POLITICA
Un operativo electoral bonaerense sin precedente y con la lupa puesta en el escrutinio

Para la realización de estas elecciones legislativas bonaerenses se montó un operativo logístico, de seguridad, conteo y fiscalización sin precedente, que fue organizado por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, y el Gobierno local controlará el escrutinio provisorio de los resultados.
Esto es así porque la organización de estas elecciones es una responsabilidad exclusiva de la provincia de Buenos Aires.
Que Axel Kicillof maneje la organización de la elección generó desconfianza entre los candidatos de la Libertad Avanza que en su discurso dan por descontado que puede haber fraude electoral, una situación que los organizadores descartan.
En las elecciones de candidatos nacionales (presidente o legisladores) los aspectos de logística, seguridad y escrutinio quedan en manos de la justicia federal, las fuerzas federales y en la Junta nacional intervienen incluso fuerzas militares. El domingo no será así.
En esta elección, la autoridad máxima que interviene para la organización del comicio y para dirimir los conflictos y denuncias de fraude que eventualmente se presenten es la Junta Electoral de la provincia integrada por jueces provinciales.
Sus integrantes son Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ana María Bourimborde, jueza de la Cámara Civil y Comercial de La Plata, Eduardo Delbés, juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, Gustavo De Santis, juez de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata y Federico Thea, Presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno provincial a cargo de Axel Kicillof es quien controlará el escrutinio provisorio. Han contratado a la empresa Indra, la misma que hace el escrutinio provisorio en las elecciones nacionales.
Hasta las 21 no se pueden informar resultados, ni bocas de urna y la Junta Electoral decidió que los resultados comenzarán a ser difundidos cuando se carguen el 30 por ciento de los datos de cada sección electoral, no de una sola, sino de todas ellas, para ofrecer un número global homogéneo de toda la provincia.
Entre los organizadores del comicio prima cierto optimismo en cuanto a la organización, en comparación con la primera impresión que se hicieron hace un año.
“Estamos mucho mejor que lo que pensábamos a mediados del año pasado, cuando se empezó a hablar de desdoblar los comicios locales y los nacionales”, dijo una fuente relacionada con la organización. Contó que realizaron un ejercicio el año pasado y vieron que no estábamos preparados para llevar adelante esto solos.
“Hubo una recomendación muy fuente para que no se lleve adelante el desdoblamiento, mostramos los inconvenientes que había pero la decisión era del Poder Ejecutivo”, dijo una fuente de la organización.
Sin embargo cuando empezó el proceso, se pudieron corregir los errores. La logística se manejo impecable, hubo una gran ayuda del juzgado federal. Hoy el panorama está mucho mejor, no es lo idea, pero estamos mucho mejor cuando arrancamos con viento de frente», se sinceró un funcionario afectado a todas estas tareas.
El operativo de seguridad estará a cargo de 34.788 efectivos, de los cuales la policía de la provincia de Buenos Aires aportó 28.778 policías y se sumarán unos 6000 integrantes de fuerzas federales, como Prefectura Naval, Gendarmería y menos integrantes de la Policía Federal.
Las fuerzas federales se repartieron de este modo: 1853 integrantes de Prefectura; 2065 de Gendarmería, 1453 de Policía Federal y 629 hombres de supervisión y logística.
Una controversia se generó por la movilización de los policías bonaerenses. Maximiliano Bondarenko, excomisario y candidato de la tercera sección electoral, donde el kirchnerismo es favorito, denunció que el Gobierno de Axel Kicillof acuarteló a la policía durante 48 horas para que no puedan votar.
Fuentes de la Junta Electoral bonaerense dijeron que no es así, sino que se decidió no autorizar lo que se denomina “el voto comando”. Se trata de permitir que cada policía afectado al operativo pueda votar en el padrón del colegio donde le tocó hacer la custodia.
Los jueces decidieron no autorizar esta práctica por el riesgo de fraude que implica autorizar a que se agreguen personas en el padrón. Pero se resolvió que la asignación de los efectivos policiales sea cercana a su logar de votación para que puedan trasladarse a votar en algún momento del servicio.
“No va a poder votar el policía que esté prestando servicio en San Isidro y tenga domicilio en Bahía Blanca, pero son pocos casos. Valoramos el perjuicio menor… si habilitábamos a agregar personas en el padrón hubiera sido un riesgo muy alto», dijo a una fuente que está anización del comicio.
Los policías bonaerenses actuaran dentro y fuera de los colegios y las fuerzas federales en los nodos, los puntos críticos del despliegue y repliegue de las urnas, no estarán en las escuelas.
Hubo una especial atención de dos distritos en caso de problemas, teniendo en cuenta los antecedentes de votaciones anteriores: La Matanza y General Pueyrredón.
Se disponen siempre 135 jefaturas policiales para la seguridad divididas en toda la provincia, pero en esta elección se dispusieron 138, pues se previeron tres en La Matanza y dos en General Pueyrredón, por la extensión y la histórica conflictividad de esos distritos.
La Junta Electoral está preocupada porque no haya incidencia de los intendentes en los colegios a la hora del escrutinio, por lo que advirtió a los delegados, presidentes de mesa y jueces de paz de la provincia para que ante una denuncia los informen para decidir.
Las autoridades mesa son 82.378 personas, son 2 por mesa pero se redistribuyen los suplentes dentro de una misma escuela en caso de ausencias.
Los delegados de la Junta Electoral, primer autoridad de consulta en cada colegio en caso de duda, son 7021 distribuido 6424 establecimientos de votación.
El escrutinio provisorio estará a cargo de Indra contratada por Ejecutivo provincial y el escrutinio definitivo lo realizará la Junta Electoral provincial a partir del 13 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha, en La Plata.
El domingo a partir de las 12 de la noche empezará a llegar el grueso de las urnas a los galpones del polo electoral en diagonal 70 y calle 10 en La Plata.
Hay dos telegramas, el que se trasmite desde cada escuela, y el que va a la Junta que se despacha con el bolsín. Se hace una copia ara el Poder Ejecutivo que carga los datos en el escrutinio provisorio.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Una semana bien argentina

El “Argentina Week” en Nueva York fue un evento organizado con mucha anticipación, destinado a promover inversiones en el país y explicar los logros del rumbo económico. Ha sido, sin duda, la apuesta for export más importante desde que Javier Milei llegó al poder. Y en ese sentido, el balance fue altamente positivo para el Gobierno, porque pudo transmitir su mensaje en el corazón financiero del mundo, que incluyó su compromiso con el equilibrio fiscal, la apertura comercial, la competitividad y el rigor monetario.
Está claro que la audiencia ya vio pasar varias gestiones con promesas similares, pero esta vez los libertarios tienen más razones para ser creíbles. Igual todos asumen que los resultados en materia de inversiones no serán inmediatos, porque a la Argentina su historial todavía la condiciona decisivamente. Las frases de Milei contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla fueron un recordatorio innecesario de la idiosincrasia imprevisible que rige en estas pampas.
Pero por fuera de los escenarios y de los discursos, pasaron cosas, algunas públicas y otras más reservadas, que terminaron marcando el pulso del evento. Giros económicos, polémicas, internas y un cotillón multicolor que le dieron ese ritmo vibrante que caracteriza el día a día del país. Una semana bien argentina.
Uno de los datos más significativos que detectaron los operadores e inversores que más conocen a los actores locales, fue el sutil deslizamiento que sufrió el mensaje que transmitieron Luis Caputo y Santiago Bausili en las reuniones reservadas. Por primera vez aparecieron evidencias de una preocupación real por la caída de la actividad económica, un tópico generalmente relegado en el vocabulario libertario.
Interlocutores de esos encuentros privados relataron que el ministro abrió la puerta a una baja de las tasas de interés y a una renovación más acotada en las licitaciones de deuda para liberar más pesos en la calle, aunque eso implique postergar un poco los objetivos fijados en materia de inflación. Una auténtica herejía para el credo libertario, que jamás será admitida abiertamente. Esta lógica es la que parece estar detrás de la frase que dejó Caputo, cuando señaló que la posibilidad de perforar el piso del 1%, “si no es en agosto, será en septiembre u octubre”.
Son varios los que le atribuyen parte de la responsabilidad de este viraje a la influencia del uruguayo Ernesto Talvi, un economista que fue incorporado como asesor de Hacienda. “Él se reunió con Caputo varias veces, y a su vez Caputo le llevó el mensaje a Milei. Talvi siempre recuerda que en Uruguay la inflación no se bajó en siete meses sino en siete años. No digo que los convenció, pero sí que les hizo ver que el precio de eliminar la inflación en el corto plazo estaba siendo muy alto en términos de actividad”, señala un viejo operador que dialogó con todos ellos en Nueva York.
El Presidente mira con escepticismo estos giros, pero por ahora lo habilita. Lo dejó en claro en una especie de broma, cargada de intencionalidad, que le hizo a Bausili en su exposición. Fue cuando después de elogiar la compra de reservas que está haciendo el Banco Central, le advirtió: “Pero que esas compras no se vayan a inflación, por favor, o sea, cuidado cómo los comprás. Ya sabés que si fuera por mí…”. Un Milei auténtico, con la teoría abajo del brazo.
Caputo es el que está más inquieto. Algunos miembros del Gabinete admiten haber escuchado sus tribulaciones por la baja de la recaudación, incluso mucho más brusca que la caída de la actividad económica. Empieza a percibir una dinámica de estancamiento, que puede ser riesgosa en materia de expectativas.
En este contexto, marzo apunta a ser el peor mes, por lo cual en el Gobierno prevén un apretón fiscal muy marcado. El ministro de Economía les advirtió que deberán ajustar fuerte los gastos para pasar este momento. La promesa, fundada en datos fácticos, es que a partir de abril empezará una recuperación, por la liquidación de la cosecha del campo, por la suba de los precios de las commodities y porque estacionalmente en el segundo trimestre los precios tienden a estabilizarse, en comparación con el primer trimestre de vacaciones e inicio de clases. Por eso apuesta a ciertas medidas que puedan estimular la actividad, sin que el impacto inflacionario sea tan notorio.
Cerca del equipo económico orbitaron los gobernadores, también protagonistas de la puesta en escena. Cumplieron su papel de acompañar al Gobierno y transmitir un mensaje de cierta confluencia de objetivos con el plan libertario. Los que miran el largo plazo creyeron ver en esa sintonía síntomas de una Argentina previsible, que no pegue un volantazo con un futuro recambio de gobierno.
Pero quizás haya que moderar un poco las ilusiones. Así como en público apoyaron el rumbo, en las conversaciones detrás del cortinado también dejaron dos ideas muy claras. La primera, expresada por uno de los mandatarios referenciales: “La baja de la recaudación nos está impactando muy fuerte en la coparticipación y si el gobierno sigue así, en pocos meses vamos a tener problemas graves”. Hay varios de ellos que reportaron dificultades para la actualización de los salarios públicos y enfrentan protestas cada vez más intensas.
La segunda idea fue expresada por otro gobernador: “Vamos a acompañar al Gobierno hasta mitad de año más o menos. Después va a empezar la carrera electoral porque todos estamos convencidos de que Milei y su hermana nos van a plantar candidatos propios para competir. Así que todos los que podamos vamos a desdoblar elecciones y ahí empezará otra historia”.
El apretón de marzo que pronostica Caputo trajo a la escena a otro protagonista central de la semana argentina: Manuel Adorni. Antes de que el jefe de Gabinete se tropezara con su esposa en la escalinata del avión, el Gobierno había anunciado un cambio en el proceso de autorización de cualquier gasto que ejecute el Estado. Concretamente estableció que todas las erogaciones, además de contar con la firma de los ministros Caputo y Diego Santilli, también debían llevar el aval de Adorni. “Es una medida para centralizar y controlar todos los pagos que se hagan. Esto es sobre todo por el cuello fiscal que estamos atravesando”, reconoció un alto funcionario al tanto de la movida.
Esa decisión la había tomado la semana anterior Karina Milei, en medio de una dinámica de fuerte empoderamiento a partir de su intervención en el Ministerio de Justicia. Adorni representa siempre el brazo ejecutor de la hermana presidencial. Y el Adorni que viajó a Nueva York el fin de semana pasado era la versión más fidedigna de esa centralidad del poder. Por eso la turbulencia aérea que sufrió lo impactó especialmente; era la figura más ascendente del Gabinete de la mano de Karina.
De hecho fue la propia secretaria General la que se encargó del “operativo respaldo” para alinear a todos los ministros con mensajes de apoyo a Adorni. Fue un gesto desesperado ante una crisis comunicacional profunda. Quedaron en evidencia las limitaciones del Gobierno cuando debe hacer un control de daños y para articular un mensaje claro.
El propio jefe de Gabinete hizo escalar el tema en su desacertada entrevista en A24 al inmortalizar el término “deslomarse”. Un colega de Adorni contó después: “Esa palabra entró con mucha fuerza en la gente. Al día siguiente fui al gimnasio y me decían: ´Te estás deslomando´. El daño fue muy grande”. El impacto que tuvo el tema en redes sociales fue más alto incluso que Andis.
A partir de ahí, todo fue desconcierto; nunca hubo una línea discursiva ni una estrategia clara. Apenas un desesperado Javier Lanari, lugarteniente de Adorni, pidiendo a los funcionarios que salieran a bancar. Como había ocurrido con episodios similares anteriores, no se armó un comité de crisis. Previsiblemente, tampoco apelaron a los servicios de Santiago Caputo y su ecosistema comunicacional. Estas fragilidades volverán a ponerse a prueba ahora con las nuevas revelaciones en torno del caso $LIBRA, que parecen ir cerrando un cerco que exigirá explicaciones más precisas de parte de Milei y de su hermana.
La primera foto de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en Nueva York fue publicada por Radio Jai, en el ingreso a la tumba del rebe de Lubavitch. Eso derivó en el primer problema de la secuencia, que fue la admisión de que ambos habían viajado en el avión presidencial.
Objetivamente hubiera sido una falta ética menor si no fuera por toda la retórica que el propio Adorni mantuvo durante años contra los vicios de la casta política. Si incluso en 2024 llegó a anunciar con solemnidad un decreto que limitaba el uso de aeronaves oficiales, entre otros motivos para evitar el viaje de familiares. La condena pública que recibió fue sobre todo por incongruencia. Demostró que en el fondo no era tan distinto al resto. Y eso impactó muy fuerte en el capital simbólico de la narrativa libertaria. Habrá que ver cómo procesa la sociedad este episodio después del impacto inicial.
Pero inmediatamente después Adorni enfrentó un segundo episodio, que puede traerle mayores dolores de cabeza: el viaje con su familia en febrero a Punta del Este en dos vuelos privados, uno de ida y otro de vuelta (esos charters se pagan por tramo). No sólo por los costos y por las dudas sobre quién pagó ese servicio, algo que quiso explicar, claramente sin ningún éxito, su amigo y compañero de vuelo Marcelo Grandio. El problema es si ese vuelo es una expresión de otros gastos fuera del alcance salarial que percibe el jefe de Gabinete; si en el fondo representa un estándar de vida distinto al que traía hasta transformarse en funcionario. Ahora, como Karina, Adorni también quedó en manos de la Justicia.
La filtración del video en el que se los ve subir a la aeronave de la compañía Alphacentauri en San Fernando reavivó la interna del Gabinete. Desde el menemismo libertario le atribuyeron la difusión de las imágenes a Santiago Caputo, aunque después cambiaron la figura penal para decir que si no fue así, al menos no la había evitado. Fue otra embestida que apunta a instalar la idea de que la SIDE a su cargo no está funcionando como corresponde y que hay que forzar un recambio. La misma tesis había surgido tras la repatriación del gendarme Nahuel Gallo por gestión de la AFA.
Pero lo cierto es que el aeropuerto de San Fernando, al lado de la pista de aterrizaje tiene una pista de espionaje, porque todo el mundo ve y filma lo que pasa allí. Por eso en el caputismo apuntan a agentes residuales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que aún responden a viejas terminales kirchneristas. Lo que está claro es que detrás hay alguien con timing político, que guardó el video durante un mes, para filtrarlo en el momento que podía lograr mayor impacto.
Pero las internas libertarias empiezan a tener ramificaciones inesperadas. Como ya la puja con las huestes de Santiago Caputo es desigual, empezaron a aflorar otras rencillas que impactan en figuras clave del staff oficialista. El blanco de las últimas semanas ha sido Patricia Bullrich, quien ha quedado en la mira de Karina Milei por lo que entiende que es un exceso de autodeterminación de su parte.
Esta semana esas diferencias quedaron expuestas por la obturación definitiva al desembarco en el área de Migraciones de Diego Valenzuela, un aliado de la senadora. Era un nombramiento que supuestamente había sido parte del acuerdo de transición en el Ministerio de Seguridad.
El argumento oficial es que el exintendente de Tres de Febrero pidió una estructura demasiado amplia para la agencia, y que incluso reclamó que tuviera rango ministerial. La titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que pasó de ahijada política de Bullrich a ser una rival inesperada del brazo de Karina, no aceptó esa demanda y argumentó razones fiscales para bloquearlo.
Pero a nadie se le escapa que detrás rige una fatwa de la hermana presidencial que ordena congelar la proyección de Bullrich. En el Gabinete hay varios que lo admiten abiertamente. Y este tema tiene muy inquieta a la senadora, y se lo transmitió a algunos funcionarios. De hecho, hubo una reunión de un grupo de legisladores que le responden para evaluar cómo actuar si la ofensiva karinista se acentuaba.
En el entorno de Bullrich dan por seguro que Karina dio la indicación a toda su tropa para que le hagan un vacío, y ponen como prueba que la semana pasada la senadora estuvo dos días en Rosario para una actividad de la Fundación Libertad y no fue nadie de LLA, por indicación de Romina Diez, procónsul de la jefa en Santa Fe. Disgustada, Bullrich habría expresado frente a varios testigos su malestar por el cerco al que se sentía sometida. No termina de entender por qué la hostigan cuando ella le facilitó al Gobierno sus primeros éxitos en un Senado que hoy parece la cámara preferida del oficialismo.
Quizás deba mirar la disputa por la candidatura principal en la ciudad de Buenos Aires el próximo año. Allí se cruza su camino con el de Adorni, e incluso con el de Pilar Ramírez, la más directa referente de Karina en el distrito. Si a eso se le suman los intereses de los Menem, está claro que el empoderamiento de la hermana presidencial en el esquema de Gobierno también trae consigo el florecimiento de estas internas de la interna.
Así es este Gobierno. Puede descender hasta estas miniaturas después de desplegar sus alas ante Wall Street. Puede mostrar sus logros económicos ante los inversores más exigentes, mientras trastabilla en las escalinatas de un vuelo impropio. Puede ofrecer oportunidades de negocios, al mismo tiempo que el Presidente flagela a los empresarios “corruptos y prebendarios”. Es así, el combo viene con todos los ingredientes. Un menú bien argentino, como la semana que termina.
Jorge Liotti,Conforme a
POLITICA
Rogelio Frigerio impulsa una reforma previsional en Entre Ríos para aliviar la principal causa del déficit

El Gobierno de Rogelio Frigerio inició una serie de reuniones con gremios estatales y la oposición para empezar a discutir la reforma previsional en la provincia de Entre Ríos. El foco está en el déficit estructural del sistema, un problema que todos los gobiernos provinciales han señalado, pero ninguno abordó.
En el mientras tanto, el rojo en las cuentas del organismo previsional crece. Aunque se efectuaron ajustes que permitieron una reducción significativa, el monto mensual continúa alto y se mantiene en el orden de los $30.000 millones.
Ese saldo negativo debería ser financiado en parte por la Nación. Esta situación deriva del acuerdo bilateral por no haber transferido el sistema previsional en los años ’90, cuando la provincia de Entre Ríos, al igual que otras jurisdicciones, se hizo cargo de la transferencia de servicios de educación y salud por parte del Estado federal sin recibir una contrapartida proporcional en recursos. Esto originó un desequilibrio estructural en las cuentas públicas.
La compensación nacional ha llegado de forma irregular o no ha existido. Por esa razón, Frigerio decidió iniciar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Reclama unos $154.000 millones a valores históricos.
A la par, las negociaciones políticas permitieron que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fuera autorizando la transferencia de fondos. Por ejemplo, el último entendimiento pactado fue por un total de $48.000 millones en cuotas.
En qué se centrará la reforma
Los puntos centrales de la propuesta oficial son mantener para el jubilado un haber del 82% sobre el bruto que percibe el activo. Esta garantía constituye una de las conquistas de los agentes públicos y representa un capital que la sociedad entrerriana considera propio, ya que ha sido defendida como un derecho adquirido ante avances restrictivos en el pasado.
Las modificaciones se proyectan en dos dimensiones: la edad jubilatoria y los regímenes especiales.
En la provincia, una mujer que trabaja para el Estado provincial puede retirarse a los 57 años y un varón a los 60. En el sector privado o para agentes del Gobierno nacional, los requisitos son 60 y 65 años, respectivamente.
Esa es la norma general. Sin embargo, las docentes pueden jubilarse a los 52 años y sus colegas varones a los 54, siempre que cumplan requisitos específicos en cuanto a años de servicio y desempeño frente al alumnado.

Los borradores de la reforma proponen que la variación de la edad sea progresiva y, en principio, no alcance ni a quienes ya cumplen condiciones para jubilarse ni a quienes les queda poco tiempo de servicio.
En la provincia, el nivel de aporte que hacen los trabajadores activos para sostener el sistema es alto, aproximadamente el 19 % del bruto. A pesar de ello, las contribuciones de 120.000 agentes en actividad y del Estado como empleador no alcanzan para cubrir los haberes de 65.000 pasivos.
Las negociaciones
El Gobierno ha puesto en marcha conversaciones con los gremios estatales y la oposición en torno a la modificación de la legislación previsional. Si bien Frigerio cuenta en la Legislatura con los votos para aprobar la reforma, apunta a preservar una base de consenso que evite una escalada hacia una crisis política.
El propio Frigerio lideró los encuentros donde el oficialismo detalló sus intenciones. Las reuniones comenzaron con los sindicatos y posteriormente sumaron al peronismo a través de sus representantes legislativos. En el último encuentro, participaron diputados y senadores provinciales, tanto oficialistas como opositores.
Durante esa reunión, Gastón Bagnat, presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, adelantó que 2026 será el año “clave” para la reforma: “La ley que resulte de este proceso tiene que ser lo más completa posible”. La expectativa está puesta en que el sistema empiece a percibir los beneficios “dentro de algunos años”.

Bagnat también anunció que dentro de la semana se enviará el borrador del texto que el Gobierno pretende impulsar. Paralelamente llegará a gremios y legisladores: “La puerta queda abierta para todas las devoluciones, sugerencias o medidas alternativas que puedan surgir”, indicó.
Por su parte, Víctor Sanzberro, senador justicialista, expuso tras el encuentro: “El desfinanciamiento brutal al que el gobierno nacional está sometiendo a la provincia no puede justificar que el costo del ajuste recaiga principalmente sobre trabajadores y jubilados entrerrianos”.
Además, planteó: “Algo hay que hacer con el déficit previsional. En eso coincidimos todos. Pero primero debemos contextualizar con precisión por qué ya no hay margen para atenderlo como antes”.
En tanto, Rafael Cavagna, su par radical, sostuvo: “Es una decisión encarar una discusión de estas características. Los resultados de una reforma previsional no se ven en el corto plazo ni necesariamente en esta gestión. Pero alguien tiene que empezar a ordenar el sistema para garantizar su sustentabilidad en el tiempo”.
Los gremios, por otra parte, anticiparon su rechazo ante estas intenciones gubernamentales. El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Entre Ríos), Oscar Muntes, manifestó: “El ajuste no debe pasar por los trabajadores”. A su vez, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), expresaron: “No vamos a ser cómplices ni permitir ninguna reforma que siempre significará pérdida de derechos para activos y jubilados”.
Rogelio Frigerio
POLITICA
El disco rígido cargado con información sensible que estuvo bajo llave y ahora pone en jaque la estrategia del Gobierno

El registro de los múltiples contactos del trader Mauricio Novelli con Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo -antes, durante y después del tuit presidencial que le dio vida pública a la moneda virtual $LIBRA-, junto con otra información sensible como chats y geolocalizaciones, permanecía hasta este viernes guardado en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, dentro de un disco rígido externo al que solo tenía acceso el juez.
Pero el contenido de ese disco rígido, extraído de los dispositivos de Novelli, fue liberado el viernes por la mañana a todas las partes del proceso que se acercaron con un pendrive en la mano al juzgado de Martínez de Giorgi en Comodoro Py. Y, de a poco, comenzó a hacerse pública información que, cuanto menos, pone en crisis la estrategia comunicacional del Gobierno sobre el tema $LIBRA.
En la causa, el trader Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy son investigados bajo la hipótesis de haber oficiado de nexo entre el creador del activo, Hayden Mark Davis, y la cúpula del poder libertario. Constituirían la “pata local” de la investigación. El vínculo de ambos con Javier y Karina Milei no estaba bajo controversia; se remonta al menos a 2021, y de él hay distintas muestras: Milei, por caso, fue profesor en la escuela de trading que dirige Novelli.
Lo que refuerza el registro de llamados que la Justicia tiene entre sus manos -y desde el viernes también las partes- es la hipótesis de que el Presidente y su hermana Karina estuvieron involucrados en el lanzamiento del activo que dejó un tendal de damnificados y quedó sospechado de estafa. El horario de los contactos entre Novelli -que se encontraba con Hayden Davis en los Estados Unidos- y los hermanos Milei daría cuenta de que estos seguían de cerca los movimientos y que, contrariamente a lo que luego diría el Presidente, sí estaban al tanto de los detalles del proyecto.
Los llamados son apenas una parte del material, que incluiría también geolocalizaciones, fotos, archivos, chats y otros intercambios. Por estas horas, las querellas, es decir, quienes fueron acreditados por la Justicia como damnificados en la maniobra investigada, están abocados a analizar esa montaña de datos, que pesa unos 40 gigabytes, señalaron las fuentes.
Ni Javier Milei ni su hermana Karina cuentan con la representación oficial de un abogado en la causa, por lo que todavía no tienen acceso formal al expediente.
El camino de la información
El recorrido de esa información -que ayer comenzó a conocerse de a retazos y que pone en jaque la estrategia que el Gobierno mantuvo hasta ahora en el caso- comenzó a mediados de noviembre, cuando expertos del Ministerio Público Fiscal enviaron a la fiscalía de Eduardo Taiano un informe preliminar con datos de los peritajes realizados en dispositivos electrónicos que la Justicia secuestró en marzo del año pasado, en una serie de allanamientos realizados en domicilios ligados a Novelli y su socio Terrones Godoy.
En esa primera entrega ya había un rastro de presuntos borradores de acuerdos confidenciales que tenían como eje central la formalización de una “asociación indirecta con el Gobierno de Argentina” para monetizar la imagen del presidente Javier Milei, tal como contó este medio.
Sin embargo, ese material, pese a formar parte del expediente, no estuvo siempre al alcance de las partes, lo que motivó cuestionamientos y quejas de las querellas. Parte de la información fue puesta en reserva por el fiscal Taiano, para la realización de un “trabajo interno”, según sostuvo en un escrito reciente.
El 13 de enero de este año, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DATIP) completó el envío del material al remitir los anexos digitales a través de la “nube” del Ministerio Público Fiscal (MPF). Pero el volumen de la información impidió que pudiera descargarse correctamente.
Tras varios intentos fallidos, la DATIP optó por enviar el material de manera física a la fiscalía, en un disco rígido externo. El dispositivo fue encriptado con un software especial y protegido con una contraseña, que fue entregada en un papel junto con el aparato, el 4 de marzo.
El juez Martínez de Giorgi recibió luego ese disco desde la fiscalía de Taiano. Por disposición del juez, quedó resguardado bajo llave en la caja fuerte de la secretaría del juzgado.
Ese material, que hasta entonces solo estaba bajo custodia del tribunal, y era reclamado por las querellas, fue puesto a disposición de todas las partes el viernes por la mañana. Por la tarde, comenzaron las primeras revelaciones.
borradores de acuerdos confidenciales,Federico González del Solar,Conforme a
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