El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a defender la nececidad de la reforma laboral al asegurar que “da un marco de mayor certeza al nuevo empleo”. En una entrevista con Infobae en vivo, el mandatario porteño se refirió a la regulación vigente, el impacto de la informalidad y las barreras para el desarrollo del empleo privado, a pocas horas del comienzo del debate legislativo donde oficialismo y oposición se enfrentan en torno a más de doscientos artículos.

Macri puso en cuestión el marco regulatorio actual al afirmar que “el marco laboral actual no estaba funcionando”, destacando la existencia de casi el 40, 45 o 50 por ciento de empleo informal, según distintas mediciones. Para el funcionario, esa informalidad implica que “la reforma laboral ocurrió de hecho, que es el laburo en negro”, una situación que, consideró, afecta gravemente la generación de empleo en blanco y la previsibilidad para empleadores y trabajadores.

Durante la entrevista, el Jefe de Gobierno sostuvo que la principal barrera para el empleo registrado hoy no reside en las cargas sociales ni en la cuota sindical, sino en la inseguridad jurídica que enfrentan las pequeñas y medianas empresas frente a los juicios laborales. “La industria del juicio laboral es lo que hace que cualquier pyme te diga: ‘O no doy laburo, o si lo tomo, lo tomo en negro, porque total me van a hacer un juicio ridículo igual, y de esta manera, por lo menos, mientras no pago los impuestos’”, explicó Macri, quien además remarcó que la Ciudad está avanzando en la creación de un fuero laboral propio que permita dejar atrás lo que describió como la “doctrina Recalde”, la cual, según su visión, “destruyó trabajo de manera sistemática” a través de indemnizaciones y multas que solo beneficiaron a estudios jurídicos.

En ese sentido, Jorge Macri sostuvo que el nuevo marco permitirá a las pymes prever con mayor claridad los costos de la desvinculación: “Por cada año de antigüedad de alguien que labura conmigo, tengo que tener la previsión de un mes de sueldo para pagarlo si lo despido”, detalló el jefe de Gobierno. Para él, esa previsibilidad “da un marco de mayor certeza al nuevo empleo” y no modifica los derechos ya adquiridos por quienes actualmente trabajan en blanco.

El funcionario también propuso habilitar nuevas formas de contratación, incluyendo acuerdos por empresa o modalidades laborales adaptadas a realidades cambiantes, como el trabajo en plataformas digitales. Puso como ejemplo la posibilidad de que un empleado y su empleador acuerden concentrar cuarenta horas semanales en menos días, si ambas partes así lo desean. “¿Por qué no permitir que eso se transforme en un acuerdo específico, darle certeza y darle libertad?”, preguntó Jorge Macri. “Tengo que volver a confiar en que la gente puede defenderse sola, porque si no, se defiende de la peor manera, que es también aceptando que le paguen en negro o no teniendo más remedio que hacerlo”, agregó.

En relación a la situación impositiva local, Macri destacó que la Ciudad de Buenos Aires depende casi exclusivamente de su sector privado, al carecer de recursos naturales o ventajas geográficas. “Nuestro diferencial es el capital humano. Si al privado no le va bien, no hay estado viable ni futuro para todos”, subrayó el funcionario, y advirtió que la litigiosidad laboral impacta más fuerte en el costo de los recursos humanos que los tributos recientemente modificados.

El jefe de Gobierno también remarcó la importancia de formar capital humano para los desafíos que se avecinan y defendió la necesidad de dotar a las partes de mayor libertad para negociar condiciones laborales de acuerdo a realidades diversas. “Lo que sí debes darle es libertad a las partes para que acuerden realidades de trabajo que son cambiantes”, señaló.

Frente al escenario actual, Jorge Macri insiste en la necesidad de reglas más claras y flexibles para fomentar la creación de empleo registrado y anticipar los desafíos de un mercado laboral en transformación.

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El conflicto con la policía de Santa Fe continúa escalando y crece la tensión en la ciudad de Rosario donde se concentró el reclamo de los agentes frente a la Jefatura. La expectativa por una reunión que finalmente no se concretó, llevó a que la protesta continúe y crece el temor por un efecto contagio en otras jurisdicciones.

Todo comenzó en la noche del lunes cuando un grupo de agentes, vestidos de civil y con los rostros cubiertos, junto a sus familiares, se congregaron frente a la Jefatura de Policía para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, la situación escaló cerca de la medianoche, cuando efectivos en actividad recibieron la orden de intervenir contra los manifestantes y comenzaron los disturbios. La respuesta, dirigida hacia sus propios compañeros y familiares, desencadenó una reacción inmediata: varios agentes de la provincia que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a la protesta, abandonando sus funciones y bloqueando calles con patrulleros y motos oficiales.

La situación se replicó en otros puntos de Rosario; incluso en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno, intensificando la presión sobre las autoridades provinciales.

Esto llevó a una protesta que tiene el corazón en la concentración que lleva más de 24 horas en el centro de la ciudad de Rosario. En ese marco, se esperaba que durante la tarde de este martes haya una reunión entre los funcionarios provinciales y los delegados que representan a los agentes.

En un principio, la cita estaba pautada para las 15. Sin embargo, desde el gobierno provincial informaron que se atrasó para las 18 y esto provocó rispideces con los delegados que representan a los policías, que derivaron en una cumbre que finalmente no se concretó.

El abogado Gabriel Sarla es el representante de los policías en el conflicto y habló con los medios presentes en el lugar: “Se pudo establecer una conversación con la secretaria del ministro. No hubo propuesta porque no pudimos hablar con el ministro, que estaba reunido con el gobernador. No hubo ninguna oferta”.

“Si se comunican, habrá una reunión. Pero lo tiene que hacer el ministro personalmente”, pidió Sarla, lo que provocó el descontento del Ejecutivo provincial.

En ese sentido, más temprano, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que el Gobierno provincial comparte “las necesidades y los problemas del personal de la policía de Santa Fe” y remarcó que se trata de un reclamo “legítimo, atendible, casi en su totalidad”. Sin embargo, sostuvo que a partir de la medianoche “se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar acciones violentas, antijurídicas”, con el objetivo de “desestabilizar el despliegue preventivo”.

Según el funcionario, durante la protesta se registraron episodios de abandono de servicio y paralización de móviles policiales. “No menos de veinte unidades en la ciudad de Rosario fueron directamente paralizadas, puestas frente a la jefatura y luego abandonadas”, detalló. Agregó que los efectivos dejaron los patrulleros estacionados y se retiraron, lo que calificó como incumplimiento de los deberes funcionales.

Cococcioni señaló que estas conductas derivaron en la apertura de actuaciones administrativas y que el jefe de Policía de la provincia inició los procedimientos correspondientes con el respaldo del Ministerio. “Tenemos cerca de no menos de veinte funcionarios policiales que están siendo pasados a disponibilidad, con retiro de arma y retiro de chaleco antibala”, afirmó. También indicó que el Gobierno coordinó acciones con el Ministerio Público de la Acusación para investigar “posibles ilícitos penales” tanto de funcionarios policiales como de “grupos marginales y desplazados” de la fuerza.

El reclamo policial se origina en la política salarial vigente. Durante la última semana, el gobierno provincial anunció un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para efectivos con desarraigo, pero el sector movilizado considera insuficiente la respuesta oficial. El abogado Sarla remarcó que esas sumas no representan un aumento real, ya que no alcanzan a la totalidad del personal ni impactan en los salarios básicos, adicionales o jubilaciones. La demanda central apunta a una recomposición salarial integral para todos los integrantes de la Policía de Santa Fe.

A las cuestiones salariales se suman reclamos por condiciones laborales. Los efectivos denuncian extensas jornadas, falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar sus ingresos. Además, la salud mental del personal policial cobró protagonismo tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, conocido como “Chimi”, quien enfrentaba problemas psicológicos y se encontraba con carpeta médica. Las demandas incluyen mejoras en los horarios, descanso adecuado y atención a la salud mental, aspectos que el colectivo policial considera urgentes para el desarrollo de la tarea diaria.

A todo esto, hay temor por un efecto contagio en la región. En las últimas horas, se conoció que miembros de la Policía de Entre Ríos realizarán una “manifestación pacífica” el próximo 14 de marzo frente a la Casa de Gobierno en Paraná. De acuerdo a lo que trascendió, se realizará sin uniformes, sin armamento y sin afectar el servicio, con la participación de personal de franco, familiares y público en general.

En 2024, un conflicto de similares características afectó a la provincia de Misiones, donde la policía de esta provincia tomó el Comando Radioeléctrico y comenzó un conflicto que recién terminó dos semanas después.