A las 9.30 de este miércoles, al filo de la prescripción, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) puso en marcha el juicio oral por Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales implementado durante el kirchnerismo que fue ejecutado a través de la fundación Madres de Plaza de Mayo y sobre el que pesan acusaciones de desvíos millonarios y fraude al Estado.

La maniobra que hoy comenzó a ser juzgada en los tribunales de Comodoro Py es la de un presunto otorgamiento irregular de convenios entre los años 2008 y 2011 que involucra a funcionarios nacionales y provinciales del kirchnerismo y miembros de la fundación Madres, de acuerdo con la acusación fiscal.

Sentados en el banquillo de los acusados estuvieron los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, ligados al manejo del programa dentro de la fundación; los exfuncionarios Julio de Vido, José López -detenidos ambos en otros procesos-, Abel Fatala y Luis Rafael Bontempo, entre otros. Hebe de Bonafini, por su parte, que fue presidenta de Madres de Plaza de Mayo, era una de las acusadas, pero falleció en 2022.

“Rechazo total y categóricamente los hechos de requerimiento del Ministerio Público Fiscal”, declaró De Vido en su breve indagatoria, la única que tuvo lugar este miércoles. El exfuncionario no contestó preguntas del Tribunal y se remitió a lo declarado en la instrucción del caso, en la que negó haber participado en los convenios y sostuvo que las acusaciones en su contra eran “genéricas”.

En esta primera audiencia, realizada en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py, se leyeron las acusaciones contra los imputados y se superaron las cuestiones preliminares, la etapa inicial del juicio.

Algunos de los acusados estuvieron presentes en la sala, como los hermanos Schoklender, mientras que otros siguieron la audiencia de manera virtual, entre ellos De Vido, condenado en múltiples causas y actualmente preso en Ezeiza por la Tragedia de Once.

“Para lograr el éxito de la maniobra, se instrumentó un acuerdo entre los funcionarios públicos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y finalmente, las provincias y los municipios, en virtud del cual se contrató para la ejecución de las obras a la Fundación”, leyó uno de los secretarios del Tribunal que integran los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

“En el escenario descripto, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, a cargo de José Francisco López, transfirió un importe de $ 748.719.414,64 –sin perjuicio de que el monto original comprometido ascendió a $ 1.295.218.967– para la ejecución de las obras convenidas, suma de la que fueron sustraídos $ 206.438.454,05, lo que equivale al 23,54% de la financiación total otorgada”, siguió.

Durante la instrucción, la investigación determinó que las irregularidades vinculadas al programa no se limitaron solo a la adjudicación de las obras -realizada sin licitación- sino que también se extendieron a su ejecución, un periodo en el que se verificó la ausencia de controles.

Según la fiscalía, la fundación incumplió obligaciones previsionales al retener aportes de empleados entre 2008 y 2011 sin depositarlos en el sistema de seguridad social, además de registrar deudas vinculadas al fondo de cese laboral y a la cobertura de riesgos del trabajo.

A su vez, la investigación detectó fallas en los mecanismos de supervisión estatal: se otorgaron aprobaciones técnicas sin cumplir requisitos y muchas obras carecían de cronogramas que permitieran monitorear su avance. El fiscal del juicio oral es Diego Velazco.

Los hermanos Schoklender ganaron notoriedad pública mucho antes de quedar involucrados en la causa. En 1981, fueron condenados por el parricidio de sus padres, un caso de altísimo impacto público por aquellos años. Tras su liberación, a mediados de la década del 90′, Sergio se vinculó con Hebe de Bonafini y comenzó a trabajar en la fundación, de la que luego fue apoderado. Finalmente, con la explosión del caso, terminaría enfrentado con Hebe y la organización.

Durante la instrucción se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por el propio Sergio Schoklender y la emisión de cheques que “lo tenían como beneficiario”.

Durante las cuestiones preliminares de este miércoles, su defensa pidió su absolución por falta de acción, alegando un vencimiento del plazo razonable para ser juzgado. El fiscal del juicio, Diego Velazco, se opuso, al igual que la representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que actúa como querellante.

En tanto, a su hermano Pablo se lo acusa de estar detrás de un complejo esquema de sociedades pantalla, como Meldorek S.A., Antártica Argentina S.A., Habemus SRL y Lenity S.A., utilizadas para canalizar el dinero desviado y adquirir bienes de lujo, propiedades y vehículos.

En la audiencia del miércoles que viene el Tribunal tiene previsto resolver el pedido de Sergio Schoklender y seguir con el resto de las indagatorias.

Santiago Viola, flamante viceministro de Justicia, trabaja codo a codo con Karina Milei desde los inicios del proyecto libertario, como apoderado de La Libertad Avanza y se presentó en los tribunales como su abogado personal en la causa por presunto espionaje contra ella.

Viola, de 38 años, estuvo imputado en una causa en los tribunales de Comodoro Py acusado de haber plantado testigos falsos que dijeron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos para reunirse con Cristina Kirchner (algo que se probó que era falso). Viola era entonces abogado defensor de los hijos de Lázaro Báez y quería correr a Casanello de la causa conocida como “la ruta del dinero K”, en la que Báez y sus hijos terminaron condenados.

En 2018, la Cámara Federal intervino en este expediente y, contra lo que había dispuesto el juez de primera instancia, ordenó que Viola fuera indagado junto con Eduardo Daniel Miragaya, un fiscal que estuvo en la SIDE con un cargo de director durante la gestión macrista de Gustavo Arribas.

La Cámara hizo lugar entonces a los pedidos del fiscal Carlos Stornelli y del propio Casanello, querellante en este caso. Los camaristas que firmaron el fallo fueron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El hoy ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se movía en aquellos tiempos para ayudar a Viola en sus traspiés judiciales.

Los testigos falsos, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, declararon, bajo juramento, que vieron a Casanello en una sala de espera de la quinta de Olivos en septiembre de 2015. Sin embargo, ambos mintieron, según corroboraron el juez Rodríguez y el fiscal Stornelli. Según las pruebas reunidas, ninguno de los tres -ni Corizzo, ni Scozzino, ni Casanello- estuvieron ese día en la residencia de Olivos.

Un peritaje policial detectó 248 llamadas telefónicas entre Miragaya y Viola, con un pico en los días claves. Corizzo admitió ante Stornelli que antes de declarar se había reunido con Viola y con un “fiscal” cuya descripción física se acerca a la de Miragaya, fiscal general que con el gobierno de Cambiemos pasó a revistar en las filas de la AFI, junto a Arribas y Silvia Majdalani. Tal como informó , con el macrismo asumió como “director de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI”.

Al final, la Cámara Federal de Casación terminó cerrando el expediente, como pedía Viola. Lo resolvieron los jueces de la Sala 4 de la Casación, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

Viola es hijo de Claudia Balbín, una abogada conocida en los tribunales por sus relaciones con el mundo judicial. Integró un selecto grupo que se reunía con frecuencia en el Hotel Presidente en el que estaban, entre otros, el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral y Miragaya. Canicoba nombró a Viola interventor en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuando se investigaba al líder gremial Omar “Caballo” Suárez.

Balbín también tiene un vínculo de muchos años con la jueza federal María Servini. Miragaya, ya fallecido, fue empleado en su juzgado cuando dejó la AFI y luego trabajó en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), conducida por otro fiscal de Comodoro Py, Ramiro González, ahijado judicial de Servini.

Mientras Viola estaba todavía imputado en esa causa, protagonizó un choque en la Panamericana que motivó que se abriera una causa penal por la cual Viola que fue imputado y pasó un fin de semana detenido.

Los voceros policiales explicaron que el hecho ocurrió el sábado 3 de noviembre de 2018 a las 6, cuando Viola, que manejaba un BMW modelo X3, chocó la parte trasera de un Peugeot 207 conducido por un policía de Lomas de Zamora, Ángel Zaragoza, que estaba franco de servicio y viajaba con su madre y la pareja de ella.

Como consecuencia del choque, el hombre que viajaba en la parte trasera, Leopoldo Martín Fexesta Maidana, de 65 años, murió. Fuentes de la investigación explicaron entonces que el abogado se había negado a hacerse el control de alcoholemia.

Según informaron fuentes policiales, Viola, que entonces tenía 31 años, resultó ileso. El choque fue en el kilómetro 19 de la autopista Panamericana. Aparentemente Viola estaba volviendo a su domicilio, en el Tortugas Country Club.

El lunes siguiente, Viola fue liberado. El caso quedó a cargo del fiscal Jorge García, que impulsó el caso. Tiempo después, García se jubiló. Tal como informó , Viola terminó sobreseído luego de alcanzar “un acuerdo de reparación total del daño”, según reconstruyeron fuentes judiciales.

Entre los múltiples defendidos de Viola como penalista -recuerda Luciana Bertoia en Página 12- está la contadora Norma Berta Radice, hermana de Jorge Radice, condenado por delitos de lesa humanidad, y acusada de haberse apropiado de bienes de desaparecidos que estuvieron detenidos en la ESMA.