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“Son pro vagos”. Cornejo impulsa una reforma del empleo público y tensiona con la Justicia.

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MENDOZA.- “Un servicio público de exigencia en el Estado”, bajo esa premisa el gobernador radical Alfredo Cornejo avanza en la Legislatura provincial con una reforma del estatuto del empleado estatal, que ya despierta controversias y reclamos de los gremios y la oposición.

También, tensiona el vínculo con la Justicia provincial, por los fallos “desfavorables” al gobierno en materia laboral.

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De ahí, el ataque del mandatario a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia, de extracción justicialista.

Es un puntapié inicial y una forma de adelantarse a lo que podría ocurrir, después de los comicios de octubre, con el plan de cambios estructurales que propone Javier Milei en el Congreso, más enfocado en el sector privado.

Bajo este escenario, en la tierra cuyana, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que modifica de manera parcial el Estatuto del Decreto Ley 560/73 y del Escalafón Ley 5.126, el cual está centralizado en puntos clave que generan avales pero también resistencia, sobre todo sindical.

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En primer lugar, se plantea la incorporación de la figura de “planta interina”, que implica “estabilidad impropia”, similar a la dispuesta en la Ley de Contrato de Trabajo.

Cornejo busca que no queden en planta permanente aquellos empleados que no hayan atravesado por un concurso público. “Se puede echar a un empleado que no sea de planta con justificación o sin ello, indemnizando en el último caso“, explicó Cornejo.

La normativa también señala: “Se definen los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia -los agentes permanentes efectivos- y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación”.

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Asimismo, quedan sin efecto los derechos de “acceso hereditario” a cargos públicos y se actualizan disposiciones de indemnización, estableciendo un plazo máximo de 30 días para su pago.

En tanto, el estatuto “será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público”. Por su parte, en cuanto a la antigüedad “solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas”.

La reacción gremial no se hizo esperar, mientras el proyecto ya pasó al Senado, que en modo trámite, por tener mayoría oficialista, lo convertiría en ley la próxima semana. “El gobernador va a recortar las condiciones laborales contempladas en los diferentes convenios colectivos. Es la desaparición del Estado, para darle paso a la privatización de los sectores estatales de trabajo”, expresó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, al frente de las movilizaciones que vienen sucediéndose en los últimos días en la puerta de la Legislatura.

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Desde la oposición consideran que el proyecto representa “un maltrato simbólico e institucional al empleado público”.

En tanto, también aparecen rispideces de consideración cuando se pone el foco en el Poder Judicial. Fue el propio gobernador quien alzó la voz contra dos magistrados del máximo tribunal, Mario Adaro y Omar Palermo, vinculados al sector garantista y peronista de la Justicia mendocina. “Son jueces pro vagos”, soltó Cornejo, elevando la tensión que viene creciendo tras diversos episodios con la Justicia, por diferencias de criterio en materia no sólo laboral sino también de seguridad.

El gobernador afirmó que ambos ministros de la Suprema Corte “fallan siempre en contra de la Provincia” en juicios laborales.

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“Estamos sacando esta ley porque estamos cansados de que Palermo y Adaro, jueces de la Sala Segunda, que son provagos y proempleado público, nos saquen todos los juicios en contra. Nos estamos blindando, con una ley para que haya un servicio público de exigencia en el Estado“, disparó el mandatario provincial, asegurando que pretende “premiar a aquel que haga bien su trabajo”, lo que redundará, dijo, en mejores sueldos de los empleados públicos.

Desde el Poder Judicial, salieron a responderle al mandatario local. En diálogo con , el ministro Adaro, expuso su posición y cruzó al jefe del Estado mendocino. “Está nervioso el gobernador. Es normal las tensiones entre el Ejecutivo y la Justicia, el único tema que en este caso ya está siendo reiterado y personalizado, por lo que ya me empieza a preocupar”, expresó el juez, asegurando que hay una importante cantidad de sentencias que no son favorables al empleado público, aunque aclaró, en cuanto a la necesidad de estabilidad, que hay varios casos de trabajadores que llevan más de 10 años en el Estado como contratados, lo que evidencia un “exceso en el uso de la locación de servicio”, un problema atravesado por los cambios de color político en las sucesivas gestiones de gobierno.

“Cuando ya es tan reiterado el ataque deja de ser normal, entendiendo además que estamos en el marco de una campaña electoral; pero, primero está la independencia y segundo responder derecho», cerró el cortesano, quien años atrás tuvo participación en la función pública, como ministro de Gobierno del ex mandatario justicialista Celso Jaque.

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Pablo Mannino,Conforme a

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La Justicia define hoy si Elías Piccirillo vuelve a la cárcel: está acusado de haberle plantado droga y un arma a un exsocio

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Carlos Mahiques, el juez que quedó en el ojo de la tormenta por la mansión de Pilar atribuida a la AFA, ahora enfrenta otra decisión que promete polémica: hoy debe definir si Elías Piccirillo vuelve o no a la cárcel.

Las causas son paralelas, pero hay un trasfondo que toca a Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, el financista cercano a “Chiqui” Tapia, y al rol en el city de Piccirillo, conocido como El rey del blue.

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Este miércoles a las 10, Mahiques resolverá si el ex de Jésica Cirio vuelve a la cárcel. Piccirillo cayó detenido en marzo de 2025, acusado por un ex socio, Francisco Hauque, de armarle una “cama”.

Hauque denunció que Piccirillo le armó un operativo con policías de la Ciudad y que le plantó droga y un arma. Todo para no pagarle una deuda de 6 millones de dólares.

Mahiques es el juez que acaba de renunciar a la subrogancia de la Cámara Federal de Casación que debe resolver si la investigación de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, vuelve al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y o sigue bajo instrucción del juez federal de Campana Adrián González Charvay, como pretende la AFA.

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El juez Carlos Mahiques. (Foto: CIJ)

De hecho, la insistencia de “Chiqui” Tapia para fijar el domicilio de la Asociación del Fútbol Argentina en Pilar apunta a “elegir” como jurisdicción el departamento Judicial de Zárate Campana. Creen que es “chiquifriendly”.

“Vamos a presentar un memorial”, dijo a TN Carlos Pouso, el abogado de Hauque. En el entorno del empresario hay dudas por el accionar de Mahiques.

“Es una causa con una pena en expectativa de más de 8 años y lo mandan a la casa”, criticó Pouso sobre la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones que le otorgó en noviembre último la prisión domiciliaria a Piccirillo.

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“Estamos cuestionando que la Cámara, para darle el arresto domiciliario, solo dio como fundamento que ya se contaba con todas las pruebas necesarias para elevar a juicio a Picirillo y a los policías. O sea… estando todo listo y para elevarse a juicio; en vez de apurar el juicio», advirtió el abogado de Hauque.

Mahiques quedó envuelto en la polémica después de que Hugo Alconada Mon, en La Nación, revelara que el juez había festejado su 75 años en la mansión de Pilar, unos días antes de que la Justicia allanara el domicilio valuado en US$ 20,8 millones. El juez negó la fiesta, pero le dijo al periodista: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?“.

La mansión de Pilar fue valuada en US$ 20,8 millones. (Foto: Telenoche).
La mansión de Pilar fue valuada en US$ 20,8 millones. (Foto: Telenoche).

Al día siguiente, renunció a la subrogancia de la sala que debe actuar en el expediente. Adujo: “La creciente cantidad de tareas jurisdiccionales muestra a la fecha un total de 332 procesos en trámite, de los cuales 135 están radicados en Sala; 185 en las tres vocalías que la integran; y 61 impugnaciones y 14 recursos extraordinarios en la vocalía Nro. 7. A ello se suma la carga de trabajo que importa la gestión de dirección, control y administración en la Sala”. Continuará en la Sala III de la Casación, donde es titular, y renunció a la Sala I, donde era subrogante.

Mahiques cumplió la edad para jubilarse, pero pidió extender cinco años y Milei envió el pliego al Senado.

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Carlos Sebastián Smith, conocido como “El Lobo”, es un expolicía de la Federal que trabajaba para Piccirillo y cayó por “la cama” que el ex de Cirio le hizo a Hauque. Relató a la Justicia los negociados del dólar blue y dio nombres. ¿Podría haber más arrepentidos?

Hauque le pidió al fiscal Franco Picardi que lo ponga en conocimiento de si existe una investigación derivada de alguna declaración de los arrepentidos para poder presentarse, ponerse a derecho o designar abogado defensor y esgrimir los elementos de prueba que considere necesarios y útiles. “El fiscal no puede llevar adelante una investigación de manera solapada en un legajo reservado por cuestiones que son totalmente ajenas al objeto de la causa. Si de la declaración de Smith se desprendía algún hecho nuevo, él tenía que mandarle a la Cámara que se sorteara y se designara un nuevo juez, un nuevo fiscal, como se hizo cuando se quiso investigar la ruta del dinero y se inició la causa de lavado en manos de la jueza (María Eugenia) Capuchetti“, dicen cerca del empresario.

Hauque quiere que Piccirillo vuelva a la cárcel. Su entorno duda: “No creo que quien ahora tiene que decidir se haya olvidado tan rápido de las cenas en Roldán”.

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Elías Piccirillo, Banco Central

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Antes del debate de la Ley de Glaciares, el gobernador Raúl Jalil advirtió: “No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”

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“No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”. Con esa definición, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió el proyecto de Ley de Glaciares que el Senado tiene previsto tratar este jueves y que busca promover la actividad minera bajo nuevos parámetros regulatorios.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario provincial sostuvo que el debate sobre el impacto ambiental de la minería debe analizarse junto con la realidad social y productiva de las provincias cordilleranas. “Si hoy no tuviéramos minería, tendríamos 7.000 empleos menos”, afirmó. Además, indicó que cada emprendimiento debe evaluarse según el “balance” entre su impacto ambiental y su contribución a la economía local.

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Jalil precisó: “Todo proyecto —hacer una casa, un hotel o una explotación minera— tiene su impacto ambiental. Lo que debe evaluarse es el balance que dicho emprendimiento tiene en la economía y en la política ambiental de la provincia”. Así respondió a las críticas de sectores que advierten sobre posibles daños a los ecosistemas y la salud de la población.

El gobernador remarcó que la actividad minera está sometida a estrictos controles. “No hay ninguna actividad que tenga tanto control, desde audiencias públicas, como la minería”, subrayó. Detalló que para otorgar una Declaración de Impacto Ambiental a una empresa que pretenda explorar o explotar un yacimiento deben cumplirse instancias específicas de evaluación.

“Cuando se genera una declaración de impacto ambiental de una empresa que desea explorar o explotar un yacimiento minero, debe atravesar tres controles”, explicó Jalil. Según describió, el primero es el control ambiental, que calificó como “muy importante” para las provincias y en el que —aseguró— se han registrado avances, incluso en articulación con comunidades locales. El segundo es el control económico, es decir, que el proyecto tenga un impacto positivo en la economía y contribuya a mejorar la calidad de vida de los catamarqueños.

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En esa línea, Jalil destacó el destino de los fondos derivados de la actividad. “Todos los recursos de las regalías o fondos extra regalía van a las comunidades”, señaló. Añadió que estos ingresos permiten “cambiar la matriz económica”, fortalecer el turismo, la agroindustria y financiar obras estratégicas en la puna catamarqueña y la región cordillerana.

Los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Jalil y el ministro Santilli

El mandatario vinculó el debate legislativo con la discusión sobre federalismo y competencias. “Fuimos al Congreso, a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a defender esta ley que le regresa derechos a las provincias”, expresó.

En ese contexto, citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y el artículo 124, que reconoce que las provincias son originarias de los recursos naturales existentes en su territorio. Para Jalil, el proyecto se enmarca en esa lógica: preservar el ambiente sin clausurar las posibilidades de desarrollo productivo.

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El tratamiento del proyecto en el Senado ocurre con el respaldo de los gobernadores de provincias cordilleranas, que consideran la minería un eje central de sus economías regionales. La iniciativa es vista como clave para el desarrollo de distritos como Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, donde la actividad tiene un peso significativo en términos de empleo, inversiones y generación de divisas.

El bloque del presidente Javier Milei busca reunir los votos necesarios, con el acompañamiento de senadores aliados, para aprobar el proyecto en la sesión prevista para mañana. Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá dar mayor previsibilidad al sector y fortalecer el perfil exportador del país, en un momento en que la minería —en especial el litio— es presentada como uno de los motores potenciales de crecimiento.

El Senado debatirá mañana la Ley de Glaciares

Jalil planteó que el debate trasciende la coyuntura política. “Agradezco que esto se trate en el Congreso, porque fue un pedido de los gobernadores al presidente Milei y le agradezco que hoy se esté debatiendo”, afirmó. Su declaración sintetiza la posición de los mandatarios provinciales que impulsaron la discusión en la Cámara alta: una apuesta por consolidar un marco normativo que, según sostienen, combine control ambiental, desarrollo económico y mayor protagonismo de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.

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Mientras los sectores críticos alertan sobre los riesgos ambientales, los gobernadores del arco cordillerano insisten en que la discusión no puede omitir la dimensión social. Para Jalil, la clave está en evitar que el debate ambiental se convierta en un obstáculo para combatir el problema más urgente: la pobreza.

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Jorge Macri inauguró el ciclo lectivo en CABA: «La escuela es el lugar donde se construye la posibilidad de crecer y ser libres»

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El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, inauguró el ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires: “La escuela es donde se construye la posibilidad de ser libres”.

El mandatario porteño destacó, en una nueva escuela, Estación Buenos Aires, en Barracas: “Por tercer año consecutivo empezamos las clases en el día en que nos habíamos planteado. Es una muy buena noticia, cada día cuenta”.

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Macri destacó: “Cada escuela es el lugar donde se construye la posibilidad de aprender, crecer, ser libre, pero para eso se necesita tiempo, constancia y presencialidad”.

El jefe de gobierno porteño dijo celebró: “No es poca cosa que se abran nuevos lugares de aprendizaje. Esta escuela, no es solo un nuevo espacio, si no que además es diferente porque se desafía con un sistema de educación distinto. Es modelo, bilingüe y tiene formación tecnología”. Se trata de una institución modelo en el sur de la Ciudad para 400 alumnos de Primaria y de los tres primeros años del secundario. 

Los alumnos del nivel inicial y primario de la ciudad de Buenos Aires vuelven hoy a las escuelas, mientras que los de la secundaria lo harán el próximo lunes.

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Noticia que está siendo actualizada.-

Jorge Macri

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