La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta utilización de facturas apócrifas vinculadas a supuestas obras en el predio de Ezeiza que no se habrían realizado o que habrían sido adjudicadas a empresas sin capacidad operativa ni respaldo económico.

El eje de la nueva presentación judicial que se espera se formule pronto gira en torno a comprobantes emitidos por firmas que facturaron millones de pesos por trabajos en el complejo deportivo. Se trata de sociedades sin bienes registrados, sin empleados o con actividades declaradas que no guardan relación con las tareas facturadas.

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Según pudo saber TN, ARCA formulará la denuncia luego de que la AFA se negara a entregar el listado del personal que ingresó al predio para ejecutar las obras.

Desde la entidad del fútbol respondieron que parte de esos ingresos debían catalogarse como “privados confidenciales” y señalaron que “analizar cada personal de las empresas que menciona, dada la confidencialidad de ciertos ingresos, demanda primero determinar qué trabajador realizará esa tarea”.

En enero pasado, ARCA ya había hecho una presentación ante el juez Amarante, en la que aportó información sobre empresas supuestamente falsas que trabajaron con la AFA.

Entre los ejemplos consignados aparece Meroka SRL. La firma facturó $7 millones por obras en el predio de Ezeiza. Sin embargo, figura con actividades tan diversas como fast food, bebidas, reparación de edificios y venta de cereales. No posee bienes registrados, no fue hallada en el domicilio declarado y no presenta actividad económica ni financiera acorde con los servicios facturados.

Otro caso es el de Maxstore SA, que emitió comprobantes por $23 millones por obras y trabajos de pintura. La empresa no fue encontrada en su domicilio fiscal. Declaraba la venta de electrodomésticos, telefonía y equipos de audio. De acuerdo con la información oficial, se trata de una usina sin capacidad económica y financiera compatible con los montos facturados.

También figura Central Hotel SRL. Facturó $9,6 millones por supuestas obras en el predio. Su actividad declarada es alojamiento en hoteles, hosterías y residencias similares, además de servicio de restaurante al público. No registra empleados ni capacidad económica suficiente.

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La denuncia en preparación se sumaría a la causa que ya enfrenta la AFA a partir de una presentación anterior del organismo recaudador por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese expediente, el juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la entidad, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, y les prohibió salir del país. Las audiencias están previstas para el 5 y 6 de marzo, respectivamente.

Según ARCA, la AFA actuó como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento. El total bajo investigación supera los $19.300 millones, luego de una ampliación que elevó la cifra denunciada a $11.759.643.331,62, sumados a los $7.593.903.512,23 inicialmente señalados.

En un comunicado difundido días atrás, la Asociación del Fútbol Argentino negó “rotundamente” tener deudas fiscales exigibles. Afirmó que el pago voluntario de las obligaciones se realizó antes del vencimiento y cuestionó que el organismo pretenda transformar obligaciones que, según su postura, no estaban vencidas en sustento de un delito penal tributario. Además, sostuvo que es la única entidad sin fines de lucro denunciada penalmente en una situación impositiva similar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, en cambio, entiende que la falta de depósito en tiempo oportuno configura el delito de omisión, ya que el deber jurídico surge de la calidad de agente de retención.

AFA, ARCA

Con la actividad parlamentaria ya en marcha luego de la apertura oficial de las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei planea definir esta semana cuáles serán las próximas reformas que enviará al Congreso del paquete de cerca de 90 proyectos que pidió que le preparen, tras lo cual retomará las negociaciones con los gobernadores.

El propio mandatario nacional confirmó que le solicitó a todos los Ministerios que cada uno acerque alrededor de 10 propuestas legislativas, las cuales se van a sumar a las que elaboró el Consejo de Mayo y a las que quedaron pendientes del verano.

En el primer día de trabajo formal en el recinto, el Senado le envió a la Cámara de Diputados el texto que establece modificaciones a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción.

Esta seria una de los debates iniciales en este periodo de ordinarias, ya que se viene discutiendo desde diciembre pasado, aunque todavía no hay fecha para su tratamiento, según anticiparon a Infobae fuentes del bloque de La Libertad Avanza.

En el objetivo de planificar la estrategia estará también el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya tiene previsto retomar sus reuniones con gobernadores para conseguir apoyo para las reformas, como lo hizo en la previa de las últimas votaciones.

“La prioridad es consolidar la agenda y fortalecer el trabajo político. Se evalúan próximas recorridas. Arranca el 15 de marzo nuevamente, una vez que se termine de ordenar la agenda de sesiones ordinarias”, comentaron desde su entorno.

Por otra parte, según pudo relevar este medio, hay varios Ministerios que aún no finalizaron los proyectos que el Presidente les solicitó, aunque en su mayoría ya tienen la idea en mente, por lo que solo falta la redacción.

El mandatario no les puso una fecha límite para que cumplan con esta tarea, pero en el Gabinete saben que tienen que deben apurarse.

Asimismo, están en carpeta los proyectos creados por el Consejo de Mayo, el organismo multisectorial que estuvo encabezado por el jefe de Gabinete -primero Guillermo Francos y, después, Manuel Adorni-.

Este cuerpo estuvo compuesto además por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, en representación de las provincias; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por la Cámara de Diputados; Martin Rapallini, titular de la UIA, por el empresariado, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, por los gremios.

Entre otros puntos, esta mesa impulsó una Ley de Libertad Educativa, que promueve cambios en la organización y funcionamiento del sistema escolar, y un nuevo financiamiento universitario.

También planteó un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca prohibir el déficit fiscal y condicionar la vigencia de nuevas leyes de gasto a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El listado incluye además un proyecto para reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiación y desalojo.

Por último, presentaron las reformas política, destinada a mejorar la boleta única en papel, endurecer los controles sobre el financiamiento de partidos y eliminar las PASO, y del Código Penal, que amplía la cantidad de artículos, introduce delitos específicos y endurece penas para corrupción y terrorismo

En tanto, Sturzenegger concentra parte de la revisión técnica del acuerdo comercial con los Estados Unidos, especialmente lo referido a las normas que se tienen que adaptar para cumplir con los puntos con los que la Argentina se comprometió.

Una de las prioridades es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), compromiso que figura entre las condiciones del convenio bilateral y que el Gobierno prometió aprobar en el Congreso antes del 30 de abril de este año.

Otro eje en ese Ministerio involucra la elaboración de un régimen específico para la producción y comercialización de semillas, para establecer una normativa que reconozca la propiedad intelectual sobre estos productos, habilitando a las empresas a producirlas y comercializarlas en el país.

El temario incluye, además, modificaciones al Código Aduanero orientadas a ampliar la apertura económica, así como una reforma de la Ley de Minería para incentivar la actividad extractiva.

De manera paralela, el Ejecutivo trabaja junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en un proyecto integral de reforma tributaria.

El tratamiento de la reforma al Código Penal está a cargo de la senadora Bullrich, quien deberá definir el esquema de debate para un texto que supera los 900 artículos y apunta a endurecer las penas e introducir nuevas figuras delictivas.

Finalmente, la agenda oficial contempla una serie de iniciativas orientadas a la transformación del sistema judicial. En la apertura de sesiones, Milei anunció que enviará “proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa”.

Entre los puntos destacados figura la propuesta para instaurar el juicio por jurados en el fuero federal, tal como ya había sido planteado en el debate sobre la Ley Bases.

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Comienza este martes el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las tragedias más impactantes en la historia reciente de la Armada Argentina, en la que perdieron la vida sus 44 tripulantes en noviembre de 2017.

En el banquillo de los acusados estarán cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

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Serán juzgados por el Tribunal Oral de Santa Cruz el excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones, Hugo Miguel Correa.

El juicio, a cargo de los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, se extenderá por varias semanas e incluirá audiencias donde las partes expondrán pruebas, peritajes y testimonios. Se prevé que el proceso se desarrolle en forma alternada hasta julio, con audiencias previstas de lunes a jueves en semanas intercaladas.

Los jueces buscarán determinar que fallas operativas, de mantenimiento o de conducción pudieron contribuir a la tragedia. La causa había generado polémicas previas, como disputas sobre la jurisdicción donde debía celebrarse el juicio.

Finalmente, en octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el proceso realice en Río Gallegos.

Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que buscaban que el juicio se realice en Mar del Plata o en Comodoro Py. Sostuvieron que el hecho ocurrió en alta mar, fuera del límite de las jurisdicciones territoriales, y que “ante la incertidumbre sobre el lugar de comisión del delito” debía mantenerse la intervención del tribunal de origen.

“La ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino a que arribe el buque. Pero en este caso, la tragedia radica en que, tristemente, el submarino ARA San Juan no arribó a puerto alguno”, explicaron los magistrados.

Los camaristas aseguraron que avanzar con un cambio de sede sería seguir dilatando el proceso. “Es necesario, en todos los casos, pero sobre todo en este que enluta a la Nación entera, dar la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que reclama justicia”, explicaron.

Un juicio sin responsables políticos

Días después de la decisión de Casación sobre dónde debía realizarse el juicio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Los familiares de los 44 marinos que murieron en el naufragio del submarino, en 2017, habían denunciado seguimientos y recolección de datos personales entre 2017 y 2018, en el contexto de sus reclamos por justicia y respuestas sobre la tragedia.

La investigación se inició tras el descubrimiento de documentos en la sede de la AFI en Mar del Plata, que incluían informes, fichas y registros de actividades de los familiares, como manifestaciones públicas y publicaciones en redes sociales.

En 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados, argumentando que las tareas de inteligencia buscaban incidir en el escenario político e institucional del país. Sin embargo, en julio de 2022, la Cámara Federal porteña —con los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi— revocó los procesamientos, tras considerar que las acciones de la AFI se enmarcaban en tareas de seguridad presidencial.

Posteriormente, la Cámara de Casación Penal, con votos de Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, ratificó esta decisión. Los magistrados sostuvieron que las actividades de inteligencia no constituyeron espionaje ilegal, ya que los datos recopilados eran de carácter público, provenientes de declaraciones de los propios familiares en medios de comunicación o redes sociales.

Además, destacaron que las tareas respondían a la necesidad de garantizar la seguridad del entonces presidente Macri, descartando cualquier extralimitación en las funciones de la AFI.

Finalmente, las querellas, representadas por Eva Sandoval y los abogados Mariano Bergés y Valeria Carreras, llevaron el caso a la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de las tareas de inteligencia y alegando parcialidad en las decisiones judiciales. Todo fue descartado por el máximo tribunal.

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Ningún funcionario del gobierno de Mauricio Macri fue citado como testigo.

El trágico hundimiento del ARA San Juan ocurrió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur tras una explosión en sus baterías. Los 44 tripulantes a bordo murieron.

ARA San Juan, submarino