El gobierno de Javier Milei está envalentonado. En la última semana avanzó con la media sanción de la reforma laboral en el Senado y con la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo entre Mercosur y UE en Diputados. El objetivo de la Casa Rosada es que el Presidente pueda inaugurar el período ordinario del Congreso, el 1 de marzo, con todos los proyectos aprobados, como señal de fortaleza política. Pero la oposición afina su estrategia para ganar tiempo.

Los libertarios no solo lograron la aprobación de las iniciativas que incluyeron en el temario de las sesiones extraordinarias, sino que consiguieron amplios consensos con sectores aliados y dialoguistas. El panorama es muy complejo para la oposición y ya reconocen abiertamente que no tienen los votos necesarios para frenar la avanzada.

“Hay que resistir. Esto se parece al primer semestre del gobierno de Milei, cuando lograron avanzar con la Ley Bases y sostuvieron el DNU 70. Pero después el clima social terminó cambiando y la oposición pudo avanzar contra los recortes en discapacidad, universidades y jubilaciones”, analizó un diputado del peronismo, con cierto aire de resignación.

Entre los diputados de la oposición dura entienden que es lógico que un gobierno fortalecido por el triunfo electoral aproveche para avanzar con su agenda legislativa lo más rápido posible. En ese marco, la principal estrategia opositora es enfocarse en los artículos más polémicos de la reforma electoral para hacer modificaciones y enviarla nuevamente al Senado.

“Mucho más que eso no se puede hacer por ahora. Tal vez podremos ganar tiempo y arruinarle a Milei la fiestita del 1 de marzo. No hay clima social para otra cosa, hasta la CGT tuvo problemas para convocar a un paro en contra de la reforma”, sintetizaron.

En los pasillos de la Cámara de Diputados, referentes de varios bloques ya dejaron trascender su malestar con varios puntos del texto. Ahora buscarán tejer consensos sobre un puñado de puntos polémicos para forzar una modificación que envíe el proyecto de vuelta al Senado para su revisión.

Además del peronismo y la izquierda, diputados del socialismo santafesino y el radicalismo disidente que integran Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el bloque de Pichetto y Massot y referentes gremiales, como el chubutense “Loma” Ávila, tienen una visión crítica de la reforma laboral.

Los cambios sobre el régimen de licencias por accidentes y enfermedades, y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) ya se perfilan como los principales focos de conflicto.

Luego de los últimos cambios, el proyecto reduce los plazos de licencia paga y modifica los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores afectados, estableciendo nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de cargas de familia.

“En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración básica que perciba al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un período de 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de 6 meses si las tuviera”, señala el artículo 208 del proyecto. En caso de que el accidente o la enfermedad no sea consecuencia de una actividad voluntaria, el trabajador cobrará el 75% de su sueldo básico.

En el caso del FAL, los principales cuestionamientos giran en torno al desfinanciamiento de la ANSES. El fondo para asistir a las empresas con el pago de las indemnizaciones estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.

Ante la consulta de Infobae, un diputado de Provincias Unidas reconoció que la mitad del bloque no ve con buenos ojos el FAL y también rechaza la reducción de las licencias por accidentes y enfermedades. De hecho, ya hubo algunas señales concretas: la senadora de Córdoba Alejandra Vigo apoyó la reforma pero votó en contra del FAL y también de la derogación de estatutos como el del periodista y el de los viajantes. Ese bloque será clave para terminar de inclinar la balanza. Cabe destacar que provincias como Córdoba mantienen históricos reclamos con Nación sobre los fondos de las Cajas Previsionales.

En el Senado el artículo del FAL fue rechazado por otros dos aliados del oficialismo: el radical Maximiliano Abad y Flavia Royón (Salta). El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene tres representantes en Diputados, dentro del bloque Innovación Federal. Este espacio también tendrá un papel determinante.

Por su parte, el oficialismo giró este viernes el texto de la reforma laboral a la Cámara de Diputados y se prepara para convocar a un plenario de comisiones el miércoles 18 para dictaminar. A partir de ahí las opciones son: llamar al sesión el jueves 19 o el miércoles 25.

La primera opción resulta seductora para el Gobierno porque dejaría tiempo para que el Senado insista ante cualquier cambio que se produzca en Diputados. “Este es el texto definitivo, tengo los votos para insistir”, dijo Bullrich a sus allegados tras la media sanción. Sin embargo, representa un desafío logístico porque los feriados por Carnaval hacen más difícil conseguir vuelos para todos los diputados.

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En su primera aparición pública de este año, la ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para observar una comparsa que se congregó en la calle.

El episodio, que quedó registrado en video, ocurrió este viernes, durante la previa del fin de semana largo por Carnaval.

“¡Llevamos un poco de carnaval a quien nos devolvió el carnaval!”, describió Mariel Fernández, intendente de Moreno, quien participó del evento y compartió imágenes del mismo.

En su cuenta de X, escribió este sábado por la madrugada, tras la comparsa: “¡Amor con amor se paga cantaron las murgas de Moreno! Ya pasaron quince años de la recuperación del feriado de carnaval y la vuelta de los Corsos”.

Y agregó: “¡Los pueblos tristes no vencen! ¡Y hoy desbordamos de alegría desde el asfalto al balcón!”.

El Carnaval Porteño reunirá a miles de personas a lo largo de todo febrero y hasta el domingo 1 de marzo, con más de 100 murgas que participarán en 20 corsos ubicados en distintos barrios. Durante este fin de semana largo, se prevén cuatro días de festejos que se extenderán hasta el próximo martes.

Este viernes, la Cámara Federal de Casación rechazó los recursos de la defensa de CFK, con lo cual seguirán vigente el uso de tobillera electrónica y las restricciones vinculadas a las visitas y uso de la terraza en la prisión domiciliaria de la expresidenta, condenada en la causa Vialidad.

La sala IV del máximo tribunal penal del país dejó firme así en un voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña las decisiones y la ampliación de restricciones resueltas por el juez de ejecución de la condena, Jorge Gorini, integrante del Tribunal Oral Federal 2, que juzgó y condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta en el expediente que analizó la asignación irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

En disidencia votó el camarista Mariano Borinsky, quien consideró que lo resuelto en la etapa de ejecución de la pena no constituyó un “temperamento válido como derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias de la causa”, según el fallo de 131 carillas al que tuvo acceso Infobae.

“Evitar privilegios indebidos”

CFK está detenida desde junio de 2025 con prisión domiciliaria en un departamento en San José 1111, Constitución. Sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy habían presentado dos recursos ante la Casación Federal contra decisiones vinculadas a la forma en que su defendida cumple la condena: el uso de tobillera electrónica, los límites a las visitas, reforzados luego del escándalo por una reunión en su domicilio con nueve economistas en noviembre pasado, y el máximo de dos horas diarias otorgado para subir a la terraza del edificio.

En su exposición, el juez Hornos remarcó que “lejos de evidenciar un trato desigual en perjuicio de la condenada, la decisión cuestionada se inscribe precisamente en la exigencia constitucional de evitar privilegios indebidos”.

“Lo contrario (esto es, flexibilizar sin control las condiciones de cumplimiento de la pena en atención a la notoriedad pública, el rol institucional previo o la gravitación política de la persona condenada) comprometería seriamente la legitimidad del sistema de justicia penal y supondría un apartamiento inadmisible del principio de igualdad”, agregó el titular de la sala IV.

Este criterio cobra mayor relieve cuando se tiene en cuenta que, expresó, se trata de “vinculadas a delitos graves de corrupción que involucraron a las máximas autoridades del Estado”.

“Las restricciones cuestionadas se encuentran dentro del marco de facultades que la ley reconoce al órgano encargado de supervisar la ejecución de la pena”, agregó el juez en alusión al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra vial nacional en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo y resolvió una condena que quedó firme en la Corte Suprema de Justicia y comenzó a cumplirse.

Hornos recordó el episodio del 17 de noviembre último -la visita simultánea de los economistas- y su posterior difusión “efectuada por la propia Fernández de Kirchner en la red social ‘X’”.

En ese momento, el juez de ejecución Gorini interpretó que se incumplieron autorizaciones vigentes y estableció que en lo sucesivo dichas visitas deberán ser autorizadas de manera individual, expresa y previa, con motivación concreta, fijando un límite máximo de dos horas de duración, hasta dos veces por semana y con un máximo de tres personas por ocasión. Casación dejó ahora esto en pie.

También ratificó el uso de tobillera electrónica y la restricción diaria para subir a la terraza. “No se advierte arbitrariedad ni irrazonabilidad en las condiciones impuestas para el cumplimiento de la detención domiciliaria”, precisó el fallo.

La defensa “no ha logrado demostrar que las medidas cuestionadas resulten innecesarias o desproporcionadas en relación con los fines de control que persiguen”, concluyó.

En cuanto a la tobillera, Hornos y Barroetaveña coincidieron en que “el monitoreo electrónico constituye una herramienta válida para asegurar el cumplimiento efectivo de la modalidad de detención dispuesta».

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El gobierno de la provincia de Entre Ríos otorgó este jueves un aumento salarial a los efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario.

El incremento será en la suma no remunerativa y no bonificable que percibe el personal de seguridad. A partir de febrero de 2026 pasará a ser de $200 mil para los agentes de menor antigüedad. El techo será de $350 mil, de acuerdo con la escala correspondiente.

La medida se tomó mientras el Gobierno de Santa Fe buscaba una salida para descomprimir la crisis en Rosario. La administración de Maximiliano Pullaro dejó de lado las amenazas de sanciones y se enfocó en mejorar los ingresos de la tropa.

El movimiento policial rosarino removió viejos recuerdos del otro lado del río Paraná. En 2013, la Policía se acuarteló en Concordia. La crisis social generada devino en saqueos que se cobraron tres muertes.

Casi en paralelo a los sirenazos en Rosario, un grupo de familiares de agentes policiales y penitenciarios entrerrianos organizó una convocatoria. El llamado no revestía demasiado peligro. La fecha prevista para la protesta recién era a mediados de marzo.

Sin embargo, el gobierno de Rogelio Frigerio entrerriano cortó por lo sano e hizo este anuncio. Otro factor que enlaza lo que ocurría en Santa Fe con la decisión del gobierno provincial es que el escalafón de seguridad recibió el incremento antes que otros siquiera hayan sido llamados a discutir recomposición de haberes para el 2026.

Recién 24 horas después de que se hiciera público el incremento a policiales y penitenciarios se conoció la convocatoria a los demás estamentos. La primera reunión de la paritaria estatal se concretará el 19 de febrero. El turno de los docentes será recién el 23, una semana antes del comienzo del ciclo lectivo.

En qué consiste el incremento

El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, precisó que la medida implica el reemplazo de los códigos 101 y 133, para el personal en actividad. Con este incremento, un agente de la Policía, con un año de antigüedad, cobrará $1.302.000.

Asimismo, se dispuso la actualización de la suma que perciben los pasivos de ambas fuerzas de Entre Ríos. Se estableció un monto fijo mensual de 100.000 pesos a partir de febrero de 2026.

El mandatario provincial suele destacar de forma pública la labor de la Policía de Entre Ríos. “Tenemos la mejor del país” ha repetido en varios actos oficiales.

Cuál es el panorama general de los salarios

Entre la caída de la recaudación propia y la merma en los recursos coparticipables, la Administración Frigerio hace malabares para cubrir las demandas de los agentes públicos.

“Venimos trabajando en la propuesta que podemos realizar, siempre en el marco de diálogo con los gremios. No tengo un número para decir ahora”, afirmó el ministro de Economía entrerriano, Fabián Boleas, cuando se le consultó sobre la oferta a estatales.

“Estamos delineando, tratando de cerrar lo antes posible esa cuestión para luego plantearla”, agregó, subrayando que será una oferta que el Estado provincial pueda afrontar. “No vamos a comprometernos a nada que no podamos cumplir”, destacó.

Frigerio se manifestó en esa sintonía. “El año pasado tuvimos una paritaria histórica anual. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo en ese mismo sentido”, expresó. Luego, puso límites a las expectativas de incremento de haberes. La oferta oficial tendrá en cuenta “lo que es de público conocimiento: la recaudación de las provincias en general y la nuestra no es una excepción, no se ha recuperado todavía”.