Luego de la difusión de una serie de audios en donde se expuso una maniobra para presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el viernes pasado se conocieron otras escuchas de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en la Casa Rosada. En ese marco, el Gobierno decidió denunciar ante la Justicia Federal una operación de inteligencia con el fin de desestabilizar al Poder Ejecutivo antes de las elecciones.

La medida cautelar fue otorgada por el juez Civil y Comercial, Alejandro Maraniello, quien falló a favor de la hermana del Presidente para que no se difundan los audios que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada.

Justamente, una vez que se conoció la decisión del Poder Judicial para con la información que fue publicada en el canal de streaming Carnaval, desde diferentes sectores de la política salieron a cuestionar la decisión que informó el vocero presidencial Manuel Adorni.

“Es censura previa, prohibida por la Constitución, en un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno. El juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos ‘por si las dudas’. Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas», escribió Maxi Ferraro, líder de la Coalición Cívica en sus redes sociales.

Y agregó: “¿Y quién firma esta censura? Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato en el Consejo de la Magistratura. Este es el Juez que decide qué puede o no puede publicar la prensa en Argentina. El gobierno de Milei elige callar a los periodistas antes que dar explicaciones por las denuncias de corrupción, pero la censura y los aprietes no tapan la mugre, solo la multiplican».

“Democracia es libertad de prensa y expresión. La censura previa la usan los autoritarios o los que tienen miedo a la verdad. En este caso son las dos cosas”, completó.

En ese sentido, el cuestionamiento de Ferraro se da tras conocerse que el magistrado enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.

La dimensión de las acusaciones contra Maraniello llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) a solicitar desde septiembre de 2024 la presencia policial dentro del Juzgado para preservar la integridad física y psíquica de los empleados.

Otro de los que se expresó en sus redes sociales fue Martín Lousteau. “El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad”, escribió el líder de la Unión Cívica Radical.

“En lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos. Desde que asumió, ha tensionado los límites constitucionales con DNU abusivos, ataques a la prensa y bloqueos legislativos. Este allanamiento busca amedrentar a periodistas y evadir responsabilidades. La libertad de prensa y el secreto de las fuentes están protegidos por la Constitución. En 2014, Bullrich calificó un allanamiento similar como censura; hoy, como ministra de Seguridad, lo ignora. Este intento de censura envía un mensaje claro: autocensura por miedo a represalias. La Corte Suprema ha dejado claro que no se puede prohibir la difusión de información, salvo para proteger la intimidad de menores, como en el caso de una niña, sin restringir toda la información”, cerró.

Graciela Ocaña acompañó los dichos de Lousteau con otro contundente mensaje: “No a la censura”.

Por su parte, desde el peronismo, el titular de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue uno de los primeros en referirse al tema y compartió: “La cautelar dispuesta por el juez Maraniello es ESCANDALOSA. Avala la censura previa y legitima el cercenamiento de la libertad de prensa y de expresión, en sintonía con los deseos del gobierno de Milei. La libertad retrocede y el fascismo avanza”.

“CUANDO UN GOBIERNO ESTÁ DESESPERADO, PASAN ESTAS COSAS. Le tienen tanto miedo al contenido de los audios que incurren en censura y violan el principio de libertad de expresión. Para lograrlo, recurrieron a un juez con múltiples acusaciones y cuentan con la defensa de la ministra de Seguridad, que hace años decía exactamente lo contrario”, escribió Victoria Tolosa Paz en sus redes sociales.

Más temprano, la senadora Juliana Di Tullio refirió en su cuenta de X: “Nada más peligroso para la democracia que un presidente autoritario y asustado. Cálmese, cuide al pueblo y a las instituciones de sus miedos y desaciertos. Ah, y no se vaya del país si no es por temas de interés nacional que el congreso no lo autorizó a irse de joda”.

“Venían en nombre de la libertad y coso”, añadió otra de las parlamentarias de Unión por la Patria, Anabal Fernández Sagasti.

Por último, Esteban Paulón apuntó contra el juez y lanzó: “CASUALIDADES DE LA VIDA. Justo la causa para silenciar los audios del 3% cayó en el juzgado del Dr. Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por las asociaciones de trabajadores judiciales por acoso sexual, violencia de género y acoso laboral entre otras”.

“Un gobierno desesperado impone censura previa a la prensa, impone la persecución e intenta amedrentar a periodistas”, redactó Myriam Bregman en sus redes, donde agregó: “Como en los peores momentos, vuelve a cobrar fuerza la frase de Rodolfo Walsh: ‘Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información’”.