La Fiscalía Nacional Electoral impulsó el control anual de legalidad y vigencia de las personerías jurídico-políticas de los partidos políticos en todo el país. El procedimiento, que abarca tanto a agrupaciones de distrito como de orden nacional con personería vigente, fue solicitado a comienzos de febrero por el fiscal federal Ramiro González.

Se trata de un procedimiento que se encuentra previsto dentro de la ley y tiene como propósito constatar si los partidos políticos reconocidos para actuar en los distritos y a nivel nacional mantienen los requisitos exigidos para conservar su personería. Entre las condiciones que deben cumplir se encuentra el número mínimo de afiliados para los partidos de distrito y la cantidad mínima de partidos distritales integrantes en el caso de los partidos nacionales.

El pedido estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°1 con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la Cámara Nacional Electoral, mientras que la iniciativa estuvo dirigida a la jueza federal electoral de la Capital Federal, María Servini, con el objetivo de iniciar el proceso de verificación.

La normativa establece que el Ministerio Público Fiscal debe realizar esta verificación cada año, durante el segundo mes, y está facultado a promover la declaración de caducidad de las personerías, si correspondiere. En este caso, el procedimiento no es automático, ya que comienza con la constatación de incumplimiento y sigue con una intimación al partido para que regularice su situación dentro de un plazo de 90 días, bajo apercibimiento de que se declare la caducidad.

Los requisitos

Para los partidos de distrito, únicos habilitados para postular candidatos a senadores y diputados nacionales y a parlamentarios del Mercosur por distrito, la ley les exige que mantengan de manera permanente el número mínimo de afiliados. En tanto, en el distrito Capital Federal el piso requerido es de 4.000 afiliados. Por su parte, la Cámara Nacional Electoral tuvo que publicar antes del 15 de febrero de cada año el número mínimo de afiliados exigido, según indicó el Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a los partidos nacionales, que son los únicos autorizados a nominar candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, la normativa impone la obligación de sostener, de manera permanente, al menos cinco partidos de distrito con personería vigente en el país.

Desde la Unidad Fiscal -encargada de garantizar y custodiar por la transparencia de las elecciones que se celebren en nuestro país- detallaron que las consecuencias tras una eventual declaración de caducidad implica la imposibilidad de presentar candidaturas en elecciones nacionales, primarias y generales; la pérdida del derecho a recibir aportes públicos ordinarios o extraordinarios y la baja de la agrupación del registro correspondiente, incluida la eliminación de su nombre y sigla.

El control anual se ejecuta en simultáneo en las 24 jurisdicciones del país y, para este año, abarca la revisión de 725 partidos distritales y 45 partidos nacionales con personería vigente. El proceso supone la verificación de los requisitos de afiliación y demás exigencias legales, y se realiza bajo apercibimiento de caducidad en caso de incumplimiento.

La Fiscalía también recordó que interviene en otros supuestos de caducidad previstos en el artículo 50 de la Ley 23.298, que incluyen las elecciones internas en un período de cuatro años, la no participación en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el dos por ciento del padrón electoral en dos comicios sucesivos, la falta de regularidad en la llevanza de los libros partidarios y el incumplimiento de la paridad de género en la elección de autoridades y órganos partidarios.

De este modo, la Fiscalía Nacional Electoral remarcó el alcance y la importancia del control anual de legalidad y vigencia para asegurar que los partidos políticos cumplan con las condiciones establecidas por la ley y, en caso contrario, se avance con los procedimientos de caducidad previstos en la legislación vigente.

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El Senado llega hoy al final de las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes clave para el Ejecutivo libertario: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La última iniciativa también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Durante la discusión exprés que se dio en el Senado para dictaminar, el libertario y titular de la comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), destacó que la vigencia de este tema data de 1980 -última dictadura militar-, con “diversos intentos legislativos” para conseguir “una ley que respete estándares constitucionales”.

En tanto, la iniciativa relacionada con el mundo del trabajo, que volvió en segunda revisión y será la última a tratar, implica aceptar el cambio realizado por Diputados -sobre licencias médicas- o dejar el texto tal como aprobó la Cámara alta, consumada en la madrugada del 12 de febrero pasado.

Durante aquella sesión, en la definición en general hubo 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre los 72 presentes, el pleno completo en el recinto. Esa mayoría se mantuvo, con variaciones, para la votación en particular de los 26 títulos.

A modo general, en el Senado se borró el artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; hubo guiños varios a sindicatos y entidades empresariales para la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; se sostuvo el 6% destinado a obras sociales; y se amortiguó la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También aparecieron gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año.

Por otra parte, La Libertad Avanza (LLA) también logró ubicar, como un anexo, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Además, esto generó un cortocircuito entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel -siempre cerca de algún conflicto-, y la jefa libertaria, en el Senado, Patricia Bullrich, quien se convirtió en pocas semanas en una máquina arrolladora de sacar leyes para la Casa Rosada. Le queda una jornada frenética para arribar a la meta.

¿Qué se cambió en Diputados?

La modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración. El texto imponía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol).

En tanto, recibiría el 75% si no fuese consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, obtendría esta compensación durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera. Si el Senado no avalase lo que vino de Diputados, quedará vigente lo que aprobó la Cámara alta el 12 de febrero. Es decir, con el artículo 44 reincorporado, una situación que nadie prevé.

La Oficina del Presidente emitió este viernes un comunicado en el que expresó su respaldo a la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel que derivó en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán.

En el texto oficial, difundido desde la Casa Rosada, el Gobierno sostuvo que se trató de una acción contra “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad” y cuestionó con dureza su rol durante décadas. “Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo”, agrega el documento.

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En este sentido, el gobierno hizo especial referencia al atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la Ciudad de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos. La administración nacional recordó que, según determinó la Justicia argentina, “se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah, el principal grupo terrorista financiado por Irán”.

“La búsqueda de justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague, con su libertad o con su vida, por tan horrible crimen”, se señala el mensaje.

Por último, el Gobierno de Javier Milei manifestó su expectativa de que la ofensiva militar contribuya a cerrar un ciclo de más de cuatro décadas de autoritarismo en Irán y abra el camino hacia una etapa de mayor estabilidad y respeto por los derechos humanos para la población de ese país.

El mensaje de Cancillería tras la noticia de la muerte de Jamenei

El canciller argentino Pablo Quirno se pronunció luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que Ali Jamenei murió este sábado durante el ataque en Teherán. En su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores también recordó que el líder supremo iraní es uno de los imputados por el atentado contra la AMIA.

“Ante la confirmación de la muerte de Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, corresponde recordar que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, con 85 muertos y centenares de heridos, fue un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen iraní de la época y ejecutado por Hezbollah“, escribió el canciller al principio de su mensaje.

Quirno remarcó que la “decisión estratégica fue adoptada por la conducción política iraní vigente en 1993–1994, entre cuyas máximas autoridades se encontraba Jamenei, imputado en la causa».

Y agregó: “La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente. Que estas noticias aporten alivio a las familias y contribuyan al reconocimiento de las responsabilidades y a la lucha contra el terrorismo y la impunidad”.

En abril de 2025, el fiscal Sebastián Basso presentó una resolución para solicitar al juez federal Daniel Rafecas que dictara la orden de captura nacional e internacional del ayatolá Ali Jamenei “por tomar parte con los restantes imputados iraníes” y por su “patrocinio de la organización armada que actúa de manera clandestina fuera de las fronteras del territorio libanés vinculada al movimiento Hezbollah, que ha realizado desde hace décadas innumerables atentados contra la vida y los bienes de las personas que deben ser calificados como terroristas, entre ellos la AMIA”.

A su juicio, Jamenei “encabezó la toma de la decisión de perpetrar un atentado con bombas en Buenos Aires en julio de 1994 y emitió la orden ejecutiva (fatwa) 39 para llevarlo adelante. También es indudable que desde siempre y al día de la fecha Jamenei es el principal sostén de grupos que poseen capacidad militar como Hezbollah”.

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El gobierno iraní repudió, en julio del mismo año, la decisión de la Justicia argentina de avanzar con un juicio en ausencia contra 10 ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber planificado el atentado terrorista contra la AMIA en 1994, y calificó la medida como una “acción ilegal, politizada y contraria al derecho internacional”.

En un duro comunicado, señaló que Javier Milei está alineado con Israel y Estados Unidos en una “conspiración” para proteger a “funcionarios argentinos corruptos” que serían —según su visión— los verdaderos responsables del ataque.

La respuesta iraní se produjo días después de que Rafecas resolviera que se juzgue en ausencia a los 10 acusados —entre ellos exfuncionarios del régimen iraní y miembros de Hezbollah—, todos prófugos de la Justicia argentina desde hace casi dos décadas, bajo la nueva figura incorporada este año al Código Procesal Penal.

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