POLITICA
Condenaron al líder de una comunidad mapuche por usurpar tierras públicas y causar daños en el parque nacional Los Alerces
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a Ernesto Cruz Cárdenas, líder de la comunidad mapuche Paillako Futalaufquen Mew, a tres años de prisión en suspenso por la usurpación de tierras públicas y la destrucción de infraestructura en el Parque Nacional Los Alerces en 2020.
En tanto, Belén Salinas fue condenada a un año y medio de prisión en suspenso. Los abogados defensores adelantaron que apelarán la decisión.
Cárdenas había estado prófugo desde enero pasado y se entregó a fines de julio. Desde entonces está detenido. El juicio comenzó el 5 de agosto, día en que declararon ambos acusados. Cárdenas habló del asentamiento ancestral de las comunidades mapuche en la zona del parque Los Alerces, en Chubut, y dijo que la aparición de Parques Nacionales dividió y enfrentó a familias de pobladores.
El propio Cárdenas fue brigadista de Parques Nacionales. Los abogados de la comunidad advirtieron que se trata de un caso “bastante particular porque, en realidad, muchos de los integrantes de la lof Paillako son hijos de las familias llamadas pobladoras, que se asentaron allí antes de la creación de Parques en la década de 1930″.
Agregaron que muchos hijos de pobladores del área protegida iniciaron un proceso de recuperación de identidad mapuche. La abogada Laura Taffetani relató: “Está hecha la pericia antropológica, con la raigambre mapuche. Pero ese proceso fue muy mal tomado por Parques y los propios compañeros de esos chicos. Hubo incluso situaciones de bullying, no les permitían hacer ceremonias. Entonces, ellos decidieron armar la comunidad en el lugar. En estos años, se generaron instancias de diálogo, pero no se cristalizaron en acuerdos. Y en paralelo avanzó el proceso por la usurpación de la seccional”.
Hace unas semanas, en su declaración, Cárdenas sumó que el tatarabuelo de Salinas, Felidor Salinas, estaba en ese territorio desde 1900.
Desde la Administración de Parques Nacionales (APN) señalaron que en 2019 “la comunidad mapuche Paillako Futalaufquen Mew, a la que pertenecen Cruz Cárdenas y María Belén Salinas, se adjudicó la ocupación de la zona del Arroyo Cascada” y que luego “expandieron la ocupación a la ex Población Felidor Salinas, a la Seccional El Maitenal y finalmente al valle del arroyo Rañinto”.
Agregaron en la demanda que “desde el inicio de la ocupación se registraron hechos de vandalismo, agresiones a los guardaparques y se identificaron focos de incendios intencionales casi a diario en las temporadas de verano”.
En 2024, la justicia federal determinó que “los derechos de ocupación tradicional de los pueblos indígenas no justifican la usurpación de tierras, ni el uso de medios ilegales para recuperar territorios”. Sin embargo, el abogado Gustavo Franquet sostuvo esta semana que “la condena por usurpación no corresponde según los tratados internacionales cuando miembros de pueblos originarios están en conflicto con el Estado”.
Por su parte, durante el juicio, Cárdenas desmintió por completo haber participado en hechos de violencia y “mucho menos de agresión a los bosques”.
En el juicio que culminó la semana pasada, también declararon guardaparques y funcionarios de la institución. Los defensores de la Gremial de Abogados afirmaron que muchos de esos testimonios “demostraron no solo tener un libreto pautado, sino además un alto grado de racismo y prejuicios”.
Tras conocerse las condenas, los abogados indicaron que apelarán, dijeron que el final del juicio fue “un verdadero escándalo” y acusaron a juez Enrique Baronetto de haberse “subordinado” al poder político y, sobre todo, “a los grandes latifundios”.
Paz García Pastormerlo,Conforme a
POLITICA
Con Espert en el público, Milei presenta en la cárcel de Ezeiza un nuevo Código Penal que endurece penas
El presidente Javier Milei presenta esta tarde junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cárcel de Ezeiza, el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal que incluye castigos más severos al accionar delictivo.
El candidato bonaerense José Luis Espert, que se encuentra en medio de la polémica por los supuestos aportes de campaña en 2019 por parte de un empresario acusado de narco, se ubica en la segunda fila del público, en una nueva muestra de respaldo presidencial.
La iniciativa introduce cambios en la libertad condicional, los delitos patrimoniales, el crimen organizado y las manifestaciones. La presentación está a cargo del presidente Milei y de Bullrich, mientras que también lo acompaña el ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero debajo del palco central.
El nuevo proyecto de Código Penal viene a reemplazar el actual texto vigente desde 1921, -más de 100 años- que tuvo cientos de parches, por lo que se pretende con la norma depurar las viejas conductas ya no penadas, penar nuevas y hacer congruentes las penas.
Milei fue el que eligió el lugar para presentar el nuevo Código Penal, la cárcel de Ezeiza, como mensaje simbólico de que “el que las hace las paga”, uno de las consignas del Gobierno, que suele repetir la ministra Bullrich.
A un lado del escenario donde se sentaron Milei y Bullrich se desplegaron unos 100 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal, algunos de ellos con los cascos y escudos antimotines.
Noticia en desarrollo
Hernán Cappiello,Conforme a
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El Senado le dará otro revés al Gobierno: rechazará los vetos de Milei al Garrahan y Universidades
En una nueva sesión compleja para el Gobierno libertario, la oposición senatorial rechazará este jueves los vetos presidenciales a las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, en un encuentro que comenzará desde las 10 y será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.
No será la primera vez que el Gobierno reciba un trompazo de este tipo: a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tuvo que reglamentar de manera obligatoria, aunque días más tarde la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución. Por ende, algo probable que vuelva a ocurrir para los temas que se discutirán hoy en el recinto.
Emergencia pediátrica
Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
Universidades
El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas necesitarán dos tercios para incluir a ambos sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para rechazarlos. Esto no será un problema. En la Cámara alta, las leyes fueron sancionadas por amplio margen el 21 de agosto pasado: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.
En ese encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue negado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich– Carolina Losada(Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.
El otro temario
Para el convite de las próximas horas también aparece la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. Otra iniciativa a debatir es la que empuja Romero para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso.
El salteño suma otra relacionada con retiros voluntarios para la planta transitoria de la “Casa”. En tanto, dos tratados impositivos internacionales quedarían para el final de la sesión, aunque el kirchnerismo se rehusaría a votarlos, tal como ocurrió en la última ocasión en el recinto.
Durante la jornada de ayer, llamó la atención la baja del ímpetu que agitaba el Frente de Todos, que comanda José Mayans (Formosa), sobre distintos pedidos para interrogar a funcionarios libertarios. Esto no significa que no pretenda plantear algo hoy.
El problema es que un sector de la oposición senatorial busca diferenciarse de las órdenes que Cristina Kirchner envía hacia dicho interbloque -ya hay ruido interno por posturas divergentes en algunas leyes-, a través de las cuales intenta manejarlo por control remoto desde su prisión domiciliaria. Mismo caso para la declaración de interés público y estratégico la cuestión nuclear. Los dos puntos requerirían dos tercios para ser habilitados. No obstante, en esta Cámara alta, nunca hay que descartar sorpresas.
Health / Medicine,South America / Central America,Civil Unrest,BUENOS AIRES
José Bonacci, presidente del partido Unite, se pronunció este miércoles sobre las declaraciones del candidato José Luis Espert. El postulante de La Libertad Avanza responsabilizó al sello partidario por el presunto apoyo logístico de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019. Sin embargo, Bonacci negó de forma categórica la versión del diputado nacional durante una intervención telefónica en un programa del canal A24.
El titular de Unite intervino en el mismo programa televisivo minutos después de la participación de Espert para refutar sus afirmaciones. Ante la consulta sobre si los aportes logísticos de una camioneta Grand Cherokee blindada y viajes en avión de Fred Machado se destinaron al partido o al candidato, Bonacci fue contundente. “Al sello partidario tengo que decirte rotundamente que no”, afirmó.
El dirigente partidario diferenció el destino de la ayuda logística. “A Espert evidentemente sí, hay 30 viajes”, agregó. Además, Bonacci negó conocer a Machado antes de esa contienda electoral: acusó directamente al economista por sus declaraciones previas. “Lo respeto profundamente, lo quiero pero, en este caso, está mintiendo. No fue el sello partidario quien le proveyó los medios de locomoción”, sostuvo.
Minutos antes, José Luis Espert se desvinculó de la responsabilidad en el manejo de los fondos para su campaña de 2019. El ahora candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente a la estructura que lo impulsó. “Quien maneja los recursos de los candidatos no es el candidato sino el sello”, explicó.
Sobre la presunta ayuda de Machado, el economista insistió en su postura. “Que él nos haya querido ayudar en 2019 es un tema del sello partidario con el cual yo competí“, sentenció.
Ricardo Pristupluk
Espert se negó a responder en repetidas ocasiones si recibió o no la suma de US$200.000 por parte de Machado. Admitió que viajó en un avión privado del empresario durante la campaña y que utilizó una camioneta Grand Cherokee blindada. Aclaró que en ese momento “desconocía” que el vehículo pertenecía a Machado.
El diputado argumentó su falta de control sobre la logística con su inexperiencia en la política en aquel momento. “En campaña, el partido te da el traslado, hacía lo que me decía el partido. En ese momento yo vivía en una nube de pedos, recién entraba en política”, explicó. Para reforzar su defensa, Espert repitió un concepto central: “Un candidato no maneja fondos de campaña”.
Las dudas sobre el financiamiento de la campaña de Espert resurgieron a partir de una denuncia que presentó el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois. El candidato de La Libertad Avanza calificó la acción judicial como una “causa refritada” que data del año 2021.
Anunció que responderá en la justicia. “A Grabois le voy a contestar donde radicó la demanda y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”, señaló. Además, afirmó: “No le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de la campaña”.
Fred Machado es un empresario argentino que fue detenido en Neuquén por orden de Estados Unidos, acusado de lavar dinero de narcotraficantes. Actualmente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma. Espert reconoció que conoció a Machado a principios de 2019, meses antes de su postulación a presidente por el partido Unite en las elecciones de agosto de ese año.
Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.
responsabilizó al sello partidario por el presunto apoyo logístico de Fred Machado,minutos después de la participación de Espert,Audiencia,José Luis Espert,Foco,,Campaña accidentada. Qué se sabe del vínculo de Espert con Fred Machado y la reacción del Gobierno,,»La confesión más obscena». La reacción de Grabois luego de que Espert se negara a confirmar si recibió o no US$200.000 de Fred Machado,,»Tiene que contestar claro». Bullrich insistió en su reclamo a Espert y pidió: «Hay que salvar al Presidente»,Audiencia,,Buscan a tres prófugos. Triple crimen: qué se sabe del traslado del ladero de Pequeño J y cómo avanza la investigación este jueves 2 de octubre,,»No son profesionales». Triple crimen: una perfiladora criminal aseguró que “Pequeño J. es igual de descartable que sus víctimas»,,“Es un ritual antes del sacrificio”. Un investigador del narcotráfico peruano explicó el modus operandi de las bandas y qué pasó con las chicas asesinadas
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