La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dedicó al espionaje ruso tres de las 20 carillas de la denuncia penal que radicó este lunes contra periodistas y el canal de streaming “Carnaval”. Pero solo incluyó ese apartado por la “marcada similitud” en las formas de proceder de unos y otros, según surge de la copia de la presentación judicial, sin aportar pruebas o indicios de vínculo alguno entre unos y otros. Y los expertos consultados por se mostraron entre escépticos sobre la solidez de sus acusaciones y críticos por lo que sería una intromisión en las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Titulado “La relevancia internacional de las operaciones de influencia indebida en procesos electorales”, las tres carillas de Bullrich sobre el espionaje ruso se centraron en las presuntas “campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino” que desarrollarían, según afirmó la ministra, un puñado de rusos que integrarían un grupo identificado como “La Compañía”.

Ese supuesto grupo estaría liderado por los rusos Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Iakovenko, quienes se abocarían con sus colaboradores a cumplir cuatro objetivos en la Argentina: influir sobre organizaciones civiles, fundaciones y ONG locales para que se alineen con los intereses de Rusia, desarrollar focus groups con argentinos, obtener información política relevante para ser utilizada en favor de los intereses de Rusia y crear y difundir contenido en redes sociales como Facebook, X y Telegram.

Tanto Andriashvili como Iakovenko ya habían quedado bajo la lupa del Gobierno a mediados de junio pasado, cuando el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la SIDE había investigado a “La Compañía” como un grupo que estaría asociado al llamado “Proyecto Lahkta”, liderado a su vez por un oligarca ruso llamado Yevgeniy Prigozhin, quien falleció en agosto de 2023.

El anuncio de Adorni, cabe remarcar, se produjo en momentos en que el Gobierno afrontaba críticas por la reforma de la Policía Federal que había impulsado por decreto. Entre otros motivos, por otorgarle mayores atribuciones a la fuerza en inteligencia criminal y actividades de ciberpatrullaje en las redes sociales, entre otras aristas cuestionadas por constitucionalistas y entidades de la sociedad civil.

Aquella denuncia contra “La Compañía” cosechó, entonces, una desmentida de la embajada rusa en Buenos Aires. Sostuvo que Iakovenko y Andriashvili “no [estaban] registradas en la sección consular” y que, ante esta situación, “se [había] enviado una nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina solicitando aclaraciones sobre su estatus legal”.

“Esta no es la primera oleada de una manía de espionaje relacionada con los intentos de los adversarios de nuestro país de perjudicar las relaciones ruso-argentinas”, destacó en junio pasado la embajada rusa, que este martes volvió a cuestionar al Gobierno al difundirse los detalles de la denuncia de Patricia Bullrich, que también pidió a la Justicia el allanamiento de los domicilios de periodistas y del canal de streaming Carnaval.

“Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”, remarcó la diplomacia rusa. Y tras calificar como “una historia de espionaje ficticia” sobre la que el Gobierno no aporta “ninguna prueba” y que se apoya en acusaciones “falsas e infundadas”, remarcó que “el deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”.

Por su parte, expertos del área de inteligencia criminal consultados por separado por se mostraron cautos sobre las afirmaciones de Bullrich. “Después de estudiar la eventual presencia rusa en la Argentina y de lo que salió a la luz durante los últimos años [en alusión a los espías que vivieron durante una década en Buenos Aires y terminaron detenidos en Eslovenia], no se van a exponer en una pavada”, destacó uno de los interlocutores. “No digo que [los rusos] no tengan necesidad de generar desinformación, que es una doctrina operativa para ellos. Pero lo que está saliendo a la luz es más por una maniobra interna del gobierno argentino”.

El otro experto consultado por –con experiencia en la función pública- también se mostró escéptico ante la denuncia oficial. “No parece serio. Y en todo caso, ¿la actividad cuestionada sería influir en redes sociales? ¿Bajo qué figura penal?”, sostuvo. “Y más allá de eso, ¿por qué lo denuncia Bullrich cuando debería haberlo hecho la SIDE, que tiene la competencia exclusiva y excluyente en contrainteligencia? Milei reformó el artículo 2 de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional con el DNU 614/24, y le asignó a la SIDE evitar las ‘acciones de interferencia, influencia o injerencia indebida de factores externos’, ¿no? El Ministerio de Seguridad invadió la competencia de la SIDE”.