En las últimas horas aparecieron denuncias de corrupción en distintas sedes del PAMI y se reavivaron otras dispersas por todo el país. Hay casos en La Plata, en Chaco, en Santa Cruz, en Misiones, en La Pampa, en Formosa, en General Madariaga y en Villa Gesell, todas con un común denominador: surgieron por denuncias de pedido de dinero a los funcionarios y empleados designados por La Libertad Avanza y a los prestadores de servicios.

Estos casos cobran especial sensibilidad a partir del escándalo desatado en torno del pago de supuestos sobornos, revelado en un audio por Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis), ya que al igual que ese organismo, el PAMI, como el Anses, es manejado en el interior del país por referentes de Lule Menem, quien reporta a Karina Milei.

“A toda persona que entra en La Libertad Avanza le piden entre un 10% y un 15%”, dijo a Radio República este martes a la mañana Viviana Aguirre, extitular del PAMI en La Plata que fue desplazada por negarse a participar de este entramado ilegal. Aguirre recuerda que presentó en marzo pasado una denuncia en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla.

“Yo recibí amenazas. En primer lugar, fui a la Justicia de donde nunca me llamaron, luego a la Oficina Anticorrupción, al Ministerio de Capital Humano y finalmente fui a hablar con el senador Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, recordó.

Y después agregó: “PAMI central arreglaba con los prestadores y a nosotros nos pedían firmar para poder coimear. Son peores que los kirchneristas. Antes de que asumiera tenía llegada a Javier Milei, le escribí varias veces para contarle esto y me clavó el visto. Le escribí a Karina Milei y directamente me bloqueó”, luego arremetió contra otros dirigentes de LLA: “Le llevé la denuncia a Florencia Arietto y en lugar de acompañarme quería sacarme información para llevarla a Sebastián Pareja”, sentenció.

Aguirre, que fue candidata a diputada nacional por LLA en 2023, recordó en un escrito presentado a la justicia que “Juan Esteban Osada, cercano a Sebastián Pareja, me pidió que le entregara un millón de pesos por mes de mi sueldo. Le dije que quería colaborar y que me pasara una cuenta para transferir y me contestó que no se manejaba así, que tenía que poner ese dinero en un sobre y ellos lo pasaban a buscar una vez por mes».

Además denunció otro mecanismo oscuro ligado a las prestaciones: “Me pedían que firmara papeles ilegales del PAMI”. En un escrito de 10 páginas, firmado por Viviana Aguirre y Raúl Simonetti -otro funcionario libertario desplazado- que fue presentado a la justicia, recorren todas las reuniones con detalles para fundamentar su denuncia.

En el Chaco, este martes también allanaron la sede del PAMI en Resistencia en medio de una investigación judicial por pedido de dinero a funcionarios y allí encontraron que se contrató directamente a una empresa de traslados y sepelios que pertenece a Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza del Chaco.

Días atrás, la Justicia Federal ya había realizado un primer allanamiento en las oficinas de Sakura Turismo. Allí, se secuestraron varios elementos de interés, entre documentos, un libro de actas, una notebook, dos celulares, dos CPU, un DVR, dos pendrives y dos sellos.

El denunciado es el coordinador Administrativo del PAMI local, Alfredo Moreno, que es investigado por presuntas irregularidades, que incluyen exigencias de aportes económicos a empleados y funcionarios, así como la manipulación de documentos de afiliación partidaria. También por la administración de fondos vinculados a la atención de jubilados.

En Santa Cruz el titular provincial del PAMI, Jairo Guzmán, desplazó al titular de la sede de Caleta Olivia, Sergio Torres, luego de que este denunciara que le exigían realizar un aporte del 10% de su salario.

Algo similar sucedió en La Pampa, en una interna luchada por el control partidario y el cruce de denuncias sobre recaudación ilegal de fondos con salarios de empleados y sobreprecios. Allí detallaron que Julio Jamad, hombre de la conducción partidaria, recaudaba en una cuenta bancaria aportes del 15%, Jamad admitió ser titular de la cuenta, pero dijo que los aportes eran “voluntarios”.

En Misiones quien realizó la denuncia en sede judicial fue Samuel Doichele, un reconocido productor agrícola de la zona y referente libertario, que apuntó a Carlos Adrián Núñez, un hombre que se presenta como “de confianza” de Karina Milei, de hecho, dicen que fue ella quien lo designó en el cargo. Doichele denuncia que le exigen el 10% del salario a todos los empleados y funcionarios designados por esta gestión en PAMI y ANSES.

En julio pasado, el sitio de noticias Formosa Investiga solicitó información al PAMI local por los nexos con la Clínica Sarmiento. Allí se trata de esclarecer el vínculo económico y contractual entre la Clínica y la Unidad de Gestión Local del PAMI. Se habla de prestaciones realizadas, facturaciones, pagos, auditorías y vínculos personales o contractuales con figuras sospechadas de manejar los negocios detrás del meteórico crecimiento de la clínica.

El intendente radical de Madariaga, Esteban Santoro, hizo una presentación en la Justicia para que se investigue el posible delito de asociación ilícita ante el pase compulsivo de cápitas a una clínica privada en perjuicio del Hospital Municipal. Días después, Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, se sumó a la denuncia realizando una presentación ante la Fiscalía Federal de Dolores, en representación de los vecinos perjudicados en este mismo caso de quita de cápitas, que afectó al sistema de salud de varios municipios de la región. La asignación de estas cápitas por parte de PAMI a un centro de salud privado implica un giro permanente de fondos.

En base a algunas denuncias que ya eran conocidas y a las que se sumaron en el transcurso del año, las diputadas Margarita Stolbizer y Mónica Fein presentaron en julio un proyecto para crear una comisión investigadora que haga un relevamiento de todas las denuncias existentes y que cite a dar explicaciones al titular del PAMI, Esteban Leguizamo.

“Milei transformó el PAMI en una caja de recaudación y oficina de empleo de LLA. Pero, como si fuera poco, resulta que en Madariaga (y queremos saber en cuántos lugares más) armaron lo que se parece mucho a una asociación ilícita”, dijo Stolbizer días atrás. El proyecto presentado con Fein pide investigar distintas denuncias en Santa Cruz, Chaco, Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Además, hay un pedido de investigación en Jujuy, donde en marzo pasado se apuntó contra el diputado libertario, Manuel Quintar -también cercano a Karina Milei– que en Jujuy recuerdan como hombre antes ligado a Milagro Sala, dueño junto a su familia de la clínica Los Lapachos, donde permaneció internada Sala y recibió la visita del entonces presidente, Alberto Fernández, ubicada en el centro de San Salvador de Jujuy.

Allí enviarían pacientes de PAMI con discapacidad, de esta manera la Clínica, con anuencia del PAMI, puede otorgar los certificados que exige la Andis. Y generó una polémica en la política local que apunta a los entramados libertarios en las agencias nacionales en territorio provincial.