Las tragedias se repiten de manera cíclica en la Argentina, provocando dolor y pérdidas. En ocasiones, tras un extenso proceso judicial, las víctimas y sus familiares logran que la justicia condene a los responsables estatales, ya sea por sus acciones o por no haber evitado los hechos que derivaron en el siniestro. Solo en algunos casos emblemáticos, esa sentencia ofrece cierto alivio.

El análisis de cuatro casos de alto impacto en el país durante las últimas dos décadas demuestra que lo ocurrido con el fentanilo contaminado de HLB Pharma, relacionado hasta ahora con la muerte de 96 pacientes, no es un hecho aislado. Por el contrario, se inscribe como un eslabón más en una cadena de desidia, corrupción y posibles acuerdos entre quienes deben garantizar la seguridad y la salud pública.

El Estado como eslabón central en la cadena ineficiencias El 30 de diciembre de 2004, durante un recital de Callejeros en el local República Cromañón, barrio de Once, Ciudad de Buenos Aires, ocurrió una de las mayores tragedias en la historia reciente: el boliche se convirtió en una trampa mortal para cientos de jóvenes. El 7 de agosto de 2008, el “triple crimen de General Rodríguez” expuso el violento negocio de la efedrina en el país. La aparición de tres visitadores médicos maniatados, torturados y ejecutados derivó en la investigación de la “mafia de los medicamentos” y la venta de remedios adulterados a obras sociales sindicales, según reveló Graciela Ocaña, ex ministra de Salud. El 22 de febrero de 2012, la llamada “tragedia de Once” volvió a conmocionar a la sociedad: una formación del tren Sarmiento chocó contra los paragolpes en la estación Plaza Miserere por una falla en los frenos. El 15 de noviembre de 2017, el hundimiento del submarino ARA San Juan marcó otra tragedia. La comisión investigadora del Congreso concluyó en 2019 que el siniestro ocurrió por fallas graves en el mantenimiento, la operación y el control civil de la nave, luego de que la Armada Argentina y el Ministerio de Defensa ignoraron advertencias previas sobre los problemas en el submarino.

Las secuencias de estos hechos dolorosos suman 292 fallecidos y 32 funcionarios procesados, condenados o imputados.

Entre ellos destacan:

-El ministro de Planificación, Julio de Vido.

–Juan Pablo Schiavi: secretario de Transporte de la Nación.

–Ricardo Jaime secretario de Transporte.

-Altos mandos de la Armada Argentina, incluyendo responsables del Estado Mayor y funcionarios del Ministerio de Defensa, que aún no fueron sometidos a juicio.

-Un superintendente de Servicios de Salud (SSS). Un gerente de Control Económico Financiero de Obras Sociales de la SSS. Un director de Evaluación y Control de la ANMAT. Un coordinador de Fiscalización de Establecimientos de Salud de ANMAT.

-El jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra fue sometido a juicio político y destituido por mal desempeño en la función pública por la causa Cromañón, aunque no fue imputado en la causa penal.

Deficiencia en controles, una historia repetida el 2 de mayo pasado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recibió un reporte por correo electrónico del Hospital Italiano de La Plata sobre ampollas de fentanilo de HLB Pharma contaminadas con bacterias. Diez días después se abrió la causa judicial a cargo del juez federal Ernesto Kreplak.

De los 18 pacientes internados en terapia intensiva del hospital privado que se infectaron después de ser tratados con el fentanilo de la empresa de Ariel García Furfaro (uno de los 7 detenidos que tiene el expediente) murieron 15. Las denuncias por casos similares se multiplicaron en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, CABA y Córdoba. Hasta ahora, la cifra de fallecidos vinculadas al medicamento adulterado asciende a 96 enfermos.

De esta manera, el denominado “Cromañón sanitario” sumó un capítulo más a la larga serie de tragedias argentinas marcadas por un denominador común: la falla sistemática del Estado en los controles y la supervisión que deben garantizar la seguridad de la población.

Una secuencia de tragedias atravesada por la desidia o las complicidades en los controles estatales traza una línea oscura donde cada hecho doloroso no ocurre de manera aislada, sino que se enlaza con el anterior por la persistencia de las mismas ausencias y omisiones.

Ese entramado esta soldado por eslabones de funcionarios que incumplieron con sus funciones; alertas desoídas y estructuras de control ineficientes. Una trama donde la memoria de cada tragedia suma su peso al siguiente desastre, y el hilo conductor no es el destino, sino la repetida negligencia de quienes debían evitarlo.

Hasta ahora la causa tiene 17 imputados, todos vinculados a los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA. Sin embargo, el lunes pasado se registró una novedad: el magistrado, en consonancia con lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal, allanó los domicilios de la titular de la ANMAT, la médica psiquiatra Nélida Agustina Bisio, y la ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), la abogada Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos organismos forman parte del organigrama del Ministerio de Salud de la Nación.

Las fuerzas federales también requisaron las propiedades de la directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME, Ana Laura Canil; de la directora de poscomercialización y acciones regulatorias del INAME, Mariela Baldut y del jefe de departamento de inspectorado del INAME, Maximiliano Carlos Lalin.

Como en los casos anteriores, en la tragedia del fentanilo mortal, la justicia sospecha del mal desempeño de quienes, desde el Estado, deben controlar a la industria farmacéutica y la calidad de los remedios que salen a la venta para que no maten.

En su dictamen, los fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), destacaron: “Párrafo aparte merece la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo. Las consecuencias de tamaña negligencia, connivencia o complicidad, son aún desconocidas” y alertaron: “Los incumplimientos reseñados en el presente dictamen que se reiteran a lo largo del período analizado (2018-2025), así como también la ineficiencia de las medidas regulatorias ordenadas por la ANMAT, colocaron a la población en una situación de riesgo inadmisible” y advierten que: “No debe soslayarse que las conductas señaladas lesionaron la confianza legítima de los usuarios del sistema sanitario, afectando a la par el correcto funcionamiento del mercado de medicamentos y vulnerando el mandato constitucional de protección de la salud pública”.

El fiscal federal Sergio Rodríguez y Vanina Krüger, refirieron que: “La suma de estas irregularidades y deficiencias -dolosas o culposas-, junto con la insuficiencia de las acciones regulatorias que se habrían implementado, comprometieron gravemente la seguridad sanitaria y generaron un riesgo no permitido de relevancia penal”.

La causa está en pleno proceso. El juez aún no tomó imperio los funcionarios que dependen del Ministerio de Salud de la Nación. Antes deberá resolver la situación procesal de los 17 imputados a quienes ya les tomó declaración indagatoria.

En las tragedias anteriores los magistrados tuvieron conceptos similares a los fiscales de la PIA y que Kreplak tomó como propios.

-En el caso Cromañón, siniestro en el que murieron 194 jóvenes, el tribunal oral sostuvo que hubo “una cadena de negligencias administrativas y de control por parte de los funcionarios públicos que facilitaron la comisión del hecho”.

El fiscal Juan Carlos López Paullier remarcó durante el juicio: “La tragedia no se debió a la fatalidad, sino a la suma de incumplimientos criminales del Estado y sus agentes, que dejaron en evidencia una estructura de controles corrupta e inservible.”

-Al argumentar las condenas sobre los responsables estatales de la “Tragedia de Once”, en la que fallecieron 52 personas, una por nacer, el Tribunal Oral Federal N°2, expresó: “La causa central de la tragedia radica en la desidia y negligencia estatal, el descontrol y la inacción de quienes tenían el deber legal y moral de velar por la seguridad.”

Por su parte el fiscal Fernando Arrigo dijo en su alegato: “El Estado se transforma en cómplice cuando no controla, y las vidas perdidas son resultado directo de la inacción y del abandono.”

-El debate oral por el hundimiento del único submarino operativo que tenía el país en el que murieron sus 44 tripulantes, aún no se realizó. Sin embargo, la juez federal de Caleta Olivia, a cargo de la instrucción, Marta Yañez, afirmó: “El Estado Argentino incumplió su deber de resguardar la vida de los tripulantes al no garantizar las condiciones mínimas de navegabilidad del submarino.”

La Comisión Bicameral Investigadora parlamentaria sobre el hundimiento del submarino ARA San Juan concluyó en su informe final, presentado en julio de 2019, que hubo “graves fallas en el mantenimiento, la operación y el control civil de la nave”. El informe responsabilizó a altos mandos de la Armada y a funcionarios del Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, por deficiencias técnicas, falta de capacitación, demoras en la búsqueda y una gestión inadecuada antes y después del accidente.

Además, destacó que se desoyeron advertencias del propio comandante del submarino sobre el estado del buque y que la nave no estaba en condiciones óptimas para navegar. La Comisión señaló que la tragedia podría haberse evitado si se hubieran atendido estos factores.

-El fiscal Juan Ignacio Bidone, el investigador del tráfico de efedrina que derivo del “triple crimen de General Rodríguez” en el que fueron ejecutados a sangre fría Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina afirmó: “Los organismos de fiscalización se convirtieron en meros sellos burocráticos que convalidaron circuitos delictivos y pusieron en riesgo la salud pública.”

Como derivación del accionar judicial, e impulsado por Graciela Ocaña, actual legisladora porteña, la Justicia determinó que empresarios farmacéuticos vinculados a la venta y distribución de medicamentos adulterados y droguerías bajo investigación realizaron aportes millonarios a la campaña presidencial del kirchnerismo en 2007 que llevó a la primera magistratura del país a Cristina Fernández de Kirchner.

Entre los aportantes se identificó a Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen, así como a representantes de varias droguerías investigadas por operaciones irregulares y vinculadas tanto al contrabando de efedrina como a la adulteración de medicamentos.

De acuerdo con los expedientes judiciales y los informes de la Cámara Nacional Electoral, estos empresarios realizaron donaciones formales y mediante triangulaciones con personas físicas y jurídicas relacionadas a sus empresas.

La investigación comprobó que al menos 18 personas y firmas ligadas al negocio de los medicamentos y la efedrina donaron fondos para esa campaña presidencial a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner.

Por entonces, el ahora expresidente Alberto Fernández ocupaba el cargo del jefe de Gabinete de ministros del gobierno de Néstor Kirchner. En ese rol actuó como uno de los principales articuladores políticos y organizadores de la campaña electoral del oficialismo.

El patrón que emerge en todas estas tragedias es la falla persistente del sistema estatal de controles. Ausencia de prevención, inspecciones ineficaces, respuestas tardías, desvíos de fondos y vínculos estrechos entre funcionarios y privados permitieron que la corrupción y la negligencia se impongan por sobre las garantías básicas de seguridad. Las sentencias y dictámenes judiciales han remarcado la responsabilidad de las autoridades en incumplir su deber legal de resguardar la vida y los derechos de los ciudadanos.

Las consecuencias de esas omisiones o complicidades, una y otra vez, se traducen en el costo humano de las tragedias más dolorosas del país, atravesando los distintos gobiernos y las sucesivas gestiones presidenciales más allá de partidos o signos políticos. A lo largo de los últimos 21 años, la alternancia en el poder no modificó un patrón en el que las fallas del Estado mantuvieron su peso sobre la vida de los ciudadanos.