Tres funcionarios de diferentes estamentos del Gobierno afirmaron a Infobae que por ahora no está en evaluación una medida para alterar el estatus del Cartel de los Soles, a quien la Casa Rosada coloca al exdictador Nicolás Maduro como su principal líder, dentro del de Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Esta aclaración se hizo luego de que esta mañana se replicara en diversos portales y redes sociales un artículo de The New York Times publicado este martes y que se titula El Departamento de Justicia retira la afirmación de que el “Cártel de los Soles” de Venezuela es un grupo real.

La nota se sustenta en la acusación formal de la fiscalía estadounidense que acusó a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero mermando las afirmaciones acerca del funcionamiento del Cártel de los Soles.

El Departamento de Estado que preside Marco Rubio la había catalogado como una organización terrorista a mediados del año pasado y tuvo el acompañamiento formal de países como Argentina, Ecuador, Paraguay y República Dominicana.

El sábado por la mañana, la Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, comunicó la acusación formal de Washington sobre la figura de Maduro, su esposa Cilia Flores y otras cuatro personas más. Allí se refiere a un “sistema de clientelismo” y una “cultura de corrupción” impulsada por el dinero del narcotráfico.

La antigua acusación realizada por la administración estadounidense alude unas 32 veces al Cártel de los Soles y describe a Maduro como su líder. Pero la nueva lo menciona dos veces y afirma que, al igual que su predecesor, Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió este sistema de clientelismo.

Un funcionario del Gobierno interpretó ante Infobae que esto no implica que el Cartel de los Soles no figure como organismo terrorista para los Estados Unidos. Marca que, en todo caso, “es un cambio en la estrategia judicial de Washington” en línea con sus objetivos para negociar la transición política y las condiciones políticas por estas semanas venideras.

Una de las pocas figuras del ecosistema libertario en referirse al tema fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo. “Esto es 100% falso. Estados Unidos le está ofreciendo a Maduro que entregue a todos los miembros del Cartel de los Soles a cambio de salvarse él”, publicó este martes por la tarde en sus redes sociales, luego de que el artículo del Times fuera ampliamente difundido por diferentes sectores.

“En los registros de EEUU siguen siendo considerados organizaciones terroristas extrajeras”, aseguraron a este medio importantes fuentes oficiales vinculadas al ámbito de la Seguridad Nacional. “El Cartel de los Soles sigue activo tanto en las dos listas de referencia: la Foreing Terrorist Organizations (FTO) y la Specially Designated Global Terrorist (SDGT)”, indicó una fuente inobjetable.

Ante cualquier cuestión, en Casa Rosada vuelven a mencionar que no se moverán “un centímetro de la estrategia general de Trump”. Es por eso que, tal y como informó en exclusiva Infobae, la alianza estratégica llegó al punto de no convalidar nombres para la transición política en Venezuela (incluyendo a figuras como Edmundo González Urrutia y María Corina Machado) sin tener la venia de Washington, todo esto con el objetivo de no entorpecer las negociaciones políticas que Trump tiene con el régimen.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Maduro y otros líderes del régimen de cuatro cargos:

• conspiración de narcoterrorismo,
• conspiración de importación de cocaína,
• posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
• y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Al comienzo del texto se indica que esa cúpula abusó “de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos” por más de 25 años.

La acusación marca que se ofreció “protección policial y apoyo logístico” a grupos narcotraficantes como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua. En el documento se indica que Maduro está acusado de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y de facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para traer ganancias del narcotráfico.

En el artículo del Times se menciona que el término Cartel de los Soles se empleaba de manera coloquial desde hace más de dos décadas para referirse en términos más generales a la presunta complicidad de funcionarios y militares corruptos de Venezuela. Es decir, no como una organización que se rigiera bajo esa denominación exacta, pero que sí mantenía y avalaba procedimientos que daban lugar a hechos delictivos.

Es por esa razón que la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que detalla las principales organizaciones de narcotráfico, nunca ha mencionado al Cártel de los Soles. Tampoco lo ha hecho el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

La administración nacional de Javier Milei comunicó la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista el pasado 26 de agosto. En esa medida participaron funcionarios de la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Cancillería. La medida finalmente se aplicó a través de la publicación de la Resolución Conjunta 4/2025.

“Este grupo criminal transnacional es encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, según un informe el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicado en marzo del 2020, donde se detallan sus actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, informaron en ese entonces.

A partir de ese momento, esa grupo fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

Este listado habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos. Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales.

Semanas antes, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, había mantenido un encuentro con el Subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de EE.UU, Roosevelt Ditlevson; el Subsecretario de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, Sr. Joseph M. Humire y el asesor especial del Presidente Trump sobre Asuntos del hemisferio Occidental en el National Security Council, Michael Jensen.

Allí se hablaron sobre medidas “para afrontar el grave daño que produce el denominado Cártel de los Soles en Venezuela, así como la actuación de otros grupos vinculados a este, como el Tren de Aragua”.

Al momento de la extracción y detención de Maduro, la Oficina del Presidente (OPRA) publicó un escrito en el que lo catalogó como “el mayor enemigo de la libertad en el continente”.

“Entre sus operaciones ha realizado interferencias electorales en Argentina, México, Colombia y Bolivia; ha empleado estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva; ha desarrollado alianzas con distintas ONGs progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo; ha fortalecido vínculos con Irán y Hezbolá; ha dado apoyo logístico a Hamás y a la guerrilla en Colombia; y todo esto lo ha financiado con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles”, afirma.

Diplomacy / Foreign Policy,North America,NEW YORK CITY

principal opositor,Juan Sebastián Verón,Ensenada,Conforme a,,Servicios de inteligencia. El Gobierno se prepara para dar la pelea judicial por el DNU de la SIDE,,Criticó el «silencio» de la OEA. La Argentina apoyó la captura de Maduro y pidió a la CIDH que verifique el estado de los presos políticos,,Prada, Gucci y Louis Vuitton. Las tarjetas corporativas de Faroni y su esposa reflejan viajes y lujos con fondos de la AFA,Juan Sebastián Verón,,Una corrupción peor que la de la AFA,,¿Marcha atrás de la AFA? La amnistía que dejaría sin suspensión a los futbolistas de Estudiantes por el “espaldazo”,,Domínguez sigue. Estudiantes anunció la continuidad del DT: todos los desafíos que tendrá por delante en 2026

El gobierno nacional quiere que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, siga detenido en una cárcel de máxima seguridad. La Justicia Federal, con dificultad, busca elementos para incriminar a la RAM en atentados e incendios.

La existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) parece debatirse entre la construcción discursiva de Facundo Jones Huala y su verdadera dimensión en los hechos.

El mapuche está preso desde junio pasado, denunciado por su relato durante la presentación de un libro que escribió desde la cárcel. El gobierno nacional y luego el de Río Negro lo denunciaron por incitar a la violencia colectiva y presunta asociación ilícita.

Cuando socializó el escrito, al que bautizó “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”, brigadistas y combatientes luchaban contra las llamas en distintos puntos de la Patagonia. Jones Huala justificó los atentados incendiarios y celebró la lucha anticapitalista a través de “cualquier método”. Incluso incendios.

El video que grabó su mamá Isabel Huala y subió a las redes, lo llevó a prisión hasta la actualidad. Está alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Trelew, a pesar de la insistencia de sus abogados de que quede libre o, en el peor de los casos, que sea alojado en una cárcel de seguridad media, en Esquel.

Jones Huala sostiene la existencia de la RAM pero sus abogados lo contradicen y sostienen que no es real. El convicto es el único que admite su pertenencia a esa organización e incluso es el único detenido en el marco de la investigación que impulsa la Justicia Federal.

El gobierno nacional rechazó el pedido judicial de trasladarlo a la unidad penitenciaria de Esquel, a pesar de la decisión del magistrado Gustavo Zapata de gestionar un cupo en esa dependencia.

Adujo razones de seguridad aunque en los últimos informes oficiales sobre su estadía en esa cárcel, obtuvo calificaciones positivas por su buena conducta.

“Es una clara demostración de que el Gobierno lo quiere preso, en una cárcel de máxima seguridad y donde no se cumplen en absoluto sus derechos ancestrales. No hay elementos para que siga detenido e incluso contradice lo que ordena la Justicia” aseguran desde su entorno.

La causa por la que permanece detenido fue configurada como investigación compleja, por lo que podría permanecer detenido hasta mediados de 2027.

La Fiscalía Federal, a cargo de Angela Pagano Mata, admitió en las últimas audiencias que trabaja a ritmo lento en la recopilación de pruebas y aseguró que “el objetivo es incriminar a la RAM en distintos atentados y hechos vandálicos”.

La principal dificultad investigativa es que Jones Huala no fue detenido durante la comisión de esos hechos, sino que en algunos atentados incendiarios aparecieron leyendas en las que la RAM se adjudicó esos episodios.

Para la defensa del mapuche, esos escritos “son insuficientes” para incriminar a Jones Huala e insistieron en que la existencia de la RAM “es ficticia”.

Durante su reclusión en Rawson, el activista hizo declaraciones aunque – a diferencia de otras apariciones públicas en prisión– no hizo alusiones violentas ni llamamientos a cometer delitos.

“Nosotros defendemos nuestra tierra mapuche. Por eso hoy nos ayudamos, nos respaldamos. Soñamos con trabajar en defender nuestra tierra, nuestro trabajo mapuche, nuestro conocimiento, buscamos un camino correcto y una palabra correcta. No escuchen a los mentirosos y malvados. Tengan fuerza, hay fuerza en nuestros territorios, a esa fuerza pídanle” dijo desde prisión.

La preventiva del “lonko” se extenderá hasta marzo, luego de prorrogarse a mediados de diciembre por 90 días. En la audiencia prevista para los primeros días de ese mes, los abogados insistirán en la libertad de su defendido y la Fiscalía, se cree, volverá a pedir la prórroga por otros tres meses más.