POLITICA
Contratos e irregularidades bajo la lupa: el apellido Menem sobrevuela varias causas abiertas en la Justicia federal
Los nombres de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, y el de Martín Menem, su primo, presidente de la Cámara de Diputados, aparecen sobrevolando en media docena de expedientes judiciales que tramitan en la justicia federal donde se investigan compras del Estado e irregularidades en las agencias de PAMI de Chaco, La Plata y Misiones.
La causa principal que puso a los Menem en la mira es la que se abrió en Comodoro Py por una denuncia del abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dalbón, luego de la difusión de audios obtenidos de manera clandestina sobre supuestas coimas en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que aparecieron primero en el canal de streaming Carnaval, financiado por el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y ultraopositor al Gobierno.
Se trata de las expresiones de Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, quien en grabaciones editadas señaló que en las compras de medicamentos se cobraba un 8% de coimas, supuestamente canalizadas a través de la droguería Suizo Argentina, y donde Karina Milei y Lule Menem aparecen señalados como presuntos receptores del 3% de esos sobornos.
Esta causa tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, con Franco Picardi como fiscal.
Los audios fueron grabados hace un año y filtrados en vísperas de las elecciones. No obstante, los hechos a los que se refieren son verosímiles para los investigadores judiciales.
En la causa fueron allanados Spagnuolo; la Andis; el exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, quien en los audios es señalado como el presunto intermediario ubicado por Lule Menem y la droguería Suizo Argentina. También fueron secuestrados los celulares de Spagnuolo, Garbellini y los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la droguería.
El 25 de agosto, Lule Menem calificó las acusaciones en su contra como “una burda operación política del kirchnerismo, y aseguró: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones de la Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”.
Por su parte, en declaraciones al canal A24, Martín Menem calificó a los audios de Spagnuolo como “una monumental operación a dos semanas de las elecciones”, y afirmó: “El contenido es falso y pongo las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei“.
El fiscal Picardi tiene delegada la investigación y analiza con auxilio de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) los expedientes de compra de esos medicamentos. Buscan indicios de irregularidades, ya sea sobreprecios, cartelización o direccionamiento de las compras que corroboren lo que dicen esos audios.
Spagnuolo ya se presentó en el expediente con sus abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze. Lo mismo que los Kovalivker, patrocinados por Martín Magram. La estrategia apunta a anular el caso porque se originó por un audio de origen dudoso.
Este expediente fue el último que apunta a los Menem y a Karina Milei, pero desde hace meses otros casos ya tramitan en tribunales.
Uno en particular se refiere a las licitaciones de Suizo Argentina contra los mismos señalados ahora. Fue investigado por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Casanello, que terminó archivándolo, sin evidencias de que se hubiera cometido delito alguno.
Pero ya se investigaba en tribunales desde julio pasado una causa por un contrato entre la empresa de seguridad Tech Security y el Banco Nación por casi 4000 millones de pesos.
La denuncia fue del dirigente justicialista Juan Ricardo Mussa, y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Acusa a Martín Menem de haber favorecido a Tech Security SRL (empresa de su familia) en la licitación que le permitió obtener un contrato con el Banco Nación por casi 3933 millones de pesos.
Mussa pidió el juicio político de Martín Menem y lo acusó de abuso de autoridad, tráfico de influencias, violaciones de la ley de Ética Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Martín Menem había cedido sus acciones a su hermano Adrián Menem, el 6 de diciembre de 2023. El resto eran de su otro hermano Fernando y de Pablo Vázquez, exjefe de seguridad de River. Hizo la cesión cuatro días antes de asumir como presidente de la Cámara de Diputados.
La empresa fue adjudicataria de licitaciones no solamente con el Banco Nación, sino también con otros organismos públicos, como el Hospital René Favaloro, de Rafael Castillo, por 1.312.819.200 de pesos.
Traslados, seguridad en eventos masivos y custodias personales o patrimoniales son algunos de los servicios que ofrece la firma, que trabajó para la Ciudad, el municipio de Vicente López, el Ministerio de Cultura, el club River y la AFA. Los caminos se cruzan.
El juez Rafecas llamó a declarar a Mussa, que ratificó la denuncia y luego el magistrado le pidió al Banco Nación la información de la licitación para hacerse con los documentos y analizar si hay elementos para avanzar con el caso, dijeron fuentes tribunalicias a .
La otra investigación donde sobrevuelan los nombres de Lule Menem y Karina Milei arrancó en febrero y fue llevada adelante por el fiscal Guillermo Marijuan en una causa que le delegó el juez Casanello.
En esa causa, Marijuan pidió indagar a Pablo Miguel Ansaloni, diputado nacional de la Libertad Avanza; a Julio Cordero, secretario de Trabajo; a Claudio Alberto Aquino, director nacional de Asociaciones Sindicales de la Secretaría de Trabajo; a Marcelo Petroni, interventor de Osprera, la obra social de los trabajadores rurales; a Marcelo Agustín Andrada, exsecretario general de la seccional La Plata de la Uatre, y a Aixa Laura Petriati, exsubdelegada por Buenos Aires de ese gremio.
Marijuan no imputó a Lule Menem, pero su nombre aparece mencionado en el expediente. “Nosotros somos Lule y Karina”, dice un chat que Petroni le envió a su asesor de prensa y que el fiscal cita en el dictamen donde pide su indagatoria.
Se trata de una denuncia que planteó José Antonio Voytenco, secretario general de la Uatre. El gremio y su obra social fueron disputados, como botín político y económico, por este gobierno y los dos anteriores.
La causa arrancó con una denuncia contra Voytenco que tramitó en el juzgado federal de Lomas de Zamora de Federico Villena, competencia territorial asignada porque el gremialista tiene una casa en esa jurisdicción.
La fiscal Cecilia Incardona denunció a Villena por intentar quedarse con la causa asignándose una competencia que no le correspondía y finalmente el caso terminó en Comodoro Py.
A la par de esta denuncia, el Gobierno avanzó con la intervención de la obra social de la Uatre, una caja de 10.000 millones de pesos por las compras que realiza.
Desde el entorno de Voytenco señalaron que el operador judicial Guillermo Scarcella, exfuncionario de Daniel Scioli y allegado a Karina Milei, los visitó para tratar de que desistieran de seguir adelante.
Ahora la moneda se dio vuelta: es Voytenco el que denuncia y, con el apoyo de Marijuan, consiguió acorralar a su opositor en el gremio, el diputado libertario Ansaloni.
Otra vez, aparecieron mensajeros, pero al revés, para ofrecer a los imputados por Marijuan una salida para el expediente.
En medio quedaron los contratos de Osprera. Uno que llamó la atención fue con la firma Htech Innovation, suspendido desde que conoció su existencia.
Además del nombre “Tech”, que se repite en otras firmas ligadas a Martín Menem, esta empresa tiene otras cosas en común con la que ganó el contrato del Banco Nación.
Se trata de un contrato otorgado a la empresa de Sergio Andrés Aguirre, un socio de Martín Menem. La decisión de otorgarlo fue del interventor de Osprera, Petroni, el del chat en el que afirma: “Nosotros somos Lule y Karina”.
La empresa Htech Innovation fue constituida por Aguirre en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder.
Aguirre es socio de Menem (cada uno tiene el 50% de las acciones) en la empresa TR Nutrition, que se dedica a la importación y comercialización “de todo tipo de productos y suplementos orgánicos, naturales y/o dietarios”.
En agosto de 2024, la gestión de Milei, mediante el decreto 720/2024, dispuso la intervención de Osprera, la segunda obra social más grande del país, con 500.000 afiliados.
Htech Innovation fue contratada meses después por la primera interventora designada por el Gobierno en Osprera, Virginia Montero, para realizar trabajos en los sistemas informáticos en la obra social. En noviembre de 2024, recibió dos pagos por $40.251.879 y por $7.733.119. Las facturas que usó fueron las primeras del talonario: la 0000001 y 0000002.
El sitio de investigación El Disenso publicó por primera vez esas facturas y reveló, además, que el 5 de julio, Aguirre y la interventora Montero ingresaron a Casa Rosada para reunirse con Lule Menem.
Hasta que fue suspendido, el contrato de Osprera con Htech Innovation era de entre $16 millones y $20 millones de pesos mensuales. Pero la firma habría facturado más de $150 millones en los nueve meses que duró la contratación.
El Gobierno intervino Osprera tras denunciar un déficit mensual de unos $5000 millones y deudas por $80.000 millones con droguerías y prestadores médicos. En la Casa Rosada niegan que Martín o Lule Menem hayan tenido injerencia en la intervención y rechazan que hubieran existido reuniones para la contratación de Htech Innovation.
Completan el cuadro judicial las investigaciones de la justicia federal de Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Chaco y Buenos Aires por supuestos pedidos de los jefes de las delegaciones del PAMI de parte de sus sueldos a los empleados.
La mayoría de las delegaciones del PAMI en las provincias responden a Lule Menem, como parte del despliegue territorial de los hombres de Karina Milei, en tanto que la cabeza del organismo es controlada por el ministro de Salud, Mario Lugones, que se referencia en Santiago Caputo.
“A toda persona que entra en La Libertad Avanza le piden entre un 10% y un 15%”, dijo Viviana Aguirre, extitular del PAMI en La Plata. Dijo que presentó en marzo pasado una denuncia en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla.
En el Chaco, el martes allanaron la sede del PAMI en Resistencia en medio de una investigación judicial por pedido de dinero a funcionarios. Encontraron que se contrató directamente a una empresa de traslados y sepelios que pertenece a Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza del Chaco.
En Santa Cruz, el titular provincial del PAMI, Jairo Guzmán, desplazó al jefe de la sede de Caleta Olivia, Sergio Torres, luego de que este denunciara que le exigían realizar un aporte del 10% de su salario.
Hernán Cappiello,Martín Menem,Karina Milei,Casos de corrupción,Conforme a,Martín Menem,,Análisis. Un escándalo surgido del mileísmo,,»Mejores amigos». Pagano dijo que Milei le presentó a Spagnuolo y que Martín Menem es “íntimo” de los Kovalivker,,»Violando la ley». Lilia Lemoine apuntó contra Jorge Rial por la difusión de un chat suyo con Martín Menem y dio explicaciones
POLITICA
Comenzó la audiencia pública sobre la modificación de la ley de Glaciares entre reclamos e impugnaciones
La audiencia pública por la modificación de la ley de glaciares comenzó con un pedido de impugnación de parte de legisladores de la oposición aduciendo que no se cumple con la ley que habilita la ponencia de la sociedad civil y de las organizaciones de la sociedad civil en la Cámara de Diputados.
El reclamo que lleva la firma de los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías; se presentó en la previa sosteniendo que las audiencias resultan “inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)“.
La presentación que se realizó al presidente de la Cámara, Martín Menem, obtuvo respuesta del diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, quien, al principio, señaló que “un grupo de diputados presentó una impugnación. Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas. La justicia federal de misiones dijo que el procedimiento es válido. Las medidas cautelares todas fueron rechazadas. La impugnación no la voy a leer y tampoco los fallos judiciales”.
No existe un canal administrativo al respecto, por lo que esto generó el primer conflicto del día.
El segundo fue el plazo. Mientras el plenario de comisión había definido que las exposiciones iban a ser de 5 minutos, los que hoy pudieron ingresar se encontraron con que el plazo para exponer era de 4 minutos, lo que generó el reclamo de parte de los expositores y los diputados de la oposición.
Mientras iban exponiendo los autorizados a ingresar -se anotaron más de 120.000 expositores y sólo se aceptó la presencia de 200-, mientras transcurría la primera hora de la audiencia diputados del peronismo frenaron la audiencia para reclamar que la seguridad de la Casa no dejaba ingresar a los expositores. Luego de varios minutos de discusión, el diputado Mayoraz tuvo que retirarse del recinto para ir junto a los legisladores de Unión por la Patria para habilitar el ingreso de aquellos que estaban anotados para exponer.
La mayoría de los expositores que se opone a la modificación de la norma hizo referencia a la restricción a la audiencia de los más de 120.000 inscriptos, anunciaron en casi todos los pasos que buscarán impugnar judicialmente la iniciativa y, en buena parte de los casos, apuntaron contra los diputados del oficialismo a quienes acusaron en repetidas veces de “reírse” de las exposiciones.
Entre medio de tantos discursos que fueron señalando las razones por las cuales no se debía modificar la ley de glaciares, a favor del cuidado del agua y que “sólo 12 provincias definan sobre la totalidad del agua de los argentinos”, sólo el ministro de producción de San Juan apoyó el proyecto de LLA. Gustavo Fernández, quien fue abucheado en parte de su exposición, hizo referencia a que su provincia no tiene conflicto con el agua por las mineras sino “porque el kirchnerismo en los últimos 20 años abandonó las obras de mantenimiento del riego”, lo que generó aplausos del oficialismo. Pasado los 4 minutos, y mientras intentaba seguir hablando, los diputados de los bloques de la oposición le gritaron que se había acabado su tiempo. En ese clima se vive la audiencia.
Por el lado de los sectores que se oponen, el momento cúlmine estuvo de la mano de Marta Maffei, la ex diputada del ARI y autora de la ley original que el oficialismo intenta modificar. “El Senado votó un proyecto que deroga las claves de la ley actual, omite todos los recaudos legales y constitucionales», dijo la docente que formó parte de la Carpa Blanca a finales de los 90. “Esta audiencia es de una profunda ilegitimidad. Un puñado de diputados pretende sanear lo que quieren hacer convocando a esta farsa”, dijo la ex legisladora frente a los gritos de “mentira” que salían del bloque libertario y que Maffei respondía. Visiblemente enojada, señaló que su presencia “no convalida esta farsa” y que se reservaba el derecho de llevar adelante las acciones legales que crea necesarias. “Este es un proyecto regresivo y discrecional para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua”, finalizó.
La otra gran figura fue Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, quien señaló que se hacía presente “por una gran preocupación que es el agua. No es una mercancía, es un derecho que se le está quitando al pueblo”.
Otro de los más aplaudidos fue Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El abogado ambientalista y magíster en Derecho Ambiental, no solo señaló la falta de legalidad de la audiencia por incumplir con las normas establecidas sino que el hombre que negoció “durante 8 años” el Acuerdo de Escazú —el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe—, dijo que con la modificación no se genera seguridad jurídica porque “van a ver cientos de demandas con esta ley”. Luego de hacer un recorrido sobre los fallos a favor de la ley vigente, Nápoli dijo que “no necesita modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida”.
En otro momento de la audiencia, y mientras se iban encadenando exposiciones en contra, el abogado ambientalista Enrique Viale mencionó “las multinacionales que se verán beneficiadas con la nueva Ley de Glaciares: Vicuña, Barrick Gold y Glencore”. Luego, anunció que “mañana denunciaré a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función publica y cohecho”. La acusó de trabajar para el gigante Río Tinto. “No representa a Salta, representa a las mineras”, advirtió Viale.
Noticia en desarrollo
Senado
POLITICA
El Senado tratará la designación de Crexell como embajadora en Canadá y la promoción de militares
Mientras todavía siguen soportando las réplicas por los escándalos que salpican al Gobierno -el caso $LIBRA y los avatares turísticos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni-, el oficialismo intentará retomar la actividad legislativa en el Senado con el tratamiento en la Comisión de Acuerdos de la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá y de los ascensos de los jefes y de más de un centenar de efectivos de las Fuerzas Armadas.
La reunión está citada para este jueves, a las 14.30, y el kirchnerismo promete convertir a la Comisión de Acuerdos en una nueva caja de resonancia para sus denuncias sobre un supuesto pago de coimas para la aprobación de la Ley Bases por parte de la administración libertaria de Javier Milei.
El temario también incluye los ascensos al rango superior de los actuales jefes del Ejército, general de división Oscar Santiago Zarich, y de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirantes Juan Carlos Romay y Marcelo Dalle Nogare, respectivamente.
La figura de Crexell, que siempre negó las imputaciones, quedó en el centro de la polémica cuando en pleno debate de la Ley Bases en el Senado se filtró en los medios de comunicación que el Poder Ejecutivo iba a nominarla como embajadora ante la Unesco, organización de las Naciones Unidas para la educación, la cultura y las ciencias con sede en París.
De manera inmediata, el kirchnerismo usó el caso como una prueba del supuesto pago de canonjías a cambio del voto a favor de la primera ley impulsada por el gobierno libertario.
Las acusaciones se convirtieron en una denuncia penal que terminó desestimada en octubre de 2024 en un fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal 6 “por inexistencia de delito”. El dictamen judicial fue impulsado por el fiscal Daniel Rafecas quien, ante la vista del juzgado, concluyó que no había ninguna conducta reprochable.
“Tanto el hecho de que la senadora Crexell haya brindado su voto positivo a la ‘Ley Bases’, como los actos administrativos que hasta la fecha se hayan dictado en pos de la eventual designación de la nombrada en otro cargo, resultan ser conductas dentro de los parámetros legales y atinentes a las funciones públicas de sus intervinientes, sin que surjan del legajo otros elementos objetivos que permitan tacharlas de ilícitas, por lo que no les cabe reproche penal alguno”, opinó el representante del Ministerio Público.
Sin embargo, y aferrado al caso del senador entrerriano Edgardo Kueider, que fue detenido con varios miles de dólares sin declarar cuando intentaba cruzar de Brasil a Paraguay en la zona de la triple frontera, el bloque kirchnerista del Senado sigue hostigando a Crexell., que dejó de ser senadora en diciembre último.
Así lo hizo durante la sesión de la semana pasada, cuando la riojana Florencia López planteó una cuestión de privilegio en la que afirmó que el envió del pliego que nomina a la exsenadora como embajadora en Canadá “es la configuración (sic) del pago de la coima por el voto de la senadora Crexell de la ley Bases”.
“Hoy viene el Poder Ejecutivo a pagar una coima que le prometió a la senadora Crexell en el momento que se votó la ley bases en este recinto, por eso no podemos permitir la consumación del delito de cohecho activo y de cohecho pasivo dispuesto en el artículo 256 del CP, porque nosotros somos testigos calificados de que se produjo ese delito acá”, denunció López.
Le salió al cruce la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), quien tras informarle a López sobre el falló que exoneró a Crexell pasó al ataque y acusó a la senadora opositora de mentir.
“La acusación que acaba de hacer la senadora no sólo viola el principio de inocencia de la exsenadora (Crexell) sino que cae en una flagrante mentira al decir que hubo una coima en ese tratamiento”, afirmó Bullrich en directa respuesta a la intervención de López.
La designación de Crexell será el último tema de la reunión. Antes, la Comisión de Acuerdos tratará un paquete de ascensos militares, entre los que se destacan os ascensos de los jefes del Ejército, de la Armada y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
En el caso de Zarich (Ejército) será promovido al cargo de teniente general. Por su parte, Romay (Armada) y Dalle Nogare (Estado Mayor Conjunto) serán ascendidos al rango de almirante.
El paquete se completa con tres pliegos ómnibus con ascensos de 73 contraalmirantes de la Armada, de 66 promociones en el Ejército (generales de brigada, coroneles y tenientes coroneles)y de 38 efectivos de la Fuerza Aérea (comodoros y vicecomodoros).
Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a,,Revés para el jefe de la AFA. La Justicia le prohibe a Claudio Tapia ausentarse del país por 60 días,,Tenso descargo de Adorni. Ataques a la prensa, pocas precisiones y una estrategia articulada con Santiago Caputo,,La interna del PJ. Uñac pidió que el peronismo defina antes de fin de año quién será su candidato a presidente en 2027,Senado de la Nación,,Dudas sobre su futuro. Villarruel apuesta a 2027 sin un plan firme mientras sigue desde el Senado la interna del Gobierno,,Autoridades. La Comisión de Agricultura del Senado tendrá como presidente a un hombre de LLA y en Diputados quedaría para el PRO,,Había sugerido donarlo al Garrahan. Luis Juez apuntó contra Villarruel por el aumento de los senadores: “No quiero que me digan dónde donar la plata”
La Justicia rechazó un pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país durante 60 días. La medida la dispuso el magistrado Diego Amarante en la causa que investiga la retención de $19.300 millones en impuestos y aportes previsionales.
Los abogados de Tapia hicieron una presentación en este juzgado, que analizó el pedido y consideró que no correspondía otorgarle este permiso al jefe de la AFA que pretendía salir del país durante 60 días a un destino indeterminado. Desde el juzgado entendieron que no había datos concretos en el pedido elevado por Tapia.
Amarante consideró que “el análisis de las constancias acompañadas para sustentar el pedido permite concluir que las mismas no logran acreditar la necesidad ni la urgencia del mecanismo excepcional pretendido”.
El juez mencionó que la defensa de Tapia pidió en la presentación que se le autorizara al dirigente deportivo su salida por 60 días del país, a partir del próximo 20 de marzo, “oportunidad en la que vence el plazo para el cual ya ha sido autorizado bajo las condiciones y obligaciones oportunamente dispuestas”.
Mencionó que la defensa “invocó el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional amparado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, señalando que toda limitación a la libertad ambulatoria debe aplicarse con criterio restrictivo y proporcional”.
Además, que el pedido “se ajusta a los estándares procesales vigentes al fundarse en la inexistencia de un peligro real de fuga o de obstaculización, permitiendo mantener el control judicial sin imponer cargas desproporcionadas al imputado ni al órgano jurisdiccional”.
Sumado a que “el arraigo del imputado y su conducta procesal irreprochable, remarcando que se puso a derecho de inmediato y cumplió estrictamente con las obligaciones impuestas por esta judicatura”, y que “el pleno sometimiento a la jurisdicción se verificó objetivamente con su comparecencia a prestar declaración indagatoria, acto en el cual ejerció su defensa material sin que se registraran incidentes o dilaciones de ningún tipo atribuibles a su parte”.
Además del aporte de “diversas constancias vinculadas a las invitaciones y compromisos institucionales de Tapia que justifican la urgencia el permiso solicitado”, y que “se hizo referencia a precedentes jurisprudenciales de otros tribunales donde se autorizaron medidas de similar tenor”.
Los argumentos de la Justicia para rechazar un pedido de Claudio “Chiqui” Tapia para salir del país por 60 días
El juez advirtió que “la indeterminación de los destinos y la falta de una agenda cerrada en la solicitud de autos obstaculizan el objetivo de velar por la constante sujeción del encausado a la jurisdicción de este tribunal, máxime cuando no se advierte el supuesto desgaste jurisdiccional invocado por la defensa, habida cuenta de que este tribunal ha dado respuesta oportuna y célere”.
Amarante advirtió además que “la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente”.
El magistrado mencionó que “si bien recientemente este tribunal concedió autorizaciones para salir del territorio nacional a Tapia, la solicitud actual se proyecta bajo una modalidad genérica que difiere sustancialmente de los permisos excepcionales y acotados que fueran materia de pronunciamientos anteriores”.
Claudio Tapia, AFA
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