La ola de objeciones contra el desarrollo del juicio por los Cuadernos de las Coimas -la megacausa de corrupción que nació con las anotaciones de un chofer del Ministerio de Planificación- continuó este martes con los planteos de cuatro empresarios arrepentidos y un exfuncionario del kirchnerismo.

El primero en exponer fue Manuel Ubeira, abogado defensor de Oscar Thomas, exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), desde la cual se contrataba a empresas vinculadas al presunto esquema de coimas. Thomas fue señalado como un engranaje clave en el mecanismo: desde su función de director, habría oficiado de nexo entre empresarios y funcionarios en uno de los tramos de la maniobra. Por eso, fue acusado por la fiscalía como parte de la asociación ilícita.

En su descargo, Ubeira -que en otras causas es abogado de la expresidenta Cristina Kirchner- apuntó contra la ley de arrepentido, uno de los pilares de este expediente. Con un amplio abanico de alusiones históricas y sociológicas, cuestionó la constitucionalidad de la norma y el presunto uso “extorsivo” que habrían hecho de ella el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

“Siempre que hubo una persona en objeto de investigación, siempre tuvo la posibilidad de sumarse al poder de turno para incriminar a otros y ver si obtenía alguna ganancia”, arremetió.

Sostuvo que la ley es un subproducto de la Constitución de 1994, -algunos de cuyos aspectos criticó-; que está impulsada por la “economicidad procesal” y que no busca “averiguar la verdad” sino “liquidar causas”.

Dijo también que la Corte Suprema todavía no se había “expedido de forma clara” respecto a la norma (27.304), pese a que en 2023, el máximo tribunal la respaldó al desestimar una presentación de la defensa del exministro Julio De Vido que cuestionaba la ley.

Ubeira optó por realizar su planteo frente a los jueces, de manera presencial, en el Tribunal Oral Federal N°7, ubicado en el Palacio de Tribunales. El abogado hizo un paralelismo del arrepentido con la figura del “buchón”, recitó fragmentos de Borges, pasajes de la Biblia, aludió “a la última cena” de Leonardo da Vinci y se remitió a conceptos sociológicos, entre otras estrategias, para sostener que “la delación hiere los sentimientos más profundos y básicos de lo que nosotros en lo cotidiano manejamos”.

“¿Para qué necesitamos la ley del arrepentido?”, interpeló. “Los compañeros míos del arrabal detestaban al buchón, al vigilante, al botón”, graficó en otro tramo de su presentación.

El planteo tuvo lugar en una instancia previa a las indagatorias del juicio, que está diseñada para formular planteos sobre cuestiones novedosas que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio, pero cada magistrado tiene un criterio propio respecto a qué se puede escuchar en esta etapa.

Casi una treintena de los 86 imputados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, solicitaron al tribunal exponer sus reparos contra el proceso, muchos de los cuales ya fueron atendidos en instancias anteriores y rechazados.

El resto de los imputados

Después que el exfuncionario Thomas, distintos empresarios que declararon como imputados colaboradores presentaron diversos planteos, nulidades o requerimientos adicionales.

Fueron Rodolfo Poblete, gerente de Hidrovía S.A, quien admitió haber pagado 600 mil dólares en 2010 a Roberto Baratta, la mano derecha del exministro Julio de Vido; Alberto Taselli, presidente de Faraday S.A. y hermano de Sergio Taselli, que también forma parte del juicio; Miguel Marcelino Aznar, de la firma Decavial S.A, señalado por organizar la recaudación en torno a los corredores viales y acusado como miembro de la asociación ilícita.

Por su parte, el empresario Armando Loson, de Albanesi S.A., dirigió sus críticas contra los dos cuadernos que lo incriminan en la maniobra.

Apoyado en un peritaje de Gendarmería y en otro procedimiento privado, su abogado, Ricardo Gil Lavedra, dijo que dos de los ocho cuadernos de Centeno habían sido adulterados y que su cliente Loson no debía ser juzgado en el proceso. “Las menciones a Armando Loson en los cuadernos 7 y 8 son producto de enmiendas tachaduras y agregados de terceras personas diferentes a Centeno”, afirmó.

También sostuvo que Loson “fue forzado a arrepentirse” y dijo que cuando estuvo preso “se le hizo saber que obtendría la libertad si se arrepentía”.

Hasta ahora, muchos de los planteos realizados contra el caso en esta etapa apuntaron a intentar deslegitimar el origen de la causa y a cuestionar el uso que el fiscal Stornelli y el juez Bonadio hicieron de la ley del arrepentido, uno de los ejes centrales del caso junto a los cuadernos del chofer Oscar Centeno, dados a conocer por , con anotaciones repletas de detalles sobre el sistema de cobros que hoy está siendo examinado en el juicio.

En la hoja de ruta trazada por el Tribunal está previsto que las indagatorias comiencen en marzo.

La Cámara Federal porteña hizo lugar este martes a un planteo que había presentado el año pasado Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis) procesado este lunes, y ordenó que se abra una nueva investigación sobre el origen de los audios en los que una voz adjudicada a él habla sobre corrupción en el organismo. El objetivo final del exfuncionario es que todo el caso se declare nulo.

La Cámara tomó su decisión con los votos de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico y la disidencia de Eduardo Farah.

Este fallo podría obstaculizar el avance de la causa que investiga la corrupción en la Andis, que a partir de este jueves estará a cargo de un nuevo juez porque a Sebastián Casanello, autor de los procesamientos, le vence ese día la subrogancia. Casanello interviene en este expediente como suplente a cargo del juzgado federal 11, que no tiene titular. La Cámara sorteará este miércoles, a las 11, al nuevo magistrado que se hará cargo del juzgado y de todas las causas que se tramitan en él. En el bolillero hay cuatro posibles candidatos: María Servini, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y María Eugenia Capuchetti.

El nuevo juez -o jueza- tomará entonces esta causa con la instrucción de la Cámara Federal de que debe “sustanciar” (darle trámite, con intervención de las partes y sin la posibilidad de rechazar el pedido “in limine”) el planteo de Spagnuolo en relación con sus presuntos audios. Casanello había considerado que no era necesario hacerlo. Este martes la Cámara le anuló esa decisión.

¿Qué pretende Spagnuolo? Que toda la causa se declare nula con el argumento de que sus cimientos son ilegales. Acompañó a su pedido las conclusiones de un informe privado que sostiene que los audios sufrieron “adulteraciones y manipulaciones” y parecerían haber sido “obtenidos por medios subrepticios por un tercero que no participó de la conversación”. La Cámara Federal dispuso ahora que se investigue si eso fue así.

El pedido de Spagnuolo fue presentado en noviembre pasado, cuando Casanello acababa de rechazar un planteo similar de la familia Kovalivker, dueña de la Droguería Suizo Argentina. Al pedido de los Kovalivker el juez sí lo “sustanció” y el 26 de septiembre pasado lo rechazó, con un fallo en el que dijo que los audios no habían sido usados como prueba sino como una “notitia criminis válida” y que los cuestionamientos se sustentaban en “conjeturas o hipótesis no acreditadas” que de ningún modo justificaban la medida extrema de anular toda una causa.

Esta decisión de Casanello fue apelada por los Kovalivker y la Cámara, por dos votos contra uno (misma mayoría que este martes), le devolvió el año pasado el caso al juez para que profundizara su investigación sobre los audios y dijera si habían sido o no adulterados y para que detallara en qué otros elementos se había apoyado el fiscal Franco Picardi -más allá de los audios- para avanzar con su investigación.

Ante aquella instrucción de la Cámara, Casanello volvió a fallar este lunes, otra vez en contra de los pedidos de los dueños de la Suizo Argentina.

Pero en paralelo con estos trámites promovidos por los Kovalivker, la defensa de Spagnuolo insistió con su pelea judicial. Apeló el fallo de Casanello que se había negado a abrir lo que él consideraba que era otra investigación similar, por los mismos audios, que hubiera implicado duplicar lo ya hecho. Este martes, el exfuncionario logró que la Cámara le diera la razón.

Mientras tanto, otra causa investiga también los audios adjudicados a Spagnuolo. Esto también fue considerado por Casanello, que entendió que no tenía sentido investigar, en dos expedientes distintos, el origen de las grabaciones. El otro expediente es una denuncia que presentó el Gobierno con la firma del abogado Fernando Soto, que era mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, sobre presunto espionaje ilegal. Esa denuncia tenía como eje central que se investigara la filtración de una serie de audios de Karina Milei. La tramitan el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini.

Los audios de la polémica son grabaciones que se conocieron en agosto pasado en las que quien fue identificado como Spagnuolo dice que por debajo de él había una estructura de corrupción dentro de la Andis a la que vincula a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Cuenta que le avisó a Javier Milei, que no hizo nada al respecto.

Esos audios fueron un elemento central de la denuncia que dio origen a esta causa, en la que Casanello procesó ayer a Spagnuolo y a otras 18 personas por una serie de delitos que incluyeron asociación ilícita, sobornos, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Pero los audios no fueron usados como prueba, ni por el fiscal Franco Picardi ni por el juez. No están tampoco mencionados en las más de 300 páginas del fallo de los procesamientos de esta semana.