YPF anunció este jueves por la noche la decisión de implementar un congelamiento temporal en los precios de los surtidores para morigerar el impacto del aumento del precio internacional del crudo Brent por la crisis armada en Medio Oriente, en lo que se considera un cambio en la estrategia comercial de la petrolera.Técnicamente la petrolera lo definió como un mecanismo de «estabilización».

Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, anunció la creación de «un buffer de precios de combustibles por hasta 45 días». Esta medida busca contener las fuertes oscilaciones que presenta el escenario energético internacional, ofreciendo una ventana de previsibilidad para los consumidores.

La medida se adopta a horas de que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía coordinaron una serie de medidas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, orientadas a mitigar el traslado de esos costos internacionales al precio de venta al público en las estaciones de servicio.

El mecanismo técnico adoptado por la petrolera, denominado por la empresa como un «amortiguador», implica que YPF no trasladará de forma inmediata las variaciones del crudo Brent al costo final de la nafta y el gasoil.

Cómo funciona el mecanismo anunciado

Este buffer de precios de combustible es un mecanismo de estabilización diseñado para actuar como un amortiguador ante la volatilidad del mercado internacional del petróleo. Su función principal es evitar que los aumentos bruscos en el precio del crudo se trasladen de inmediato y en su totalidad al consumidor final en las estaciones de servicio.

Así, a partir de es 1 de abril de 2026, la petrolera implementó este concepto bajo el criterio de estabilización temporal, ya que durante un periodo de 45 días los precios de la nafta y el gasoil permanecerán estables, independientemente de las fluctuaciones del valor internacional del barril Brent.

La empresa utiliza sus márgenes de refinación para absorber el impacto del aumento global del petróleo sin modificar el precio en el surtidor. Para esto contará con la postergación del incremento del componente impositivo ICL que el gobierno determinó hoy, y con la reducción del precio del bioetanol con el cual las petrolas cumplen con el corte de naftas.

Previamente, el gobierno había autorizado a las refinadoras a poder utilizar de manera voluntaria un porcentaje creciente de biocombustibles en la composición de su producto final, de manera de poder disponer de un producto de valir muy inferior como el biodiesel o el bioetanol, y suplir parte del componente fósil.

La medida se define como una instancia de «moderación» o «ajuste transitorio». Este mecanismo es similar a los Fondos de Estabilización de Precios utilizados en otros países, donde el Estado o las empresas compensan las diferencias de precio para mantener un valor promedio estable en el mercado interno.

YPF busca consolidar el mercado interno

«Desde el comienzo de esta guerra en Medio Oriente, no buscamos especular con la alta volatilidad del precio internacional del petróleo, siendo nuestro objetivo generar valor en el largo plazo para nuestra compañía», explicó Marín a través de sus redes sociales.

De esta manera, la firma busca consolidar un modelo de negocios sólido que no comprometa la estabilidad del consumo interno, se explicó desde la compañía al ratificar la vigencia de los precios en surtidor. Es que el aumento de precios empezaba a afectar el nivel de ventas, lo que se sumaba a la compleja situación del consumo interno.

Hasta este miércoles los valores promedio para la nafta súper en la ciudad de Buenos Aires eran de $1.999 por litro en el caso de YPF que controla el 55% de las ventas minoristas, y de $2.049 de la red Shell, el segundo jugador del mercado con más de 20% de market share.

El resto de los precios de YPF ascendían a $2.207 la nafta premium, $2.065 el diesel 500 y $2.271 el gasoil premium, mientras que en el caso de Shell los precios eran de $2.365 la nafta premium, $2.019 el diesel y $2.437 el diesel premium.

Sostener los volúmenes de despacho

Con un barril por encima de los u$s100 promedio durante la ultima semana, el crudo experimentó un incremento en torno al 50% desde el 27 de febrero, el día previo al primer ataque de Estados Unidos sobre Irán. Por entonces el Brent cotizaba a u$s72 en una estabilidad desde principios de año, pero a partir del conflicto la repercusión en los surtidores llevó el precio a un alza del 20% de acuerdo a distintos relevamientos privados.

Este acuerdo de estabilización se presenta como un compromiso ético y moral de la empresa para con sus clientes. En un contexto de profunda incertidumbre global, proteger la demanda local aparece como un objetivo estratégico para evitar una caída pronunciada en las ventas. La petrolera reconoce que el sostenimiento de los volúmenes de despacho es vital para la salud financiera de la red de estaciones de servicio, la cual enfrenta el desafío de costos operativos crecientes.

La lectura de la oferta y la demanda sigue siendo la brújula para definir las estrategias comerciales. Según analistas del sector, esta pausa en los aumentos también funciona como una herramienta de marketing y fidelización, permitiendo a la compañía diferenciarse de sus competidores en un momento de alta sensibilidad social respecto a los precios.

Previo a este anuncio, el mercado proyectaba subas mensuales constantes para cerrar la brecha con la paridad de exportación. Sin embargo, la implementación de este buffer cambia el cronograma previsto para el segundo trimestre del año. La noticia genera un alivio momentáneo en la estructura de costos de los sectores productivos, especialmente en el transporte y la logística, que dependen directamente del valor del diésel para sus operaciones diarias en la Argentina.

Para YPF no es un congelamiento de precios

«Operamos en una economía de libre mercado: las empresas observamos la oferta y la demanda y definimos las mejores estrategias comerciales para acompañar a nuestros clientes». expresó el presidente de YPF en otro párrafo de su anuncio.

La gestión de Marín subraya que esta medida no implica un congelamiento indefinido ni un retorno a políticas de subsidios cruzados, sino una administración inteligente de los tiempos comerciales. Al absorber la volatilidad del Brent por un período determinado, la compañía actúa como un estabilizador para la macroeconomía local.

El mercado permanece atento a cómo reaccionarán el resto de las petroleras privadas, que suelen ajustar sus pizarras en sintonía con los movimientos de la firma nacional. Pero el mismo Marin había anticipado hace una semana que había un diálogo con el resto de las compañías para buscar una fórmula de estabilización sin que esto significara el regreso a un barril crilollo.

Finalmente, el horizonte de 45 días otorga al Gobierno y a la empresa un margen de maniobra para evaluar la evolución del conflicto geopolítico y su repercusión en la energía. El compromiso de YPF de mantener estables los precios en el surtidor durante este lapso refuerza su rol como actor central en la economía nacional. 

El proyecto impulsado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para transparentar la selección de jueces nacionales recibió un fuerte respaldo público de las principales entidades empresarias del país. El Grupo de los Seis (G6), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacaron la importancia de reglas claras y procesos abiertos en la designación de magistrados y reclamaron un sistema judicial que garantice previsibilidad, transparencia y confianza.

Integrado por Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), el G6 consideró que la iniciativa del tribunal máximo del país “introduce mejoras relevantes, como la menor ponderación de las entrevistas personales, la implementación de concursos anticipados y las mayores garantías de transparencia y anonimato en las evaluaciones, todo lo cual contribuye a un sistema más equitativo y previsible”.

“Un Poder Judicial independiente, eficiente y basado en el mérito es una condición esencial para la seguridad jurídica, la inversión y el desarrollo económico. En este sentido, el G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país”, sumaron.

La postura de ACDE se centró en la recuperación de la institucionalidad del ámbito judicial. En su documento, la entidad manifestó: “Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas”.

Además, la entidad remarcó la necesidad de que los candidatos a magistrados sean “independientes, imparciales, prudentes e íntegros”, agregando que “el valor irrenunciable de la justicia garantiza el correcto funcionamiento de la vida pública, y si eso no ocurre, la injusticia impacta con fuerza en los más pobres, ya que alimenta la desigualdad”. La organización incluyó una invocación: “Rezamos confiados para que los jueces sigan el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad, y para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y amor a nuestro país”.

Por su parte, IDEA respaldó de manera explícita el nuevo esquema que propuso la Corte Suprema para los concursos de selección de jueces. “IDEA expresa su apoyo al proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir vacantes de jueces”, sostuvo la entidad.

El documento especificó que el nuevo reglamento constituye “un gran avance, ya que incluye normas que tienden a brindar transparencia y disminuir la discrecionalidad”. IDEA argumentó que la iniciativa surge como respuesta a la demanda social por la gran cantidad de vacantes en los juzgados y la opacidad de los concursos públicos. El texto consideró que la medida representa “una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país”.

La posición de IDEA también incluyó un llamado a que el Consejo de la Magistratura avance en los mismos criterios de transparencia, y propuso que la selección de magistrados cuente con mecanismos objetivos y procedimientos públicos. La entidad afirmó: “La transparencia en el proceso de selección, así como la idoneidad de quienes acceden a los cargos, resultan fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones”. IDEA resaltó la importancia de cumplir los plazos legales para cubrir vacantes y de coordinar acciones entre los poderes del Estado. Además, propuso implementar mecanismos de evaluación y control sobre la labor de los jueces para asegurar un desempeño acorde con la confianza pública y las exigencias del cargo. “Instamos a que se adopten criterios de selección sustentados en la ética, la independencia y la excelencia profesional”, expresó la organización.

AmCham Argentina también manifestó su aval a la propuesta de la Corte Suprema, destacando la relevancia de la independencia judicial para el desarrollo económico y la seguridad jurídica. La cámara señaló: “Desde AmCham Argentina valoramos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Nación al impulsar a través de una Acordada un Proyecto de Reglamento para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir las vacantes de jueces”.

El comunicado remarcó la necesidad de medidas que “promueven mayor transparencia, previsibilidad y menor discrecionalidad, elementos indispensables para el desarrollo sostenible del país y la construcción de un entorno confiable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico”. Según el documento, la propuesta de la Corte Suprema representó “un avance significativo frente a las debilidades que presenta el sistema actual, caracterizado por la opacidad de los Concursos Públicos en el Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados”.

La declaración de AmCham Argentina subrayó que la certeza jurídica y la imparcialidad en la resolución de conflictos resultan indispensables para la estabilidad institucional y el crecimiento económico. La entidad llamó a cumplir los plazos legales para la cobertura de vacantes, a evaluar periódicamente el desempeño de los magistrados y a fomentar el acceso público a la información sobre los procesos judiciales. Además, promovió la participación de la sociedad civil y del sector privado en instancias de consulta y monitoreo institucional.

A esta altura ya resulta un síntoma preocupante: la recaudación tributaria volvió a ser negativa en términos reales y acumula ocho meses seguidos de caída. El gobierno ha justificado esa situación con el argumento del alivio impositivo, pero son cada vez más los analistas que sostienen que el menor ingreso a la caja de ARCA es reflejo de un enfriamiento en la economía.

Con apenas un aumento nominal de 26,2%, la recaudación tributaria tuvo una caída interanual de 4,5% -asumiendo que el IPC de marzo rondará el 3% y la inflación anual acumulada será de un 32,2%-. Esto hace que marzo haya tenido una de las peores performances en cuanto a ingreso fiscal, y ponga mayor presión al gobierno para acentuar la «motosierra» sobre el gasto público, de manera de no poner en riesgo el superávit primario.

El informe oficial explica que hubo una serie de situaciones regulatorias y modificaciones en el calendario de pagos, que impactaron negativamente para la baja recaudación de marzo. Por ejemplo, porque no hubo ingreso de anticipos de Ganancias de sociedades con cierre de ejercicio diciembre (el más importante del año) ni anticipos de Ganancias de personas humanas.

Esto llevó a que Ganancias hiciera un flojo aporte -apenas 16% del total recaudado-. Mientras tanto, el IVA, el impuesto por excelencia vinculado a la actividad productiva y comercial tuvo un resultado aceptable, a tono con la inflación, después de varios meses de tendencia negativa.

El resultado resulta más positivo si se tiene en cuenta, además, que este año hubo un fuerte incremento de adhesión a planes de pago. En otras palabras, las cifras del IVA comercial -sin considerar de comercio exterior que se cobra en la Aduana- podría estar indicando una incipiente recuperación del consumo.

Aunque claro, esa interpretación también tiene su lado B: el IVA es un impuesto directamente ligado a la inflación, por lo que su incremento nominal es, de alguna forma, también un reflejo de la evolución al alza de los precios.

Lo mismo puede afirmarse sobre el impuesto a débitos y créditos -más conocido como impuesto al cheque-, que creció un 4,7% por encima de la inflación. Es un dato que confirma que, pese a que se trata de un tributo cuestionado por su efecto distorsivo sobre la economía, en este momento hace un aporte del que el gobierno no puede prescindir. Puesto en números, representa un 8% de los recursos fiscales.

Retenciones y aranceles, con bajo aporte

El ítem más llamativo de la recaudación de marzo es el ligado al comercio exterior. Con apenas $503.000 millones -apenas un 3% en la «torta» de la recaudación-, las retenciones hicieron un aporte muy exiguo. En la comparación interanual es un desplome de 35%, algo que se explica por el boom exportador que se registró un año atrás luego de la rebaja temporaria del impuesto al agro.

Es así que, pese al optimismo por los buenos volúmenes logrados en la cosecha -y el pronóstico de Toto Caputo sobre un ingreso exportador de u$s40.000 millones-, todavía no se refleja un cambio positivo en el aporte del campo a la caja de ARCA.

Lo que parece seguro es que, pese a las críticas por los incrementos en los costos de los insumos -derivados del petróleo-, el campo no tendrá este año otra ayuda de un «tax holiday«. Los números fiscales están demasiado ajustados como para que Caputo pueda darse el lujo de prescindir de las retenciones.

Sobre todo, cuando acaba de verse obligado a posponer la actualización del impuesto a los combustibles, con el objetivo de no acentuar el malhumor social tras la suba de precios en las estaciones de servicio.

Con una suba real de 35%, el impuesto a los combustibles se ha transformado en uno de los puntales de la recaudación, al punto que ya resulta más importante que los derechos de exportación y los aranceles de importación.

Es posible que este fenómeno resulte pasajero, dado que tanto las exportaciones como las importaciones están registrando cifras bajas, en términos históricos. La expectativa del gobierno es que, a partir de abril, ya se note un cambio, cuando empiece a hacerse notar la entrada de divisas por la exportación sojera, que tiene su momento fuerte en el segundo trimestre.

En cuanto a las importaciones, parte de la mala performance se explica por el alivio en los aranceles -lo mismo que ha servido para abaratar el consumo en rubros como el textil y el electrónico y hacer de contrapeso a las subas de precios de los servicios-. Pero, también, se nota una caída en rubros de importación más ligados a la producción, como los bienes de capital y los insumos industriales.

Más dependencia de la motosierra

El otro rubro que confirma la frialdad de la economía es el de los ingresos a la ANSES. Tanto los aportes personales de los asalariados como las contribuciones patronales al sistema de seguridad social evolucionaron por debajo de la inflación.

En total, la recaudación de Anses tuvo una caída real de 2,8% respecto del año pasado, una tendencia que va en línea con el empeoramiento en las cifras de empleo que se han publicado en los últimos censos del Indec.

Lo cierto es que las perspectivas no son buenas en el lado de los ingresos a las arcas fiscales: lejos del 4,5% de aumento del PBI que proyecta el gobierno, los economistas que participan en la encuesta REM del Banco Central creen que la economía sólo va a subir un 3%.

Además, a ese contexto de frialdad en el consumo se debe sumar el hecho de que entrará menos dinero a las arcas estatales por el recorte de dos puntos en las retenciones al agro, lo que la consultora LCG estima en 0,1% del PBI. Y, sobre todo, que la ley de reforma laboral llevará a un menor ingreso por impuestos coparticipados y a un recorte de recursos de la Anses equivalente a 0,37% del PBI.

Es por eso que la expectativa del mercado es que, para que realmente se cumpla el objetivo fiscal de este año -un superávit primario de 1,5% y uno financiero, tras el pago de intereses, de 0,3% del PBI- el gobierno va a depender más del recorte de gastos que del aumento del ingreso.

Y es ahí donde aparece el pesimismo, porque los rubros en los que se basó Caputo para achicar el gasto en los primeros meses de su gestión ya no se pueden seguir cortando -básicamente la licuación inflacionaria de las jubilaciones y el congelamiento de la obra pública- y lo que queda es un tipo de gasto más rígido y con mayor costo político.

En definitiva, lo que ven los economistas es que cada vez se necesita un esfuerzo mayor en el recorte, para obtener una mejora marginal en las cuentas.