En medio del inicio de clases en cada una de las provincias del país, el Gobierno anunció que pagará un refuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual.

La decisión, oficializada mediante el Decreto 115/2026, publicado esta madrguada en el Boletín Oficial, establece que en marzo de 2026 se otorgará un refuerzo adicional junto con el pago habitual de la asignación escolar, con el objetivo de equilibrar el impacto económico que supone el inicio del ciclo lectivo.

A partir de lo dispuesto, el refuerzo consistirá en un monto equivalente a la diferencia entre $85.000 y el valor que resulte de la asignación anual determinada para ese ciclo. Se trata de la misma dinámica que se aplica para el bono otorgado a los jubilados.

De este modo, se busca asegurar que el beneficio no sea inferior al monto fijado como referencia para el año anterior, consolidando un piso de ingresos para los hogares con niños y adolescentes que asisten a establecimientos educativos.

De acuerdo con lo dispuesto, este refuerzo se aplicará de manera automática y por única vez, en coincidencia con el pago tradicional de la asignación escolar correspondiente a marzo de 2026.

La disposición exceptúa a quienes, por el cálculo habitual de la asignación, ya perciban un importe igual o superior a $85.000, para quienes no corresponderá el cobro del refuerzo adicional.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Seguridad Social, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), serán responsables de dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para implementar la medida en tiempo y forma. Por su parte, la Jefatura de Gabinete de Ministros realizará los ajustes presupuestarios pertinentes para garantizar la disponibilidad de recursos durante el proceso de aplicación del refuerzo.

Las autoridades nacionales justificaron la decisión en la necesidad de mantener la capacidad de respuesta del Estado frente al incremento de los costos asociados al regreso a clases y de fortalecer el acompañamiento a las familias en un momento de especial exigencia presupuestaria. El decreto establece que la vigencia de la medida es inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial y encomienda la comunicación y registro correspondiente a la Dirección Nacional del Registro Oficial.

La Asignación por Ayuda Escolar Anual, establecida por la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, constituye una prestación económica dirigida a trabajadores en relación de dependencia tanto del sector privado como público nacional, beneficiarios de regímenes previsionales, personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, titulares del Seguro de Desempleo, del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), pensiones no contributivas por invalidez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor, así como beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Para acceder al beneficio, las personas deben acreditar la concurrencia regular de sus hijos, menores a cargo o personas con discapacidad a establecimientos de educación inicial, primaria, secundaria o de educación diferencial, tanto públicos como privados. El pago de la asignación se efectúa anualmente en el mes de marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo y con la finalidad de contribuir a solventar los gastos derivados de la escolaridad, como materiales, uniformes y otros insumos esenciales para la asistencia a clases.

La ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional a fijar el monto de las asignaciones, los topes y rangos remuneratorios habilitantes para su percepción, así como a determinar montos diferenciales por zona, de acuerdo con indicadores económicos, salariales y sociales.

Se trata de las plantas de la firma ARSA, luego de que se decretara la quiebra judicial. Más de 500 trabajadores quedaron sin empleo

26/02/2026 – 19:13hs

Las plantas lácteas gestionadas por la venezolana Maralac S.A. cerraron de manera definitiva tras la declaración de quiebra de las firmas que operaban. La medida afecta tanto a las instalaciones de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) como a La Suipachense y deja a unos 520 trabajadores sin empleo.

Cierre de ARSA y fin de la producción bajo licencia de SanCor

ARSA bajó las persianas de sus plantas en Lincoln (Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba) luego de que en noviembre de 2025 se decretara su quiebra judicial. La decisión fue confirmada por la Justicia tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en abril de 2024.

La resolución fue firmada por el juez Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial 29, quien dispuso la liquidación total de la compañía, la inhibición general de bienes y el embargo de fondos. El magistrado señaló que «no se inscribió ningún interesado en el registro abierto a los fines del salvataje de la concursada», lo que dejó sin alternativas de rescate a la empresa.

ARSA elaboraba productos bajo licencia de SanCor, entre ellos yogures y postres como Yogs, Vida, Shimy, Sancorito, Sublime y Primeros Sabores. El cierre implica la desaparición de estas marcas del segmento de refrigerados.

En total, la clausura de las plantas deja sin trabajo a unos 180 empleados en Buenos Aires y 200 en Córdoba. Las instalaciones estaban dedicadas a la producción de yogures, flanes y postres refrigerados.

La empresa había nacido en 2016 para adquirir la división de productos refrigerados de SanCor, en una operación encabezada por un holding vinculado al grupo agroindustrial Vicentin por cerca de u$s100 millones, con la promesa de modernización y expansión. Hace tres años, la gestión pasó a manos de Maralac S.A.

El derrumbe financiero de ARSA fue paulatino. Los problemas de liquidez y la falta de aportes de los socios mayoritarios derivaron en deudas crecientes con proveedores, transportistas y trabajadores. En 2023 comenzaron los primeros atrasos salariales y las suspensiones. Luego vinieron los cortes de energía por falta de pago y la paralización total de la producción.

A lo largo del proceso, las autoridades empresarias evitaron pronunciarse públicamente. Los intentos de reactivación impulsados por los empleados no prosperaron, y las gestiones ante el Gobierno provincial y nacional tampoco arrojaron resultados concretos. En los últimos meses, los trabajadores permanecieron en la planta para custodiar maquinarias y materias primas, ante el riesgo de desmantelamiento.

La quiebra de La Suipachense

El escenario fue similar para La Suipachense, también administrada por Maralac a través de Lácteos Conosur S.A., cuya quiebra fue decretada en noviembre por el juez Leandro Julio Enríquez, del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes.

En este caso, la Justicia resolvió avanzar directamente hacia la etapa de liquidación. Se ordenó la inhibición general de bienes de la compañía y del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, responsable de la administración.

En la firma trabajaban unas 140 personas, que se suman a los empleados afectados por el cierre de ARSA. La Suipachense, con 70 años de historia, había atravesado un fuerte deterioro productivo: pasó de procesar 250.000 litros diarios de leche a 40.000, hasta quedar paralizada.

Durante el proceso hubo momentos de alta tensión en Suipacha, donde los trabajadores llegaron a ocupar el predio en reclamo de salarios y aguinaldos adeudados.

En febrero, la inflación retomó protagonismo en la agenda económica. Diversos informes sectoriales y de consultoras privadas coincidieron en que no se detecta una desaceleración significativa tras el 2,9% informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en enero. Distintos relevamientos de precios de alta frecuencia, especialmente en alimentos y bebidas, revelan una inercia inflacionaria que dificulta el objetivo oficial de alcanzar un índice mensual que comience con cero para mitad de año.

Entre las consultoras, la proyección más optimista corresponde a Analytica, que estima un IPC de 2,8% para febrero, lo que implicaría una desaceleración mínima de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior. En el otro extremo, Eco Go prevé una inflación de entre 2,9% y 3%, lo que marcaría una ligera aceleración respecto al dato de enero. Similar a la consultora de C&T en donde estiman que estará por debajo del 3%. En cualquiera de los escenarios, los planes del equipo económico están complicados, ya que necesitan cortar de manera significativa con la tendencia de aceleración que ya arrastra más de cinco meses.

El informe más reciente de la consultora LCG analizó la evolución de los precios en alimentos durante la cuarta semana de febrero. El monitoreo registró variaciones acumuladas que mantuvieron la atención sobre el impacto en la canasta básica y el consumo masivo. Según los datos relevados, la tendencia inflacionaria en alimentos “no presentaron variaciones de precios contra una semana atrás”. No obstante, aclararon que “aún con la estabilidad de precios de esta semana, la inflación mensual se dispara a niveles por encima del 4%”.

En el último informe, LCG destacó: “Carnes presentó una caída de precios después de 15 semanas al alza”. A la vez, el reporte remarcó que Bebidas y Carnes (45% de la canasta) aumentan por encima del 5% mensual. “La inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se aceleró 0,8 pp, trepando a 4,2%”, sumaron.

Por su parte, Analytica informó que en la tercera semana de febrero los precios de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires subieron 0,8% en términos semanales. “El promedio de cuatro semanas se ubicó en 2,6%”, detalló la consultora. En el desglose por categorías, carnes y derivados (4,2%) y pescados y mariscos (4,0%) encabezaron los incrementos, mientras que aguas, gaseosas y jugos aumentaron 1,4%, y panes y cereales, 0,9%. Estas cifras reflejan la dispersión de aumentos dentro del segmento, un fenómeno que se repite en otros relevamientos privados.

El informe de Econviews sobre supermercados reveló una suba promedio del 1,3% en la tercera semana de febrero para la canasta de alimentos y bebidas. En ese período, destacaron los aumentos en carnes (4,4%) y verdulería (2,4%). El acumulado de las últimas cuatro semanas alcanzó 2,1 por ciento. Aunque este dato es levemente inferior al reportado por Analytica, ambas consultoras coinciden en que los alimentos siguen impulsando la inflación mensual en un contexto de alta sensibilidad social.

Las consultoras advierten que dentro de alimentos y bebidas persisten diferencias notables entre grupos de productos: carnes, pescados y verduras muestran incrementos superiores al promedio, mientras que bebidas y panificados presentan subas más moderadas. Esta dinámica responde a factores como la estacionalidad, los costos de producción y las condiciones del mercado interno.

El seguimiento de los precios minoristas cobró aún más relevancia tras la publicación del dato oficial de inflación de enero, que marcó un incremento de 2,9% y un acumulado de 32,4% en los últimos doce meses. El resultado sorprendió a algunos analistas por la magnitud de la suba y reabrió el debate sobre la dinámica de precios para los próximos meses. La discusión se intensificó porque días antes de la publicación se produjo la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec y se conoció la decisión del Gobierno de postergar la actualización de la fórmula de inflación, que implicaba reemplazar la canasta de consumo de 2004 por la de 2017/2018, lo que habría reflejado de manera más precisa el aumento de los precios.

En el plano metodológico, la continuidad de la fórmula actual se mantiene como tema de discusión. Tras la salida de Lavagna, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no se realizarán cambios en la medición oficial hasta que no se consolide la desaceleración. No obstante, resta determinar si durante la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la segunda revisión existió algún requerimiento específico, dado que la actualización fue un compromiso asumido en la primera revisión.

De haberse cambiado la fórmula, en enero hubiera dado menos de 2,9%, según estimaciones privadas, ya que se reducía la ponderación del rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas de 26,9% a 22,7%, aunque aumentaba la de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, que aumentaba de 9,4% a 14,5% en medio del nuevo esquema de subsidios.

El registro de 2,9% en enero, divulgado por el Indec, estableció un piso para las expectativas inflacionarias del primer trimestre. Las estimaciones para febrero, elaboradas por LCG, Analytica (2,8%), C&T (por debajo de 3%) y Eco Go (2,9%/3%), reflejan consenso entre los analistas respecto a la ausencia de una desaceleración relevante en el corto plazo. La inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, permanece en niveles elevados, lo que dificulta una baja sustancial en el índice general.

La evolución de la inflación en los próximos meses dependerá la política salarial, la evolución del tipo de cambio y la dinámica de los precios regulados. Las consultoras privadas continuarán publicando sus relevamientos y proyecciones, en un escenario donde cada punto porcentual adquiere relevancia para la economía doméstica.