ECONOMIA
La nueva pelea por las jubilaciones: el gobierno dice que el proyecto de López Murphy duplicaría el precio de la nafta
Era la pelea que faltaba: en la «interna liberal», el equipo de gobierno intercambió artillería pesada con el diputado y ex ministro Ricardo López Murphy, que anunció su nuevo proyecto para mejorar las jubilaciones. La propuesta viene con financiación -subas en el impuesto al juego y el impuesto a los combustibles- pero los funcionarios dicen que el «Bulldog» hace mal las cuentas.
La tensión que genera el tema se evidenció en el tenor de las respuestas a López Murphy, reconocido por su tradicional afán fiscalista. Desde el presidente Javier Milei hasta el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, lo acusaron de «demagogia» y de querer atentar contra el equilibrio de las cuentas fiscales.
Lo cierto es que, por más que el tema que ocupe más lugar en la agenda mediática sea la denuncia por coimas en la Agencia de Discapacidad, el gobierno sabe que ese tipo de polémicas raras veces mueven la aguja electoral. En cambio, ocurre lo contrario con el nivel de las jubilaciones, que continúa siendo un motivo de preocupación, por más que el Congreso haya dejado firme el veto presidencial al proyecto opositor.
El motivo de la incidencia de este tema es obvio: hay 7,5 millones de jubilados y pensionados en el país. Y están todos enojados: lo de los niveles bajos, porque el congelamiento del bono implicó una falta de protección frente a la inflación, y los de niveles altos, porque sostienen que ellos han subsidiado en los últimos años a quienes no tenían suficientes aportes e ingresaron al sistema por las moratorias.
A esas críticas, el gobierno muestra que hay una recuperación de las jubilaciones en términos reales, desde que se cambió la fórmula de Martín Guzmán -que estaba ligada a la recaudación de Anses- a la nueva, que ajusta por inflación.
Todos tienen parte de razón. Es cierto que el nivel de gasto público destinado a jubilaciones está creciendo. En julio, el informe fiscal mostró un aumento real anual de 16% para el rubro jubilatorio que es, por lejos, el más voluminoso del presupuesto nacional -representa el 38% del gasto total-. Pero también es cierto que, el año pasado, al inicio de la gestión, había sido el rubro que explicó el recorte del déficit fiscal, dada la licuación inflacionaria sobre las prestaciones de Anses.
En los últimos meses, el ajuste jubilatorio vino superando al IPC, pero en julio se quebró la tendencia: el aumento fue 1,5%, pero los precios subieron 1,9%. Y esos números sólo son válidos para la jubilación promedio, pero no para la mínima, que está sufriendo el efecto de congelamiento del bono complementario. Así, cuando se calcula la retribución completa a los jubilados de la mínima, el aumento mensual queda reducido a 1,2%.
Seduciendo a la punta de la pirámide
En realidad, lo que está detrás de la pelea entre López Murphy y el gobierno es la puja por ver quién representa mejor los intereses de los jubilados de las franjas más altas, que sienten que en cada moratoria o en cada bono extraordinario para los que cobran la mínima, ellos son quienes pagan la cuenta.
Como quedó demostrado en el debate sobre el congelamiento del bono de $70.000, lo que está haciendo Toto Caputo, de forma deliberada, es revertir el fenómeno de «achatamiento de la pirámide» que se había producido durante el gobierno anterior. Cada vez Alberto Fernández le pagaba un bono a la franja de menores ingresos, pero dejaba un ajuste por debajo del IPC para el resto, estaba haciendo que, en los hechos, los jubilados de nivel más alto subsidiaran a los de la base.
Es cierto que podía haber argumentos para defender esa postura -a fin de cuentas, los jubilados de la máxima no tienen en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas-, pero se generaba un enojo en buena parte de los jubilados, algo de lo que también se valió Milei en la campaña electoral. Ocurre que los beneficiarios de la mínima son, principalmente, los jubilados que ingresaron al sistema por régimen de moratorias. Y quienes veían cómo ese grupo se les acercaba mes a mes eran los que habían hecho las contribuciones más altas.
Se estima que, de los aproximadamente 7,5 millones de jubilados y pensionados, apenas un tercio cumplió con todos los requisitos, mientras que el resto ingresó bajo algún régimen de excepción. Sólo la última moratoria, votada en plena campaña electoral de 2023, sumó unas 800.000 personas al sistema previsional.
Así, el congelamiento del bono complementario en $70.000 no solamente tiene un efecto de ahorro fiscal: implica, además, una decisión política de resarcir a los jubilados de niveles medios y altos.
El proyecto de López Murphy en el Congreso
Pero la recuperación, si bien se está produciendo, viene más lenta de lo que a los jubilados les gustaría. La estimación de López Murphy es que, entre 2017 y 2024, el promedio de las jubilaciones tuvo una caída real de 35%, pero que dentro de ese universo los más castigados son «los que aportaron de verdad» -que coinciden con los haberes más altos-, que perdieron un 50%. En contraste, «los moratorios», como define el diputado a quienes ingresaron sin los 30 años de aportes, tuvieron un recorte real de «sólo» un 25%.
Es por eso que el diputado vuelve a la ofensiva, con un proyecto que quiere diferenciarse del anterior, promovido por el kirchnerismo y que finalmente fue vetado. Aquella ley implicaba una suba generalizada de jubilaciones, pero ponía especialmente el foco en los de la franja mínima, dado que mantenía el bono especial con un ajuste mensual por IPC.
En cambio, López Murphy propone una mejora que reconoce el 7,2% pendiente de inicios 2024 -cuando se produjo el cambio de fórmula- y que otorga, solamente para «los verdaderos aportantes», una mejora de 20% sobre la inflación a lo largo del año próximo.
El costo fiscal será inferior al proyecto que ya vetó Milei, dado que, en este caso, la mejora alcanzaría sólo a 2,5 millones de jubilados. Hablando en plata, López Murphy calculó que se necesita u$s3.500 millones -al cambio de hoy, la cifra en pesos sería de $4,7 billones- para financiar esa mejora.
Y, a diferencia del proyecto peronista, que quería tomar fondos de las Sociedades de Garantías Recíprocas -SGR, uno de los principales instrumentos de financiación pyme- propone dos fuentes tributarias de financiación: el juego y los combustibles.
En el primer caso, aumentaría un 25% sobre la «ganancia determinada». Implica, en términos reales, que el impuesto suba del 40% actual a un nivel de 50%.
Y para los combustibles, prevé un incremento del 10% en el precio de todos los productos. De esa manera, afirma el diputado, el impuesto a los combustibles, que ahora recauda medio punto del PBI, volverá a recaudar un punto, que era el nivel de 2017.
Las cuentas que no cierran en el Gobierno
El encargado de refutar a López Murphy desde el gobierno fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien desplegó cifras para argumentar que el diputado sacó mal las cuentas. De hecho, las diferencias en los cálculos de ambas partes son abismales.
Según Guberman, si el proyecto para mejorar 20% a los jubilados «no moratorios» se aplicara desde septiembre, implicaría un costo mensual de $550.000 millones. Y eso requeriría un aumento de $447 para la nafta y de $258 para el gasoil. En términos porcentuales, serían aumentos, respectivamente, de 32% y de 20% en los combustibles.
«Pero dado que del 100% de la recaudación del impuesto a los combustibles, sólo el 39% se podría usar para jubilaciones, la suba debería ser de $1.222,70 en naftas (duplicando el precio) y de $661,90 para el gasoil (incrementando más de 50% el precio en surtidor», argumenta Guberman.
Es decir, el funcionario da a entender que el proyecto de López Murphy es inviable, porque requeriría tal nivel de aumento de combustibles que repercutiría sobre la inflación.
En cuanto a los tres tributos que se aplican al juego, el secretario de Hacienda calcula que deberían incrementarse en 3.300% para pagar el aumento jubilatorio que pretende López Murphy.
Mensajes «contra la demagogia»
La respuesta fue ampliamente celebrada por el resto del equipo económico. Por caso, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, escribió: «La responsabilidad de hacer los números y cuidar el equilibrio fiscal. Por más Bulldog que venda lo contrario sin hacer los deberes».
Mientras, Javier Lanari -subsecretario de prensa y señalado como futuro vocero presidencial- escribió un mensaje que el propio Milei retuiteó: «Hay políticos que se venden como ‘racionales’ que proponen subir 20% las jubilaciones, aumentando impuesto a los combustibles y al juego. Es la remake del 20% de aumento a los jubilados con la plata de las Leliqs. No aprenden más…».
El mensaje establecía una comparación irónica entre la propuesta de López Murphy y la promesa de campaña de Alberto Fernández de 2019.
Y hasta el presidente Milei se refirió al tema, al elogiar los cálculos de Guberman como un «antídoto contra la demagogia». Y, sin mencionar a López Murphy, lo califica como un economista «de los que algunos creen que saben…» Y remata: «Si así sacan la cuenta los que saben, lo que serán los otros».
De momento, López Murphy no respondió. Un posible motivo de la diferencia entre los cálculos del diputado y los del gobierno es la forma en contabilizar la recaudación del impuesto a los combustibles -que hoy representa un 21% del precio del litro de nafta super-, y que según el nuevo proyecto de ley sería volcado íntegramente a las jubilaciones, sin coparticipación a las provincias.
Lo cierto es que el tema es hipersensible, tanto a nivel político como económico. Y todo indica que la discusión recién empieza.
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ECONOMIA
Argentina Week: luego de otro round de críticas de Milei a empresarios, el operativo “seducción a inversores” quedó en manos de Caputo
Desde Nueva York – Javier Milei volvió a criticar a empresarios argentinos, generó aplausos y partió a Chile, donde hoy participará de la ceremonia de asunción de José Antonio Katz. El Presidente cargó otra vez contra Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar), esta vez con nombre y apellido, desde el atril del headquarters de JP Morgan, a metros de la imponente Grand Central Terminal, en el Midtown de esta ciudad. Allí se desarrolló la primera jornada del Argentina Week.
Milei acusó a los empresarios de explotar durante años un sistema de beneficios otorgados por el Estado y reiteró que “quienes defienden la industria nacional son unos chorros”. En el auditorio hubo voces a favor, pero también otros a los cuales no les gustó el tono, como destacó ayer Infobae. Como sea, el aplauso al mandatario fue cerrado.
Sin dudas el que peor la pasó fue Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien estaba sentado a pocos metros del mandatario. Rocca pisa fuerte en la UIA, quizá como ningún otro hombre de negocios. Al menos por el momento, Rappallini prefirió no hablar del tema. En la previa le dijo a este medio que esperaba que con el evento se empezara a plasmar un “trabajo conjunto con el sector público”. No parece ser el caso: no al menos con un sector del empresariado.
Si bien aquí toda la temática tiene que ver con la economía y las inversiones, mañana, en el Bank of America (BofA), frente al Bryant Park, será el día “eco” por excelencia.
Luis “Toto” Caputo ocupará la centralidad: tendrá la apertura de la jornada y luego hablará de “Economía y Mercado de Capitales”, junto a Santiago Bausili, presidente del BCRA, y serán moderados por los anfitriones Facundo Gómez Minujín (JP Morgan) y Sebastián Loketek (BofA). Se espera que el titular del Palacio de Hacienda enumere logros y “que hable de beneficios para inversores, además de RIGI, y temas financieros sobre la estrategia de financiamiento del Gobierno”, como pidió ayer uno de los asistentes al evento.
También disertará Federico Sturzenegger, y habrá paneles destacados de tecnología (con el nuevo CEO de Mercado Libre); banca, con Juan Parma (Macro), Diego Rivas (Galicia) y Gustavo Manríquez (Supervielle); y Energía, con un panel con Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE) Marcelo Mindlin (Pampa Energía), quien también hará un anunció de una de sus empresas, TGS; y una charla entre Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE, y Daniel González, Coordinador de Energía y Minería del gobierno.
Se hablará de agro con la presencia de Juan Farinatti (Bayer) e Ignacio Bartolomé (GDM). Se espera además que ambos, cabezas de los mayores productores de semillas del país, tengan al mediodía un encuentro privado con gobernadores, legisladores y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción, en el marco del tratamiento legislativo del convenio UPOV91, un reclamo histórico de empresas del sector que buscan reforzar la protección de la propiedad intelectual de las semillas. Se trata de un tema sensible que también es parte del Acuerdo Comercial con EEUU y que el Gobierno anunció que atendería.
Ayer martes, además de los temas que destacó Infobae -como los elogios de Jamie Dimon, las palabras de los número 1 de los entes de financiamiento externo de EEUU, DFC y Exim Bank, y la disertación del historiador Niall Ferguson-, sobresalieron dos paneles.
El primero fue con CEOs globales y estuvo moderado por Martín Varsavsky. Jim Fitterling, CEO de Dow, subrayó la importancia de la industria química y energética en el desarrollo económico de Argentina, destacando la evolución de Vaca Muerta y la transformación del país de importador a potencial exportador de gas. También planteó que la reducción de barreras regulatorias y la modernización financiera serán claves para atraer nuevas inversiones a largo plazo.
Lynn Martin, presidenta del NYSE, por su parte, sostuvo que un entorno regulatorio equilibrado —sin exceso de restricciones— resulta esencial para que los ahorros privados se transformen en inversiones productivas. Y Andrew Macdonald, vicepresidente de Uber, relató la experiencia de la compañía en Argentina, desde los obstáculos regulatorios y económicos de los primeros años hasta su actual expansión, que incluye operaciones en la mayoría de las provincias y el relanzamiento de Uber Eats.
En el cierre, los panelistas coincidieron en señalar la importancia de la apertura internacional y las alianzas estratégicas, especialmente con Estados Unidos, para el desarrollo del país. “La cooperación global, la desregulación y la estabilidad de reglas son factores decisivos para promover la llegada de inversiones y el crecimiento sostenido”, aseguraron.
El otro panel destacado estuvo a cargo de Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, y el foco fue Vaca Muerta. Nelson felicitó al Gobierno por las reformas orientadas a la estabilidad macroeconómica y subrayó que “las inversiones energéticas a largo plazo dependen no solo de la calidad de los recursos, sino también de la estabilidad regulatoria y la competitividad de costos”.
En el cierre, Nelson aseguró: “Creemos en los recursos de Argentina, en su gente y en el papel a largo plazo de Argentina en los mercados energéticos globales”. Remarcó que la estabilidad macroeconómica y regulatoria es clave para convertir el impulso actual en inversiones sostenidas y proyectó que, con ese marco, el país tiene “una oportunidad única de ampliar su sector energético de manera responsable y sostenible”.
Hubo también un anuncio de inversión. La tech Salesforce comunicó un acuerdo estratégico con el Gobierno nacional. El monto no se hizo público, pero está enmarcado dentro del plan de desembolso de USD 500 millones para el país que se anunció en el último Foro de Davos.
Es para “acelerar la eficiencia del Estado, fortalecer la competitividad del sector productivo y promover el talento digital en el país mediante el uso de la Inteligencia Artificial” y lo firmaron Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, y por la empresa, Alejandro Anderlic, Director de Asuntos Gubernamentales y Externos para la región y Silvia Tenazinha, country manager local.
¿Habrá más anuncios similares antes del cierre de Argentina Week?
ECONOMIA
Argentina es el segundo país con más dólares fuera del sistema: hay u$s250.000 M en el colchón
Argentina ocupa el segundo lugar mundial en dólares fuera del sistema financiero. Los residentes locales mantienen casi u$s250.000 millones guardados, ya sea en efectivo bajo el colchón o en depósitos en otros países.
Así lo reveló Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central, en una presentación ante inversores. El funcionario basó su análisis en datos del Fondo Monetario Internacional sobre cuántas divisas tienen los ahorristas de cada país fuera de sus bancos locales.
Ese monto equivale al 40% del tamaño total de la economía argentina. Es una cifra que solo supera Rusia, con casi u$s400.000 millones.
El dato cobra relevancia porque una parte de esas divisas son las que el Gobierno busca que ingresen al sistema formal a través del blanqueo y otras medidas de repatriación de capitales.
Argentina dejó atrás a potencias económicas en este ránking. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y Japón tienen cifras menores de dólares fuera de sus sistemas bancarios.
La Argentina lidera el ranking per cápita de dólares guardados
El economista Nery Persichini, Jefe de Estrategia de GMA Capital, hizo un cálculo alternativo con los mismos datos. Ajustó las cifras por la cantidad de habitantes de cada país.
El resultado ubicó a Argentina en el primer lugar mundial. Cada argentino tiene en promedio u$s5.400 fuera del sistema, muy por encima del segundo puesto.
Bélgica quedó segunda con u$s4.100 por persona. Le siguen Dinamarca (u$s3.700), Países Bajos (u$s2.900), Rusia (u$s2.800) y Reino Unido (u$s2.700).
«Este fenómeno es parte del mecanismo de supervivencia que los ahorristas argentinos desarrollaron», explicó Persichini. La conducta fue moldeada por una pesada historia macroeconómica que incluyó hiperinflaciones, devaluaciones, 10 defaults, confiscaciones y cambio permanente en las reglas de juego.
El Gobierno busca captar los dólares del colchón
El equipo económico trazó una diagonal clara para esas divisas. Busca que sean depositadas en bancos y se conviertan en créditos para financiar inversiones.
Es una estrategia para evitar un retorno al mercado internacional de deuda. Wall Street aparece como una opción más cara y riesgosa a ojos del Gobierno.
En ese sentido, el Ministerio de Economía había avanzado en una propuesta concreta de fondeo desde el exterior. Pero sobre la hora esa alternativa fue desechada.
Werning fue claro en su exposición ante inversores del jueves pasado. Uno de los ejes centrales fue impulsar un mayor ahorro privado que sirva como financiamiento para las inversiones.
El funcionario destacó que el Gobierno tomó una serie de medidas orientadas a «la repatriación y formalización de capitales de residentes».
La ley de inocencia fiscal y la estrategia para atraer billetes
El Gobierno empujó la aprobación de la ley de inocencia fiscal vinculada al blanqueo. Tras su reglamentación, espera que las primeras divisas del colchón empiecen a fluir hacia el sistema formal.
El Banco Nación lanzó una campaña agresiva para captar esos dólares. Ofrece condiciones atractivas para los ahorristas, a diferencia de las entidades privadas que mantienen una postura más cauta.
El equipo económico llegó incluso a reunirse con sociedades de bolsa. La idea era habilitarlas de manera directa para que reciban los dólares de la gente.
«La estabilidad macro actual, los incentivos fiscales para repatriación y el compromiso oficial de respetar los contratos podrían ser un nuevo punto de partida», analizó Persichini.
Para el economista, hay chances de que algo del capital fuera del sistema se convierta finalmente en inversión productiva.
Werning consideró en su presentación que fomentar el ahorro privado permite financiar inversión sin generar vulnerabilidad externa. Es un planteo que apunta a reducir la dependencia del financiamiento extranjero.
El ahorro «on shore» permite retener parte del capital localmente, aun cuando ese ahorro haya sido dolarizado. Esa es la apuesta del BCRA para los próximos meses.
La métrica que presentó el funcionario incluye tanto dinero en efectivo como depósitos de argentinos en bancos del exterior. Son u$s250.000 millones que el Gobierno quiere que regresen al sistema para motorizar el crédito y la inversión.
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ECONOMIA
Sube la nafta pese al traslado gradual del alza del petróleo a surtidores: qué se espera para las próximas semanas
De manera gradual, la suba del barril por la guerra con Irán empezó a sentirse en el precio de los surtidores en el mercado local. Todas las marcas definieron incrementos de nafta en torno al 4%, reflejando solo parcialmente lo que está ocurriendo en el mercado internacional pero, al mismo tiempo, presionando al menos marginalmente sobre el índice de inflación de marzo. Es posible que se produzca algún incremento adicional antes de fin de mes, si como se prevé el barril no baja de los 80 dólares.
En el caso de YPF, la empresa líder del mercado con más de 55% de participación en el total de ventas en surtidores, se definieron dos incrementos: uno el sábado y otro ayer, totalizando ese 4 por ciento. El resto de las empresas acompañó, pero fuentes del sector indicaron que la decisión de subir los precios estaba tomada, independientemente de lo que en esta oportunidad decidiera la principal compañía del sector.
Horacio Marín, titular de YPF, había indicado que la intención era evitar “cimbronazos en los precios de los combustibles”, agregando que “somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”. El ejecutivo recordó que la empresa trabaja con una estrategia de “micropricing” con el objetivo de analizar los precios día a día. El objetivo, afirmó en ese momento, es “atenuar picos de aumento y bajas” para darle mayor estabilidad a los valores en las estaciones de servicio.
Como resultado de los últimos incrementos, la nafta de mayor octanaje superó por primera vez los 2.000 pesos. En cuanto al precio de la súper ya se ubica en niveles de $1.800, lo que equivale aproximadamente a 1,25 dólares. Se trata de un dato relevante, teniendo en cuenta que históricamente el precio era equivalente a un dólar.
La suba del barril Brent fue sustancialmente más alta desde que comenzó el conflicto con Irán. En apenas dos semanas saltó cerca de 20% hasta niveles de los USD 91 actuales. No se tiene en cuenta la suba que lo llevó a casi USD 120 en la madrugada del lunes. El anuncio de los países del G-7 sobre la posibilidad de empezar a utilizar reservas petroleras para compensar el corte de tránsito de barcos petroleros por el estrecho de Ormuz ayudó a bajar los niveles de nerviosismo extremo entre los operadores.
La baja de $15 que tuvo el dólar ayer en el mercado local, hasta los $1.420 para la cotización minorista, debería ayudar a suavizar la posibilidad de futuros aumentos en el corto plazo. Tanto el tipo de cambio como el precio del barril son insumos claves para las decisiones que adoptan las petroleras.
Sin embargo, las perspectivas hacia adelante no son del todo tranquilizadoras. La Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) proyectó que el barril se mantendrá en la zona de los USD 95 en los próximos dos meses debido a la reducción de la oferta global. Recién para el tercer trimestre se espera que el precio caiga de los 80 dólares.
En Estados Unidos, por ejemplo, la proyección es de un incremento de casi 15% para el precio del galón, lo que tendría claras consecuencias inflacionarias. Por eso, Donald Trump intenta frenar los embates de Irán sobre refinerías de países del Golfo Pérsico. Y, en simultáneo, se busca reestablecer la navegación en el estrecho de Ormuz, que representa el 20% de la comercialización mundial de petróleo.
El aumento de la nafta en el mercado local plantea nuevas presiones para la inflación local. La estimación de los analistas es que en febrero se habría ubicado en niveles de 2,7%, pero la incógnita es qué puede suceder en marzo. Este mes tiene una fuerte estacionalidad por el inicio de clases y la proximidad de Semana Santa. A esto se agrega este factor con el precio del combustible. El piso para la inflación del mes se ubicaría en 2,5%, pero nuevamente con peligro de acercarse al 3 por ciento.
Si el precio de la energía se mantiene elevado, esto también provocará un impacto en las tarifas de luz y de gas, con posibles nuevos incrementos en invierno que es cuando más se gasta. En ese escenario es el Gobierno el que tendrá que decidir si traslada de manera directa los mayores costos o si decide aumentar los subsidios para que el impacto sobre el bolsillo de las familias no sea tan grande.
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