POLITICA
Makintach advierte que irá a la Corte Suprema para frenar el juicio político por el documental del caso Maradona
La jueza del caso Maradona Julieta Makintach aceleró su estrategia para evitar el jury por el documenal “Justicia Divina”. En las últimas horas, presentó tres recursos para suspender la audiencia en la que se va a definir si ya no puede renunciar y queda expuesta a un juicio político.
La Comisión del Jurado de Enjuiciamiento está citada para el mediodía de hoy en La Plata. El cuerpo que preside Ulises Giménez evaluará si la acusación es aceptada.
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El abogado de Makintach, Darío Saldaño, presentó a última hora del lunes tres escritos, a los que tuvo acceso TN. El de mayor impacto es el que recusa a Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por “falta de imparcialidad”.
El otro escrito apunta a la constitución del tribunal, que, según señala Saldaño, está incompleto, después de la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran. El abogado de la jueza plantea que “no se respetó el procedimiento de designación ni los plazos estipulados para reemplazarla, lo que genera una nulidad absoluta del proceso” y afecta la garantía del “juez natural”. Para la defensa, estas fallas podrían causar un “perjuicio irreparable”.
En el tercer recurso, Makintach sostiene que el juicio en su contra es parcial mientras no se sumen los otros dos jueces que conformaban el tribunal en ese momento: Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso.
En su defensa, la jueza afirmó que el “registro audiovisual cuestionado” no fue clandestino y era conocido por todos los miembros del órgano.
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La controversia en torno a Makintach se desató luego de que su nombre se vinculara al documental “Justicia Divina”, lo que motivó la anulación del juicio y que se iniciara uno nuevo.
En sus argumentos, la jueza reiteró que las imputaciones en su contra son infundadas. Asegura que no intervino en ningún documental sobre el caso, sino que brindó una entrevista antes del juicio, en un día no laborable. También insiste en que las decisiones del tribunal fueron tomadas en forma colegiada, por lo que no corresponde individualizar responsabilidades en un solo magistrado.
Si finalmente se habilita el juicio político, su renuncia, que ya fue presentada ante el gobernador Axel Kicillof, no podrá ser aceptada. Además, se mantendrá su suspensión provisoria y se le aplicará una reducción del 40% de su salario.
En la recusación contra Kogan, Makintach anticipa que irá la Corte de Justicia de la Nación.
Los puntos clave de la recusación contra la presidenta de la Corte son:
- Anticipo de opinión y prejuzgamiento: La denunciante sostiene que la Resolución SC 1376/25 excede el marco de un pronunciamiento prudente y formula “juicios de reproche anticipados”. Se citan frases de la resolución como prueba de esto, incluyendo la mención de que “la gravedad de los hechos investigados denotarían el incumplimiento de deberes que podrían comprometer a la magistrada” y que su conducta evidencia una falta de “sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado”.
- Violación de la presunción de inocencia: El documento argumenta que estas afirmaciones de Kogan no solo anticipan un reproche, sino que también condicionan la percepción pública y transforman el proceso en una “sanción anticipada”, lo cual es incompatible con el principio de presunción de inocencia, que tiene jerarquía constitucional en el país.
- Licencia compulsiva irregular: La recusación denuncia que la licencia obligatoria otorgada a Makintach es una violación de la legalidad procesal. El escrito alega que el tribunal no tiene la facultad de “imponer” una licencia, ya que el término legal es “conceder”, lo cual implica un acto bilateral a requerimiento de parte. El documento señala que si el legislador hubiera querido otorgar la facultad de imponer una licencia, habría usado el término “imponer”.
- Violación procedimental: También se acusa a la presidenta de la Corte de una omisión que violaría la Ley 13661. El escrito afirma que Kogan convocó al Jurado sin que se hubiera cumplido la manda de la ley sobre la conformación del jurado, ya que, por la renuncia de una senadora, el cuerpo quedó desintegrado al no haber el número de jurados suplentes que la ley exige.
- Reserva del caso federal: La presentación concluye con la reserva de un caso federal, planteada por el “fundado temor de parcialidad” que despiertan las manifestaciones de Kogan. La denunciante busca asegurar su derecho a ser juzgada por un tribunal independiente e imparcial, citando jurisprudencia nacional e internacional.
Julieta Makintach, Diego Maradona
POLITICA
Tras el escándalo, el Gobierno quiere que la ANDIS pase al Ministerio de Salud para controlar las licitaciones
La Casa Rosada está evaluando hacer cambios administrativos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo involucrado por el escándalo de los audios de su entonces director ejecutivo, Diego Spagnuolo, que acusó un presunto entramado de coimas de funcionarios con la droguería Suizo Argentina.
“Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”, afirmó una alta fuente de la cúpula presidencial. Esta intención se habría acelerado y tomado en cuenta en los últimos días.
La ANDIS, tal y como se conoce hoy en día, se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. En ese entonces se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.
¿Qué implica que tenga esa naturaleza? Que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Como componente adicional, organismos como la ANDIS son quienes elaboran sus trámites licitatorios, siendo responsables del denominado “Servicio Administrativo Financiero” de estos procesos. Este es el mismo caso que el Instituto Nacional del Cáncer (INC) o la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
Hasta la semana pasada, la administración de Diego Spagnuolo inició 31 procesos licitatorios, según se desprenden de datos del portal Comprar. El mismo día en el que se echó al entonces titular, se implementó una decisión igual con Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud del ANDIS y un amplio conocedor de los procesos y convenios para la compra de medicamentos y otros insumos.
Por su carácter de organismo descentralizado, los funcionarios sanitarios no podían ver la composición ni el desarrollo de esos procesos. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición”, indican en el Gobierno. Esto sucede por el decreto publicado el viernes pasado que dispone la intervención y le otorga facultades de gobierno y administración al nuevo funcionario encargado de esa tarea, Alejandro Vilches, hasta entonces secretario de Gestión Sanitaria y funcionario de extrema confianza del ministro Mario Lugones.
Con la llegada de Vilches, en el Ministerio de Salud sienten que por primera vez tienen a un funcionario propio bajo la administración política del organismo. Por caso, Spagnuolo no respondía ni al primer ministro de Salud de Milei, Mario Russo, ni a Lugones. Había sido una designación propiciada por el propio mandatario libertario.
Hay quienes recuerdan un caso similar al actual. A comienzos de año, Lugones determinó junto a la Presidencia de la Nación que había que intervenir la conducción del Hospital Bonaparte. El entonces director no acataba las órdenes sanitarias y se optó por esta modalidad. “Si es que sucede, lo de la ANDIS podría ser algo similar”, afirman.
La pregunta que circula en relación a esta decisión -proveniente de la Casa Rosada- es si el oficialismo tiene la posibilidad de hacer este cambio administrativo, algo que fue muy habitual verlo durante la vigencia de las facultades delegadas en materia administrativa que regían durante la Ley Bases, las cuales ya vencieron.
Muy cerca del Presidente dicen que pueden encontrar el recoveco legal para efectuarlo. Un importante abogado administrativista que prefirió que su nombre no sea revelado indicaba a Infobae que “en base a las facultades que le asigna al Presidente el art. 99, inciso 1) de la Constitución Nacional sería una medida de organización interna de la Administración Pública nacional, de la cual el Presidente es el superior jerárquico”.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Los funcionarios Lugones y Vilches evitaron dar explicaciones en Diputados por la polémica en el área de Discapacidad
El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, evitaron aparecer hoy en Diputados para explicar el escándalo que sacude a su área. Los funcionarios estaban citados a un plenario de las comisiones de Salud y Discapacidad, pero no se presentaron ni notificaron su ausencia.
En la reunión informativa, la oposición anticipó que avanzará con las interpelaciones, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora sobre el tema. El martes que viene la comisión de Discapacidad se volverá a reunir para tratar cuatro proyectos.
Del plenario tampoco participaron ninguno de los 18 integrantes del oficialismo y de Pro. Algunos de los ausentes son, entre otros, Lilia Lemoine y Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, como Silvia Lospennato y Martín Maquieyra, del macrismo.
La citación fue formalizada por los peronistas Pablo Yedlin y Daniel Arroyo, presidentes de ambas comisiones, tras la difusión de audios atribuidos al extitular de la Andis Diego Spagnuolo en los que alude a un presunto cobro de coimas. En las escuchas se menciona a Eduardo “Lule” Menem como articulador y a Karina Milei como supuesta beneficiaria.
“No hemos tenido respuesta y tenemos la idea de que no van a venir”, dijo Yedlin sobre los funcionarios al comienzo del plenario. “No es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y no vienen. Lamentablemente nos pasa parecido con los pedidos de informes que no se contestan y con las interpelaciones. Por el caso $LIBRA se interpeló al ministro de Economía –Luis Caputo– y todavía estamos esperando que venga”, recordó.
Arroyo, autor de la emergencia en discapacidad -vetada por Javier Milei, aunque insistida por Diputados-, describió una situación colapsada: trabajadores de talleres protegidos que cobran $28.000 al mes, transportistas que no pueden cubrir los traslados por el costo del combustible, acompañantes terapéuticos que cobran con meses de demora y centros de día al borde del cierre. “Ni bien el Senado rechace con dos tercios el veto es una obligación de la Andis poner en marcha la ley”, advirtió.
El faltazo de Lugones y Vilches reforzó la línea del oficialismo de no dar explicaciones públicas. Ayer, Eduardo y Martín Menem -este último, titular de la Cámara baja- salieron a contestar y repitieron el mismo libreto: calificaron el material como “falso” y denunciaron una “operación” ligada a la campaña electoral.
Lugones, por su parte, movió fichas sin romper el silencio. Sin comunicado oficial, hizo saber a periodistas acreditados en la Casa Rosada que ordenará un sumario interno y una auditoría integral sobre la Andis en las próximas horas.
Yedlin y Arroyo convocaron también a los autores de los proyectos que buscan esclarecer los hechos a través de interpelaciones a funcionarios, pedidos de informe y la creación de una comisión investigadora.
La batería de proyectos cayó primero en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz. Allí, el oficialismo intentará ganar tiempo. La respuesta opositora, ya ensayada en otras discusiones, será el emplazamiento: forzar en el recinto que las comisiones se abran a tratar los expedientes en plazos acotados. Lo anticipó Yedlin: “No nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión emplazar a Asuntos Constitucionales por todos estos proyectos”, explicó.
Juan Marino, de UP, subrayó la ausencia de los funcionarios. “Nos abre todo un debate sobre qué hacer con Andis”. Y sentenció: “Todos los días vemos el espectáculo morboso del laberinto de la corrupción del oficialismo, que todos terminan en Karina Milei y los Menem”.
Esteban Paulón, del socialismo, enfatizó que lo que está en juego es “la institucionalidad y la palabra presidencial”. Tras ello, pidió por la creación de la comisión investigadora, que él impulsa. El diputado llevaba una remera con la leyenda “No era estúpido”, en alusión a la especulación de la ex Canciller, Diana Mondino, sobre el caso $LIBRA.
Sabrina Selva, de UP, cuestionó la dilación del presidente de la Cámara para comunicar la insistencia a la emergencia de Discapacidad al Senado, que tendrá la palabra final. “En el medio están las personas con discapacidad”, lamentó Selva, después de exigirle celeridad a Menem.
Como la única representante de la UCR, Natalia Sarapura remarcó que “se ha hecho costumbre” para el oficialismo “hacer silencio ante el escándalo”. La jujeña dictaminó: “Sin duda son indecentes”.
Los nombres detrás de cada iniciativa trazan un apoyo nutrido. Unión por la Patria activó tres iniciativas: Victoria Tolosa Paz pidió interpelar a Diego Spagnuolo; Selva solicitó citar a Lugones y a Karina Milei -reclamo que replicó la izquierda-; y Andrea Freites presentó un pedido de informes que pone la lupa en las contrataciones de la Andis con Suizo Argentina, el registro de proveedores y los presuntos “retornos” mencionados por el exfuncionario.
Desde el socialismo, Paulón y Mónica Fein, con la firma de Margarita Stolbizer, impulsan la interpelación a la secretaria General y la creación de una comisión investigadora.
En Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño reclamó la presencia de Lugones y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El hilo conductor es el mismo: todas las iniciativas orbitan alrededor de los audios y del presunto esquema de corrupción en Discapacidad.
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POLITICA
En medio del escándalo por los audios de Spagnuolo, el Gobierno modificará el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad
El Gobierno definió modificar el sistema de contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo en los que denuncia un presunto cobro de coimas en el organismo. Se trata de la primera medida que tiene en la mira el Ejecutivo luego de los avances de la Justicia sobre la causa.
La Casa Rosada tiene previsto quitarle la autarquía financiera al organismo descentralizado, de forma que no pueda definir sus comprar y contrataciones sin intervención del Ministerio de Salud. “La idea es que las decisiones de adquisición pasen a la órbita de la administración central y que la ANDIS no ejecute el procedimiento de forma directa”, expresan en Nación.
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Noticia que está siendo actualizada.-
Gobierno, Discapacidad
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