POLITICA
ADEPA criticó el fallo que prohíbe la difusión de los audios de Karina Milei: «Limita de modo ilegítimo la libertad de expresión»

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo a la decisión de la Justicia Civil y Comercial Federal que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, grabados presuntamente en la Casa Rosada. La entidad consideró que se trata de una medida que “limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”.
“La reciente sentencia (…) es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa”, afirmó ADEPA en un comunicado publicado hoy. La organización remarcó que se opone de forma sistemática a toda decisión de funcionarios públicos que impida la difusión de información, “en especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional”.
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El pronunciamiento se conoció luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por el Gobierno, que denunció una presunta “operación de inteligencia ilegal” orientada a “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la filtración y publicación de audios obtenidos de forma clandestina. El fallo ordenó “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”.
“La Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, escribió en redes sociales el vocero presidencial, Manuel Adorni, al difundir el fallo.
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En su comunicado, ADEPA advirtió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al respecto: con la única excepción de contenidos que afecten a niños o adolescentes, “cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión”.
La entidad señaló también que “la publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores”, es decir, que si existiera alguna irregularidad legal en la obtención del material, el Estado tiene derecho a investigar y sancionar esos delitos.
Pero subrayó que eso no puede justificar la censura previa: “El gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto”, señaló el comunicado.
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La denuncia judicial, presentada por el Ministerio de Seguridad y radicada en el Juzgado Federal N.º 12, apunta también contra el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quienes se señala como posibles integrantes de una red que, según el Ejecutivo, busca alterar la campaña electoral y “generar violencia contra funcionarios del oficialismo”. Además, se menciona la posibilidad de que los audios hayan sido manipulados digitalmente con fines políticos.
Para ADEPA, sin embargo, este tipo de medidas atentan contra principios constitucionales. “Las prohibiciones preventivas (…) son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional”, sostuvo la entidad, y agregó que “afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden —o no— influir en la formación de la opinión pública”.
ADEPA, Karina Milei, libertad de expresion, censura, periodismo
POLITICA
Por la reforma laboral, el Gobierno estudia postergar los cambios en el Código Penal para las sesiones ordinarias

Sobre el final de la primera quincena de enero, el Gobierno Nacional reactiva incipientemente la actividad, con foco en la agenda legislativa, y estudia la posibilidad de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal para concentrar los esfuerzos en lograr la aprobación de la Reforma Laboral durante el mes de febrero, según revelaron al menos tres fuentes a Infobae. Si bien la última palabra la tiene el presidente Javier Milei, en las filas libertarias se inclinan a debatir las modificaciones de la ley penal durante el período de sesiones ordinarias del Congreso que iniciará a partir del 1° de marzo.
“Es probable que se postergue el tratamiento. Es la misma lógica que tuvimos con la Laboral en diciembre: enfocar energías en tener el proyecto de Modernización”, expresó ante este medio un importante funcionario en referencia a la determinación del Ejecutivo de posponer el tratamiento del proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en diciembre, para unificar negociaciones que posibilitaran la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, algo que finalmente ocurrió.
De esta forma, la mesa política, que se reunirá por primera vez este 2026 el próximo viernes a la mañana, trazará una estrategia unificada con el objetivo de este verano: conquistar las voluntades que permitan obtener la aprobación de la Reforma Laboral, uno de los pilares fundamentales de la segunda etapa de la gestión del libertario.
Se trata de un proyecto que contempla profundas revisiones tendientes a endurecer las penas para delitos que revisten gravedad, por lo que en el Gobierno consideran que debería enviarse a ordinarias “para que se trabaje bien”. Además, consideran que el temario enviado para la prórroga de las sesiones en el Congreso es extenso de por sí, por lo que analizan evitar sumar un nuevo objetivo. “Es difícil tratar todo junto al mismo tiempo”, se sinceraron ante este medio.
Si bien, en una primera instancia, había intenciones de discutir durante las extraordinarias el proyecto que redactó la mesa judicial, con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, a la cabeza, la opción de postergar el debate toma forma día a día. Hasta ahora sigue sin enviarse al Congreso para que los legisladores puedan acceder al detalle.
Como contó este medio, el nuevo proyecto estará compuesto por más de 900 artículos y persigue la idea de intensificar la política criminal, para dotar a los magistrados de herramientas y, a su vez, evitar “arbitrariedades” a la hora de evaluar cada causa. “Hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas la sociedad no la sienta insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace las paga”, sintetizó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, involucrada en el diseño.
Según revelaron fuentes al tanto, el proyecto transita la fase final, próximo a concluir su redacción de la que participaron además la mano derecha del asesor, la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich, y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la ex funcionaria.
Sin embargo, la determinación parecía ser la de instruir al equipo abocado a la negociación legislativa a trabajar en la búsqueda de los consensos necesarios que le permita al Poder Ejecutivo anotarse un nuevo triunfo con la Reforma Laboral. El próximo viernes a la mañana, pasado el receso vacacional, los alfiles políticos terminarán de definir los detalles y la estrategia en la que se encolumnarán para el despliegue legislativo.

De esta forma la mesa compuesta por Santiago Caputo; Patricia Bullrich y Martín Menem en el diálogo con ambas cámaras; el armardor Eduardo “Lule” Menem; y el ministro del Interior, Diego Santilli, en la articulación con las provincias, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como nexo con Javier y Karina Milei, se prepara para volver a la carga con los contactos con los aliados que posibiliten computar apoyos a la voluntad expresa del libertario. Para eso, utilizarán todos los mecanismos a disposición.
De concretarse la posibilidad que figura en carpeta, el proyecto no estaría incluido en el temario que deberá hacerse público cuando el mandatario firme el decreto que oficialice la continuidad de las extraordinarias que iniciaron el 10 de diciembre y culminaron el 30 del mes, y que podría reactivarse a partir del próximo 2 de febrero.
Lo cierto es que en Balcarce 50 defienden la ya anunciada reforma como una de las claves en las que trabajaron en coordinación los Ministerios de Justicia y de Seguridad. Incluso, la propia Bullrich se mostró escoltada por el Presidente durante la presentación del proyecto a principios de octubre en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, y que defendió tiempo más tarde en conferencia de prensa.
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POLITICA
Senado: contrapuntos en el peronismo por la falta de una estrategia clara ante la agenda del Gobierno

El receso parlamentario impactó fuerte en el interbloque kirchnerista del Senado, que comanda el formoseño José Mayans. Según confió un puñado de legisladores peronistas a Infobae, la falta de estrategias claras ante la agenda del Gobierno comenzó a hervir el clima de cara al regreso de la actividad, sumado a la indefinición sobre si se integrarán o no las comisiones, un escenario de tensión similar al de inicios de 2024 en la Cámara alta, cuando la administración libertaria daba sus primeros pasos.
Desde un despacho de peso sentenciaron: “En Diputados se movieron mucho más que nosotros desde fin de año. Me llama la atención que no se haya presentado, desde el Senado, una sola nota a las autoridades -el oficialismo lo confirmó a este medio- sobre la bicameral de DNU. Las redes y los comunicados están bien, pero no veo algo sólido ni pensado todavía. Tampoco hay un plan. Mismo con la reforma laboral, salvo algunas ideas que mostró ‘Coqui’ -en referencia al legislador y exgobernador chaqueño, Jorge– Capitanich”.
“Demasiado tranquilas las cuestiones que aparecen en el chat. Además, los que se separaron parcialmente de nosotros, pero que aún forman parte del interbloque -como Convicción Federal-, son dejados de lado cada vez más. Entonces, tampoco pueden haber muchas quejas luego. No es un buen momento y nadie tiene idea cómo enfrentar febrero, pero tampoco pueden darnos por liquidados”, observó un obediente kirchnerista de la Cámara alta.
Las sesiones extraordinarias de diciembre último dejaron, además del tratamiento y sanción del Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, una repartija de comisiones con un esquema parecido al de 2023 en el Senado, en cuanto a una unión entre oficialismo y dialoguistas que relegó al entonces Frente de Todos, hoy “Popular”. Las diversas ramas justicialistas no enviaron a sus representantes -el cristinismo es quien cuenta con mayor poder- y tienen un problema extra y delicado ahora, como fue contado días atrás: deben distribuirse esos lugares ante órdenes que Cristina Kirchner emite, desde su prisión domiciliaria, que ya no son 100% cumplidas sin chistar.

“¿Cómo puede ser que, en dos años, ocurra exactamente lo mismo? ¿Nadie lo previó? ¿Qué se hizo para que fuera distinto?”, se lamentó a inicios de enero un legislador justicialista. En tanto, desde otro despacho, reflexionaron: “Encima, tenemos más bancadas dentro del interbloque y nos parte al medio decidir, ya que todas merecen participar en varias. ¿Van a hacer algo ordenado para resolver esto? Dudo”.
El mes pasado, La Libertad Avanza y fuerzas dialoguistas mostraron un conjunto de 44 senadores -en realidad, 43, ya que no había jurado aún el oficialista rionegrino Enzo Fullone– y dispusieron que, para las comisiones de 19 butacas, 13 serán para ellos y seis para los kirchneristas. En tanto, en las de 17, los guarismos quedarán en 12 y cinco.
Mayans pretende que, en las de 17 miembros, al interbloque kirchnerista-peronista se le asignen siete butacas. Y, en las de 19, ocho. Para denostar a la mayoría obtenida el 16 de diciembre en la mencionada reunión de Labor Parlamentaria, el formoseño apuntó a que la suscripción del acta “carece de toda validez y efecto jurídico”, por no estar activada la “delegación de facultades” a favor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.
El último punto es clave. Por ese motivo es que los más memoriosos del Congreso recordaron con exactitud que, como titular del Senado y, durante el gobierno en el que secundó a su colega Alberto Fernández, Cristina Kirchner utilizó la delegación vigente de la macrista Gabriela Michetti. “La única nota que presentamos en queja fue por el número en las comisiones. ¿Y la integración de la bicameral de DNU por lo que hizo el Gobierno a fin de año? O sea que no está pasando que nos deba preocupar”, reflexionó un peronista ante la consulta de este medio.
POLITICA
El titular de la UIF se reunió con autoridades de Estados Unidos para intercambiar datos sobre la causa AFA

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, mantuvo un encuentro con autoridades fiscales de los Estados Unidos (EE.UU), con quienes intercambió información relevante en la causa que involucra un supuesto desvío de fondos al exterior por parte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Según trascendió, el funcionario se encontró en Washington con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), con el objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.
La AFA giró USD 8 millones a cinco empresas fantasma: una de ellas se disolvió hace una semana
La visita de Starc a EE.UU, se aceleró, tras revelarse una serie de transferencias millonarias de la AFA, hacia una empresa radicada en Miami, que pertenece al empresario teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que son investigados por lavado de dinero por la Justicia argentina.
En tanto, el titular de la UIF viajó para tener mayores detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia local y que involucran a los directivos de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha Pablo Toviggino.
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