La brecha entre el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) volvió a instalarse en el centro de la escena financiera. Con el MEP operando en torno a $1.448 y el CCL cerca de $1.489, la diferencia ronda el 2,8%, un nivel elevado para un mercado que, en teoría, debería tender al arbitraje permanente.

Lejos de corregirse rápidamente, el canje se mantiene firme y deja una señal incómoda para la City, en dónde, el mercado cree que el canje está caro, pero no encuentra los mecanismos para forzar el cierre.

La brecha persiste no por fundamentos macro disruptivos, sino por una combinación de flujos, restricciones y expectativas cruzadas.

Dólar: falta de oferta de cable

El primer factor es técnico, pero determinante, ya que el CCL no es solo otro dólar financiero, es el dólar que permite salir con divisas al exterior. Cuando ese «cable» escasea, el mercado paga una prima.

Hoy, esa prima existe porque no hay oferta genuina de contado con liquidación.

Operadores coinciden en que aparecen algunos clientes puntuales desarmando posiciones por u$s4 o u$s5 millones diarios, pero ese flujo resulta insuficiente frente a una demanda sostenida. El problema no es solo la magnitud, sino la continuidad ya que no hay vendedores estructurales que equilibren la rueda.

A eso se suma el dato de que varias mesas dejaron de hacer arbitrajes más agresivos tras advertencias regulatorias, lo que redujo aún más la capacidad del mercado para autocorregirse. Con menos jugadores dispuestos a «ponerse del otro lado», la brecha se vuelve rígida.

Más demanda financiera en el mercado

Del lado de la demanda, el movimiento no viene del pequeño ahorrista tradicional, sino de banca privada y carteras sofisticadas que operan contra MEP o directamente buscan exposición con lógica de CCL. Esos flujos no solo son más grandes, sino más persistentes.

Además, la fuerte demanda por CEDEARs y ETFs también impacta en la formación del canje. Aunque el inversor final piense en equity o diversificación internacional, la operatoria termina presionando sobre el CCL, encareciendo el acceso al dólar «externo».

El resultado es un mercado donde el CCL incorpora una prima que no responde a pánico ni a cobertura electoral, sino a una dinámica micro de oferta y demanda desbalanceada.

El mercado está short canje, pero el cierre no aparece

Paradójicamente, buena parte de la City está short canje y la lectura es casi unánime: con este nivel de riesgo país, la brecha «no debería» estar donde está. Sin embargo, en un mercado con restricciones, el razonamiento teórico pierde fuerza frente al flujo.

Mientras no aparezca un vendedor relevante de cable o un cambio normativo que habilite arbitrajes profundos, la brecha puede seguir alta más tiempo del que muchos inversores están dispuestos a esperar. El problema no es saber si va a cerrar, sino cuándo.

Dos caminos posibles para cerrar la brecha

Con una brecha elevada, el consenso es que, tarde o temprano, el spread debería achicarse. Cuando eso ocurra, solo pueden darse dos escenarios:

• Sube el dólar MEP, acercándose al nivel del CCL.
• Baja el dólar CCL, convergiendo hacia el MEP.

En ambos casos, el supuesto implícito es o que el MEP está barato, o el CCL está caro, o una combinación de ambas cosas. Lo que luce difícil de sostener es que la diferencia permanezca indefinidamente en estos niveles sin algún tipo de ajuste.

El límite del arbitraje

Desde una mirada más técnica, el asesor financiero Rocco Abalsamo pone un freno a la idea de que la brecha sea una oportunidad directa y sencilla. El punto central es que el canje se traslada a todos los precios y termina neutralizando buena parte del arbitraje.

«Todos los activos están en tránsito. Por más que uno venda afuera y traiga los dólares a la Argentina, cuando invierte en un activo local o en una obligación negociable, la TIR ya refleja ese nivel alto de canje», explica.

En otras palabras, el mercado arbitra solo. Lo que se gana por traer dólares puede devolverse vía precio si el activo elegido es sensible a una baja del canje.

Abalsamo es claro en el diagnóstico: «Si después de pasar los dólares a MEP vas y comprás una obligación negociable larga, cuando baje el canje esa ON probablemente también baje. Entonces terminás devolviendo lo que ganaste».

La única forma de «aprovechar» el canje

Según el asesor, la brecha solo puede aprovecharse bajo una condición muy específica y es creer que el canje va a bajar en el corto plazo y estructurar la estrategia para no quedar expuesto a esa corrección.

«Si tenés fondos afuera, traerlos te permite ganarte alrededor de un 3%. Después, lo razonable es dejar esos dólares haciendo la plancha en algún instrumento conservador que no esté directamente ligado al canje», sostiene.

La clave no está en maximizar rendimiento, sino en preservar la ganancia mientras se espera la normalización.

Y es que, con los valores actuales, aparece una alternativa concreta y de bajo riesgo operativo para el inversor minorista:

• Vender parte de sus tenencias en dólar cripto, que hoy opera en torno a $1.491, $30 por encima del MEP.
• Suponer que la brecha comienza a cerrarse significa, vender esos dólares cripto contra pesos.
• Con esos pesos, recomprar dólares MEP a un precio relativamente más bajo.
• El resultado es terminar con más dólares financieros, sin necesidad de un arbitraje complejo.

Esta estrategia permite capturar parte del cierre de brecha sin quedar atrapado en activos que ajusten violentamente si el canje se normaliza.

El paso siguiente es decisivo dado que Abalsamo advierte como no conviene ir directo a Obligaciones Negociables (ONs), porque una baja del canje podría pegar de lleno en los precios. Por esto mismo, las alternativas más prudentes son:

• Fondos comunes de inversión en dólares de bajo riesgo, que no tengan ONs en cartera y presenten baja sensibilidad al canje.
• Plazos fijos en dólares en bancos, para quienes priorizan previsibilidad y cero volatilidad.

La lógica es hacer la plancha, preservar capital y esperar que el mercado defina el cierre sin sobresaltos.

¿El problema? el factor tiempo

El punto más incómodo para el inversor es el timing dado que la brecha puede bajar en tres semanas por un cambio en el esquema cambiario, en tres meses por normalización de flujos o no bajar durante bastante tiempo.

Mientras tanto, quien se posiciona mal corre el riesgo de quedar atrapado en activos que devuelvan la ganancia del canje. Por eso, más que una oportunidad evidente, la brecha es hoy un trade de paciencia y control de riesgo.

La baja del impuesto a las Ganancias a las empresas que se incluye en la reforma laboral es uno de los puntos que más está generando tensiones entre los gobernadores y el Ejecutivo por el impacto sobre las cuentas provinciales que implicaría.

Más en detalle, la reducción de alícuotas para ejercicios fiscales a partir de 2026 sería del 30% al 27% y del 35% a 31,5%. La menor recaudación por esa vía conllevaría una disminución en la coparticipación para las provincias.

Según cálculos del economista y presidente del IARAF, Nadin Argañaraz, el costo fiscal anual directo de la propuesta es de 0,22% del PBI y va a empezar a impactar recién en el año 2027, en caso de que la reforma se apruebe con vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

“Esto es así porque las empresas van a tributar el saldo correspondiente a 2026, a partir de mayo de 2027. El costo fiscal anual directo se distribuye 0,09% del PBI para Nación y 0,13% del PBI para provincias y CABA”, indica el informe.

Resalta que es importante cuantificar relativamente la resignación de recaudación. En efecto, se tiene que para las provincias y CABA equivale al 2% del total de transferencias automáticas nacionales que reciben por año.

Entre los planteos que los gobernadores llevaron al Gobierno nacional, figuraba la exigencia de implementar medidas que compensen la merma en la recaudación derivada, en particular, del capítulo fiscal incluido en la reforma laboral y más precisamente dicho cambio en Ganancias. Los mandatarios provinciales se iban a reunir esta semana para debatir la cuestión pero finalmente el encuentro se suspendió, en plenas negociaciones con el Ejecutivo.

En consonancia, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y sus pares Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán; sostuvieron días atrás: “La caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizará las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos”,

En Casa Rosada sostienen que es un punto sujeto a negociación y que están dispuestos a hacer cambios en el proyecto, siempre y cuando “no se afecte el espíritu” de la norma. Por lo demás, aseguran que hay un amplio consenso para que se apruebe en las próximas semanas, durante las sesiones extraordinarias del Congreso. “La reforma tiene que salir”, enfatizan, al mismo tiempo que aseguran que “expondrán” a todos aquellos que no quieran aliviar la carga tributaria.

Advierten que la rebaja de Ganancias se verá compensada por el aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que serán formalizados.

La incógnita central, dice Argañaraz, es en qué magnitud y en qué plazo crecerá la base imponible del impuesto a las Ganancias, ya sea por una menor evasión fiscal o por un repunte de la actividad económica, tras la reducción de las alícuotas.

Según sus estimaciones, la recaudación anual por este tributo debería incrementarse en torno al 10% en términos reales para que el Estado pueda recuperar, a través de un ingreso adicional equivalente al 0,22% del PBI, lo resignado por la baja de impuestos a las empresas.

En este marco, el economista plantea 3 escenarios:

• Escenario 1 (optimista): la baja de alícuotas del impuesto a las ganancias en 2026 amplía la base imponible y permite que, ya en 2027, las empresas paguen un impuesto incremental equivalente a la pérdida de recaudación generada por la reducción de tasas. Desde ese año en adelante, la recaudación se mantiene al menos en ese nivel, por lo que no hay pérdida fiscal: la menor recaudación inicial se compensa totalmente con el aumento derivado de la medida. En este escenario, ni la Nación ni las provincias ven afectada su recaudación, pero sí se concreta la baja de alícuotas.
• Escenario 2 (pesimista): la reducción de alícuotas no tiene ningún efecto positivo sobre la recaudación. En este caso, todos los años se registra una pérdida fiscal equivalente al 0,22% del PBI. Se trata del escenario más adverso, en el que tanto la Nación como las provincias pierden de manera sostenida un 0,22% del PBI anual durante todo el período en que se mantenga la baja de alícuotas.
• Escenario 3 (intermedio): la recaudación adicional crece de manera gradual y compensa cada año un cuarto de la pérdida inicial, es decir, alrededor del 0,055% del PBI por año. Bajo este supuesto, la recaudación total recién se recupera en el cuarto año, en 2030. Durante los primeros años se produce una caída de ingresos que luego se revierte, lo que vuelve al esquema fiscalmente viable, aunque con la necesidad de financiamiento transitorio si no se compensa mediante una reducción del gasto público.

“El proyecto debe ser analizado con la recaudación adicional derivado de la baja de alícuotas y no con la recaudación derivada de un mayor PBI real. Pero esto no inhabilita a que la baja de recaudación por baja de alícuotas sea financiada con mayor recaudación de ganancias y de otros impuestos por mayor crecimiento del PBI real. Es un tema para una discusión política”, afirma Argañaraz.

“Es la filosofía del gobierno nacional actual la de financiar la baja de impuestos con el crecimiento de ingresos por mayor PBI real, dada una disminución del peso relativo del gasto público”, agrega.

Por otro lado, en términos generales, la reforma laboral, según la consultora Invecq, tienen un costo de 0,83% del PBI. “La mayor parte de este esfuerzo (0,5%) corresponde a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral. El 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios, explicados principalmente por la baja en el Impuesto a las Ganancias corporativo (0,2%) y la eliminación de algunos Impuestos Internos (0,1%)“, destacaron en un informe.

Sucede que, además de Ganancias, se propone el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), eliminación de impuestos internos (seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves); de los dos Impuestos cedulares (inmuebles y renta financiera; y del cargo de 10% en entradas de cine para financiar al INCAA.

El Gobierno busca que el próximo miércoles 11 de febrero se trate en el Senado la reforma laboral y, aunque consiguió el apoyo en general de los gobernadores, aún existe un punto que traba las negociaciones: la baja del impuesto a las Ganancias a sociedades. Pero el oficialismo tiene sobre la mesa una propuesta por parte de los mandatarios aliados, quienes aseguran que, en este contexto de baja de ingresos, le serviría al ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante la semana pasada, trascendió la versión de que ya habría un acuerdo entre el Gobierno y las provincias dialoguistas respecto a la baja del impuesto a las Ganancias a sociedades. La solución consistiría en condicionar la baja de la alícuota a otra variable (por ejemplo, la actividad) para garantizar la compensación de ingresos de las provincias. Pero los mandatarios no lograron acordar sobre qué variable ajustarlo.

Según pudo saber Infobae, en las últimas horas los gobernadores aliados presentaron otra propuesta en la mesa de negociación: postergar la baja del impuesto a las Ganancias dos años y hacerlo en dos etapas: 50% en 2027 y 50% en 2028. En el proyecto original del Gobierno se plantea la reducción de alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5% para ejercicios fiscales a partir de 2026.

“Los gobernadores aliados propusieron retirarlo de la reforma y que sea un proyecto fiscal aparte. Realizar la reforma en dos años: 50% en 2027 y 50% en 2028”, señaló una fuente al tanto de las negociaciones con Casa Rosada.

Para los gobernadores aliados, entre los que se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), se trata de una modificación que también conviene al Ministerio de Economía, que sufre la caída de la recaudación desde hace seis meses.

“La reforma de Ganancias impacta en Nación y en el financiamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)”, mencionaron en una de las provincias. Como la recaudación nacional ya viene cayendo hace meses, sostienen que sumarle la baja del impuesto a las ganancias de sociedades podría afectar el superávit fiscal que el Gobierno tanto celebra y que es el pilar del programa económico.En los cálculos de las provincias aliadas al Gobierno, el proyecto de modernización laboral tiene un costo fiscal total de $2,6 billones, de los cuales $1,5 billones (0,15% del Producto Bruto Interno (PBI)) los afrontan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El Tesoro Nacional deja de recaudar $1,069 billones (0,10%/PBI) y los fondos para los ATN pierden $26.556 millones.

“Caputo busca responsabilizar a las provincias y a los gobernadores, pero en el fondo le sirve que no avance la reforma o, al menos, que, en lugar de hacerse en un año, las modificaciones se realicen en dos años”, indicó una fuente de una provincia.

En enero, los ingresos fueron de $18,4 billones, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que implicó una variación interanual del 22%. La inflación para ese mismo periodo fue de 31,4%, lo que significó una caída en términos reales. Esto se debe a la reducción de las retenciones al campo y los aranceles a las importaciones.

A pesar de ello, durante la gira de entrevistas que realizó el ministro Caputo tras la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), aseguró que mantiene su postura respecto a la baja del impuesto a las Ganancias de sociedades. “Yo propongo y la mesa política, Patricia, Martin, Diego, Adorni y Karina tratan de impulsarlo y después decide el Congreso; si los gobernadores no lo quieren votar, es parte de la democracia”, expresó.

“Yo propongo y la mesa política, Patricia, Martin, Diego, Adorni y Karina tratan de impulsarlo y después decide el Congreso; si los gobernadores no lo quieren votar, es parte de la democracia”, expresó.

La propuesta que llevaron a la mesa de negociación los gobernadores peronistas dialoguistas, entre los que se encuentran Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Jaldo (Tucumán), sería condicionar la baja del impuesto a las Ganancias a otra variable que permita recuperar ingresos, por ejemplo, la actividad.

Entre las alternativas que se evaluaron, y sobre las que aún no hay acuerdo, se propuso que fuera por actividad, ya que eso permitiría a las provincias recuperar ingresos vía el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta idea proviene de uno de los asesores tributarios del Gobierno para la reforma impositiva que se prometió en varias oportunidades, pero que hasta el momento no se presentó.