La Corte Suprema de Justicia aprobó un nuevo esquema de reglas para el proceso de selección de jueces. La decisión se tomó con el voto favorable de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, mientras que Horacio Rosatti no acompañó el acuerdo.

El resultado (dos votos contra uno) aparece como la primera señal visible de una nueva división interna dentro del máximo tribunal y, al mismo tiempo, como un movimiento que llamó la atención en el ámbito judicial porque se interpreta como una reacción frente a la avanzada de los Menem en la Justicia.

La iniciativa establece modificaciones en el modo en que se desarrollan los concursos para cubrir vacantes judiciales. Hasta ahora, el Consejo de la Magistratura llevaba adelante ese proceso con amplia autonomía. Con el nuevo acuerdo, la Corte asume un papel de supervisión y corrección sobre ese mecanismo, con la intención de reducir la influencia política en la elección de magistrados.

En tribunales se leyó la decisión como un intento de ordenar el sistema de concursos y fijar pautas más estrictas. El proyecto aprobado por Rosenkrantz y Lorenzetti consiste en un reglamento para la selección de magistrados que será enviado al Consejo de la Magistratura para su análisis. Ese organismo, que es el encargado constitucional de organizar los concursos y proponer ternas de candidatos, deberá debatirlo en su plenario.

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Desde la Corte se señaló que el objetivo es limitar los márgenes de discrecionalidad y reforzar la centralidad del mérito y la idoneidad en el proceso de selección. En ese sentido, el nuevo esquema propone que la evaluación de los candidatos dé mayor relevancia a la formación académica y a los méritos profesionales concretos, por encima de trayectorias vinculadas a tareas administrativas dentro del Poder Judicial.

En términos prácticos, el acuerdo introduce varios cambios en la estructura de los concursos. Entre ellos, el anonimato total en los exámenes de oposición, reglas más definidas para las entrevistas personales, la digitalización del proceso de inscripción y presentación de antecedentes, y una ponderación mayor de la formación académica a la hora de evaluar a los postulantes.

La idea central que atraviesa la reforma es que los jueces sean elegidos por su capacidad y no por su cercanía con el poder político de turno.

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Uno de los puntos más sensibles del proceso actual es la etapa de la entrevista personal, que históricamente recibió críticas dentro del ámbito judicial y político. En el nuevo esquema se busca establecer criterios más claros y previsibles para esa instancia, que puede incidir de manera significativa en la posición final de los candidatos dentro del orden de mérito.

Además, el proyecto reorganiza la estructura general de los concursos. Entre otras medidas, prevé distintos tipos de procesos para cubrir cargos vacantes o anticiparse a futuras vacantes, con el objetivo de ordenar la planificación de las designaciones judiciales.

El nuevo reglamento también incorpora herramientas tecnológicas. La digitalización del sistema de inscripción permitirá que los antecedentes de los candidatos se presenten y evalúen a través de plataformas informáticas, mientras que los exámenes contarán con mecanismos diseñados para garantizar el anonimato y reducir la posibilidad de interferencias externas.

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En paralelo, el esquema plantea criterios más objetivos para calificar los antecedentes personales, con la intención de disminuir la arbitrariedad en la evaluación. A partir de esas pautas se elaborará un orden de mérito provisorio, que luego dará paso a las entrevistas personales de los candidatos mejor posicionados.

De todos modos, la reforma todavía debe atravesar una instancia clave. Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo de la Magistratura deberá aprobarlo con las mayorías necesarias durante su votación final. Recién entonces podrá aplicarse a los concursos para cubrir cargos judiciales.

En Tribunales, la decisión también es interpretada en el contexto político actual. La Corte resolvió avanzar con estas modificaciones mientras el Gobierno anunció el envío al Congreso de pliegos de jueces para cubrir una gran cantidad de vacantes existentes en el sistema judicial. Al mismo tiempo, dentro del Consejo de la Magistratura se registra una reconfiguración de fuerzas con un protagonismo creciente de La Libertad Avanza.

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Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Canadá,Conforme a,Senado de la Nación,,Hasta 2028. El Gobierno designó como nuevo director del Banco Central a un economista de extrema confianza de Caputo,,Senado. Tratará la designación de Crexell como embajadora en Canadá y la promoción de militares,,Dudas sobre su futuro. Villarruel apuesta a 2027 sin un plan firme mientras sigue desde el Senado la interna del Gobierno

Oficialistas y dialoguistas de la comisión de Acuerdos del Senado dictaminaron esta tarde con al menos 13 firmas el dictamen como embajadora -política- argentina en Canadá a la exlegisladora nacional Lucila Crexell (Neuquén), y el despacho quedó habilitado para ir al recinto en las próximas semanas, ante un kirchnerismo que quedó muy en soledad con sus acusaciones contra la postulante, quien incluso fue defendida por la -de nuevo- peronista sin témpera cristinista Carolina Moisés (Jujuy), que criticó a sus excompañeras de violencia de género y de sororidad “demagógica”.

Durante la reunión de la comisión, que es comandada por el libertario riojano Juan Carlos Pagotto, avanzaron también varios pliegos militares, entre los que se encuentran la suba de grado de los jefes del Ejército -el actual general de división Oscar Santiago Zarich-, la Armada y el Estado Mayor Conjunto -vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, respectivamente.

“Argentina tiene un enorme potencial y estoy honrada por esta designación”, comenzó Crexell, quien resaltó los “más de 150 años de historia diplomática” entre ambas naciones y “relaciones sostenidas y muy buena sintonía en diferentes aspectos”. Entre los nervios centrales aparecen la minería y la energía.

Minutos después, el kirchnerismo lanzó todo su arsenal con Fernando Salino (San Luis), Carlos Linares (Chubut), la justicialista Florencia López (La Rioja) y la jerarca cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires). El primero le consultó por Malvinas y Gaza. La exsenadora recordó, pese a que todos conocían su postura durante 12 años en la Cámara alta, las varias acciones en defensa de la soberanía en cuanto al primer punto. Sobre el segundo, se ciñó a los lineamientos de Cancillería.

En tanto, el segundo fue por su supuesto cambio de voto en relación con la ley Bases y una denuncia que ya fue rechazada por la justicia federal. “Si no reconoce que hay una sentencia firme, quiere decir que no es republicano y no respeta las decisiones judiciales”, respondió la ex legisladora a Linares.

Tras ello, el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), dejó en claro que Crexell “va a representarnos a los argentinos de la mejor manera”, y relató algunas negociaciones de la candidata durante viajes parlamentarios al exterior. Y no dejó pasar por alto los dardos opositores y reflotó el papelón del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, que tuvo al exembajador en Israel y exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, condenado por corrupción.

Con tonos más elevados fueron López y di Tullio. “Si teníamos dudas de conceder o no el acuerdo, hoy es imposible, cuando reconoce que en la casa de las leyes hubo negociaciones oscuras para aprobar la ley Bases”, sostuvo la riojana. La postulante halagó la “dramatización”, la calificó de “muy buena actriz”, descartó sus dichos y se apoyó en lo que hace gran parte del pleno del Senado: consensuar leyes como terminales de gobernadores.

“Esto está viciado de nulidad total y absoluta. Todo lo que se trate en esta comisión, y usted lo sabe bien”, manifestó di Tullio a Pagotto por los pocos lugares que oficialismo y dialoguistas dejaron al cristinismo en Acuerdos. Durante largas semanas, el interbloque “Popular” no quiso presentarse a trabajar en esas instancias.

Pegado al kirchnerismo estaba la de nuevo peronista Carolina Moisés (Jujuy). Fue letal contra su ex amigas. “Si Lucila fuera varón, muchas cosas no serían dichas. Para los hombres es política y, para nosotras, sospecha. Parecen no ser suficiente los títulos -varios universitarios y maestrías para Crexell-. Tantos años de representación y se le está generando un escarnio”, expresó.

Qué dijo la justicia

En el expediente ya desestimado contra Crexell, el fiscal que intervino expresó que “más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.

Seguido a ello, se señaló que “el comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”.

Por dichas razones, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.