POLITICA
El Gobierno retira a la Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y no se postulará para el próximo período
La República Argentina no presentará su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se trata de una decisión movilizada desde la Casa Rosada y, particularmente, del presidente Javier Milei de vaciar la representación en agencias multilaterales de las cuales no considera preciso integrar.
El organismo intergubernamental se dedica a promover y proteger los derechos humanos a nivel mundial, abordando violaciones y haciendo recomendaciones ante la postura de cada uno de los países. En tanto, la decisión de no presentar la postulación de la Argentina se tomó meses atrás. Incluso, era una decisión que ya era desprendida de manera extraoficial por los mismos funcionarios del entorno presidencial.
Aunque el Gobierno no lo había anunciado mediante vías oficiales, la información se conoció primero por un informe de Amnistía Internacional. “Las instituciones internacionales seguirán funcionando con o sin nuestro país, pero aunque no sorprenda, Milei no tiene interés de tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro, ni siquiera para proteger los derechos humanos de las personas en Argentina”, denunció la ONG.
Finalmente, tres fuentes del Gobierno argentino confirmaron la decisión de no postular al país en el Consejo. Tal y como comunicó Clarín, la decisión fue girada primero al representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, quien luego le girará la responsabilidad a Carlos Foradori, quien es su par en Ginebra, donde se ubica la sede central del organismo.
En los hechos, las primeras versiones surgieron en febrero de este año, durante el desarrollo de una sesión especial del Consejo a la que se había convocado para abordar las violaciones a los derechos humanos que se estaban produciendo en Congo, con más de 3000 muertos en 15 días producto de un violento conflicto armado. En ese contexto, los altos mandos de Cancillería le bajaron línea a la Misión de Buenos Aires presente en Ginebra de no anotarse para participar de ese foro.
Días antes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado un decreto para retirar a su país de varias agencias de la ONU, entre ellas el Consejo de Derechos Humanos. La medida fue replicada después por Israel, que lo acusó de “propagar antisemitismo” a través de las diferentes advertencias hechas por el organismo por la ofensiva de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza. La cifra de muertos tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado el umbral de 63.500, según indicaron autoridades del Ministerio de Sanidad gazatí.
El último informe publicado por el Consejo y dedicado exclusivamente al caso argentino responde a la “preocupación por el nombramiento temporal de dos jueces de la Corte Suprema mediante decreto presidencial, evitando el proceso de aprobación del Senado”. “El Ejecutivo no está por encima de la ley”, esgrimió Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU, en esa comunicación, en la que se agregó la circunstancia de que “con esos dos nombramientos la Corte Suprema pasará a funcionar sin ninguna jueza”. En la Casa Rosada catalogaron este mensaje como una injerencia de las decisiones políticas del Ejecutivo.
En septiembre del año pasado, Milei pronunció un discurso muy crítico hacia las Naciones Unidas cuando le tocó disertar en la apertura de la 79° Asamblea General realizada en Nueva York. En esa ocasión sostuvo que el organismo se había transformado en un “leviatán de múltiples tentáculos” que imponía una agenda ideológica a sus países miembros, como la llamada “Agenda 2030″, y había adelantado que Argentina abandonará la “posición histórica de neutralidad” para estar a la vanguardia “de la lucha en defensa de la libertad”.
El Consejo de Derechos Humanos está formado por 47 Estados miembros que son elegidos directa e individualmente por la mayoría de los 193 Estados de la Asamblea General de la ONU. Las elecciones se celebran cada año. Los escaños se distribuyen equitativamente entre los cinco grupos regionales de la ONU, y cada año se renueva un tercio de los miembros. Cada miembro tiene un mandato de tres años. Su mandato está limitado a dos mandatos consecutivos. Como una muestra de ello, hasta diciembre de 2022, 123 de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas habían sido miembros del Consejo.
Argentina tiene un prestigio notable dentro de esa agencia de la ONU, construido fundamentalmente por las acciones posteriores a la última dictadura militar a través del proceso de memoria, verdad y justicia; las posturas por derechos civiles y sociales como el matrimonio igualitario y el repudio a las dictaduras de Nicaragua y Venezuela.
Esta misma política se tomó con diversos foros multilaterales: los casos van desde desinversión en las comitivas que van rumbo a las sesiones hasta determinaciones más extremas. La más resonante fue el anuncio de la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual podría concretarse en febrero de 2026. Sobre este asunto pesa una discusión jurídica sobre si esa disposición del Gobierno argentino es suficiente, aunque desde la Casa Rosada responden que si no pueden hacerlo por la vía legal lo harán materialmente vaciando la representación nacional en los foros.
La decisión de retirar a Argentina de la OMS viene acompañada de una política en igual sentido impulsada por la administración de Donald Trump. Ambos países ratificaron ese rumbo en una reunión entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., en el que se expresó que “el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte de la OMS reveló serias deficiencias estructurales y operativas que socavaron la confianza global y pusieron en evidencia la necesidad urgente de un liderazgo independiente y basado en la ciencia en materia de salud global”.
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POLITICA
El camarista Borinsky pidió que “se complete la Corte” y que se nombre un procurador general de la Nación
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky se pronunció a favor de que “se complete la Corte Suprema” de Justicia, que cuenta con solo tres integrantes, y que “se nombre un procurador general de la Nación, un puesto actualmente ejercido por un extenso interinato a cargo de Eduardo Casal.
“Es fundamental que se complete la Corte Suprema y se nombre un procurador general de la Nación para trabajar como la Constitución marca”, sostuvo Borinsky en diálogo con el programa A confesión de parte, que se emite los domingos por FM Milenium.
La Corte Suprema funciona con tres integrantes, el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno y un sector de la oposición iniciaron conversaciones, por ahora informales, para proponer dos nuevos candidatos a jueces supremos.
El pronunciamiento del camarista adquiere relevancia porque se trata de un jurista que participó de la elaboración del nuevo Código Penal, convocado por el Poder Ejecutivo, para que lo trate el Congreso, posiblemente el próximo período de sesiones extraordinarias.
“Tenemos un Código Penal de hace 105 años. Con el nuevo Código, las penas para los funcionarios públicos van a pasar de 1 o 2 años a mínimo 6 u 8”, remarcó Borinsky, pero reconoció: “No es popular poner plata para hacer un nuevo Código Penal para meter gente en la cárcel”.
Borinsky también consideró una posibilidad que se baje la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, pero advirtió que en forma paralela debe aplicarse una “política de Estado” y además reclamó la cobertura de vacantes en todo el Poder Judicial, estimadas en más de 600 en todo el país, al afirmar que las designaciones son necesarias para “el valor justicia”.
Corte Suprema de Justicia,Poder Judicial,Conforme a,Corte Suprema de Justicia,,Gobierna Formosa desde 1995. La Corte deberá resolver si Insfrán puede ser candidato a gobernador por novena vez,,Moreno, un matón al que la Justicia le puso un límite,,Caso Cuadernos. La Corte rechazó planteos para apartar a la UIF como querellante
POLITICA
La Casa Rosada afronta una semana clave por el Presupuesto y Caputo evalúa los pedidos de los gobernadores
El Gobierno se enfrenta a una semana clave para el avance de la negociación con los gobernadores por el Presupuesto 2026. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá evaluar los pedidos de los jefes provinciales, le acercaron a Diego Santilli.
En las reuniones que mantuvo el ministro del Interior con los mandatarios de las distintas provincias, hubo dos reclamos que se repitieron: la reactivación de la obra pública y cambios en la distribución de los ATN. Luego, un grupo en particular está interesado especialmente en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles.
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En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual el Gobierno tiene que evaluar contrarreloj si los pedidos de los gobernadores cumplen con ese requisito.
Con respecto a reforma laboral y tributaria, los jefes provinciales están dispuestos a dar la discusión, pero exigen conocer la letra chica de los proyectos que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias.
Un dato importante es que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, para convocar a sesiones extraordinarias.
En ese sentido, además, la Cámara de Diputados, por su parte, deberá hacer un nuevo despacho para tratar el Presupuesto 2026, porque los plazos de las sesiones ordinarias vencen este viernes 28 de noviembre.
Los legisladores electos en octubre ya tienen fecha para su jura. La convocatoria oficial para la sesión preparatoria será el 3 de diciembre, a las 13 , y Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara baja.
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Santilli sale a buscar consensos con el resto de los gobernadores
En busca de los consensos para lograr la aprobación del Presupuesto y las reformas, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará en la última semana de noviembre con su agenda federal en los próximos días.
Esas conversaciones deberán tener el visto bueno del jefe de Hacienda, Luis Caputo. En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual la evaluación pasará por el costo sobre las cuentas públicas que implicaría acceder a los pedidos de lso mandatarios.
El raid de reuniones de Santilli con los gobernadores continuará este martes 25 de noviembre con Hugo Passalacqua, en Misiones.
Esta semana, el jefe de Interior recibió en su despacho a Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
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Santilli todavía tiene pendiente los encuentro con Claudio Vidal (Santa Cruz); Gustavo Valdés (Corrientes); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA). Y estima finalizarlos antes del 10 de diciembre.
Mientras resta conocer si desde la Rosada convocarán a negociar a los cuatro gobernadores peronistas antes del 10 de diciembre: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
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El Gobierno nacional y la CGT acercan posiciones para una negociación en torno a la reforma laboral antes que se conozca la versión oficial del proyecto y sea presentado en el Congreso.
Hasta el momento, la iniciativa, que apunta a modernizar en lo jurídico el mercado de trabajo cuenta con un fuerte rechazo del sindicalismo.
Los encargados de la negociación por parte del Ejecutivo son el ministro de Interior, Diego Santilli, y los hermanos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
En la previa a este diálogo, Santilli habló con dos de los co-titulares de la CGT, Cristian Jerónimo (del gremio de empleados del vidrio) y Jorge Sola (del gremio de Seguros), y les comunicó sobre la convocatoria a dialogar así como también les pidió que no hicieran caso a los trascendidos extraoficiales.
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Desde el lado de la CGT se preparan para el encuentro. En ese sentido, presentarán una contrapropuesta en base al punteo del último borrador que trascendió desde el Ejecutivo.
Derechos colectivos y aportes compulsivos
La central intersindical buscará tirar abajo algunos de los artículos que más conflicto generan ene l sindicalismo, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la limitación de la ultra-actividad de los convenios colectivos de trabajo, la regulación de las asambleas de trabajadores en las empresas y otros aspectos que limitan el poder de los sindicatos.
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Desde el Gobierno están al tanto de los resquemores que generan dichas iniciativas contenidas en el proyecto, pero consideran que la preocupación no es la misma respecto a los derechos de tipo individual, como el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones, por ejemplo.
Lo que más obsesiona a la CGT es la posibilidad de que, con la reforma laboral, pierdan la caja que implica el control de las cuotas solidarias, conformadas por aportes compulsivos de los trabajadores a los gremios, y que son el corazón del financiamiento de los gremios.
La entrada El Gobierno negociará con la CGT para evitar que fracase la reforma laboral se publicó primero en Nexofin.
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