El Gobierno de Córdoba presentó un ambicioso programa de reducción impositiva que, según la administración de Martín Llaryora, busca “transformar el escenario económico provincial” al dejar en manos de los contribuyentes una suma de 900 mil millones de pesos. El proyecto, incluido en el Presupuesto 2026 y enviado a la Legislatura, se propone “dinamizar el sector productivo” mediante una serie de medidas fiscales que impactan de manera directa en la carga tributaria de empresas y ciudadanos.

El Poder Ejecutivo provincial detalló que uno de los ejes centrales de este plan es la disminución de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), que pasará de 3,5% a 2,5%, lo que representa una reducción del 30% y beneficiará al 64% de los comerciantes cordobeses. “El proyecto incluye también una reducción y eliminación de IIBB a quienes inviertan en la provincia”, informó el Gobierno cordobés al enviar el proyecto de Ley a la Legislatura.

La iniciativa contempla una nueva Ley de Promoción Industrial que establece “IIBB cero” para quienes facturen menos de $3.200 millones, siempre que destinen el 1,2% de sus ingresos a inversiones. Además, se incorpora una Ley de Igualdad Territorial que prevé desgravaciones de hasta el 100% de IIBB para los contribuyentes que inviertan en el Noreste y Sur-Sur de la provincia, con un tope del 5% de la recaudación total del tributo, equivalente a hasta 154.000 millones de pesos.

El Gobierno de Córdoba precisó que “en IIBB se continuará con alícuota cero para inversiones en educación y se aplicará un nuevo Programa de Alícuota Cero para las inversiones en el sistema de salud”. A esto se suma la exención total para la producción agrícola, la actividad industrial bajo la Ley de Promoción y los créditos hipotecarios. También se prevén exenciones para proyectos vinculados a la Economía del Conocimiento y para emprendimientos creados bajo el Fondo Emprendedor Córdoba. En total, la reducción impositiva solo en Ingresos Brutos asciende a 450.000 millones de pesos.

En relación al Impuesto Inmobiliario Urbano, el Ejecutivo provincial aseguró que “ningún contribuyente tendrá aumentos en términos reales”, ya que como máximo se aplicará una actualización por inflación. El 41% de los contribuyentes experimentará reducciones reales de hasta el 25% respecto a lo abonado en 2025, el 11% pagará el mismo monto que el año anterior y el 21% tendrá una actualización nominal del 29%, lo que implica que, en comparación con la inflación acumulada, no sufrirá un incremento. El 27% restante tendrá actualizaciones inferiores al 29%, por lo que pagará menos que en 2025. Además, “175.000 personas e instituciones tendrán una exención del 100% del Impuesto Inmobiliario Urbano”, según el Gobierno de Córdoba, lo que representa una resignación fiscal de 200 mil millones de pesos.

Respecto al Impuesto Inmobiliario Rural, la administración provincial explicó que “las actualizaciones fueron acordadas con todas las instituciones del sector y lo recaudado se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario”. Se promueve, además, un descuento del 5% para los propietarios productores, con el objetivo de incentivar que trabajen sus propios campos. Este programa implica que el gobierno provincial deja de percibir 250 mil millones de pesos, que se volcarán al circuito económico cordobés.

Ya se acumulan ocho meses de contracción de esta variable, según datos del INDEC. Construcción, uno de los sectores más afectados

14/11/2025 – 07:35hs

Mientras la reforma laboral impulsada por el gobierno está en el centro de la escena, la economía sigue siendo incapaz de generar nuevos puestos de trabajo. En agosto último, se perdieron 11.229 empleos registrados, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Trabajo.

Y en septiembre, según la Encuesta de Información Laboral (EIL), el nivel de empleo privado registrado habría continuado con un retroceso (-0,1%), acumulando 8 meses de contracción del empleo (solo en junio se registró un valor positivo de 0,1%).

La población con trabajo registrado alcanzó en agosto las 12.844.725 personas, de las cuales 10.051.165 son asalariados registrados (sector privado, el sector público y el trabajo en casas particulares) y 2.793.560 con trabajo independiente (monotributistas y autónomos).

El empleo asalariado registrado retrocedió en 12.604 personas: sector privado (-0,2%), sector público (-0,1%) y trabajo en casas particulares (-0,1%).

Dónde se pierden puestos de trabajo

El empleo en el sector privado, el segmento asalariado alcanzó las 6.204.252 personas, con 10.600 trabajadores menos.

Desde comienzos de 2025, son 27.000 trabajadores menos..En relación con noviembre 2023 son 181.512 menos.

En tanto que el trabajo independiente creció en 1.800 personas, principalmente por el incremento de 5.500 personas adheridas al monotributo, mientras tuvieron caídas de 2.800 personas del régimen de autónomos y 900 aportantes al monotributo social.

Por rama de actividad, 9 sectores redujeron el número de trabajadores, 2 se mantuvieron estables y 3 presentaron un aumento.

Los sectores que pudieron incrementar su nivel de empleo fueron Pesca (6,1%); Hoteles y restaurantes (0,2%) y Suministro de electricidad, gas y agua (0,2%).

Los sectores de Enseñanza y Transporte, almacenamiento y comunicaciones se mantuvieron estables.

Entre los sectores que redujeron el empleo, los que retrocedieron en mayor medida fueron:

• Intermediación financiera (0,7%);
• Explotación de minas y canteras (0,6%);
• Construcción (0,5%);
• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (0,3%);
• Industrias manufactureras (0,3%)
• Servicios comunitarios, sociales y personales (0,2%).

En comparación con agosto 2024, el empleo asalariado se redujo 0,4% (equivalente a 37,1 mil trabajadores menos) : el sector asalariado privado mostró una caída de 0,2% (11,1 mil personas menos), el sector público tuvo una baja de 0,5% (15,9 mil empleos menos) y el trabajo en casas particulares retrocedió 2,3% (10,2 mil personas menos)

En los últimos tres meses (junio a agosto de 2025), el empleo volvió a registrar variaciones mensuales negativas, según relevó Noticias Argentinas.

(Desde Washington, Estados Unidos) El 2 de abril de 2025, Donald Trump impuso aranceles a todos los bienes del planeta que se exportan a los Estados Unidos. El líder republicano alegó que los impuestos fijados servirían para crear fuentes de trabajo y trabar la ofensiva global de China.

Un día más tarde, 3 de abril de 2025, una delegación oficial integrada por Gerardo Werthein -canciller-, Alec Oxenford -embajador argentino ante la Casa Blanca-, Luis María Kreckler, –secretario de Relaciones Económicas Internacionales-, Pablo Lavigne –secretario de Coordinación de Producción-, Alejandro Cacace -secretario de Desregulación- y Juan Cortelleti, jefe de la misión de la Embajada de Argentina, llegaron a la Secretaría de Comercio en Washington para iniciar las negociaciones bilaterales.

Todavía no había claridad política y técnica frente al anuncio de aranceles de Trump, y todo se encaminaba a una guerra comercial que enfrentaría a Estados Unidos con el resto del planeta.

La puesta en escena para la negociación del acuerdo era imponente: una mesa infinita con funcionarios que respondían a Howard Lutnick -secretario de Comercio- y a Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de los Estados Unidos, (USTR).

La comitiva gubernamental se sentó en las sillas asignadas y esperó que Lutnick y Greer –en perfecta armonía– iniciaran las conversaciones para definir una hoja de ruta hacia adelante.

Eso no pasó.

Lutnick y Greer tenían una interna política despiadada, que se exhibía sin disimulo frente a los cinco funcionarios argentinos que lideraba Werthein. El secretario de Comercio maltrataba a Greer, y el titular de la USTR hacía lo propio con Lutnick.

No parecía una negociación bilateral.

Y la delegación oficial apelaba a las reglas básicas de la diplomacia para escuchar a los dos funcionarios sin quedar en medio de una disputa de poder que sólo Trump podía zanjar.

Cuando promediaba la reunión, una alarma empezó a sonar con estridencia. Era una amenaza de bomba que terminó con las disputas entre Lutnick y Greer, y suspendió las negociaciones hasta nuevo aviso.

Con el correr del tiempo, la interna entre Lutnick y Greer quedó resuelta. Lutnick no fue al almuerzo que Trump sirvió a Milei en la Casa Blanca, y el canciller Pablo Quirno sólo se reunió con Greer durante su gira relámpago por DC.

El acuerdo comercial ya estaba cerrado hace tres meses, y el anuncio formal dependía de los tiempos políticos de Trump. Durante la reunión que compartieron en la Casa Blanca, Trump prometió a Milei que anunciaría el acuerdo en los próximos días.

Pero eso no ocurrió. Nada había cambiado del texto legal consensuado: el presidente de los Estados Unidos manejaba los tiempos, y había que esperar.

Ayer, desde la Casa Blanca informaron a Balcarce 50 que Trump había avalado el comunicado que anunciaba el acuerdo comercial. Era la tercera vez que se trasmitía la misma información, y primó la cautela en el primer piso de la Casa Rosada.

Quirno estaba reunido con Marco Rubio, secretario de Estado, cuando se anunció formalmente que Argentina y Estados Unidos habían cerrado un acuerdo comercial.

Argentina no estuvo sola en el anuncio: también se comunicó que Estados Unidos había alcanzado convenios bilaterales con Ecuador, El Salvador y Guatemala.

El acuerdo con Estados Unidos profundizará las relaciones comerciales entre ambos países. La base del arancel es del 10 por ciento, y hay excepciones que permitirán fortalecer el aparato productivo de la Argentina.

Trump considera que la fabricación del aluminio y el acero es estratégico para los Estados Unidos, y esa mirada geopolítica determinó que -por ahora- los aranceles a esos productos quedarán en un 50 por ciento.

Milei y Trump tienen afinidad personal y comparten idéntica perspectiva sobre el tablero internacional. Ambos consideran que China es una amenaza global, y en el framework del acuerdo se incluyó un párrafo que cuestiona la matriz productiva de Beijing.

Bajo el título Trabajo, se puede leer el siguiente compromiso que asumió el Gobierno: “Argentina ha reafirmado su compromiso de proteger los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, Argentina adoptará e implementará una prohibición sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de las leyes laborales“.

La puesta en marcha del acuerdo comercial ahora depende de un minucioso trabajo jurídico y de la decisión política de Trump.

Abogados y expertos en comercio exterior de Argentina y Estados Unidos deberán ajustar todos los detalles jurídicos del convenio bilateral.

Y a continuación, Trump definirá si se ejecuta todo el acuerdo, o en relación a su propia agenda política, comunicará de manera sucesiva qué tramo del framework debería activarse.

Anoche en Washington, cuando el canciller Quirno volaba hacia Buenos Aires, no se descartaba un contacto telefónico entre Milei y Trump.

El presidente argentino quiere agradecer a Trump por el apoyo a su gestión, que tiene niveles inéditos para la historia común entre Argentina y Estados Unidos.