Una auditoría interna de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) encendió una alarma sobre el funcionamiento del sistema de cámaras de la Aduana. El informe, que no está disponible de forma pública, evaluó el desempeño de la División Control Operacional del Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA) y concluyó que la vigilancia tiene fuertes debilidades.

En el informe, al que accedió , se destacaron 291 cuestiones problemáticas y se encontraron más de 190 cámaras sin funcionar, que apuntan para cualquier lado, tapadas o con el circuito cortado, entre otras situaciones.

El relevamiento despertó preocupación dentro del Poder Ejecutivo por el lugar en el que deja a la Argentina y la porosidad de sus fronteras.

También evidencia el terreno fértil para discrecionalidades por parte del personal aduanero, despachantes y funcionarios, entre otros. En ese contexto, la Sigen le pidió a ARCA, el organismo recaudador del que depende la Aduana, que intensifique la adopción de medidas “relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera, a fin de detectar potenciales situaciones de riesgo e ilícitos”.

El trabajo, que revisó los años 2023 y 2024, pero se hizo con inspecciones entre noviembre y diciembre pasados, enumeró una serie de fallas de “impacto alto”. Fuentes al tanto del informe comentaron que se trata de problemas sin relevar hace tiempo.

Entre las fallas, se señaló que existen “deficiencias en el control efectuado por la Aduana a través del circuito cerrado de televisión (CCTV)”, una “inadecuada distribución de cámaras de monitoreo entre las Aduanas” y la “existencia de puntos operativos con incorrecta e imprecisa visualización en cámaras de las Aduanas”.

También se advirtió la falta de un proveedor de mantenimiento para las cámaras y problemas en el tiempo en el que se guardan las imágenes que captan.

Este informe es uno de los primeros realizados por la Sigen sobre la gestión libertaria. El estudio comprende todo el año pasado. De acuerdo con información de múltiples fuentes, 10 días después de comunicadas las falencias encontradas, ARCA solicitó la designación de una nueva persona al frente de la Unidad de Auditoría Interna.

Específicamente, se detectaron:

“De la evaluación realizada, se puede concluir que las tareas llevadas a cabo en la División Control Operacional del Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero (C.U.M.A) dependiente de la Dirección General de Aduanas, referidas al objeto de auditoría, se llevan a cabo en un marco que presenta debilidades”, destacaron.

La auditoría fue formalmente comunicada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) el 14 de febrero de 2025 mediante la nota. El organismo pidió una prórroga el 26 de ese mes para dar respuesta a las deficiencias detectadas, la que le fue concedida, y recién el 14 de marzo su director ejecutivo respondió con observaciones y descargos.

Para la Sigen, las debilidades detectadas requerían que las autoridades “intensifiquen la adopción de medidas necesarias a efectos de optimizar las tareas relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera, a fin de detectar potenciales situaciones de riesgo e ilícitos”.

El titular de la Aduana es José Andrés Velis. Trabajó durante 44 años en el organismo y conoce como pocos los engranajes internos. Su ascenso implicó el desplazamiento de Eduardo Mallea, quien había asumido tras la salida de Rosana Lodovico, apartada cuando se reveló que había tomado un préstamo de una empresa vinculada al contrabando. Velis, como Andrés Vázquez en lo que solía ser la Dirección General Impositiva, forman parte del armado que quedó bajo control de Santiago Caputo, con influencia y nombres arrimados por Leonardo Scatturice.

Continúa bajo investigación en la Justicia la llegada al país a fines de febrero en un avión privado procedente de Miami que transportaba a Laura Arrieta, empleada de Scatturice. Luego de que trascendiera que las diez valijas que transportaba no fueron revisadas, se vieron cámaras que constataron que hubo un llamado a alguien de la Aduana que aparentemente autorizó el paso, sin el control correspondiente.

“En virtud de lo expuesto, se puede afirmar que las situaciones verificadas requieren intensificar la adopción de las medidas necesarias por parte de las autoridades responsables en orden a superar las debilidades apuntadas a efectos de optimizar las tareas llevadas a cabo por el organismo, relacionadas con la seguridad y trazabilidad de la operatoria aduanera”, dice el informe.

El juez federal Sebastián Casanello rechazó este viernes el pedido para anular la causa iniciada por la filtración de audios donde el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se refería a un supuesto sistema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos que beneficiaba a Karina Milei.

El pedido de nulidad de la causa había sido presentado por Martín Magram, abogado de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.

La defensa había solicitado la anulación de todo lo actuado, alegando una violación al derecho de defensa y la supuesta ilegalidad de los audios que dieron origen a la denuncia.

El fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, ya había adelantado su opinión para rechazar la nulidad.

Casanello dijo que hay razones de forma y de fondo para rechazar este pedido y consideró un “sofisma” el argumento de la defensa.

Casanello argumentó que es inadmisible un planteo efectuado por la defensa a ciegas, cuando la causa estaba en secreto. «“No puede admitirse en favor de la parte su ignorancia de las circunstancias por las que pretende tachar de nulidad algo que, en verdad, desconoce”, dijo Casanello

Dijo que la defensa echó mano a un “argumento circular construido sobre cursos hipotéticos”. La estrategia consistió en atribuir a las grabaciones el carácter de “prueba única”, algo falso, para luego denunciar su ilegalidad con el objetivo de “hacer caer todo lo actuado”.

Además, el fallo recordó que la jurisprudencia exige un perjuicio concreto para declarar una nulidad. La defensa solo invocó un perjuicio genérico derivado del proceso penal mismo, lo cual no es suficiente.

En cuanto al fondo del asunto, el juez validó la forma en que se inició la investigación: una denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, a partir de información periodística.

Respecto de la presunta violación del derecho a la intimidad, el fallo se apoyó en abundante jurisprudencia que sostiene que la grabación realizada por un particular que participa en la conversación es lícita.

Se citó la postura de la Cámara de Apelaciones: “el riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar, y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro”, dijo la Cámara.

De esta manera, al transmitir pensamientos o comunicaciones a otro, se asume el riesgo de que ese otro “retransmita aquello que escuchó”. Esta jurisprudencia es de 1997 y se empezó a construir a partir del uso de la cámara oculta.

El juez también resaltó que las garantías constitucionales que limitan las injerencias arbitrarias están “dirigidas a los funcionarios públicos”, no a los particulares que documentan un posible ilícito. Es decir un policía no puede obligar a alguien a declarar contra si mismo en un registro oculto, pero un periodista o ciudadano puede registrar una conversación sobre esa circunstancia.

“Cuando un ciudadano trae este tipo de diálogos extrajudiciales, es importante saber de inicio que las reglas de garantía -como la prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo- no son oponibles a los particulares sino que se tratan de límites constitucionales dirigidos a los funcionarios públicos”, escribió el juez.

Dijo Casanello que el valor probatorio de los audios «debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares a los fines de acreditar el hecho que se investiga“.

El juez destacó que estas grabaciones “pueden convertirse en prueba documental, mas no podrían ser consideradas declaraciones testimoniales o confesiones”. “No son actos representativos en sí mismos sino cosas que sirven para representar algo, como una entrevista publicada”, ejemplificó. y señaló que debe considerarse cómo se obtuvo, cómo se incorpora al procedimiento y cómo se lo valora.

En este sentido analizó los tres extremos y concluyó que no existen reglas jurídicas que prohíban a un particular grabar una conversación sin autorización judicial y dijo que la jurisprudencia local e internacional respaldan a idea de la legalidad de la evidencia entregada por un particular a un magistrado.

Finalmente, el magistrado recordó la “gravedad de las maniobras corruptas objeto de investigación” y la obligación internacional del Estado Argentino de investigar estos fenómenos, descritos como “corrosivo” y que “socava la democracia”.

La inédita intromisión de Donald Trump en la política doméstica de la Argentina tuvo dos impactos inmediatos. El primero fue que el anuncio de un préstamo de US$20.000 millones para reforzar las reservas frenó la corrida cambiaria que amenazó la semana pasada con llevarse puesto al equipo económico, que encabeza Luis Caputo. Desde el lunes hasta el jueves, hubo una súbita calma en los mercados, con caídas del valor del dólar y del riesgo país. Ayer, hubo otra vez turbulencias. No hay todavía señales nítidas de estabilidad y repunte a pesar del auxilio estadounidense.

El segundo coletazo fue netamente político, a partir del mensaje del influyente secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien condicionó la ayuda financiera y las inversiones de las empresas de su país al resultado electoral de los comicios legislativos del 26 de octubre próximo. La admisión del funcionario trumpista ubicó a Estados Unidos como un actor determinante en la campaña y empujó a la oposición a un rediseño de su estrategia. Tomaron nota el peronismo, la izquierda y algunos legisladores que responden al bloque de los gobernadores: articulan para exigir que el empréstito sea debatido antes por el Congreso, donde el Gobierno perdió casi todas las votaciones que hubo en 2025 y están cerca de revertirse otros vetos de Milei. El contenido de los debates se imagina previsible: Patria, sí; colonia, no. Braden o Perón, o, en tiempos más contemporáneos Lamelas o ¿Cristina? Discusiones que calentarán la víspera electoral mientras la economía y los mercados siguen expectantes.

En el corazón del Gobierno, después de la euforia por el salvavidas que Trump le arrojó a Milei, un funcionario se animó a plantear algunas alarmas que surgen cada vez con más repetición a partir de los datos de la economía real. ¿Lo peor ya pasó, como aseguró el Presidente cuando anunció el proyecto de presupuesto 2026? Esta semana se conoció que la actividad económica cayó por tercer mes consecutivo, según el estimador mensual del Indec. Es el quinto mes en lo que va del año que resulta negativo. Otros dos informes del organismo de estadísticas oficial advirtieron sobre un derrumbe en el consumo y en las expectativas. Se trata de la Encuesta de Tendencia de Negocios a Supermercados y autoservicios mayoristas, que mide la evolución mensual de las ventas y sirve de termómetro del comercio y la industria.

Para la Unión Industrial Argentina (UIA) también las estadísticas siguen a la baja. “Los datos anticipados de agosto indican una baja de la actividad industrial en torno a -3% en términos interanuales. En la comparación mensual, luego de la caída de 2,3% en julio, se proyecta que agosto se mantenga en los mismos niveles”, precisa el último informe de la entidad fabril. En la UIA son cautos y evitan hablar de un derrumbe, pero confirman que hay un estancamiento. Martín Rapallini, jefe de la UIA, ya planteó el descontento de los industriales frente a diferentes interlocutores de la gestión libertaria. Rapallini conserva una silla en el Consejo de Mayo, el atajo que encontró el Gobierno para intentar consensuar para fin de año proyectos de reforma laboral e impositiva con aval empresario, sindical y de la oposición. Su éxito se anticipa hoy poco probable, según fuentes al tanto de lo debatido en las reuniones.

“La actividad económica continúa en caída, el empleo privado formal planchado en los niveles de 2015 y el salario de los trabajadores registrados está en el valor más bajo de la última década (- 30% contra 2015)”, escribió Luis Campos, abogado laboralista y director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, un organismo que analiza estadísticas de empleo y salarios en base a datos oficiales. En un hilo de tuit, el 16 de septiembre, tras la presentación del presupuesto y previo al terremoto financiero, Campos dio las razones por las que difícilmente el empleo y los salarios repunten. “En materia de ocupación e ingresos el modelo ya dio todo lo que tenía para dar. En el mejor de los casos, el Gobierno podrá estabilizar la situación actual. Los datos de junio mostraban un estancamiento del empleo formal (SIPA). Es un modelo que no crea empleo. El salario también está estabilizado en niveles muy deprimidos. La inflación desaceleró, pero la actualización salarial también. Con este modelo los salarios no van a crecer”, señaló el especialista.

Lo curioso es que en el Gobierno coinciden con el diagnóstico del think tank sindical. “Está todo muy quieto. Es momento de protección, de cuidar lo que se tiene. Ni siquiera los proyecto del RIGI tienen impacto en el empleo. Para que eso despegue tiene que haber confianza y estabilidad. Cuando se estabilice el dólar, va a arrancar”, dijo un funcionario que cultiva el bajo perfil.

La referencia al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) no fue casual. Se trata de la ley de incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y legales para las empresas presenten proyectos de más de 200 millones. Es uno de los supuestos logros que exhibe el equipo económico de Caputo. Desde octubre de 2024, cuando se reglamentó, se aprobaron siete proyectos, hay otros 13 en observación y uno fue rechazado, según precisaron desde el Ministerio de Economía. Entre los que tienen luz verde, hay iniciativas gasíferas, mineras, eléctricas, siderúrgicas y petroleras. Entre los gremios involucrados, son moderados con las expectativas y aseguraron que los proyectos todavía no tuvieron impacto directo en la creación de empleo. “Solo dos fueron aprobados el RIGI, pero no generaron ningún puesto de trabajo nuevo”, dijeron en la Asociación Obrera Minera, cuyo jefe, Héctor Laplace, se opuso desde la hora cero al régimen por considerarlo “competencia desleal y un saqueo de los recursos naturales de la Argentina”. A la espera de la aprobación de este tipo de proyectos hay empresas estadounidenses, las que, según afirmó Bessent, estarían dispuestas a invertir si el resultado electoral de octubre “es positivo” para La Libertad Avanza. Condicionamientos al electorado del gigante del norte.

Antes del auxilio de Trump, el senador peronista José Mayans sembró dudas al advertir sobre irregularidades en la posible privatización del sistema nuclear argentino. “Le digo al presidente Milei: no sea tan hijo de mil… No se vende el sistema nuclear argentino, desde esta humilde banca se lo digo. ​ Ya me comentaron que es para su exjefe, y con algunos capitales y algún porcentaje para él y un 3 por ciento para Karina. ​ Es una vergüenza, realmente. Para juntar 80 millones. No estamos de acuerdo con eso”, dijo Mayans durante su intervención en la sesión del 18 de septiembre pasado. No presentó pruebas ni dio mayores precisiones. “Su exjefe es por [Eduardo] Eurnekian. Es información que me pasaron y la dije en el recinto para que sepan que sabemos. Es una amenaza para la seguridad y soberanía del país privatizar el sistema nuclear. El lunes vamos a hacer una presentación desde el PJ. [Miguel] Pichetto también alertó sobre el tema”, dijo Mayans a . Cerca de Eurnekian desestimaron de manera tajante cualquier tipo de inversión en el área nuclear.

Cuando en 2022 China se interesó en financiar Atucha III, la cuarta central nuclear del país, Estados Unidos puso el grito en el cielo y al poco tiempo después, con el cambio de gobierno, el proyecto quedó trunco. Sería ahora lo que pretende reflotar el oficialismo, aunque mediante inversión privada. El vocero Manuel Adorni fue el que admitió recientemente que el Estado buscará desprenderse de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina, empresa pública a cargo de la operación de las centrales Atucha I y II y Embalse y que es presidida por Demian Reidel, el funcionario que en una exposición dijo que el problema de la Argentina es que está poblada por argentinos”. Llamativamente, Reidel integró la comitiva oficial que acompañó a Milei en la ONU. Hace ocho días, el gobierno de Estados Unidos anunció que la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina que se une como socio contribuyente al programa nuclear civil norteamericano.

El analista internacional Roberto Russell menciona “un interés estratégico” de Estados Unidos por auxiliar a la Argentina. “El punto central es la competencia global con China y la necesidad de limitar su espacio de influencia en América Latina. Este es el motor principal de la política de Washington hacia la región”, planteó el profesor en Relaciones Internacionales de la Universidad di Tella.

La definición de Russell, una de las miradas más agudas del análisis internacional, refleja lo que reconoció abiertamente Peter Lamelas, el embajador designado por Trump que todavía no tiene confirmada la fecha de su llegada a Buenos Aires. Lamelas dijo que desembarca en el país para limitar “la influencia maligna” de China y Venezuela, “ayudar a Milei” y “asegurar de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece”. Curiosa presentación para un diplomático.

La llegada de Lamelas, sumado a las dos visitas de funcionarios militares de Trump al país, refuerzan las sospechas sobre el verdadero interés de Estados Unidos en auxiliar a la Argentina. Circulan cada vez con más intensidad versiones sobre la decisión de montar una base militar conjunta en Ushuaia. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y los senadores opositores Pablo Blanco (UCR) y Cristina López (Unión por la Patria), representantes de esa provincia, presionan para interrogar en el Congreso al ministro de Defensa, Luis Petri, y al canciller, Gerardo Werthein. “Queremos que expliquen al Congreso y al pueblo argentino por qué entregan nuestra soberanía a cambio de deuda”, planteó López. En el Gobierno rechazaron las versiones, aunque tampoco ofrecieron precisiones sobre la letra chica del acuerdo financiero con Washington. Tierra del Fuego es un lugar estratégico, con salida al Atlántico Sur. Muy cerca de allí, en frente, sobre Puerto Argentino, el Reino Unido levantó hace 40 años una fortaleza militar llamada Mount Pleasant, donde viven 2000 personas, de las cuales 1500 son soldados. La construyeron para proteger a las islas Malvinas de un ataque como el de 1982. Los británicos nunca más se fueron.

Tras la gira por Nueva York, el Presidente retoma la agenda local y la campaña electoral. En el camino hacia las urnas, se cocina entre fuerzas opositoras, gremialistas y piqueteros un operativo de desgaste que contempla desde una ofensiva en el Congreso a protestas callejeras. El campanazo de largada de la réplica será el martes, con un despliegue de ollas populares y un reclamo de las organizaciones sociales para restituir el salario social complementario que le sirvió a la gestión de Cambiemos para contener a los sectores populares. Hay dirigentes piqueteros y gremialistas que imaginan un esquema de protestas a repetición desde ahora hasta fin de año. ¿Resurge el estigma del peronismo antropófago, capaz de engullirse a cualquier gobierno que no sea propio?

Al margen de la amenaza opositora, el cuento del Tío Sam (Scott, en este caso) tiene desenlace abierto. Hubo antecedentes de un pedido de ayuda similar a Estados Unidos, en 2001, con De la Rúa, y en 2018, con Macri, casualmente también con Caputo al frente del Palacio de Hacienda. Milei espera que esta vez el final sea diferente.