POLITICA
Mariano Recalde criticó el fallo que prohíbe difundir los audios de Karina Milei: “Estamos en el gobierno liberal más extraño del mundo”

En una jornada marcada por la fuerte controversia judicial, Mariano Recalde, senador nacional por Unión por la Patria e integrante del Consejo de la Magistratura, deslizó una de las críticas más duras hacia el gobierno encabezado por Javier Milei tras el fallo del juez Alejandro Maraniello, quien prohibió la publicación de audios de Karina Milei.
“Estamos en el gobierno liberal más extraño del mundo. Un gobierno que se dice liberal y libertario, que vuelve a establecer la censura previa, coarta la libertad de expresión, de prensa y de manifestarse. Un gobierno liberal que tiene presa y privada de su libertad a la principal opositora (Cristina Kirchner). Y que le dice a los argentinos y argentinas que deben perder libertad y tiempo libre para trabajar 14 horas al día para llegar a fin de mes. Esto es trágico”, manifestó.
Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. El dirigente del peronismo remarcó la gravedad institucional del fallo firmado por Maraniello y disparó contra el Consejo de la Magistratura por la falta de funcionamiento y control efectivo sobre los jueces, especialmente ante las denuncias que pesan sobre Maraniello por acoso sexual.
El contexto que rodea a la resolución judicial reviste de particular tensión el debate público sobre la libertad de prensa y su protección frente a medidas restrictivas dictadas por jueces de primera instancia. Sobre el clima institucional, Recalde profundizó: “El gobierno republicano, donde no funciona la división de poderes, donde el poder judicial, particularmente, no solo se arroga facultades legislativas y de todo tipo, sino que además se protege a sí mismo. El Consejo de la Magistratura da vergüenza. Este año hubo solo dos plenarios”.
En la entrevista, Recalde fue interrogado sobre el funcionamiento actual del Consejo y su rol ante los escándalos judiciales. Desde allí ofreció una visión del panorama: “Hace tres años, la Corte Suprema dictó un fallo declarando inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura, que bien o mal venía funcionando. A partir de ese fallo y asumiendo la Corte facultades legislativas y decidiendo la ley del Consejo, puso de presidente al presidente de la Corte. Desde ahí no funciona más, no se designa ni se sanciona jueces”.
En este sentido, se abordaron los antecedentes del magistrado, quien, según datos expuestos por Recalde, enfrenta nueve denuncias, entre ellas cinco por acoso sexual. Sobre este punto, el senador fue tajante: “Lo que vemos es que los integrantes del estamento judicial, sumado a la Corte Suprema y con la complicidad del Poder Ejecutivo y de algunos otros consejeros, garantizan la impunidad a todos los jueces. Tengo seis denuncias registradas en trámite en la comisión de disciplina. ¿Qué tiene que ver con este fallo? No tengo certezas, pero tengo sospechas de que tal vez busca una soga o una ayuda, pero se hundió más. Esto no hace más que sumar causales a las denuncias que el juez ya tiene”.
Consultado sobre la posibilidad de impulsar acciones concretas desde su espacio político, Recalde no dudó en señalar que se están preparando medidas institucionales. “Más allá de declaraciones formales, hoy a las 12 convocamos a una conferencia de prensa, que convocó la presidenta de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, para pronunciarnos y avanzar desde la representación política que tenemos con las acciones que correspondan. Todavía no entró ninguna denuncia concreta por este tema, pero no tengo dudas de que va a entrar».
Además, el senador pidió la ayuda de los medios de comunicación para “difundir la gravedad de algunos temas”, con el fin de lograr presión a los magistrados. Y estableció: “Los jueces le tienen miedo a los medios”.
En relación con los caminos legales ante el fallo de Maraniello, Recalde señaló que alcanza con que alguien se presente para apelar dicha resolución. Y que un tribunal recurra a la decisión.
Sin embargo, el integrante del Consejo de la Magistratura no descartó una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y explicó: “Hay instancias previas antes de la Corte. Aunque, por la gravedad institucional y habiendo antecedentes de per saltum por temas menores, la Corte podría abocarse. Es una situación excepcional cuando hay situaciones de gravedad institucional».
Finalmente, sobre la falta de avances en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el senador replicó: “Las denuncias que tiene ya fueron radicadas. La comisión no echa, sino que sanciona con otras medidas que no es la destitución”.
En diálogo con Infobae en Vivo, Recalde puntualizó que la gravedad del fallo de Maraniello trasciende el caso particular y expone falencias estructurales del sistema de control judicial.
La entrevista completa a Mariano Recalde
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• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.
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POLITICA
Por la reforma laboral, el Gobierno estudia postergar los cambios en el Código Penal para las sesiones ordinarias

Sobre el final de la primera quincena de enero, el Gobierno Nacional reactiva incipientemente la actividad, con foco en la agenda legislativa, y estudia la posibilidad de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para concentrar los esfuerzos en lograr la aprobación de la Reforma Laboral durante el mes de febrero, según revelaron al menos tres fuentes a Infobae. Si bien la última palabra la tiene el presidente Javier Milei, en las filas libertarias se inclinan a debatir las modificaciones de la ley penal durante el período de sesiones ordinarias del Congreso que iniciará a partir del 1° de marzo.
“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, expresó ante este medio un importante funcionario en referencia a la determinación del Ejecutivo de posponer el tratamiento del proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en diciembre, para unificar negociaciones que posibilitaran la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, algo que finalmente ocurrió.
De esta forma, la mesa política, que se reunirá por primera vez este 2026 el próximo viernes a la mañana, trazará una estrategia unificada con el objetivo de este verano: conquistar las voluntades que permitan obtener la aprobación de la Reforma Laboral, uno de los pilares fundamentales de la segunda etapa de la gestión del libertario.
Se trata de un proyecto que contempla profundas revisiones tendientes a endurecer las penas para delitos que revisten gravedad, por lo que en el Gobierno consideran que debería enviarse a ordinarias “para que se trabaje bien”. Además, consideran que el temario enviado para la prórroga de las sesiones en el Congreso es extenso de por sí, por lo que analizan evitar sumar un nuevo objetivo. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, se sinceraron ante este medio.
Si bien, en una primera instancia, había intenciones de discutir durante las extraordinarias el proyecto que redactó la mesa judicial, con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, a la cabeza, la opción de postergar el debate toma forma día a día. Hasta ahora sigue sin enviarse al Congreso para que los legisladores puedan acceder al detalle.
Como contó este medio, el nuevo proyecto estará compuesto por más de 900 artículos y persigue la idea de intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”, sintetizó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, involucrada en el diseño.
Según revelaron fuentes al tanto, el proyecto transita la fase final, próximo a concluir su redacción de la que participaron además la mano derecha del asesor, la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich, y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la ex funcionaria.
Sin embargo, la determinación parecía ser la de instruir al equipo abocado a la negociación legislativa a trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios que le permita al Poder Ejecutivo anotarse un nuevo triunfo con la Reforma Laboral. El próximo viernes a la mañana, pasado el receso vacacional, los alfiles políticos terminarán de definir los detalles y la estrategia en la que se encolumnarán para el despliegue legislativo.

De esta forma la mesa compuesta por Santiago Caputo; Patricia Bullrich y Martín Menem en el diálogo con ambas cámaras; el armardor Eduardo “Lule” Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la articulación con las provincias, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como nexo con Javier y Karina Milei, se prepara para volver a la carga con los contactos con los aliados que posibiliten computar apoyos a la voluntad expresa del libertario. Para eso, utilizarán todos los mecanismos a disposición.
De concretarse la posibilidad que figura en carpeta, el proyecto no estaría incluido en el temario que deberá hacerse público cuando el mandatario firme el decreto que oficialice la continuidad de las extraordinarias que iniciaron el 10 de diciembre y culminaron el 30 del mes, y que podría reactivarse a partir del próximo 2 de febrero.
Lo cierto es que en Balcarce 50 defienden la ya anunciada reforma como una de las claves en las que trabajaron en coordinación los Ministerios de Justicia y de Seguridad. Incluso, la propia Bullrich se mostró escoltada por el Presidente durante la presentación del proyecto a principios de octubre en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, y que defendió tiempo más tarde en conferencia de prensa.
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POLITICA
Senado: contrapuntos en el peronismo por la falta de una estrategia clara ante la agenda del Gobierno

El receso parlamentario impactó fuerte en el interbloque kirchnerista del Senado, que comanda el formoseño José Mayans. Según confió un puñado de legisladores peronistas a Infobae, la falta de estrategias claras ante la agenda del Gobierno comenzó a hervir el clima de cara al regreso de la actividad, sumado a la indefinición sobre si se integrarán o no las comisiones, un escenario de tensión similar al de inicios de 2024 en la Cámara alta, cuando la administración libertaria daba sus primeros pasos.
Desde un despacho de peso sentenciaron: “En Diputados se movieron mucho más que nosotros desde fin de año. Me llama la atención que no se haya presentado, desde el Senado, una sola nota a las autoridades -el oficialismo lo confirmó a este medio- sobre la bicameral de DNU. Las redes y los comunicados están bien, pero no veo algo sólido ni pensado todavía. Tampoco hay un plan. Mismo con la reforma laboral, salvo algunas ideas que mostró ‘Coqui’ -en referencia al legislador y exgobernador chaqueño, Jorge– Capitanich”.
“Demasiado tranquilas las cuestiones que aparecen en el chat. Además, los que se separaron parcialmente de nosotros, pero que aún forman parte del interbloque -como Convicción Federal-, son dejados de lado cada vez más. Entonces, tampoco pueden haber muchas quejas luego. No es un buen momento y nadie tiene idea cómo enfrentar febrero, pero tampoco pueden darnos por liquidados”, observó un obediente kirchnerista de la Cámara alta.
Las sesiones extraordinarias de diciembre último dejaron, además del tratamiento y sanción del Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, una repartija de comisiones con un esquema parecido al de 2023 en el Senado, en cuanto a una unión entre oficialismo y dialoguistas que relegó al entonces Frente de Todos, hoy “Popular”. Las diversas ramas justicialistas no enviaron a sus representantes -el cristinismo es quien cuenta con mayor poder- y tienen un problema extra y delicado ahora, como fue contado días atrás: deben distribuirse esos lugares ante órdenes que Cristina Kirchner emite, desde su prisión domiciliaria, que ya no son 100% cumplidas sin chistar.

“¿Cómo puede ser que, en dos años, ocurra exactamente lo mismo? ¿Nadie lo previó? ¿Qué se hizo para que fuera distinto?”, se lamentó a inicios de enero un legislador justicialista. En tanto, desde otro despacho, reflexionaron: “Encima, tenemos más bancadas dentro del interbloque y nos parte al medio decidir, ya que todas merecen participar en varias. ¿Van a hacer algo ordenado para resolver esto? Dudo”.
El mes pasado, La Libertad Avanza y fuerzas dialoguistas mostraron un conjunto de 44 senadores -en realidad, 43, ya que no había jurado aún el oficialista rionegrino Enzo Fullone– y dispusieron que, para las comisiones de 19 butacas, 13 serán para ellos y seis para los kirchneristas. En tanto, en las de 17, los guarismos quedarán en 12 y cinco.
Mayans pretende que, en las de 17 miembros, al interbloque kirchnerista-peronista se le asignen siete butacas. Y, en las de 19, ocho. Para denostar a la mayoría obtenida el 16 de diciembre en la mencionada reunión de Labor Parlamentaria, el formoseño apuntó a que la suscripción del acta “carece de toda validez y efecto jurídico”, por no estar activada la “delegación de facultades” a favor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
El último punto es clave. Por ese motivo es que los más memoriosos del Congreso recordaron con exactitud que, como titular del Senado y, durante el gobierno en el que secundó a su colega Alberto Fernández, Cristina Kirchner utilizó la delegación vigente de la macrista Gabriela Michetti. “La única nota que presentamos en queja fue por el número en las comisiones. ¿Y la integración de la bicameral de DNU por lo que hizo el Gobierno a fin de año? O sea que no está pasando que nos deba preocupar”, reflexionó un peronista ante la consulta de este medio.
POLITICA
El titular de la UIF se reunió con autoridades de Estados Unidos para intercambiar datos sobre la causa AFA

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, mantuvo un encuentro con autoridades fiscales de los Estados Unidos (EE.UU), con quienes intercambió información relevante en la causa que involucra un supuesto desvío de fondos al exterior por parte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Según trascendió, el funcionario se encontró en Washington con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), con el objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.
La AFA giró USD 8 millones a cinco empresas fantasma: una de ellas se disolvió hace una semana
La visita de Starc a EE.UU, se aceleró, tras revelarse una serie de transferencias millonarias de la AFA, hacia una empresa radicada en Miami, que pertenece al empresario teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que son investigados por lavado de dinero por la Justicia argentina.
En tanto, el titular de la UIF viajó para tener mayores detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia local y que involucran a los directivos de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha Pablo Toviggino.
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