El juez federal Ernesto Kreplak ordenó este lunes el secuestro del teléfono celular de la jefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Nélida Agustina Bisio, investigada en la causa por el fentanilo contaminado que habría provocado cerca de un centenar de muertes.

Esta medida integró una serie de operativos que incluyeron, además del registro de domicilio de Bisio, una búsqueda similar en lo de Gabriela Mantecón Fumadó, que era la titular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y fue desplazada por el Gobierno el mes pasado, y operativos en oficinas públicas. A ella también le secuestraron el teléfono.

Bisio, a diferencia de Mantecón Fumadó, fue respaldada públicamente por el ministro de Salud, Mario Lugones (la Anmat depende de su cartera). Cuando se conocieron los operativos, fuentes cercanas al ministro ratificaron que Bisio seguía en funciones. La respuesta, ante la consulta de , fue: “La decisión fue apartar a quien conducía el Iname porque había evidencia de que ocultó información, pero se están esperando resultados de la Justicia o del sumario interno para tomar más decisiones en Anmat”.

La investigación judicial respecto del rol del Anmat “no solo abarca el producto fentanilo, sino también irregularidades en el control de otros productos”, anunció un funcionario que trabaja en la causa.

Lugones, jefe de Bisio, tuvo un lugar central, el domingo, junto a Javier Milei en el escenario en el que el Presidente asumió la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. El ministro estaba parado al lado de Milei, entre el mandatario y Santiago Caputo. —

“Vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, dijo el Presidente en el tramo de su discurso en el que anunció aquello que no pensaba modificar de su Gobierno. Fue un respaldo a un ministro sacudido por el escándalo de las presuntas coimas en medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (que funcionaba como un organismo descentralizado dentro de la órbita del Ministerio de Salud y que ahora Lugones debe auditar) y por este caso del fentanilo contaminado, que en las últimas semanas apunta a la presunta responsabilidad de los organismos de control que no habrían controlado.

Este lunes se dispusieron también órdenes “de presentación con allanamiento en subsidio” en la Anmat y el Iname. El objetivo era hacerse de documentos y otros elementos de prueba que puedan ser útiles en la parte de la causa relativa al rol de los órganos de control en relación con el fentanilo contaminado.

Se pidió documentación sobre los procesos de compras vinculados a HLB Pharma y a Ramallo SA (la Policía de la Ciudad hizo copias de archivos), y también se solicitaron los registros de ingresos a los organismos, tanto a la Anmat como al Iname, en busca de movimientos de funcionarios y empresarios. “Lo que no tenían allí, se comprometieron a entregarlo en las próximas horas”, relató una fuente con acceso a las actuaciones.

El juzgado informó que los “objetivos” de los operativos fueron, en total, siete. Dos se hicieron en la Anmat, en las sedes centrales del organismo, en la Avenida de Mayo 850/869 de la Ciudad de Buenos Aires. El operativo realizado en el Iname fue en Avenida Caseros 2161, también en Buenos Aires.

Los domicilios particulares registrados hoy por los enviados de Kreplak fueron la casa de Bisio, en Olivos; la de Mantecón Fumadó, en Quilmes, y las de Ana Laura Canil (directora de Fiscalización y Gestión de Riesgo del Iname), Mariela Baldut (directora de Poscomercialización y Acciones Regulatorias del Iname) y Maximiliano Carlos Lalin (jefe de Departamento de Inspectorado del Iname), las tres en la ciudad de Buenos Aires.

“El objeto de los procedimientos, tanto de órdenes de presentación como de allanamientos, en su caso, es preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados, con relación a las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”, dijeron en el juzgado de Kreplak.

El 20 de agosto, la fiscal federal Laura Roteta impulsó la investigación para determinar la responsabilidad de la Anmat en el caso.

La fiscalía busca dilucidar si la “ineficiencia recurrente” que registró la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios podría constituir “negligencia, connivencia o complicidad” en los sucesos investigados en la causa en la que el mes pasado se ordenaron las detenciones de Ariel García Furfaro y otros nueve directivos y responsables técnicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que produjeron el fentanilo.

En un duro dictamen, la fiscal le imputó a García Furfaro un delito que tiene una pena máxima de 25 años de cárcel (y una pena mínima de diez).

Cuando se conocieron esas órdenes de detención, el Gobierno separó de su cargo a la funcionaria de la Anmat que tenía responsabilidad directa sobre la fiscalización del laboratorio.

Roteta, que es la fiscal del caso, contó con un dictamen anexo, suscripto por el fiscal nacional Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que advirtió sobre el ineficiente control que ejerció el Estado sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La fiscalía de Roteta y la PIA trabajan ya, en terreno, sobre el material secuestrado en los operativos de hoy, informaron fuentes del caso.

El período en el que se investiga la actuación de la Anmat va de 2018 a la actualidad.

La PIA analizó 273 expedientes administrativos sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, que fueron una prueba central para revisar la actuación de la Anmat, que es el organismo regulador.

Un dato clave para los investigadores es que la Anmat inspeccionó Laboratorios Ramallo entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado. El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre, seis días después de terminada esa inspección. Pero recién el 10 de febrero se le informó al laboratorio que no podía seguir con la producción “hasta no dar cumplimiento a [las observaciones por] las deficiencias” y presentar una serie de “acciones correctivas”. Fue en mayo cuando la agencia regulatoria dispuso la inhibición de toda actividad de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El informe del organismo detalla que entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 inspectores del Iname detectaron “deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores” en todas las áreas clave de la planta ubicada en Ramallo. Fallas que comprometían directamente “la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”.

Las irregularidades incluían problemas en la validación de procesos, documentación deficiente, falencias en el control de calidad, malas prácticas en depósitos y en la gestión de recursos humanos, según el documento oficial.

La Anmat, que depende del Ministerio de Salud, no solo no clausuró de inmediato el laboratorio; tampoco dispuso el retiro preventivo de los lotes fabricados después de la constatación de las fallas.