desacreditar a Spagnuolo y denunciarlo por no haberse presentado ante los Tribunales frente a las sospechas de coimas. El problema es que el exfuncionario aseguró que le dijo todo a Milei. Entonces, ¿por qué el Presidente no lo denunció? Todo es muy oscuro, por ahora.
Los Kovalivker, los dueños de la droguería Suiza Argentina, son muy conocidos, no solo por el gobierno de Milei sino por varias administraciones anteriores. Y lo que preocupa ahora es qué puede llegar a decir ante la justicia Emmanuel Kovalivker, a quien este viernes se lo detuvo con 266 mil dólares.
Todo este escándalo, Cristina Kirchner no se lo iba a perder para castigar a Milei. Es más, su abogado Gregorio Dalbón fue quien hizo la denuncia y el juez Casanello ordenó los operativos, por pedido del fiscal Franco Picardi.
A través de las redes sociales CFK trazó un paralelismo entre este caso y la causa de Vialidad, que la tiene con prisión domiciliaria luego de que se la condenara a seis años de cárcel, y recayó culpas en Milei.
La que tampoco se lo iba a perder es la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien dijo en Chubut que la Argentina atraviesa “un momento difícil y confuso”.
La aparición de Villarruel sirvió para que Guillermo Francos saliera a mencionarla como la responsable de relacionar al extitular de la ANDIS con el Presidente. El jefe de Gabinete está al frente de una estrategia oficial para desvincular a Milei y su hermana de las denuncias de Spagnuolo.
¿Y la campaña electoral? Para el kirchnerismo y el PJ este caso es como un bálsamo en un momento en que las encuestas le dan un mal augurio, tanto en las elecciones provinciales como nacionales.
Aunque tienen por qué preocuparse. La causa por el fentanilo contaminado no sabe dónde puede terminar y cómo puede afectarlos. Ariel García Furfaro es todo un problema para el kirchnerismo.
Mientras tanto, el Gobierno debe recalcular qué hacer. Ya se estaba replanteando el tema con los problemas en el Congreso y ahora vive un día a día con la estrategia de campaña.
El silencio manda por estas horas, por lo menos hasta que alguien hable.
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Coimas en Discapacidad,Cristina Kirchner,Javier Milei,Karina Milei
POLITICA
La Libertad Avanza busca sumar control en el Congreso: impulsa a Lilia Lemoine y a Sebastián Pareja en comisiones clave
Desde los bloques oficialistas en las diferentes cámaras legislativas, los libertarios avanzan en controlar con la mayor cantidad de legisladores y con las conducciones de estas, las comisiones en Diputados y en el Senado.
La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, busca, en diálogo con sus referentes legislativos, la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo y Martín Menem, presidente de Diputados, consagrar a libertarios paladares negros como titulares de las comisiones específicas.
Las últimas decisiones políticas serían que Lilia Lemoine, presida la Comisión de Juicio Político, y que, como ya adelantó TN, Sebastián Pareja, el armador libertario de la secretaria Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, encabece la Bicameral de control de los Servicios de Inteligencia.
Esta determinación abriría un frente de conflicto con el Pro en la Cámara baja, ya que la bancada amarilla veía en ese lugar a su presidente, Cristian Ritondo, ante un supuesto ofrecimiento desde el oficialismo, a Ginés del año pasado, para que conduzca la Bicameral para los próximos dos años.
La definición formal todavía no está cerrada. En el caso de las comisiones bicamerales, los presidentes de cada cámara del Congreso —Martín Menem, por Diputados, y Victoria Villarruel, por el Senado— deben resolver primero la lista de integrantes de esta mediante una resolución. Una vez que se oficialicen esos nombres, la comisión deberá reunirse y elegir a sus autoridades, instancia que aún no tiene fecha. La definición sería durante los primeros días de abril.
Desde el Parlamento, la Bicameral es el órgano que fiscaliza las actividades de los espías, audita su presupuesto, pide informes y será por donde pase la Reforma de Inteligencia que el presidente Javier Milei enviará al Congreso.
La Ley de Inteligencia Nacional prevé el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional, por parte de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Poder Legislativo Nacional.
La comisión está conformada por 14 miembros, representados por siete integrantes de cada cámara legislativa.
La Libertad Avanza tendrá un mayor número de representantes, sumará desde el Senado, donde no tenía representantes, e incrementaría su número por Diputados. Desde Unión por la Patria (UxP) esperarán saber cuántos lugares le corresponden desde cada cámara legislativa, un tema conflictivo en las conversaciones entre el diputado Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, con Martín Menem.
Posicionamiento libertario
El armado está marcando, además, el posicionamiento de La Libertad Avanza en la conducción de aquellas comisiones que son estratégicas de gestión y de control.
En la Cámara de Diputados ya presiden Asuntos Constitucionales con Nicolás Mayoraz, Presupuesto con Lisandro Almirón, Relaciones Exteriores con Juliana Santillán, y Legislación General con Santiago Santurio.
Sumaron además el control de las comisiones de Salud y Discapacidad, dos espacios que durante los años de gestión del Presidente Javier Milei, fueron controlados por la oposición y les ocasionaron fuertes contratiempos políticos con las discusiones y sanciones de leyes como el Financiamiento para el Hospital Garrahan o la declaración de Emergencia en Discapacidad.
Lee También: Milei apoyó a Adorni en medio de las causas por los viajes: “En algún momento tocará darte las gracias”
Los libertarios Manuel Quintar y Gerardo Huesen se quedaron con las presidencias de Salud y Discapacidad, respectivamente. “No vamos a clausurar los debates”, le dijo a TN el jujeño Quintar, pero la realidad es que los proyectos se ponen en consideración cuando lo decide su presidente, o lo votan la mayoría de sus integrantes.
El oficialismo, junto a sus aliados, considerados la oposición dialoguista como la UCR y el Pro, tienen la mayoría sobre Unión por la Patria (UxP) del diputado Germán Martínez.
Este último jueves se confirmaron ocho comisiones donde el oficialismo se quedó con la presidencia en tres, Defensa con Carlos Zapata; Finanzas con Santiago Pauli e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios con el chubutense César Treffinger, la cual tendrá injerencia directa en el proceso de licitación sobre la Hidrovía que lanzó el Gobierno nacional.
Comisiones en el Senado
Los libertarios controlan, como en Diputados, las comisiones de gestión: Presupuesto y Hacienda con Agustín Monteverde, Legislación General con Nadia Márquez, Relaciones Exteriores con Francisco Paoltroni y Asuntos Constitucionales con Agustín Coto.
También encabezan la estratégica Comisión de Acuerdos con el senador Juan Carlos Pagotto, y la de Trabajo y Previsión Social, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Resta aún definir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, de suma importancia que hasta diciembre encabezó el desarrollista Oscar Zago, aliado del oficialismo, y que analiza los Decretos de Necesidad y Urgencias (DNU) que emita el Poder Ejecutivo.
Comisiones, Lilia Lemoine, Sebastián Pareja
POLITICA
El intento por negar el viaje, amenazas y entrega de dinero en una clínica: revelaciones de la secretaria del piloto
La declaración de la secretaria del piloto, Vanesa Tossi, abrió una nueva dimensión en la investigación judicial por el vuelo privado del jefe de Gabinete. No solo ratificó el circuito de pago que ya estaba bajo sospecha, sino que, según una fuente que estuvo presente en esa audiencia, dejó al descubierto una serie de elementos que tensionan aún más la situación procesal de los involucrados y amplían el foco del expediente. Entre ellos, que Marcelo Grandío, el periodista, contratista del Estado y amigo de Manuel Adorni, pretendió que la empresa desconociera la existencia del viaje de vuelta -no solo de la factura- cuando trascendió el caso.
La secretaria dijo que el día que Carlos Pagni mencionó la existencia del viaje de Manuel Adorni, Grandió le escribió. “¿Viste lo que está pasando? ¿Vos lo filtraste?“, le dijo Grandío. “Yo no miro los medios”, contestó ella. El cliente le respondió con un mensaje en el que incluyó: “Este pseudo periodista dice esto porque se quedó sin pauta”, a la vez que le envió notas periodísticas sobre el tema.
Tossi dijo al juez y fiscal que se siente amenazada por Grandío, que la llamó en plena declaración testimonial. Consultada por qué, se refirió especialmente a su insistencia y al tono con el que le pidió repetidas veces que desde la empresa le hagan una nota de crédito por el viaje que pagó.
El clima de la testimonial quedó atravesado por expresiones de arrepentimiento por parte de la secretaria. “Me equivoqué, me quiero matar”, fue una de las frases que, de acuerdo a la fuente, surgieron en relación con la contratación del vuelo. De hecho, Tossi dijo que “no sabía del delito de dádivas” y que tratan de no contratar con políticos, pero hizo una excepción por la forma en la que se contrató el servicio, vía un amigo.
Uno de los ejes en los que esa tensión se vuelve más evidente es en la explicación pública del viaje. Según se destacó en la reconstrucción, Tossi dijo que Grandío uso la palabra “invitación”, en referencia a la compra de los vuelos para Adorni, al menos cinco veces. Para los investigadores, la reiteración no es menor.
La coordinación del pago del vuelo se estructuró alrededor de dos figuras: Marcelo Grandio, como quien aportaba el dinero, y “Horacio” —identificado como Horacio Gómez, su apoderado—, como el encargado de ejecutar y ordenar los movimientos. Según lo reconstruido en la causa, primero hubo un intento de que la operación no fuera facturada, es decir, manejarla por fuera del circuito formal. Ante la negativa de la empresa, el pago no se hizo en el momento del vuelo, sino días después.
En ese tramo aparece la logística del dinero: la entrega no fue directa, ni bancaria, sino que se canalizó a través de terceros, incluyendo el envío mediante un motoquero a una clínica, en la que la secretaria se estaba haciendo estudios.
La segunda etapa fue la de la facturación tardía y el conflicto posterior. Una vez que la empresa avanzó con la emisión del comprobante —ya con el caso expuesto—, el mismo circuito que había coordinado el pago activó una maniobra para desconocerlo.
A través de Horacio Gómez se envió una carta documento, en la que se negaba tanto la validez de la factura como la existencia misma del viaje, calificándola de “falsa” y proponiendo resolverlo con una nota de crédito. A partir de ese momento, Tossi dice que dejó de atenderlo.
Ese movimiento terminó de evidenciar la tensión interna: mientras el dinero ya había sido entregado bajo un esquema informal, se intentó retroactivamente borrar su rastro documental. En el centro de toda esa secuencia quedaron Grandio, como financista, y Horacio, como articulador de cada paso vinculado al dinero, desde la entrega física hasta la estrategia legal posterior.
Issin, el piloto, no mencionó la carta documento. Por este motivo, es probable que la Justicia lo cite a ampliar su declaración testimonial.
Uno de los datos más sensibles que emergió en la declaración está vinculado al operativo aeroportuario. La secretaria, bajo juramento de decir la verdad, aseguró que el día del vuelo intervino el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) con un dispositivo específico para facilitar la salida. En ese contexto, se habría producido una anomalía en los controles migratorios: en lugar de verificar la identidad mediante reconocimiento facial, se escaneó el documento. La diferencia técnica es clave, porque implica una relajación de los protocolos de control que rigen en los aeropuertos.
Ese punto introduce una nueva dimensión en la causa, que ya no se limita al financiamiento del vuelo, sino que empieza a abarcar posibles irregularidades en el funcionamiento de organismos estatales.
En paralelo, la investigación avanza hacia una línea patrimonial. El fiscal pidió unas 12 medidas típicas de una pesquisa por enriquecimiento: relevamiento de registros de propiedad, aeronaves y vehículos, entre otros cruces de información que buscan determinar si hubo beneficios económicos indebidos.
Camila Dolabjian,Javier Milei,Manuel Adorni,Conforme a,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno,,»Mis felicitaciones». El mensaje de Cristina Kirchner por el fallo por YPF,,Rating. Todos los números de la cadena nacional del presidente Milei
POLITICA
Un fallo judicial suspendió dos artículos de la reforma laboral en los convenios del Sindicato de Comercio
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín ordenó este viernes la suspensión provisional de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral en el ámbito de los convenios colectivos del sector de comercio y servicios, luego de una acción presentada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín.
La medida cautelar alcanza al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, además de otros convenios suscriptos por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), como el CCT 781/20 y el CCT 547/08. En consecuencia, el Estado Nacional deberá abstenerse de aplicar las disposiciones cuestionadas en el marco de las relaciones laborales comprendidas en estos acuerdos hasta que exista una sentencia definitiva.
El sindicato había solicitado la declaración de inconstitucionalidad —o, en su defecto, la inaplicabilidad— de esas normas, argumentando que introducen modificaciones en el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos y establecen límites a los aportes y contribuciones sindicales.
Según la presentación judicial, el artículo 131 de la reforma laboral reemplaza el artículo 6 de la Ley 14.250, lo que restringe la vigencia de las denominadas cláusulas “obligacionales” tras el vencimiento de un convenio, mientras que sólo las cláusulas “normativas” (referidas a condiciones y beneficios individuales de los trabajadores) permanecerían activas.
El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto tuvo en cuenta que la nueva ley distingue entre ambos tipos de cláusulas, pero advierte que la definición legislativa resulta imprecisa, lo que, según la documentación presentada, podría generar situaciones de inseguridad jurídica sobre la vigencia efectiva de las paritarias vencidas y los aportes gremiales establecidos en ellos.
Por otro lado, el artículo 133 de la Ley 27.802 fija un tope máximo del 2% para las cuotas solidarias, aplicables tanto a trabajadores afiliados como no afiliados. El monto dse la cota solidaria actualmente previsto en el artículo 100 del CCT 130/75 es de 2,5%, por lo que el sindicato argumenta que la reducción impactaría en los recursos destinados al financiamiento de la actividad gremial y la prestación de servicios sociales, asistenciales, culturales y sanitarios en conjunto con la obra social OSECAC.
Además, el sindicato advirtió que la entrada en vigencia de ambos artículos coincide con el vencimiento del acuerdo paritario vigente, el 31 de marzo de 2026, lo cual, según su planteo, generaría efectos inmediatos en los haberes de los trabajadores a partir del mes siguiente y afectaría el desarrollo de la próxima negociación colectiva.
En su resolución, el juez consideró que los argumentos expuestos por la parte actora —“en esta etapa liminar, presentan entidad suficiente para tener por configurado el requisito de verosimilitud del derecho”— y que la inminencia en la aplicación de las nuevas disposiciones “configura un escenario en el cual la aplicación de los arts. 131 y 133 de la Ley 27.802 podría producir efectos inmediatos sobre la vigencia de cláusulas convencionales y sobre el régimen de aportes y contribuciones sindicales”.
La vigencia de la medida cautelar fue establecida por 6 meses desde la notificación de la resolución. El fallo consigna que se trata de una suspensión “provisoria y acotada a un ámbito específico”, sujeta al resultado del proceso principal, y que no se advirtió que pueda generar una afectación al interés público impeditiva de su dictado.
Según el fallo, el Estado Nacional será notificado oficialmente y deberá cumplir con la suspensión dispuesta en el ámbito de los convenios colectivos alcanzados.
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