POLITICA
La aberración de la censura previa
Jueces y fiscales corrieron para no perderse el protagonismo del espectáculo y, así, tomaron decisiones jurídicamente inexplicables. Para un lado o para el otro. Con todo, nada es tan claramente inconstitucional como la decisión del juez en lo Civil y Comercial Alejandro Maraniello, quien ordenó la censura previa de supuestos audios, no conocidos aún, de Karina Milei. La Constitución consagra el derecho a publicar ideas “sin censura previa” y hasta le prohíbe al Congreso el dictado de leyes que restrinjan la libertad de prensa (“libertad de imprenta”, dice con el lenguaje de la época, en la que solo había diarios). Muy pocas cosas son tan graves para la democracia como la censura previa, además, desde cualquier punto de vista.
Pocas veces en 40 años de la nueva democracia argentina se le ocurrió a un juez aplicar la censura previa, que es la peor de las censuras, aunque todas sean muy malas. Y es la peor porque se está negando al conocimiento público algo que nadie conoce en una suerte de tutelaje que los ciudadanos de una república no necesitan. No se trata de un privilegio de los periodistas, porque la ley no deja impune al periodismo de eventuales estragos que podría cometer con el honor de las personas, pero las sanciones legales sucederán, si suceden, después de conocidos los hechos. Nunca antes. Karina Milei dice que los audios anunciados (los difusores de las filtraciones aseguran tener 50 horas de grabaciones de conversaciones de la secretaria general de la Presidencia) podrían afectar su “honor” y la “seguridad nacional”, pero no precisa, ni describe de manera global, esa probable afectación a su honor y a la seguridad del país.
Es cierto que la Constitución protege también la inviolabilidad de la correspondencia, que podría aplicarse a las conversaciones privadas o a los mensajes de audios si existieron, y el derecho a la intimidad. Pero los funcionarios públicos deben tolerar, les guste o no (generalmente no les gusta), un mayor nivel de escrutinio, siempre que la información tenga relevancia para el interés público. En síntesis, el poder, cualquier poder, no puede decidir qué se puede informar y qué no.
Como si fuera poco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió el allanamiento del canal de streaming Carnaval, desde donde se difunden los distintos audios, y de las casas particulares de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, además de uno de los dueños de ese canal, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y hombre de confianza del caudillo de la organización del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y del abogado Franco Bindi. Bindi es la pareja actual de la diputada Marcela Pagano, que militó en el mileísmo hasta que consiguió la banca en el Congreso y se convirtió luego en una brutal adversaria del Gobierno; el letrado tiene viejos nexos con los servicios de inteligencia, está muy cerca del kirchnerismo y es, también, un simpatizante de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro.
Una versión no confirmada indica que la primera grabación de una conversación de Diego Spagnuolo, hecha en una confitería o restaurante por los ruidos cercanos que se perciben, fue precisamente con Bindi en su calidad de abogado. Spagnuolo, también abogado, habría consultado con Bindi, entonces ya pareja de Pagano y cuando esta militaba todavía en La Libertad Avanza, las consecuencias de presuntos delitos de funcionarios en conocimiento de él. Si fue así, la filtración es más grave todavía porque rompió el deber de confidencialidad que cualquier abogado tiene con su cliente o eventual cliente.
Decantan dos novedades inexplicables. Una consiste en que nadie puede responder qué hace Bullrich, responsable de la seguridad de los argentinos, metida en un escándalo que hurga en conversaciones o mensajes de funcionarios. ¿De dónde sacó que esas conversaciones podrían afectar la seguridad de los argentinos más que lo que ya lo hacen los motochorros o los sicarios del narcotráfico? En todo caso, podría haber actuado el Ministerio de Justicia, aunque su titular, Mariano Cúneo Libarona, está en Londres participando de un seminario. O el Procurador del Tesoro, jefe de todos los abogados del Estado, podría haber interpuesto un recurso. La presentación de Bullrich solo se explica en su permanente sobreactuación como militante mileísta, después de haber militado contra Milei.
La otra novedad refiere a una pretensión de la ministra, que ya no tiene explicación alguna, y es la que pide el allanamiento de las casas particulares de dos periodistas y de uno de los dueños de un medio para buscar las fuentes de información. Esas fuentes están protegidas particularmente por la Constitución argentina después de la reforma de 1994. Uno de los párrafos de su artículo 43 dice textualmente: “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas”. Para muchos, los periodistas cuestionados por Bullrich no son un ejemplo profesional, pero las garantías están hechas para protegerlos a ellos, no a los que cumplen con todas las normas éticas y morales. De cualquier forma, sobresale una pregunta elemental: ¿por qué hay casi una obsesión del gobierno en impedir que se conozcan más audios, sean de Spagnuolo o de Karina Milei? ¿Qué se quiere ocultar? ¿Cuál es el temor sobre el contenido de esos audios presuntos?
El fiscal Carlos Stornelli puso ayer las cosas en su lugar. Le pidió al juez Julián Ercolini, quien tiene en sus manos la presentación de Bullrich, investigar la denuncia de la ministra, pero reclamó expresamente respetar las fuentes de información de los periodistas y no allanar sus domicilios ni los de los medios que difundieron las grabaciones. El periodista Daniel Santoro contrastó ayer la actitud de Stornelli con la del entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla (ahora es juez federal de La Plata), quien escarbó en 2019 en los teléfonos de los periodistas Nicolás Wiñazki, Luis Majul y del propio Santoro en el marco del operativo “puf”. Así se llamó a una operación del kirchnerismo para abatir definitivamente a Stornelli y al juez Claudio Bonadio, que venían de investigar el caso de los cuadernos.
De todos modos, Stornelli considera ahora verosímil la denuncia del Gobierno de que habría una intención destituyente en la difusión de esos audios. No se detiene, eso sí, en quienes difundieron los audios, sino en quienes entregaron las grabaciones para su difusión. En la “génesis” del escándalo, como él califica al comienzo de todo. Al fiscal le llamó especialmente la atención que los audios hayan trascendido a pocos días de elecciones cruciales en la provincia de Buenos Aires y de las elecciones legislativas nacionales; es un aval implícito a la posición del Gobierno que sostiene que se trató de una “operación” destinada a perjudicar electoralmente al Presidente. Pero Stornelli no hizo lugar al pedido de Bullrich de allanar las casas de periodistas o la sede de un medio periodístico, “merezcan el concepto que merezcan”, subrayó el magistrado. Una cosa es el delito; otra cosa es cómo llegar a sus autores.
Stornelli puso especial énfasis en que todo lo que se conoció pudo tratarse de una operación de inteligencia, de los “sótanos” del Estado, y, sin decirlo, echa luz sobre lo que parece también una intensa trifulca entre distintos sectores de los servicios de inteligencia. Si bien Bindi fue parte de esos servicios, su pareja, Pagano, oficializó en el recinto de la Cámara de Diputados el presunto papel que también habría jugado José Luis Vila, un viejo espía de la SIDE que tiene como jefe político al dirigente radical Enrique “Coti” Nosiglia.
Un exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri recordó que el entonces presidente debió darle un cargo a Vila para no ceder en lo que pretendía Nosiglia: que Vila fuera el jefe de la SIDE. Fuentes del gobierno de Milei dicen que ahora sucedió lo mismo: Vila es actualmente un funcionario menor de la Jefatura de Gabinete; de esa manera, evitaron que recalara como titular de los servicios de inteligencia. ¿Hubo competencia entre Bindi y Vila, como dicen algunos, o hubo complicidad entre ellos, porque uno lo grabó a Spagnuolo y el otro contribuyó a la difusión de la grabación, como sostienen otros funcionarios? Quién lo sabe. Siempre es mejor estar lejos de esos personajes.
En el mientras tanto, también se discute en los tribunales si la decisión del juez Sebastián Casanello de allanar rápidamente las oficinas y las casas de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina mencionada por Spagnuolo como la que pagaba los sobornos, y pedir sus teléfonos celulares no fue una medida apresurada. Llama la atención no solo el apresuramiento del juez, sino también que no haya incluido en la incautación de teléfonos celulares al del subsecretario de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, tan mencionado como la familia Kovalivker en las grabaciones de Spagnuolo.
Casanello es respetado en los tribunales como persona y como juez, pero él delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, que estuvo cerca del kirchnerismo. Siempre, de todos modos, es el juez quien debe autorizar los allanamientos. La privación de la libertad y los allanamientos son las decisiones más graves que puede tomar un juez. Los magistrados son los únicos argentinos que pueden meterse en la intimidad de una casa particular o quitarles la libertad a las personas.
Los primeros allanamientos de Casanello se hicieron respaldados por un audio, el de Spagnuolo, cuando todavía no se sabía si eran verdaderos, pero sí se sabía que no habían sido autorizados por un juez y eran, por lo tanto, de escasa o nula legalidad. Otra vertiente de funcionarios judiciales argumenta que los audios no son ilegales, salvo que los haya hecho clandestinamente el servicio de inteligencia, y que el juez puede usarlos como indicios de un delito. Podría, inclusive, apoyarse en ellos para salir a buscar nuevas pruebas y testimonios. Nunca podría, en cambio, usar esos audios clandestinos como prueba de nada, agregan. El debate tiene una especial envergadura porque si la Cámara Federal considerara ilegal el primer audio de Spagnuolo, podría declarar la nulidad de la causa iniciada por Casanello. A cuatro días de las elecciones bonaerenses, que tomaron una monumental dimensión política, la paranoia de la dirigencia descarta ya que exista la neutralidad.
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El Gobierno anticipó que este año volverá a la carga con su intención de eliminar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la oposición ya encendió las alarmas. El proyecto aún no se presentó al Congreso, pero los propios aliados muestran reparos a que el oficialismo pretenda suprimir una herramienta que, admiten, les serviría para encauzar su desorden interno.
En rigor, no es la primera vez que el Gobierno pretende suprimir las PASO. Con el argumento del ahorro económico, en noviembre de 2024 presentó un proyecto en ese sentido y, si bien no logró el objetivo propuesto por la resistencia de la oposición, al menos pudo suspenderlas para las elecciones legislativas del año pasado.
Lo cierto es que las PASO siguen vigentes, situación que el Gobierno pretende una vez más revertir. Su desafío será reunir la mayoría absoluta que le exige la Constitución Nacional para toda modificación del régimen electoral y de partidos políticos: 129 votos positivos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.
“Estamos esperando las especificaciones técnicas del proyecto del Poder Ejecutivo, pero nuestra idea es eliminar las PASO”, anticipó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en declaraciones a LN+.
Menem indicó que el proyecto que enviará la Casa Rosada no se limitará a la derogación de las primarias, sino que apuntará hacia una reforma integral de los partidos políticos en lo que se atañe a su constitución, reconocimiento legal y financiamiento. Cuestiones sensibles que hacen a la supervivencia de los espacios partidarios.
Es por esta razón que los opositores no se muestran demasiado entusiastas en acceder a la derogación lisa y llana de las PASO como pretende el Poder Ejecutivo. Incluso en los espacios cercanos al oficialismo prefieren más una reformulación del sistema de primarias hoy vigente antes que su eliminación, ya que los dejaría sin una herramienta con la cual pelear espacios de poder si eventualmente se confluye en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza.
“Por lo pronto, no estamos de acuerdo con que se modifiquen las reglas de juego para una elección próxima. Igualmente, vamos a esperar a que llegue el proyecto al Congreso para analizarlo detenidamente”, indican desde la bancada de Pro, aliado estratégico del oficialismo.
Desde el radicalismo también plantearon reparos. “La eliminación de las PASO sin plantear un sistema que las reemplace constituye un retroceso”, planteó el senador Maximiliano Abad. “Entiendo que el sistema vigente de primarias debe ser revisado y modernizado”, agregó.
“En los procesos electorales argentinos es cada vez más corriente la constitución de frentes o alianzas (coaliciones electorales integradas por diversos partidos) −agregó−. Desde esta perspectiva, un eventual sistema que reemplace las PASO no sólo debe definir las candidaturas dentro de un partido, sino entre fuerzas aliadas. La alternativa no es la eliminación de las PASO, sino un mecanismo que las supere, garantizado la participación democrática de la ciudadanía”.
Desde Provincias Unidas también se oyen reparos. “La eliminación de las primarias beneficia principalmente a los oficialismos que eligen sus candidatos a dedo para dificultarle a la oposición la posibilidad de ordenarse en torno a una oferta electoral. Provincias Unidas tiene referentes con ambiciones electorales, eventualmente podrían sumarse más espacios y esta herramienta (las PASO) permitiría una definición más democrática de sus candidatos”, razonó un legislador cercano al gobernador cordobés Martín Llaryora.
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POLITICA
Causa Vicentin: declaró el titular de la SIGEN ante el juez Ercolini y defendió su rol técnico en el Banco Nación
El actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Alejandro Díaz, prestó declaración indagatoria por su desempeño como síndico del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de una causa que investiga un presunto acuerdo entre la empresa Vicentin y la entidad para evitar el cobro de una deuda millonaria.
La indagatoria —instancia prevista en el Código Procesal Penal que no implica una definición de culpabilidad sino la posibilidad de ejercer defensa— se produjo en el marco del expediente que analiza, en forma puntual, presuntas irregularidades en el otorgamiento y posterior refinanciación de créditos a la firma santafesina.
La declaración de Díaz
En su testimonio de casi tres horas, el síndico General de la Nación sostuvo: “El cliente operaba con el banco hacía más de 30 años y era el más importante de la entidad financiera. Todos los informes de los cuales tuve conocimiento solo mencionaban la necesidad de un encuadramiento que resultaba generado por situaciones exógenas al cliente y estaba dado en tres situaciones: dos transferencias que había realizado el BNA al Tesoro Nacional y las variaciones en el tipo de cambio que se dieron durante el año 2019”.
Díaz también aseguró: “La información que tuve durante mi labor fue que el banco intentaba encuadrar la situación del cliente a través de un seguro de caución, y que esa situación estaba en conocimiento de la autoridad regulatoria. El síndico no debe vincularse con las actividades operativas, puesto que ello resultaría ser un condicionamiento a la hora de realizar una función técnica objetiva e independiente”, añadió.
Además, el titular de la SIGEN se refirió al mecanismo de control utilizado en organizaciones de la envergadura de Vicentin y resaltó que “casualmente” su imputación en la causa se produjo recién en el mes de septiembre del año pasado, cuando ya había sido nombrado síndico General de la Nación.
En ese marco, señaló: “No logro comprender las imputaciones que se me puedan hacer en esta causa como consecuencia de mi rol como síndico de la empresa, siendo que me apoyé en áreas técnicas especializadas, que en ningún momento me alertaron de un posible riesgo de default, sino todo lo contrario: esos documentos reflejaban la solvencia del cliente. Por lo tanto, al no recibir ninguna alerta, nada estaba a mi alcance para actuar de manera distinta a la que lo hice”.
El eje: el rol del síndico
Según surge de la reconstrucción judicial, el foco estuvo puesto en el papel que Díaz desempeñó como síndico del Banco Nación durante ocho meses, entre julio de 2019 y marzo de 2020.
En su declaración, el funcionario sostuvo que su intervención constaba del control de legalidad y del análisis de la información contable del banco, sin facultades ejecutivas ni voto en las decisiones comerciales adoptadas por la entidad. Es decir, defendió que su rol no era resolutivo sino de control de legalidad y de fiabilidad de la información financiera emitida por el banco.
La causa gira en torno al proceso que permitió a Vicentin acceder a financiamiento por cifras que rondaron los 300 millones de dólares durante la gestión comercial de los últimos años (la empresa tenía una extensa trayectoria como cliente del Banco Nación). La Fiscalía investiga si existieron desvíos en la aplicación de normas o falta de resguardos suficientes para proteger los intereses de la entidad.
En ese esquema, el accionar de los órganos de fiscalización quedó bajo análisis.
Embargos, imputaciones y un presunto perjuicio millonario
En paralelo al avance del expediente, el Juzgado Federal N° 10 ya dispuso embargos preventivos e inhibiciones generales de bienes sobre ex directivos del Banco Nación y responsables del grupo empresario. La medida alcanzó a 18 ex funcionarios de la entidad y a empresarios de Vicentin.
Entre los imputados, figuran el ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga; el ex vicepresidente Lucas Llach; y los directores Carlos Alberto Castellani, Ercilia Antonia Nofal, Miguel Ángel Arce, Guillermo Goldberg, Jorge Alberto Lawson, Marcelo Javier Pose, Javier Okseunik y Agustín Pesce.
También fueron alcanzados Juan José Fragati (gerente general), Martín Enrique González (subgerente de Banca Corporativa), Susana Graciela Ojeda (subgerente de Riesgo y Política de Crédito), Maricel Leonor Moschini (subgerente de Soporte Crediticio), José Luis Testa (gerente zonal), Luis María Celestino Restelli (gerente zonal), Darío Marcelo Giacossa (gerente de sucursal), Néstor Ariel Bled (gerente de sucursal), Alexis Diosnel Tortul (responsable de la plataforma comercial) y el propio Alejandro Fabián Díaz, en su carácter de síndico.
Por parte del Grupo Vicentin, la medida recayó sobre su presidente de la empresa, Néstor Buyatti; el vicepresidente, Alberto Julián Macua; el apoderado Herman Roberto Vicentin; y los directores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
Según la resolución judicial, la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión”.
El juez Ercolini planteó además que deberá considerarse “la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.
Agosto-diciembre de 2019: el período bajo la lupa
La resolución judicial señala que entre agosto y diciembre de 2019 —los últimos meses del gobierno de Mauricio Macri— funcionarios del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin “habrían generado” que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran a la entidad pública por un perjuicio patrimonial de USD 304.328.665,75, suma que “hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.
La Justicia sostiene que los funcionarios del banco “habrían omitido intimar” a las empresas por deudas vencidas y exigibles desde el 8 de agosto de 2019, originadas en préstamos concedidos como prefinanciación de exportaciones.
El fallo también advierte que entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 se habrían liberado, desde dos cuentas, un total de $43.449.104.966, autorizando 125 transferencias hacia otra cuenta corriente radicada en la misma entidad. El magistrado enfatizó que “el banco carecía de facultades para cobrarse”.
Para el juzgado, existió una presunta “actuación coordinada entre funcionarios del Banco Nación y empresarios”, que habría perjudicado patrimonialmente a la entidad financiera, mediante el otorgamiento irregular de 28 préstamos por un total de USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019.
A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, Ercolini citó a declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban los directorios de la cerealera y del Banco Nación, acusadas de haber cometido un presunto fraude millonario contra el Estado.
Alejandro Díaz inició sus actividades como síndico del Banco Nación a mediados de julio de 2019, tan solo unos días antes de los primeros atrasos en los vencimientos de Vicentin. Luego, permaneció en su puesto durante ocho meses y declaró que, tras su salida, no tuvo intervención en los hechos posteriores.
Sobre la refinanciación recibida por Vicentin durante el mes de noviembre de 2019 y el encuadramiento de límites a través de garantías, Díaz manifestó en su indagatoria no contar con ningún elemento que hiciese presumir la existencia de riesgo crediticio, sino todo lo contrario: los informes técnicos de las áreas operativas y de supervisión indicaban solvencia del cliente, y la refinanciación generada con estas operaciones es una práctica habitual en el sistema financiero. El banco obtenía un beneficio económico y posibilitaba que el cliente presentara las garantías que se estaban resolviendo o en proceso de resolución.
“No encontré motivo para oponerme a la toma de conocimiento de esta refinanciación. Si lo hubiese hecho, no hubiese tenido elementos para defender mi posición y no hubiese cambiado el rumbo de operaciones ya concretadas”, sintetizó Díaz en su presentación.
En ese tablero judicial, la declaración de Alejandro Díaz marca un punto clave: el intento del titular de la SIGEN de delimitar su responsabilidad a un rol técnico y de control, basado en informes de áreas operativas que conforman el sistema de control interno de la organización y sus líneas de defensa.
El inicio de la gestión de Díaz en la SIGEN
Mientras el expediente judicial sigue su curso, puertas adentro de la SIGEN la actual conducción puso en marcha una agenda orientada —según destacan desde el organismo— a fortalecer los mecanismos de control y auditoría del sector público nacional.
En sus primeros meses al frente del organismo, Díaz impulsó una revisión de los circuitos internos para la ejecución de auditorías, con foco en la trazabilidad de los expedientes y en la digitalización de procesos para reducir márgenes de discrecionalidad. También promovió la actualización de manuales de procedimiento y la coordinación con unidades de auditoría interna de distintos ministerios y empresas estatales, en un intento por homogeneizar criterios técnicos.
Ese perfil técnico es el que el funcionario intentó remarcar en su exposición judicial: la diferencia entre la función de control formal y la decisión política o comercial que adoptan los directorios de las entidades públicas. En el caso puntual del Banco Nación, insistió en que la sindicatura no tenía atribuciones para bloquear operaciones crediticias, sino para emitir recomendaciones y dejar constancia de observaciones, que no pudo formular porque no existían elementos ni evidencias que hicieran presagiar el colapso del cliente en cuestión
POLITICA
El titular de la Sigen fue indagado en la causa que investiga irregularidades en la quiebra de Vicentin por su pasado en el Banco Nación
Por su rol como síndico del Banco Nación (BNA) durante el macrismo, el actual titular de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Alejandro Díaz, fue indagado ayer en los tribunales de Comodoro Py en la causa que investiga un presunto acuerdo entre la empresa Vicentin y la entidad financiera para omitir el cobro de una deuda millonaria.
El expediente revisa, además, el refinanciamiento de una deuda que el BNA le otorgó a Vicentin días antes de que la empresa -que llegó a ser una de las mayores exportadoras de granos del país- declarara un “estrés financiero” e ingresara en un declive que culminaría con un concurso preventivo.
A Díaz, que durante ocho meses representó a la Sigen en las comisiones internas del Banco Nación, se lo acusa de no oponerse a las maniobras financieras que habrían favorecido a la empresa en detrimento del Banco.
Según pudo reconstruir de distintas fuentes, Díaz se defendió en el juzgado de Julián Ercolini afirmando que no estaba facultado para tomar decisiones y que no tenía voto en aquellos encuentros. El funcionario explicó que su trabajo consistía solo en supervisar que las decisiones del banco fueran “consistentes” con los informes que se presentaban en las reuniones.
Las irregularidades de la empresa comenzaron en agosto de 2019, unos días después de que Díaz llegara al Banco Nación como representante de organismo. El primer descalce, marcó en su indagatoria, ocurrió por motivos ajenos a la empresa: los efectos inflacionarios y una reducción en el patrimonio del banco confluyeron para que un préstamo cercano a los 300 millones de dólares superara el límite establecido por el Central para los pasivos de los bancos, fijado en un 15% del patrimonio de cada entidad financiera. Esa deuda, marcó el funcionario, se había tomado antes de su llegada al Banco Nación.
Díaz señaló que todos los informes a los que tuvo acceso indicaban que hasta ese entonces la empresa gozaba de buena salud y que, históricamente, la firma era solvente y recurría al Nación solo para estabilizar su flujo de fondos.
Desde mediados de agosto, y en medio de nuevas negociaciones para flexibilizar el tope del 15%, Vicentin comenzó con los incumplimientos en sus liquidaciones diarias, que se fueron acumulando hasta alcanzar una deuda neta de cerca de 100 millones de dólares para noviembre de 2019, mes en el cual se firma el refinanciamiento que hoy revisa la Justicia.
El ahora síndico de la Nación explicó que aquel esquema de repago no fue una mera “concesión”, sino que le reportó al BNA una ganancia de 7.5 millones de dólares.
Su declaración forma parte de una ronda de 26 indagatorias que fueron solicitadas en la causa por el fiscal Gerardo Pollicita, que estimó el daño de la supuesta defraudación en 300 millones de dólares.
A fines del año pasado, el juez Ercolini ordenó un embargo preventivo de más de 500.000 millones de pesos contra todos los imputados en la causa. La lista incluye a las dos máximas autoridades del Banco Nación durante el periodo, Javier González Fraga -ya indagado- y Lucas Llach; otros exfuncionarios del Banco, como Díaz, y 6 directivos de la firma: Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, los directores Roberto Oscar Vicentin, Máximo Javier Padoan y Martín Sebastián Colombo y el apoderado Herman Roberto Vicentin.
“Los funcionarios del Banco de la Nación Argentina, conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentin, entre agosto y diciembre de 2019, habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de US$304.328.665“, señaló el juez en diciembre de 2025.
Otro de los elementos bajo revisión es el control que hizo el BNA del dinero que entraba a las cuentas de Vicentin. La entidad financiera tenía en su poder dos cuentas de garantía donde se recaudaban los fondos de la actividad comercial de la empresa.
Parte de la acusación señala que el banco omitió retener ese dinero para cobrarse los incumplimientos. En sus defensas muchos imputados sostuvieron que nadie quería trabar el normal funcionamiento de la empresa y que el banco ya se encontraba en negociaciones con la empresa para regularizar su situación.
Con el cambio de Gobierno, en junio de 2020, el entonces presidente Alberto Fernández anunció en plena la pandemia la intervención de la firma y una posible expropiación, pero finalmente dio marcha atrás con la medida, luego del ruido que generó el anuncio en la opinión pública.
Pasado en la AFA
Hasta antes de convertirse en titular de la Sigen, Díaz, que hizo casi toda su carrera dentro del organismo de control, ocupó un cargo dentro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como presidente de la Comisión Fiscalizadora, un órgano encargado de supervisar la administración financiera de la institución.
En julio del año pasado, al ser nombrado por el presidente Javier Milei en el organismo de control, el funcionario pidió licencia y se apartó del cargo.
Con una carta dirigida a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Ariel Toviggino, argumentó que su nuevo rol en la gestión pública le impedía abocarse a sus funciones como presidente de la Comisión Fiscalizadora, “con la diligencia, independencia y objetividad que exigen las normas profesionales aplicables y los principios rectores de la Ley General de Sociedades”.
la causa que investiga un presunto acuerdo entre la empresa Vicentin y la entidad financiera,argumentó,Federico González del Solar,Conforme a,,Siempre insegura. La Argentina, un país especial en la guerra,,»El poder en las sombras». Piden la captura de la mano derecha del líder supremo iraní por el atentado contra la AMIA,,Revés para Tapia. La Justicia confirmó la indagatoria para el jueves por presunta evasión
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