La sociedad argentina, su opinión pública, está expuesta en estas horas a un caudal impresionante de información, detalles, historias retorcidas y personajes no del todo identificados, que surgen de una escena crítica para el Gobierno. Cuando esa marea de datos crece de manera exponencial, conviene llevar la observación a los fenómenos que se mueven más lentamente, a la “ola profunda” que explica después del movimiento de los barcos en la superficie.

El gran problema de la vida pública en la Argentina de los últimos años -más que nada desde la pandemia hasta el presente- ha sido el desencuentro entre la gente y sus líderes políticos. Esa crisis de representación tuvo su expresión más dramática en agosto de 2023, en el marco de las primarias presidenciales. Allí un 30% del electorado decidió caminar hacia lo desconocido y votar a Javier Milei, que era una enorme incógnita. El ahora Presidente carecía de equipo, inserción institucional y arraigo territorial, y era justamente ese panorama el que inspiraba la confianza de los votantes, que basaban su voto en el repudio a la “casta corrupta”.

La misión política de Milei, desde este punto de vista, es obedecer al mandato que le dio aquel electorado, que le decía: “Usted tiene que regenerar la política. Esperamos que usted nos reconcilie con nuestros representantes e introduzca una ruptura con rasgos muy desagradables de la vida pública, entre los cuales está la corrupción que usted denuncia en la casta”. Por otro lado, la misión económica, estabilizar la economía evitando una recesión y tratando de no caer en el enorme problema que tuvieron Macri y Menem: aproximaciones a la economía de mercado y la estabilización que terminaron en un problema productivo.

En este marco, la sola presunción de que el núcleo del gobierno de Milei, representado en este caso por su hermana Karina; la mano derecha de Karina, Eduardo “Lule” Menem, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, esté salpicado por versiones verosímiles de un sistema de coimas ligados a la compra de logística y de productos destinados a atender la salud de las personas con discapacidad, pega en el corazón del mandato que se le otorgó. Y pone en tela de juicio una de las grandes banderas que lo llevó al poder.

Este es solamente uno de los problemas que uno identifica cuando observa la escena oficialista actual, que atraviesa un mal momento. Antes de que estalle el escándalo de las grabaciones clandestinas de quien fue hasta hace una semana el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, hubo una crisis parlamentaria. El Ejecutivo viene gobernando con un tercio del Congreso, que es el número indispensable para defender los vetos. Es una administración a la ofensiva, que debe evitar que la política económica se la maneje la oposición formando dos tercios. A raíz de la poca representación parlamentaria con la que cuenta, tuvo enormes dificultades para convalidar el veto en relación con la discapacidad y estuvo al borde de perder la pelea por el gasto jubilatorio.

Frente a estos obstáculos, que hablan de una gestión que empieza a estar corroída en su credibilidad, aparece la gran pregunta, interrogante que se debe resolver a partir de las elecciones y que se formulan los inversores con ojos utilitarios: hay un líder, que es Milei. ¿Habrá un oficialismo, es decir, un conjunto político más o menos vertebrado, con capacidad parlamentaria de llevar adelante reformas? Es probable que si no se constituye ese oficialismo, el líder empiece a perder fiabilidad y sea aún más complicado alcanzar las metas económicas que el Gobierno se propone para la segunda mitad de su mandato.

El Gobierno está paralizado por el escándalo de los audios y consiguió que el juez Alejandro Maraniello, del fuero civil y comercial federal, lejano al elenco habitual vinculado a la política, le concediera una medida cautelar a Karina Milei, que fue a la Justicia pidiendo que se prohíba la divulgación de las grabaciones que provendrían de intervenciones ilegales en la Casa de Gobierno.

Hay varios detalles. Uno de ellos significativo: el escrito de Maraniello cuando concede la medida cautelar no menciona quién es el abogado que patrocina a la secretaria general de la Presidencia. Aparentemente no lo hace porque sería -una versión que surge de Tribunales- Santiago Viola, un letrado muy controvertido, apoderado de La Libertad Avanza. Viola fue designado en su momento por el juez, ya jubilado, Rodolfo Canicoba Corral en la obra social de los marítimos, donde habría llevado adelante tratativas con droguerías como la Suizo Argentina. Existe la presunción de que en cualquier momento pueda ser vinculado con la promoción de contratos en el interior del país, sobre todo en delegaciones del PAMI.

Viola fue además procesado, y desprocesado, por haber armado una patraña en contra del juez federal Sebastián Casanello. Había inventado que, mientras estaba investigando a Lázaro Baez, Casanello se reunió con el empresario y Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos. El objetivo de Viola era quitarle la causa y que, eventualmente, terminaría en manos de Servini de Cubría. ¿Por qué este dato cobra actualidad? Hoy quien está investigando si hubo o no coimas, según se deduce de los audios donde aparece la voz de Spagnuolo, es Casanello. Sería una imprudencia que la hermana del Presidente se haga representar por un abogado que entra en conflicto con Casanello, al punto de que el magistrado lo denunció en la Justicia federal. Aun así, no cabe dudar de la objetividad de Casanello.

¿De qué se trata lo que pide Karina Milei en la Justicia y que Maraniello le concede? Censura previa en nombre de la seguridad del Estado y la intimidad de las personas. El planteo de los abogados de Karina es que el Enacom impida la divulgación de los audios tomados en la Casa de Gobierno el 29 de agosto porque en esas grabaciones podría haber contenido que amenaza la seguridad del Estado. La cuestión de la censura previa es una vieja cuestión que toca de cerca a las garantías constitucionales.

De todo lo que se escribió sobre la vocación de inhibir a quien sea para publicar algo, probablemente lo más interesante haya sido un fallo de la Corte norteamericana del año 1971, en una causa que se llama “The New York Times contra los Estados Unidos”. Estaba centrada en la publicación por parte de ese diario de lo que se conoció como “los papeles del Pentágono”, documentación vinculada al sistema militar de EE.UU., y que exponía las mentiras del gobierno de Nixon sobre la guerra de Vietnam. La administración Nixon fue a la Justicia argumentando que esas publicaciones violaban la seguridad del pueblo norteamericano. Algo así como “queremos que se deje de publicar, queremos censura previa”. El fallo fue contra esa pretensión: seis jueces contra tres fallaron a favor de The New York Times. De entre esos seis jueces, la posición de Hugo Black es ejemplar: sostuvo que nada puede afectar más la seguridad de la sociedad norteamericana que una limitación en lo que se publica, que una limitación a la libertad de prensa. No hay ningún argumento en favor de la seguridad del Estado que pueda ser superior a la seguridad que ofrece a la sociedad la libertad de expresión.

Más allá de que la medida del juez Maraniello contradice este criterio, aparece otra cantidad de aspectos insólitos en su pronunciamiento. Cualquiera sabe que hoy se puede armar un perfil en redes sociales desde un locutorio y se puede emitir desde allí lo que sea sin que nadie pueda ejercer esa censura previa que pretende Karina Milei. Por otro lado, el juez habla en su escrito -es evidente que no conoce la materia- de una ley de servicio de internet que no existe. Se refiere en realidad a la Ley 27.078 (Argentina Digital), que regula el mundo de las redes y las capacidades que tiene el Enacom sobre aquel sistema.

La medida que concede Marianello impide divulgar los audios del 29 de agosto, grabados ilegalmente en la Casa de Gobierno. Ahora bien, si fueron grabados el 28, 30 o 31 de agosto, se podrían publicar sin ningún tipo de problema. Este fallo tampoco alcanzaría a grabaciones que se puedan haber hecho fuera de la Casa Rosada. Bastante disparatado.

No es la primera vez que aparece este problema en la Argentina. En los años 90’, alrededor del escándalo de Monzer Al Kassar durante el gobierno de Menem, la jueza Servini de Cubría pretendió que en el programa de Tato Bores, en el que iba a ser mencionada sarcásticamente, se aplicara una medida cautelar para que no se la pudiera nombrar. Tato Bores se dio maña para nombrarla sin dar nombres, como podría suceder ahora con Karina Milei. Cualquiera podría decir que va a pasar un audio de una señora “Karina” sin decir “Milei” y zafar de las decisiones del juez Maraniello.

Fue un escándalo aquello de Servini y dio lugar a una escena muy simpática: se llenó el estudio de Tato Bores de actores, figuras del espectáculo y celebridades de la época que se burlaron de Servini de Cubría llamándola “la jueza Barú Budú Budía”.

Esto no significa, ni de lejos, una convalidación a que un medio de comunicación deba divulgar grabaciones realizadas de manera clandestina. Pero eso depende de la ética de cada medio. No implica que tenga que haber una censura previa. En todo caso, el afectado podría hacerle una denuncia al medio. Muy probablemente, si esta medida de Maraniello es apelada por alguien -por ejemplo, el dueño de Carnaval, la plataforma de streaming a través de la cual se divulgaron los audios de Spagnuolo, o el mismo periodista Mauro Federico, que los divulgó-, la Corte destruirá los argumentos del juez que este lunes le concedió la cautelar a Karina Milei. Le darían a la Corte, presidida por Horacio Rosatti, la enorme oportunidad de pronunciarse contundentemente a favor de la libertad de expresión.

Hay una frase de Federico Sturzenegger que podría ser resignificada en este momento. Hacía referencia a las cautelares y las apelaciones judiciales que hacen los afectados por sus medidas anti-regulatorias. Sturzenegger decía que la Justicia es el último refugio de la casta. Algo de eso parece explicar lo que pasó en el juzgado de Maraniello.

¿Por qué se prestó a esto el juez? Imposible saberlo porque sería evaluar subjetividades e intenciones personales. Pero, si uno quiere sospechar, debe saber que el 19 de agosto desde el Consejo de la Magistratura le enviaron a Maraniello un escrito para que produzca un descargo por acusaciones muy severas que hay contra él por abuso de poder, acoso laboral, acoso sexual y manejos indebidos de recursos del Estado. Es un juez muy debilitado. ¿Puede haber habido algún tipo de presión del Gobierno sobre Maraniello para que conceda esta medida tan disparatada en un momento en el que el Gobierno también está debilitado o atemorizado por toda esta información que circula? Es una pregunta.

La ministra Patricia Bullrich también fue en el mismo sentido y denunció algo inquietante: dijo que en la Casa Rosada están indefensos por estas operaciones de inteligencia. Si la ministra de Seguridad, que tiene un aparato espectacular para evitar este tipo de cosas -así como direcciones de contrainteligencia de parte de la SIDE o las fuerzas de seguridad- dice que el Gobierno está indefenso, ¿qué le queda al ciudadano común? ¿O a los desamparados de González Catán -por mencionar un lugar- donde la vida no vale nada, como vimos con la joven Candela Santa María, de 24 años, que fue asesinada mientras manejaba en Uber?

¿Puede seguir saliendo información inconveniente respecto de operaciones comerciales que se realizaron dentro del Gobierno? Hay quienes dicen que no. En términos futbolísticos, que se comieron un amague. Que era innecesaria esta prevención de Karina Milei, aparentemente. Es evidente que estas presunciones dañan mucho al oficialismo porque el hecho es indignante. Produce indignación. Sería hacer negocios indebidos con los recursos destinados a gente con discapacidad. Y toca el centro del poder: Karina Mieli, que no tiene fusible, y “Lule” y Martín Menem.

Está la sospecha de que algo raro pasaba en el área de discapacidad. Hay una carta de hace poco, del martes 8 de julio de 2025, firmada por Cecilia Loccisano, la viceministra de Salud de este gobierno, dirigida a Diego Spagmuolo. El tema fueron los medicamentos del programa Incluir Salud, el más importante. Loccisano le pidió información, que le dé los precios que pagó en las contrataciones. Loccisano también se lo pidió a muchos hospitales públicos, siempre en relación a las compras de discapacidad, de medicamentos y grandes contratos de logística, de distribución. Esto quiere decir que el área de discapacidad estaba por fuera del control de las compras que realiza el Ministerio de Salud. Las autoridades del ministerio podrían esgrimir esta nota diciendo que no tienen que ver con las irregularidades, porque le pedían a Spagnuolo que los notifique.

No lo sabían porque por alguna razón misteriosa, que alimenta las fantasías de que había una operación opaca, todo lo que tenía que ver con discapacidades pasaba por fuera del sistema de compras, y sobre todo, de exhibición digital de los contratos de licitaciones. La tuvieron que pedir por escrito y Spagnuolo nunca contestó. Había una opacidad, un ocultamiento, deliberado de esas compras.

El escándalo de la Andis genera mucho malestar dentro del Gobierno, sobre todo entre funcionarios enfrentados. “Lule” Menem se queja de que Manuel Adorni no lo defiende y acusa que su principal enemigo, Santiago Caputo, maneja la SIDE, la Justicia y la relación con la prensa. Dice que no se puede defender. Probablemente piensa que Caputo aplica esos instrumentos en su contra.

Hay una interna feroz dentro del oficialismo, con un dato sobre el cual nosotros insistimos con tenacidad: el descontrol en la Argentina con todo lo que tiene que ver con espionaje. La propia secretaria general de Presidencia se queja, y la ministra de Seguridad le da la razón, de ese descontrol del espionaje. Acá hay alguien que tendría que decir una palabra: Martín Lousteau, el presidente de la comisión bicameral que debe controlar a los organismos de inteligencia. De hecho, la diputada Marcela Pagano, en la última reunión de Diputados, dijo abiertamente que todo está pasando porque quieren sacar a Santiago Caputo de la SIDE. Nadie preguntó nada. ¿En qué papel está escrito que Caputo maneja la SIDE? Todos lo sabemos, pero es algo que está por fuera de la institucionalidad. Caputo es un consultor de opinión pública que tiene un contrato de locación de servicios con la secretaría de Presidencia, que dirige Karina Milei. No es funcionario.

Pero Pagano dijo que maneja la SIDE y lo quieren desplazar. Y no apareció la Bicameral del Congreso para preguntarle qué está diciendo. Ni se lo preguntó ninguno de los otros de los diputados. Cuando Karina Milei y “Lule” Menem están atemorizados, ¿se refieren a Caputo, a quien ella misma le dio, aparentemente, el poder de manejar la SIDE desde su casa?

Pagano, por su parte, es la esposa de uno de los sospechados de haber hecho las grabaciones y, eventualmente, filtrar los audios: el abogado Franco Bindi. Como dato a tener en cuenta, Pagano tiene un enfrentamiento abierto con la diputada Lilia Lemoine. El Presidente tuvo dos intervenciones públicas en la ciudad de Buenos Aires la semana pasada: en el Council of the Americas y en el Cicyp, que preside Bettina Bulgheroni. En ambos casos la diputada Lemoine apareció cuando el Presidente estaba terminando su discurso y se fue con él en el auto presidencial. Daría la impresión de que hoy la imagen que se forma del Presidente de la vida parlamentaria viene nutrida principalmente por lo que le dice Lemoine.

Hay otro dato interesante. Los abogados de Spagnuolo dicen que, presumiblemente, la autoría de los audios pertenece a Fernando Cerimedo, un operador de redes que estuvo muy ligado a Milei y después se peleó con el Gobierno, con una historia muy larga en Brasil, donde tuvo causas judiciales. Dentro del propio Gobierno se lo mira a Franco Bindi. Bullrich habló de una operación venezolana-rusa, aparentemente vinculada a la relación entre Bindi y los venezolanos. Pero la plataforma desde donde se divulgaron los audios es Carnaval. Se dice que es de Pablo Toviggino, la mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia en el manejo de los fondos de la AFA. Toviggino está íntimamente ligado a Sergio Massa. Y pertenece al círculo más estrecho del gobernador Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que tuvo o tiene contratado a Franco Bindi, el esposo de Pagano, como abogado de la provincia.

Si es verdad que Toviggino tiene que con la plataforma Carnaval, él lo niega, el escándalo podría ser parte del conflicto por la intención del Gobierno de convertir a los clubes en sociedades anónimas. Una venganza por la medida de Sturzenegger de haber subido la alícuota del pago de aportes jubilatorios por parte de las entidades deportivas, muchas de las cuales quedaron muy dañadas.

Toviggino, que es muy agresivo en las redes, emitió un tuit largo contestándole a Manuel Adorni, quien habló de supuestos audios de Karina Milei en la Casa Rosada. Adorni ya tuvo una experiencia triste con el tema del avión y las valijas no controladas por la Aduana, y está un poco fuera de foco. Debe estar deseando que mañana mismo se conforme la nueva Legislatura porteña y no tenga que dar más explicaciones ni poner la cara por otros.

Toviggino, como todos sabemos, tuvo palabras muy desagradables al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, hace un mes. Le deseo un “final digno y pronto”. Feo.

Este clima de inestabilidad se proyecta sobre la política en términos generales. El que mira al Gobierno piensa que este grupo humano debe resolver los problemas de la economía. Hoy está muy afectada por el deseo del Gobierno de llegar a las elecciones sin que se mueva el dólar y, por lo tanto, con una política de tasa de intereses altísima. Los que deciden en materia económica se preguntan si este grupo humano va a poder resolver esa encrucijada problemas, es decir, si en el mismo Gobierno ven que la crisis política pueden impactar en la situación económica.

Se ven otras decisiones, también bastante equivocadas. Por ejemplo, las elecciones en Corrientes. El candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, salió 4° y no llegó al 10%. Hay que decir, en homenaje al Mago del Kremlin, Caputo, que él había advertido que ir con un candidato propio llevaría a terminar 4°. Ir con un candidato propio implicó ofender al gobernador Gustavo Valdés, que puede ayudar al Gobierno en el Congreso. En realidad, Valdés quería ayudar al Gobierno, como sus amigos Leandro Zdero, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.

Pero esta política electoral los ofende: después de ganar, Valdés se sumó al frente de gobernadores que le va a hacer la vida bastante complicada al gobierno de Milei en el Congreso. La decisión de ir con un candidato propio en Corrientes la tomaron “Lule” Menem y Karina Milei. Quiere decir que en el Gobierno hay un núcleo que opera erróneamente y limita la capacidad parlamentaria para producir las reformas que el propio Gobierno dice que quiere producir a partir de octubre.

¿Esto quiere decir que el Gobierno se va a dañar electoralmente? No necesariamente. Lo vimos en los 90: Menem se cansó de recibir denuncias de escándalos en el primer mandato y ganó con más votos que en la primera elección. Eso sí, una vez que se supo que había pérdida de empleos, un mes después de las elecciones, el clima se dio vuelta. Los temas de corrupción del primer mandato comenzaron a adquirir vigencia y la gente pidió investigarlo. Existe una especie de contraprestación desagradable entre la sociedad y los gobiernos: si me das prestaciones agradables, yo miro para otro lado. Pero cuando me empieza a apretar el zapato, me pongo más severo. Radica allí la importancia del problema de la tasa de interés, la recesión y la eventual destrucción del tejido productivo y de empleo en este contexto moral.

¿Qué dicen las encuestas? Un trabajo de Hugo Haime, con foco la gestión del presidente Javier Milei y realizado con posterioridad a la puesta en conocimiento de las eventuales coimas en Andis, muestra que la desaprobación en agosto subió dos puntos (58%) mientras que la aprobación cayó tres (38%) respecto de julio de 2025. Si uno hoy va a la Casa Rosada y habla con quienes miran las encuestas, dicen: “Perdimos más que estos puntos indicados por Haime. Entre el descontrol del Congreso y las denuncias, perdimos entre cinco y ocho puntos”. ¿Eso se traslada después a las elecciones? No. Los comicios dependen de cuál es la oferta y quiénes son los candidatos. Si no me gusta la opción que ofrece la oposición, seguiré votando al oficialismo aunque la imagen de Milei decaiga.

Respecto del nivel de adhesión que tiene Milei, otro estudio de Haime alega que se posiciona en torno al 38% en agosto, a dos años del comienzo de su gobierno y en la previa de las legislativas bonaerenses y nacionales. Alberto Fernández, en la misma situación, se encontraba en 35%. Mientras tanto, el consenso respecto de Mauricio Macri era del 43%, lo cual supone un ruido. Cristina Kirchner, finalmente, tenía el 31% durante su primera presidencial y escaló al 38% en su segundo mandato. ¿Esto obliga a observar una vez más los pronósticos electorales? No necesariamente.

Las encuestas dicen que la gente sigue creyendo más en votar a los candidatos de Milei que menos. Pero ello no quita que se hagan el próximo planteo: el desilusionado de Milei no se va al kirchnerismo y se va a quedar en La Libertad Avanza siempre y cuando no aparezca una elección no kirchnerista que le resulte simpática. En ese escenario, el Gobierno estaría en un problema ya que, en el menú de ese restaurante que son las elecciones, aparecería un plato al que el votante podría migrar si no quiere comer lo que ofrece el oficialismo. Hay que detenerse, por ejemplo, en las candidaturas de Florencio Randazzo, en provincia de Buenos Aires, o de María Eugenia Talerico. Si estas oposiciones adquieren más nitidez, el desencanto con Milei va a tener sí un efecto electoral.