ECONOMIA
Atención emprendedores y Pymes: cuál es la opción más barata para financiarse y crecer

En un año electoral cargado de incertidumbre, las pymes argentinas enfrentan un dilema que trasciende la política: cómo financiar su capital de trabajo en medio de tasas récord, escasez de crédito y una economía en transición. La volatilidad político-económica, la tensión en la cadena de pagos y el endurecimiento de las condiciones bancarias ponen a las empresas en una encrucijada. Ya no se trata de elegir la mejor alternativa de financiamiento, sino de optar por la menos costosa en un menú acotado y riesgoso.
El primer desafío es cómo conseguir liquidez. La pregunta resulta casi existencial: ¿conviene endeudarse en el sistema financiero, desprenderse de los dólares atesorados u obtener efectivo vendiendo stock de mercadería? Para orientar esa decisión, sintetizamos los beneficios y riesgos de cada alternativa en el siguiente cuadro:
Las opciones que tienen las pymes, beneficios y riesgos
La elección dependerá del perfil de cada pyme, de su acceso real al sistema bancario y, sobre todo, de su nivel de tolerancia al riesgo cambiario y operativo en un año donde las reglas del juego pueden cambiar de un día para el otro.
Las SGR, un actor central en el financiamiento pyme
En este escenario, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) volvieron a posicionarse como un actor central en el financiamiento pyme. Muchas empresas ya no cuentan con cupo en los bancos o no califican por historial crediticio, y encuentran en las SGR una vía alternativa para acceder a capital de trabajo. Al actuar como avalistas, mejoran el perfil de riesgo de las firmas frente al sistema financiero y les permiten descontar cheques, financiar facturas o acceder a préstamos a tasas más competitivas.
Con aval de SGR, las tasas para el descuento de cheques diferidos rondan entre el 49% y el 58% anual. Sin aval, pueden duplicarse o incluso superar el 100%-125% anual. Los plazos van de 30 días a un año, y debe contemplarse además la comisión de la SGR, que oscila entre el 2% y el 4% del monto avalado. A pesar de ese costo adicional, para muchas pymes el aval resulta decisivo: sin él, el acceso directo al crédito sería imposible o implicaría tasas impagables.
El sistema se expandió de manera significativa: hoy, el segmento de garantía representa cerca del 0,4% del PBI y avala aproximadamente un 33% del financiamiento pyme total. Durante 2024, las SGR respaldaron a más de 33.000 empresas por unos u$s1.200 millones, con un dato elocuente: 7 de cada 10 avales fueron otorgados a microempresas, y 9 de cada 10 a micro o pequeñas empresas. En otras palabras, las SGR se transformaron en la llave de acceso para el eslabón más vulnerable del entramado productivo.
Juan José Preciado, CEO de RICSA ALyC y accionista de AFB Avales SGR, detalla: «Cuando los bancos dejaron de asistir al Estado, acumularon liquidez, pero desarmaron sus líneas de riesgo para pymes más chicas. Ahí las SGR pasaron a ser cruciales, porque los bancos terminan descansando en el aval, y el riesgo lo asumen ellas. Durante 2024 vimos operaciones con tasas del 26% al 30% y plazos largos de hasta cinco años, algo que no existía hacía mucho. Este año la demanda se sostuvo hasta mediados, pero en los últimos meses se resintió con la caída de la actividad. Hoy, los que buscan financiamiento lo hacen porque atraviesan complicaciones financieras, mientras que las empresas más sólidas directamente no convalidan estas tasas».
Respecto a los costos de financiamiento de corto plazo, la disparidad entre instrumentos es marcada. El descuento de cheques con aval de SGR sigue siendo la herramienta más accesible, con tasas entre el 49% y el 58% anual. Sin ese respaldo, los bancos aplican entre el 100% y el 125% anual, prácticamente el doble.
El descubierto en cuenta corriente, otra opción al alcance de las pymes
Otra opción frecuente es el descubierto en cuenta corriente, con tasas que oscilan entre el 90% y el 95% anual, según la entidad financiera. Si bien ofrece liquidez inmediata, su costo erosiona rápidamente la rentabilidad y suele agravar la fragilidad de los flujos de caja.
En este marco, queda claro que el aval de una SGR marca la diferencia: no sólo permite acceder a tasas más competitivas, sino que, en muchos casos, se convierte en la única vía para que las pymes sostengan su capital de trabajo en un contexto de tasas generales muy elevadas.
La incertidumbre electoral, sumada a una economía que oscila entre el estancamiento y la recesión, obliga a las pymes con recursos limitados a priorizar qué obligaciones atender primero: impuestos, proveedores o salarios. En este esquema, los trabajadores ocupan un lugar central en la cadena de pagos: garantizar los sueldos no sólo es una cuestión legal, sino también estratégica, ya que retener personal clave asegura la continuidad operativa. Los proveedores, en cambio, suelen verse forzados a aceptar plazos más largos, lo que extiende la cadena de pagos y genera tensiones crecientes en toda la economía.
El riesgo mayor es el de la mora generalizada: con tasas financieras en niveles muy altos y un mercado de consumo deprimido, la probabilidad de incumplimiento aumenta de manera significativa. Se advierte que la morosidad podría incrementarse en los próximos meses, pasando de niveles del 1,1% al 3,5% en el peor de los escenarios.
En este contexto, el financiamiento barato desaparece y la supervivencia depende de la capacidad de negociar con proveedores y sostener el pago de salarios, incluso a costa de acumular deuda fiscal o atrasos con otros acreedores. El «estiramiento» de la cadena de pagos se convierte así en una estrategia defensiva que puede ayudar en el corto plazo, pero que también amplifica los riesgos sistémicos de incumplimiento a nivel general.
Si se opta por acumular deuda fiscal, postergando el pago de impuestos para destinar esos fondos a salarios o proveedores, deben considerarse los intereses resarcitorios y punitorios que aplican AFIP y las agencias tributarias locales. Actualmente, AFIP cobra una tasa resarcitoria del 2,75% mensual por mora en impuestos nacionales, mientras que la punitoria asciende al 3,5%. A nivel provincial y municipal, ARBA aplica en torno al 6,6% mensual, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la AGIP fija recargos similares a los de AFIP, alrededor del 2,7 por ciento.
Entonces, acumular deuda fiscal puede ser una decisión táctica para sostener la operación, pero no deja de ser una fuente de riesgo financiero. Las pymes que postergan estos pagos comprometen su liquidez futura, ya que los planes de regularización implican compromisos mensuales en pesos a tasas igualmente elevadas.
La paraoja del financimiento pyme
En definitiva, el financiamiento pyme en 2025 está atravesado por una paradoja: hay herramientas disponibles, pero pocas veces resultaron tan costosas o difíciles de sostener en el tiempo. La combinación de incertidumbre política, volatilidad macroeconómica y tasas que se duplican de un día a otro, obliga a las empresas a operar en modo supervivencia.
La clave para transitar este escenario no pasa por encontrar la opción perfecta, sino por identificar cuál es el costo de oportunidad menos gravoso según la situación particular de cada compañía. Endeudarse con el banco, vender dólares o desprenderse de stock no son más que decisiones tácticas en un contexto en el que la estrategia central debe ser preservar la liquidez y mantener a flote el capital humano.
Las SGR, al asumir el riesgo que los bancos ya no quieren cargar, se consolidaron como un puente vital para las micro y pequeñas empresas, y probablemente sigan cumpliendo un rol decisivo en los meses que vienen. Pero su alcance tiene un límite: no pueden revertir, por sí solas, la desaceleración de la actividad ni los desafíos financieros que enfrenta un entramado productivo que busca sostenerse en un escenario de incertidumbre.
El desenlace electoral y las decisiones de política económica marcarán el pulso de lo que resta del año. Si la incertidumbre persiste, la mora y el impago seguirán creciendo, la cadena de pagos se tensará aún más y la recaudación fiscal se resentirá. Si, en cambio, se logra cierta previsibilidad, el sistema de financiamiento podrá recuperar parte de su dinamismo, aunque a costos que seguirán siendo elevados en términos históricos.
Para las pymes, entonces, el desafío inmediato es resistir. Y en esa resistencia, cada punto porcentual de tasa, cada dólar vendido o cada cheque descontado puede marcar la diferencia entre cerrar el año en pie o sumarse a las estadísticas de las que no lograron atravesar la tormenta.
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ECONOMIA
Cómo cierra el año la única cotización del dólar que opera en días feriados

El dólar cripto, disponible para operar durante días feriados y fines de semana, es la única cotización accesible en el mercado argentino en el último día de 2025. Mientras los mercados de monedas, acciones, bonos y granos permanecen inactivos hoy miércoles y también el jueves por la celebración de Año Nuevo, las plataformas digitales brindan la única referencia de valor activa para la divisa estadounidense.
Al finalizar el año, los valores ofrecidos en los principales exchanges de criptomonedas, según los datos extraídos de la plataforma CriptoYa, reflejaron un promedio de cotización para la compra de $1.531,09. Esta cifra surge de las operaciones relevadas en Decrypto ($1.584,67), SatoshiTango ($1.532,06), Dólar Let’sBit ($1.527,04), Buenbit ($1.522,40), TiendaCrypto ($1.522,17), belo ($1.519,02) y Fiwind ($1.510,26). El valor de compra más alto lo ofreció Decrypto, mientras que Fiwind presentó el más bajo.
En comparación, la serie histórica provista por la plataforma Dolarito muestra que el dólar cripto inició el 2 de enero de 2025 en $1.202,37 y cerró el 30 de diciembre en $1.531,54. Esto implicó una variación anual del 27%, con un valor promedio de $1.325,92 a lo largo de los últimos doce meses. El mínimo anual registrado fue de $1.144,04 y el máximo de $1.582,86, ambos valores dentro del período analizado.
El último valor de la serie de Dolarito, $1.531,54, prácticamente coincide con el promedio de las cotizaciones de compra de dólar cripto relevadas el último día del año en los exchanges analizados, con una diferencia absoluta de apenas $0,45 y una variación relativa de -0,03%. Esta paridad refuerza la función de referencia que cumple el dólar cripto en jornadas en las que el resto de los mercados no opera.
Mientras tanto, el resto de las cotizaciones del dólar en la Argentina se mantuvo sin cambios por el feriado de Año Nuevo. Los valores de cierre consignados por la sociedad de Bolsa Rava muestran que el tipo de cambio mayorista concluyó el año en $1.457,00, el oficial en $1.480,00, el dólar tarjeta en $1.924,00, el dólar MEP en $1.480,74 y el dólar contado con liquidación (CCL) en $1.521,55. Las variaciones diarias fueron nulas, mientras que las acumuladas durante diciembre oscilaron en torno al 0,3%, salvo para el mayorista que terminó con un incremento del 0,5% en el mes.
El comportamiento anual de las diferentes cotizaciones oficiales y alternativas del dólar presentó disparidades relevantes. La variación acumulada en 2025 alcanzó el 41,2% para el mayorista, el 40,6% para el oficial y la tarjeta, el 26,5% para el dólar MEP y el 28,2% para el contado con liquidación. El dólar cripto, por su parte, registró una suba del 27% en el mismo periodo, ubicándose en un rango intermedio entre las cotizaciones financieras y las oficiales.
Durante las jornadas de feriado, la operatoria en criptomonedas ofrece una alternativa a quienes buscan cobertura en moneda dura o necesitan realizar transferencias inmediatas. Las plataformas digitales permiten acceder a dólares las 24 horas, todos los días del año, sin restricciones de calendario ni horarios bancarios. Este rasgo diferencia al dólar cripto del resto de las variantes, que dependen de la actividad de los mercados tradicionales.
La comparación entre los valores de cierre de las distintas modalidades de dólar muestra que la brecha entre el dólar cripto y el resto de las cotizaciones financieras se mantiene acotada. El promedio de compra de dólar cripto al cierre del año se ubica apenas por encima del dólar MEP y el contado con liquidación, y por debajo del dólar tarjeta, que permanece como la opción más costosa para acceder a divisas.
El seguimiento de la serie diaria de Dolarito durante 2025 permite observar que el dólar cripto presentó variaciones moderadas y una tendencia general al alza, con picos puntuales y retrocesos temporarios. El valor mínimo se registró el 21 de abril, mientras que el máximo ocurrió el 22 de octubre. El promedio anual quedó por debajo del valor de cierre, evidenciando una aceleración en la segunda mitad del año.
Los exchanges que operan con criptoactivos ofrecen precios diferenciados según la modalidad de operación (compra o venta) y pueden exhibir dispersión de valores durante jornadas con baja liquidez o mayor demanda. En el cierre de 2025, las variaciones entre plataformas resultaron limitadas, con un rango de apenas $74,41 entre el valor más alto y el más bajo para la compra.
El contexto de inactividad en los mercados tradicionales resalta el rol del dólar cripto como referencia exclusiva para la operatoria cambiaria en la Argentina durante los feriados. Quienes requieren realizar movimientos en dólares encuentran en las plataformas digitales la única alternativa disponible, situación que se repite en cada jornada no hábil para la plaza financiera local.
El comportamiento del dólar cripto durante 2025 reflejó la dinámica propia del mercado digital, con oscilaciones diarias y una evolución alineada con las tendencias generales del resto de las cotizaciones. La posibilidad de operar sin interrupciones posiciona a esta variante como una referencia clave en escenarios de cierre bancario y financiero.
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ECONOMIA
Juicio por YPF: el Gobierno descarta desacato y acusa a Burford de presionar a la Justicia

Las lecturas que instalaron la idea de un desacato consumado carecen de sustento jurídico y responden a una estrategia de la parte demandante
31/12/2025 – 16:43hs
En el tramo final del año, el Gobierno argentino fijó una posición tajante sobre el juicio por la expropiación de YPF, el mayor litigio que enfrenta el país en el exterior. Frente a versiones que sugerían un posible desacato ante la Justicia de Estados Unidos, la Procuración del Tesoro de la Nación negó de manera categórica esa interpretación y aseguró que la Argentina actúa «conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley».
El pronunciamiento oficial llegó luego de que la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, aprobara un cronograma procesal para debatir un eventual desacato en la causa que impulsan Burford Capital y Eton Park, el fondo que financia la demanda contra el Estado argentino. Desde la defensa señalaron que ese calendario no implica ninguna sanción ni reconocimiento de incumplimiento, sino apenas un intercambio de escritos entre las partes a partir del 15 de enero.
La postura oficial frente al cronograma judicial
Según la visión del Gobierno, las lecturas que instalaron la idea de un desacato consumado carecen de sustento jurídico y responden a una estrategia comunicacional de la parte demandante.
En la Procuración del Tesoro sostienen que Burford Capital intenta correr el eje de la discusión ante un escenario que consideran adverso para sus intereses. Como parte de ese argumento, mencionan que las acciones del fondo registraron una caída cercana al 29% en lo que va del año, un dato que explica la intensificación de la presión mediática y judicial.
Para el Gobierno, el cronograma aprobado por Preska no altera el estado del expediente ni implica una presunción de incumplimiento.
Juicio por YPF: el discovery, un punto clave del conflicto
Uno de los capítulos más sensibles del juicio es el proceso de discovery ordenado por la jueza, que incluye el requerimiento de comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos. Desde la defensa del Estado remarcan que esa medida fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal, tanto a la luz del derecho argentino como del estadounidense.
Aun así, la Procuración subrayó que la Argentina actúa de buena fe y detalló que se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, además de gestiones destinadas a obtener el consentimiento de las personas involucradas. De acuerdo con el organismo, la gran mayoría de los funcionarios y exfuncionarios alcanzados por el pedido colaboró de manera voluntaria.
Ese punto es central para la estrategia oficial: demostrar que no existe incumplimiento alguno de las órdenes judiciales.
Un fallo millonario que aún no está firme
El trasfondo del conflicto sigue siendo la sentencia de fondo que condenó a la Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares por la forma en que se llevó adelante la expropiación de YPF en 2012. Sin embargo, desde la Procuración del Tesoro insisten en que esa decisión aún no está firme y que el caso se encuentra bajo revisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Para el Gobierno, este dato resulta clave para comprender la etapa actual del litigio. Un eventual fallo favorable en la instancia de apelación podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena, así como las discusiones colaterales vinculadas a sanciones o desacato.
El juicio por YPF no solo tiene una dimensión económica inédita por el monto en disputa, sino también un fuerte componente institucional.
Mientras el expediente continúa su curso en los tribunales estadounidenses y se acumulan instancias complejas, la estrategia oficial busca transmitir un mensaje de control y previsibilidad. La Argentina, sostienen, no está en desacato, cumple con las decisiones judiciales y confía en que las instancias de apelación permitan revertir el fallo más costoso de su historia.
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ECONOMIA
Miles de clientes del Banco Nación cobraron $700.000 en sus cuentas por un error de la entidad: qué pasará con ese dinero

La jornada del último día del año trajo una sorpresa para clientes con cuentas sueldo en el Banco Nación, el banco donde suelen cobrar sus haberes los emplados públicos. Muchos usuarios advirtieron la acreditación de lo que interpretaron inicialmente como un “bono sorpresa” que en algunos casos rozó los $700.000. También detectaron “saldos extra” en cajas de ahorro en dólares. La noticia se difundió rápidamente, especialmente en redes sociales y grupos de Whatsapp. La mayoría de los afectados son empleados estatales que notaron, junto con el depósito salarial del mes, el misterioso “plus”.
Según pudo comprobar Infobae, los movimientos no se vincularon con los rendimientos habituales de una cuenta remunerada, implementada este año por el Banco Nación. Desde la entidad, explicaron que se trató de un “error técnico”, que comenzó a subsanarse horas después de detectarse. Los clientes observaron los montos adicionales identificados en sus cuentas bajo los conceptos REND.PESO y REND.USD.
Las versiones oficiales del Banco Nación señalaron que el error se reflejó tanto en cuentas en pesos como en cuentas en dólares, donde aparecieron sumas de hasta USD 370,04. La entidad no precisó el número exacto de cuentas afectadas, pero proporcionó un dato clave: el banco posee actualmente más de 20 millones de cuentas, lo que lo posiciona como el mayor banco del país en el ranking por activos.
La situación adquirió visibilidad pública cuando empleados de la Cámara de Diputados de la Nación recibieron el mismo monto de $699.177,82 bajo el concepto de “rendición en pesos”. Esto generó especulaciones sobre un posible bono de fin de año no anunciado. Las autoridades de la Cámara aclararon mediante un comunicado interno que el depósito correspondía a un “error bancario” y solicitaron a los empleados no utilizar ese dinero, ya que el viernes siguiente se descontaría.
El mensaje divulgado dentro del Congreso advertía: “Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero se trató de un error bancario. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan. Avisen o reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.
Según testimonios de empleados del Congreso que manifestaron sorpresa y desconcierto. Uno de ellos relató: “Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de whatsapp. Fuimos felices un ratito”. El error no alcanzó a los diputados nacionales, ya que las dietas se liquidan por un mecanismo diferente. Sin embargo, algunos empleados reportaron acreditaciones en dólares, que variaron entre USD 290, USD 114 y USD 6.
El diputado santafesino Esteban Paulón recurrió a las redes sociales para referirse al episodio: “Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”.
En días previos, el Banco Nación había recibido la máxima calificación nacional de la agencia de riesgo FIX. El banco también atraviesa una etapa de cambios institucionales: Daniel Tillard dejó la presidencia hace 15 días y Darío Wasserman, hasta entonces vicepresidente, asumió el cargo. Wasserman cuenta con respaldo político directo de Karina Milei, quien tomó la decisión de mantenerlo al mando de la entidad. Wasserman está casado con Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.
La entidad comunicó que el error comenzó a subsanarse en las horas siguientes a su detección. Los depósitos extraordinarios fueron revertidos según la información interna difundida a los empleados del Congreso y a los clientes en general.
El Banco Nación no especificó el mecanismo técnico que provocó la acreditación masiva, aunque fuentes del sector bancario sugirieron que la reciente implementación de la cuenta remunerada podría estar relacionada con la falla. Desde el banco indicaron que el problema se corrigió y que la situación no tendría impacto sobre los saldos finales de los clientes.
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