POLITICA
Claudio Vidal: “Muchos tomamos la opción de agachar la cabeza y trabajar por las provincias; el que quiera pelear, que lo haga”

EL CALAFATE.− “Guillermo Francos se merece el (premio) Nobel de la Paz”, asegura sin ironías y con convicción Claudio Vidal, en referencia al jefe de Gabinete, por pacificar la relación del gobierno nacional con las provincias. Instalado en esta ciudad durante tres días, el gobernador santacruceño cuestionó, de todos modos, los modos agresivos del presidente Javier Milei y pidió respeto y diálogo.
En medio de una agenda en la que inauguró un congreso de empresas mineras, se reunió con dirigentes peronistas, jugó al fútbol con chicos de clubes barriales e hizo pie en una ciudad con una fuerte impronta kirchnerista, Vidal recibió a en la residencia de los gobernadores. Aquí se enteró de la aprobación de la ley que impulsó: la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, que llevó de 5 a 9 los jueces de la Corte provincial, en una intención que busca, en sus palabras, terminar con “una justicia que hace política desde la oposición”.
Dijo haber sentido “dolor” ante las denuncias sobre las contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuestionó los recortes en el área, afirmó que hay provincias que están colapsadas y pese a ello, dijo que son las que contienen “todo lo que abandonó la Nación”. También resaltó el rol de “Provincias Unidas”, el frente que integra con otros cuatro gobernadores, mientras se mostró esperanzado por la inminente reactivación de las represas.
−¿Por qué impulsó la ampliación del Tribunal Superior?
−La ampliación tiene que ver con un reclamo genuino de la sociedad, un reclamo de muchos años. Justicia imparcial, alejada de la política. Una justicia conformada por técnicos, por profesionales que se ajusten al derecho y que trabaje en servicio para la sociedad. Una justicia ágil, que termine con la impunidad de algunos que creen que los recursos del Estado pasan a ser propiedad de un individuo. Es un gran proyecto, cuestionado por los que ven hoy en riesgo la misma forma de seguir operando desde la justicia. De una justicia que hace política desde la oposición.
−¿Avanzaron las denuncias de corrupción de la gestión anterior?
−No, no, no. Lo que me da a pensar que hay una justicia cómplice, ¿no? No solamente por la historia en nuestra provincia, sino porque incluso tampoco avanzaron ante pedidos de investigación que hizo nuestro gobierno… entonces esta era una alternativa. Hace unos días ingresaron al Tribunal de Cuentas de la provincia. Ese es otro de los proyectos que llevamos adelante y que estamos ampliando también, porque necesitamos agilizar el control de la administración pública en la provincia. Hay algunos entes importantes en la provincia que no se auditan hace años, municipios que no se los puede tocar, no se los puede observar, no se los puede mirar.
−¿Cómo armará las ternas para evitar sesgos políticos?
−Primero, escuchar. Hay muchos interesados en aportar ideas, nombres. Voy a escuchar a todas las partes, yo soy parte de un frente electoral, soy una persona que tiene relación institucional con muchos sectores de nuestra provincia. Hay que conformar las ternas pero realmente lo que buscamos es un mejor funcionamiento de la justicia. Hasta acá muchas cosas que se dieron en la provincia fueron totalmente injustas. Y la sociedad ha cuestionado este modelo de justicia en los últimos años. Miren qué dato importante. El sindicalismo argentino en el país es muy cuestionado, pero la justicia mucho más. La justicia tiene más imagen negativa en nuestra provincia que otros sectores. Bueno, quiere decir que algo hicieron mal. Y nos exige a nosotros tomar una decisión distinta.
−En los últimos días hubo un robo en el Tribunal de Cuentas, ¿cree que ahora aumentaron el control sobre su gestión?
−Está bien que nos controlen, pero sería mucho mejor que los que controlan sean imparciales y controlen también el pasado, que nunca se observó en el caso de la obra pública, en el caso del IDUV [Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda]. Muchísimas obras se comenzaron y luego se cancelaron totalmente. Las que se cancelaron parcialmente, las certificaciones con los pagos que salieron desde el IDUV, no coinciden. Empresas ligadas directamente a funcionarios o familiares de esos funcionarios. Y esas denuncias fueron presentadas en la Justicia. Pero, además, hoy el Tribunal de Cuentas está conformado por la esposa de Fernando Basanta, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia y otras personas vinculadas directamente a familiares de la política opositora. Pero bueno, las cosas son así. No nos gusta porque no hay imparcialidad y porque no hubo justicia durante muchos años, y pretenden que las cosas sigan de la misma manera. Así que en este punto corresponde agradecer a los diputados que tuvieron el coraje, la valentía y la firmeza de defender estos proyectos que van a marcar un cambio en Santa Cruz.
−Desde el kirchnerismo cuestionan el aumento de presupuesto que significarán cuatro vocales, ¿qué les dicen?
−La verdad que me preocupa el grado de caradurez, porque los que cuestionan esto son los que utilizaron la Justicia para cargarla de militantes políticos defendiendo un proyecto, espero que no se ofendan, que fue totalmente catastrófico. Es increíble el deterioro de las instituciones, la falta de políticas de Estado, la falta de nuevas infraestructuras. Es increíble esa mirada errónea que indicaba y ordenaba que la única generación de empleo tenía que ser dentro del Estado, que generó un colapso en donde hoy cuesta mucho juntar cada peso para poder cubrir salarios en una provincia donde somos bendecidos por Dios, tenemos muchísimos recursos pero nunca se generó la posibilidad de generar más valor agregado, puestos de trabajo genuinos con salarios dignos. El argumento es que los que gobernaron durante 32 años tienen la solución para mejorar hoy nuestro presente. ¿y porque no lo hicieron antes? Tuvieron un poquito más de tres décadas.
−Ayer destacó el rol pacifista de Guillermo Francos, ¿Cómo está el vínculo con el gobierno nacional?
−Yo primero reconozco que hay funcionarios que tienen buena predisposición. Los que están en política, los que tiene algún tipo de relación con el gobierno nacional, los grandes empresarios de este país, el que se informa y sabe qué va sucediendo en cada provincia y en el país, ¿quién lo puede negar? Claramente a Guillermo Francos hay que entregar el Premio Nobel de la Paz, porque ha tenido una paciencia… Es la persona que llegó a la jefatura de gabinete para poner paños fríos a la relación de la Nación con las provincias. Tenemos un Presidente que le falta el respeto constantemente a la dirigencia política sin darse cuenta que hoy hace política. Lo bueno es que no todos nos prendemos en esa. Porque si uno quiere ser vulgar es muy fácil serlo. Si uno quiere ser atrevido e irrespetuoso también es muy fácil serlo. Sin embargo, muchos elegimos la opción de los gobernadores de agachar la cabeza y seguir trabajando por nuestras provincias. Y el que quiera pelear, si tiene tiempo, que lo haga.
−¿Esa es la postura de Provincias Unidas?
−Mire, yo creo que Provincias Unidas es mucho más: tiene que ser la posibilidad de reconstruir nuestro país a través de un proyecto. Ese proyecto no tiene que ser la persona, la figura o el dirigente. Ese proyecto tiene que ser el candidato. Y es algo que tenemos que discutir entre todos en una mesa con conceptos muy claros: educación como base de la sociedad y el trabajo y la producción como base fundamental de la economía que necesita nuestro país para poder dar ese salto que nos permita a los argentinos poder vivir mejor en un país rico con más de 50% de pobres. Para esto, ¿qué es lo que falta? Madurez política. Respeto, para poder consensuar a través del diálogo. Pensar, transmitir nuestros pensamientos en un debate profundo, con dirigentes responsables, escribir un proyecto y que ese proyecto sea nuestro candidato.
−¿Cómo cree que afectan al gobierno las denuncias en torno a la Andis?
−Mire, la verdad que no me extrañó, porque cuando uno delega mucho, cuando el que tiene la responsabilidad de gobernar delega mucho, suelen suceder estas cosas. Y no justifico para nada lo que está sucediendo. Porque justamente se estuvo discutiendo la posibilidad de sacarle derechos a un sector de la sociedad que realmente necesita el respaldo y la protección del estado. Hay cuestiones que no se tocan. Y aparece esto y la verdad es contradictorio. Duele. Molesta. Porque además, hoy veo que mi provincia, como hace muchos años, complicada económicamente. Hay un montón de recursos que dejaron de llegar y entiendo lo del desmanejo de fondos públicos en los años anteriores, pero también me parece que esto de que no hay plata y te saco esto y te saco lo otro… se funden las provincias que hoy estamos conteniendo todo lo que abandonó la Nación. Hay que tener cuidado, estoy preocupado porque veo muchas provincias colapsadas y gobiernos que no pueden afrontarlo por la falta de ingresos. Por eso insisto en esto: el respeto para poder tener diálogo.
−¿Por qué cree que el conflicto con los gremios docentes en Santa Cruz no se resuelve?
−Los últimos años del gobierno anterior hubo un promedio de 60 a 65 días de clases por año. Nosotros superamos esa cifra el año pasado. Y este año también. El año pasado otorgamos 64 puntos por encima de la inflación. En campaña dijimos: “Los docentes se merecen más del 100% de aumento.” El año pasado casi llegamos al 200% de aumento salarial y este año otorgamos 14 puntos más sobre la cláusula gatillo. La verdad que esto no sucedía en años, pero bueno, tampoco alcanza y más cuando hay un sector del gremio vinculado a una idea política ligada al sector que gobernó años atrás para desestabilizar este gobierno.
−¿Qué expectativa hay que se avance en la represa Jorge Cepernic?
−Costó muchísimo. Fue tanto el daño… primero que es un proyecto maravilloso, son energías renovables que podemos utilizar para comenzar a construir ese proceso de industrialización. Lamentablemente la mala política, la mala administración de esos fondos destinados para la construcción de la represa, fue lo que generó este impasse. A mí me costó muchísimo juntar a las partes de China y de Argentina, y conformar la mesa para que empiecen a dialogar. Ayer, cuando me enteraba de que comienzan a cotizar para comprar el cemento, fue una alegría. Falta la firma de la adenda, pero si están comprando el cemento… por algo es.
−¿La provincia ingresará como accionista en la Carboeléctrica Río Turbio SA?
−La verdad que no, porque hoy no tendríamos cómo afrontar ese gasto. No hay forma. La provincia todos los meses junta peso a peso y sale en busca de giro al descubierto, de anticipo de regalías para poder cubrir salarios. Y es muy difícil hacernos cargo de otra situación. Sí creo en la posibilidad de que a través de esta nueva empresa se puedan sumar voluntades del sector privado. Cuando escucho actores de la oposición criticar las acciones que se han tomado en YCRT, digo que si no fuese por este gobierno que tengo la responsabilidad de conducir, ya se hubiese cerrado. Fue gracias a la comunicación con el gobierno nacional que esto se pudo seguir sosteniendo. Ahora llegó el momento de producir, de extraer el recurso, de vender, de generar valor agregado con energía. A los que me critican les quiero recordar que no fue este gobierno el que saqueó los fondos públicos de ese gran proyecto que también habla de soberanía.
−¿Por qué eligió a su jefe de Gabinete, Daniel Álvarez para encabezar la lista de diputados nacionales?
−Como se dice en la calle, es buena persona. Es honesto, es trabajador, es creyente. Eso es lo que hace falta en la política, creer más en Dios. Y además ama su provincia. Es una persona que trabaja y se relaciona siempre con respeto. Algo clave que está faltando nuestro país. En nuestro país se perdió el respeto. No, no desde ahora, viene ya desde hace un tiempo esta situación. El respeto viene desde la casa, viene de los distintos lugares en donde la sociedad comparte espacio, momento. Nuestro país ha perdido el respeto.
Mariela Arias,Claudio Vidal,Guillermo Francos,Santa Cruz,Conforme a,Claudio Vidal,,Nuevo bloque. El frente lanzado por los cinco gobernadores ya tiene nombre oficial,,»Votantes blandos». El frente electoral de los cinco gobernadores podría restarle apoyo a Milei, advierten analistas políticos,,»El modelo de Milei no cierra». Los cinco gobernadores apuestan a largo plazo y parten de un diagnóstico común
POLITICA
Los gremios del transporte anunciaron un paro para el miércoles: qué servicios estarán afectados

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una jornada de protesta para este miércoles 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral que se tratará en el Senado.
La medida incluye una movilización al Congreso y un cese de actividades a partir de las 13 horas que afectará los sectores aéreo, marítimo, portuario y de subterráneos. Juan Pablo Brey, Secretario Gremial de la CATT, instó a la acción gremial al expresar: “El miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido”.
Reunión del Consejo Directivo en el marco del plan de lucha que se lleva adelante contra la Reforma Laboral, donde decidimos participar de la movilización, convocada el próximo miércoles 11 de febrero, con un cese de actividades a partir de las 13hs. pic.twitter.com/SEQZ5tbloR
— CATT (@CATToficialok) February 9, 2026
A través de un comunicado, la confederación calificó la iniciativa oficial como “regresiva” y denunció que “avanza peligrosamente sobre derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de décadas de lucha”.
Según el Consejo Directivo de la entidad, el proyecto gubernamental busca precarizar las condiciones de trabajo y debilitar la estabilidad laboral en beneficio de los sectores concentrados de la economía. Asimismo, señalaron que la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo es una falacia, advirtiendo que “hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos”.
Cómo será la semana de tensión política extrema: inflación, CGT y debates en el Congreso
Por su parte, el Secretario General de la CATT, Juan Carlos Schmid, sostuvo que la reforma “ataca los derechos constitucionales” y “violenta muchos de los acuerdos internacionales dispuestos por la Organización Internacional del Trabajo”.
En sintonía con este reclamo, la Confederación General del Trabajo (CGT) también se movilizará el mismo miércoles a partir de las 15 horas hacia la Plaza de los Dos Congresos. Jorge Sola, secretario del Seguro, anticipó que la protesta principal en la Ciudad de Buenos Aires será “contundente y multitudinaria”, replicándose además en diversas sedes de gobiernos provinciales.
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CGT,Paro,Reforma Laboral,Transporte
POLITICA
Reforma laboral: avanza el acuerdo entre el Gobierno y los aliados, pero se demora la versión final del texto

Como se suponía en la previa, la cumbre que mantuvo este lunes la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a sus pares dialoguistas para pulir la versión final de la reforma laboral no dejó un resultado contundente, más allá del ya reconocido acuerdo general para acompañar la iniciativa, situación que no corre riesgo. Lo que importará de verdad es la definición en particular del texto, con un puñado de artículos en puja y la eventual caída de la cuestión Ganancias, que ya empieza a ser mirada con cariño por todos los sectores.
Ante varios puntos que restan cerrar, ambos bandos continuarán con el ida y vuelta esta mañana y, desde las 14, irán a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión extraordinaria del miércoles. Anoche, un legislador cristinista deslizó a Infobae que se analizaba no asistir a dicho encuentro. Es que, allí, oficialismo y dialoguistas intentarán consensuar los tiempos de exposición en el recinto, algo trascendental para no desacomodar el tratamiento de un tema delicado que, por ahora, parece ser la única receta en manos del kirchnerismo. No obstante, toda La Libertad Avanza sigue con guardia alta.
Quienes se mostraron durante el convite de anoche, que terminó cerca de las 22 -más de tres horas de duración- fueron Bullrich (Ciudad de Buenos Aires); los titulares de la UCR, el PRO y Provincias Unidas, Eduardo Vischi (Corrientes), Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente; y terminales de gobernadores como Flavia Royón (Salta) y Carlos Arce (Misiones).
También aparecieron Edith Terenzi y Beatriz Ávila, alineadas con los mandatarios locales Ignacio Torres (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). No se vio a la neuquina Julieta Corroza y quien volvió a ausentarse fue la santacruceña Natalia Gadano. Hay quienes miran con atención a ella y a su colega José María Carambia, por el sugestivo silencio de los últimos días.
“Fuimos modificando cuestiones, en muchos casos, que son menores. Lo importante es que el objetivo de la ley está bien, está tal cual lo que se plantea desde el Gobierno y buscando los consensos para llegar a este miércoles”, sentenció Vischi al término de la velada.

Menos específica fue Bullrich, que reiteró: “Nosotros hemos decidido llegar al miércoles y dar a conocer cuáles son los cambios. Estamos todavía terminando el debate“. Lo cierto es que en las próximas horas ocurrirá lo más jugoso: la presidenta libertaria en el Senado le mostrará hasta dónde estarán los votos en cada capítulo y artículo al Ejecutivo. Es decir, qué podrá y no salir.
A partir de aquí, la decisión de ceder o no pasa a Balcarce 50, que días atrás viró de una postura dura a una flexible. ¿Qué hará ahora? Horas atrás llegó un guiño desde allí sobre Ganancias. Anoche, Bullrich no confirmó la defensa a ultranza ni prometió la caída del artículo.
“Entre lo que llegó de allá y lo de acá, parece bastante claro a esta altura”, confiaron desde un despacho al tanto del embrollo. Vale recordar que, como contó Infobae desde hace semanas atrás, quien más perdería ante una baja de la coparticipación sería la Nación -rebaja en Ganancias a grandes empresas, por ejemplo-, que busca cumplir los lineamientos del FMI y con su mandamiento de oro de déficit cero. Entonces, ¿a quién beneficiaría?
Goerling fue otro de los que opinó al cierre del día. “Acá, el foco está en la ley laboral. Eso es lo importante, lo que estamos debatiendo y lo que la Argentina hace muchos años, décadas, quiere sacar y nunca se puede. Creo que estamos muy cerca de lograr ese acuerdo y que va a ser histórico. El tema de Ganancias es otra cuestión que está dentro de la ley, que todavía se está discutiendo”.
No sorprendió, a horas de la sesión, la asistencia del respetado secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian. Lo curioso fue que trascendió un supuesto enojo de la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, por no participar de la “rosca”. Difícil de resolver para Bullrich y dialoguistas: la presidenta del Senado es la única autoridad que no registra el presente en la “Casa”, como sí lo hace el resto en el famoso tablero digital. Es un vicio que permitió su anterior vocero y que aún avala su renovada y súper profesional mesa chica. Al resto de los empleados les corre la huella para cumplir con las horas obligatorias.
POLITICA
La Iglesia volvió a cuestionar el régimen penal juvenil: “Bajar la edad no reduce el delito”

La Iglesia Católica, a través de un comunicado firmado por Cáritas Nacional y las Comisiones Episcopales de Pastoral Carcelaria y Social, volvió a cuestionar el Régimen Penal Juvenil de cara a su tratamiento en el Congreso. “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, indicaron.
En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, afrimaron: “La reducción de la edad de imputabilidad constituye un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional”. A su vez, advierten que esta reforma habilita la intervención penal y la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes que no han alcanzado la edad legal, “tratándolos como punibles, sin garantizar un debido proceso adecuado, bajo supuestos criterios educativos o curativos, e incluso permitiendo internaciones de carácter indefinido”.
“Introduce un alto grado de arbitrariedad al combinar criterios de salud mental con pronósticos criminológicos que no cuentan con sustento científico”, contunió la Iglesia con sus cuestionamientos respecto del proyecto impulsado desde el Gobierno.
En ese sentido, plantearon que tampoco garantiza que haya un descenso en la cifra de criminalidad en menores, puesto que solo “habilita la aplicación de reglas del derecho penal adulto” y “permite el alojamiento en cárceles o dependencias de fuerzas de seguridad”, pero “no asegura defensa técnica especializada”.

La carta denuncia que la iniciativa prevé “penas desproporcionadas para adolescentes, sin una diferenciación razonable respecto de los adultos ni entre delitos leves y graves, ni entre adolescentes de distintas edades”, lo que contradice los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y progresividad. Apuntaron que la propuesta no se corresponde con un aumento de los delitos juveniles: “Los datos disponibles muestran que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja: apenas el 0,42 %. Además, la mayoría de los delitos cometidos por este grupo etario —alrededor del 80 %— son contra la propiedad, principalmente robos, mientras que los delitos graves, como los homicidios, resultan excepcionales”.
En el plano ético y social, la Iglesia sostuvo: “En un mundo atravesado por el avance de la cultura del descarte, sostenemos que los adolescentes y jóvenes no son una amenaza, sino presente y esperanza; protagonistas indispensables de una transformación profunda”. Por esto mismo, expresaron su dolor por la “creciente tendencia a perseguir y hostigar a quienes son más frágiles y vulnerables” y afirmaron que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal “instala en el imaginario colectivo la idea de que niños y adolescentes son peligrosos”. Mientras tanto, plantearon que los verdaderos peligros para las zonas más vulnerables, como el avance del narcotráfico y la criminalidad “continúan funcionando con altos niveles de impunidad”.
De esta manera, evocaron al Papa Francisco al decir: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden ser imputables. Ellos, en cambio, deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto en lo que se refiere a políticas de inclusión como a prácticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la vida y por los derechos de los demás”.
De igual forma, aclararon que, como la mayoría de los argentinos, están “convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil” y reconocieron que “existe un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes”.
Sin embargo, aclararon que “la baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza”. «La realidad nos coloca ante una disyuntiva decisiva: o profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desafío de construir un entramado social que cuide, incluya y repare”, dijeron en su mensaje.

Como alternativa, la Iglesia y las organizaciones que la acompañan proponen un enfoque preventivo. Así, propuesieron: “La intervención penal debe ser la última respuesta para promover la protección integral de la niñez”. Para los menores de dieciséis años, sugirieron un “abordaje en manos de los Juzgados de Familia y de todo el Sistema de Protección y Promoción de Derechos y no del sistema penal” y recomendaron políticas públicas direccionadas a tratar cuestiones de salud mental y adicciones, al tiempo de reforzar el acompañamiento familiar y comunitario. Mientras tanto, para los adolescentes mayores de dieciséis años que cometan delitos graves, la aplicación de justicia restaurativa, que “ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0 %”.
Las palabras de la Iglesia se dan luego de que el Gobierno haya incluido los cambios en el Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias. De hecho, hace tan solo una semana, la Conferencia Espiscopal Argentina expresó sus dudas respecto al proyecto.
El documento, titulado “Más oportunidades que penas”, cita interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma Conferencia, entre ellos: “¿Dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad?” y “¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente?” Asimismo, se pregunta por las condiciones y los dispositivos disponibles en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen, así como por la efectividad de las instituciones penitenciarias para abordar el problema.
La Conferencia Episcopal reafirmó la convicción de que es “imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.
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