Este miercóles, el Gobierno y los aliados en el Senado se pusieron de acuerdo para confirmar cambios en la Ley de Glaciares que se debatirá este jueves. El oficialismo reconoce que están muy ajustados los votos (necesitan 37), pero asegura que tiene las voluntades para darle media sanción pese a que el PRO y la UCR votarán divididos.

Los ojos están puestos sobre el flamante bloque peronista Convicción Federal que tiene a Carolina Moises, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza. Moises ayer fue nombrada vicepresidenta de la Cámara Alta lo que podría leerse como un gesto del oficialismo.

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También hay dudas sobre cómo votará la senadora de Chubut Edith Terenzi que al momento no quiso revelar el sentido de su voto, pese a tenerlo decidido. Por su parte, miembros de la UCR aún evalúan su voto: hay quienes podrían votar a favor de la ley en general pero poner ciertos requisitos a la hora del debate en particular.

La normativa original, sancionada en 2010, prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

Lo que busca el Gobierno es priorizar las actividades productivas (minera, hidrocarburífera) en Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. Y atraer y dar luz verde a proyectos mineros internacionales. Para ello, abrirá la posibilidad de hacer explotación de recursos naturales en glaciares si no se consideran hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica. Hasta hoy eso no puede hacerse.

La relevancia hídrica ahora pasarán a determinarla las provincias. Se les otorga mayor poder de decisión para evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos.

“Una forma de honrar el respaldo que tuvimos en las urnas es continuar con nuestra agenda reformista”, publicó este miércoles La Libertad Avanza en sus redes sociales, en la previa del debate de la Ley de Glaciares. Y agregó: “Es una oportunidad histórica. La minería trae millones a la Argentina”.

TN accedió a las últimas modificaciones que hizo el Gobierno en el dictamen original del proyecto que estaba desde diciembre.

No hay cuestiones sustanciosas, sino pequeños cambios y agregados de ciertas palabras.

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Lo más significativo son dos agregados en el artículo 6 y 7. Allí se sumó que quedan prohibidas actividades que impliquen daños al ambiente en términos de la Ley General del Ambiente 25.675 y que las evaluaciones ambientales deben cumplir con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688. Este último punto implica un monitoreo de la calidad y cantidad del caudal de agua que se vea afectado.

“Esto es lo que se llama redundancia legislativa. Decir que van a cumplir una ley está mal, eso ya existe, siempre se debe cumplir con la ley. Estos agregados son para maquillar la ley. Son cambios cosméticos”, explicó Enrique Viale de la Asociación de Abogados Ambientalistas.

Por su parte, una fuente oficialista sostuvo que al incorporar la mención de la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua 25.688 al proyecto, la situación no quedaría a “tan libre albedrío” para las provincias mineras.

Otro de los puntos que cambió con respecto a la redacción de diciembre es que se constatará la relevancia hídrica de un glaciar y el aporte de agua dulce que hace a los cursos de agua “sobre la base de estudios técnicos-científicos”.

Sobre este punto, opinó Viale: “La nueva redacción no establece ninguna especificidad ni alcance de esos estudios técnicos científicos que se mencionan genéricamente”.

También que el Inventario Nacional de Glaciares que hoy existe y está hecho por el Instituto Nacional de Glaciares (IANIGLA) se mantendrá como está hasta que las autoridades provinciales determinen que cierto glaciar no tiene “relevancia hídrica”.

“El inventario que existe seguirá así hasta que la provincia diga lo contrario. Es decir, si la provincia demuestra que la zona no cumple una función hídrica, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) lo tiene que sacar del inventario. No se puede oponer”, dijo una fuente legislativa que analizó en detalle los cambios previstos.

Otra, al tanto de lo sucedido, agregó: “El punto que pone en aprietos a los que quieren la ley es el que habla de de qué es una cuenca y qué no”. Es decir, qué zonas glaciares o periglaciares son proveedoras de agua para la recarga de cuencias hidrográficas en la Argentina.

Senado, ley de glaciares

Si nada arruina sus planes, cuando el presidente Javier Milei hable el próximo domingo para abrir el año parlamentario de manera oficia dirá, entre otros conceptos, que es el primer presidente de la región que logró la ratificación del Congreso del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Eso, claro está, si el oficialismo logra el aval del Senado en la sesión de este jueves a la media sanción que ya tiene de Diputados. LLA cuenta con los votos necesarios.

El bloque libertario, que presidente Patricia Bullrich, se movió rápido en las últimas 48 horas para apurar el tratamiento del convenio entre los bloques comerciales, previsto de manera inicial para el viernes. Al igual que la Argentina, Uruguay aceleró los tiempos para lograr la ratificación. Fuentes del gobierno de Yamandú Orsi señalaron a Infobae que la idea es que se vote también este jueves. En otros países, como Brasil y Paraguay, el proceso es más lento.

“El beneficio en particular de aprobarlo rápido es que una vez que se hace, al otro día, el consejo automáticamente se da por notificado y empiezan a correr los dos meses para que se aplique el acuerdo con la Argentina”, señaló a este medio un importante legislador libertario. Y agregó: “Después está lo simbólico, de querer enviar un mensaje de liderazgo en la región”.

El acuerdo se divide en una parte política y una económica. La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Se trata de un proceso que podría demorar hasta dos años.

En cuanto al aspecto económico, las facultades para avanzar con algunos procesos ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo. “La entrada en vigencia del acuerdo permitiría cubrir cuotas de exportación de algunos productos, como la carne, antes que Brasil, por ejemplo”, explicaron desde el oficialismo.

La asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea fue resultado de más de una década de negociaciones. El tratado prevé una eliminación gradual de aranceles y la adopción de regulaciones técnicas comunes en las exportaciones bilaterales. El Gobierno nacional sostiene que el acuerdo conformará un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de personas.

“Esta decisión representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina ya que, por su dimensión y escala económica, implica un aumento sustancial de la proporción del PIB global con el que el país mantiene acuerdos comerciales. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio, Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial”, aseguraron desde Casa Rosada. Y agregaron: “Con la liberalización del mercado, casi la totalidad de las exportaciones agrícolas del Mercosur a la UE se verán beneficiadas”.

Desde el ámbito diplomático, el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamle, elogió el acuerdo, expresó que representa una “oportunidad para profundizar la integración y promover innovación” y una reducción de los aranceles en el 90% de los grupos de productos, algo beneficioso para las empresas alemanas y argentinas». A su vez, aseguró que la aplicación provisional del acuerdo “es jurídicamente posible incluso sin el consentimiento del Parlamento Europeo”.

Por su parte, los bloques opositores advirtieron sobre el posible impacto negativo en la industria nacional y sobre la capacidad de adaptación a regulaciones técnicas más estrictas, enfocados en resguardar empleos en sectores sensibles. En Diputados, el tratado obtuvo 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones, y el bloque Unión por la Patria quedó dividido.

La semana pasada, el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea, Maros Sefcovic, aseguró que el bloque perdió casi 300.000 millones de euros en Producto Interior Bruto (PIB) y más de 200.000 millones en oportunidades de exportación al no haber puesto en marcha el acuerdo comercial con Mercosur desde 2021.

El avance del convenio regional fue obstaculizado por una serie de dificultades políticas, ambientales y sectoriales, y por la preocupación de varios Estados miembros de la UE, especialmente Francia, Irlanda, Austria y Polonia, por el impacto del acuerdo en el sector agrícola europeo y la posible competencia desleal de productos sudamericanos.

business,international relations

El Gobierno planea enviar este viernes a la mesa política al Congreso para monitorear el tratamiento final de la reforma laboral, que volverá a votarse en la Cámara alta para la ratificación de los cambios introducidos durante el trámite legislativo. En Nación descartan por el momento la organización de una celebración entre sus integrantes.

En el Ejecutivo aseguran que cuentan con los votos necesarios para sostener los cambios en la reforma y avanzar también con la Ley Penal Juvenil. Abarca la baja de la edad de imputabilidad, que el oficialismo propone fijar en los 14 años.

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En la Casa Rosada tampoco esperan “sorpresas” en las votaciones de mañana para ratificar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y para darle media sanción a la Ley de Glaciares, que amplía los márgenes de explotación en las zonas periglaciares.

En Balcarce 50 esperan que se instalen en el Congreso el ministro del Interior, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Remarcan que es probable que se sumen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

La última reunión de la mesa política del Gobierno fue el lunes y tuvo como objetivo trabajar el poroteo de votos para los cuatro proyectos que se votarán este jueves y viernes en el Senado. Hubo también un debate sobre el orden de prioridades de las iniciativas que impulsarán a partir del 1 de marzo, que comienzan las sesiones ordinarias.

El Ejecutivo ya trabaja en la reglamentación de la reforma laboral y busca blindarla ante eventuales judicializaciones. Es por eso que los equipos técnicos del oficialismo trabajan sobre el decreto, que apuntan a publicar en los primeros días de marzo en el boletín oficial. El objetivo es reducir márgenes de interpretación y litigiosidad.

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La Casa Rosada quiere tratar en los primeros días de sesiones ordinarias la nueva Ley de Financiamiento Universitario junto con la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. Ubican en el mismo orden de prioridades a los cambios que preparan sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, que enviarán al Congreso en el corto plazo.

En Balcarce 50 insisten con que luego intentarán ratificar el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que está en revisión en la secretaría de Legal y Técnica, que preside María Ibarzabal. Lo mismo aplica para el entendimiento entre el Mercosur y Singapur y la adhesión al Consejo de la Paz, que impulsó Donald Trump.

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