Luego de que la justicia de Brasil definiera el miércoles por la tarde que la abogada argentina Agostina Páez detenida en Río de Janeiro deberá esperar entre 10 y 15 días más antes de regresar al país, la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich apuntó contra el expresidente Alberto Fernández y la diputada nacional Marcela Pagano a quienes acusó de haber entorpecido el regreso de la joven por hacer uso político del caso.

Mediante un posteo en X, Bullrich dijo que habló con la madrastra de Agostina, quien le contó que en la familia “están desesperados”. “La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja”, enfatizó la senadora en torno a la vuelta al país de Páez. “Su prioridad es una sola: su hija. Volver a tenerla en casa. No están para especulaciones ni para juegos políticos”, agregó la exministra.

El martes, con el inicio del juicio, todo indicaba que Agostina Páez iba a poder volver a la Argentina e incluso ella misma se mostró optimista al respecto: «Me van a dejar volver a casa“, declaró. Tras ello, Pagano emitió un mensaje en X en el que aseguró que Alberto Fernández había intervenido en la toma de esa decisión por parte de la Justicia y que ella había salido como garante. “Sr. Alberto Fernández gracias por dejar de lado cualquier diferencia ideológica y ayudar a la repatriación”, expresó la legisladora.

Sin embargo, este miércoles, el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte determinó que la influencer santiagueña –acusada de injuria racial tras haber proferido gestos racistas a la salida de un bar en Ipanema– no podrá abandonar el país de inmediato y decidió mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico, postergando el desenlace que se daba por descontado y que ahora podría demorar, al menos, entre 10 y 15 días más.

Tras conocerse el revés judicial es que Bullrich acusó a la diputada y al exmandatario de salir a “atribuirse gestiones”, que «habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público”. “La familia no aceptó”, denunció.

Además, reivindicó las gestiones del canciller Pablo Quirno: “Mientras algunos buscan protagonismo, el Canciller y el consulado trabajan desde el primer día como corresponde: con responsabilidad, bajo las reglas de la diplomacia y enfocados en resultados. Sin show, sin fotos”. “No se dejen engañar por operadores. Ya lo vimos: usan el dolor de una familia para hacer política. Acá hay una sola prioridad: Agostina en casa. Y en eso está trabajando este Gobierno”, manifestó Bullrich.

Unos minutos más tarde, llegó la respuesta de Pagano. La diputada planteó que fue el propio Canciller el que habló públicamente sobre el eventual regreso de Páez y que “eso perturbó los tiempos del regreso que parecía inmediato”.

La exlibertaria reclamó: “La eficacia de que el fiscal entendiera las diferencias culturales y el alcance legal del racismo en nuestro país vs. en Brasil sí es un trabajo del que no participaste ni vos como Senadora (claro estaba tu alcance) ni el canciller. Aún así, por suerte para todos, Agostina va a volver a Argentina en los tiempos que aún quedan para que el juez expida la sentencia pese a los estúpidos que manejan cancillería hoy”.

“La que juega con el dolor de las familias sos vos, que saliste corriendo a sacarte una foto con Gallo y hasta te lo llevaste al teatro. Ese patético show jamás lo vas a ver en mi. Por cierto, ¿ya que tenés ganas de debatir, quien le autorizó a Gallo la salida de Argentina y su viaje a Venezuela?“, agregó.

Noticia en desarrollo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una loable iniciativa destinada a mejorar sustancialmente la selección —y posterior designación— de los jueces de la Nación. Mediante la acordada 4/2026 ha aprobado, en su condición de cabeza del Poder Judicial, un “Reglamento de concursos para la selección de magistrados” y le ha propuesto al Consejo de la Magistratura de la Nación que lo apruebe y lo ponga en vigencia. La propuesta es trascendente, por el avance que significa, y muy oportuna, por la inmensa cantidad de vacantes que dificultan el buen funcionamiento de este poder del Estado.

Una de las innovaciones más importantes del nuevo reglamento consiste en establecer como regla general la realización de concursos anticipados, es decir, antes y no después de que se produzcan las vacantes.

Entre las múltiples ventajas de la anticipación sobresalen dos. La primera, que las vacantes podrían ser cubiertas de inmediato, en lugar de tener que esperar los dos o tres años que suelen llevar los concursos, como mínimo. La segunda, que evitaría las interferencias políticas, tan habituales y nefastas hoy en día. Porque los postulantes rendirían las pruebas sin saber para qué cargo concreto podrían ser luego designados.

La cobertura rápida e inmediata de las vacantes impediría llegar a una situación como la actual en la que más de un tercio de los cargos de jueces se encuentra vacante, circunstancia que prenuncia un colapso inminente e inevitable.

Los exámenes, por su parte, también cambiarían sustancialmente. En primer lugar, pasarían a ser dos en lugar de uno solo. El primero sería una prueba automatizada, de opciones múltiples y corrección informatizada, que mediría los conocimientos generales de derecho de modo objetivo. En caso de aprobarlo, los postulantes rendirían un segundo examen centrado en la resolución de casos.

Y no solo se propician medidas para reforzar el anonimato de los concursantes sino que también se separan las funciones de proponer las preguntas y el contenido de los exámenes y la de corregirlos, para evitar posibles filtraciones y colusiones.

Otra reforma esencial es la de limitar la discrecionalidad en la etapa de entrevistas personales, que constituye uno de los aspectos más deleznable en el sistema actualmente vigente y al que ya me he referido (ver, mi nota en este mismo diario del 12/8/2024).

Hoy en día, luego de la evaluación de antecedentes y de la corrección del examen escrito, los postulantes deben someterse a una entrevista personal, a la cual llegan ordenados por la suma de los puntajes obtenidos en las dos etapas anteriores, que en teoría deberían ser evaluaciones objetivas. Pero, y aquí viene el problema, con el sencillo argumento de un buen o mal desempeño en esa entrevista, cualquier consejero puede presentar un dictamen que implique que un candidato hasta ese momento ubicado, por ejemplo, en segundo lugar pase al vigésimo quinto y, al revés, que un candidato ubicado en el lugar décimo noveno pase a integrar la terna. Más arbitrariedad no se consigue. Ha habido casos, inclusive, en los cuales un consejero que no participó de las entrevistas ha propuesto ascensos o descensos astronómicos en el orden de mérito, argumentando que leyó el acta de esas entrevistas o escuchó el audio (que se conserva como resguardo).

El reglamento propuesto por la Corte Suprema cambia esa censurable discrecionalidad por un sistema de puntaje basado en indicadores objetivos y con límites previamente definidos, lo cual debería desterrar los ascensos y descensos meteóricos o injustificados en el orden de mérito de los concursos.

En definitiva, se trata de modificaciones propuestas por algunos de los propios consejeros durante los últimos años (incluido el autor de esta nota) basadas en la experiencia y con el aval de muchos concursos realizados y órdenes de mérito aprobados. Y aunque es de lamentar que no haya sido el propio Consejo de la Magistratura quien impulse la propuesta, es muy saludable y debe ser recibida con beneplácito la iniciativa de la Corte Suprema orientada, sin la menor duda, a mejorar la objetividad y transparencia en el proceso de selección de futuros jueces y a lograr que, finalmente, se designe a los mejores y más idóneos candidatos.

(*) El autor es exdiputado de la Nación (PRO) y exmiembro del Consejo de la Magistratura.