POLITICA
Círculo rojo: preocupaciones políticas del equipo económico, movimientos internos y reuniones del peronismo
Desayuno de catarsis el miércoles por la mañana, 72 horas después del contundente triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires que dejó al gobierno grogui y en estado de alerta permanente, en la sede de la Fundación Libertad, el think tank liberal que lidera la familia Bongiovanni. Una docena de asistentes, casi todos empresarios rabiosos con la derrota bonaerense de La Libertad Avanza y preocupados por el futuro, se dieron cita para escuchar al invitado estrella, José Luis Daza, el secretario de Política Económica de Luis Caputo, “Toto”, que durante un buen rato respondió inquietudes, despejó rumores y ratificó lo que el ministro, y el propio Javier Milei, habían confirmado la mismísima noche del golpazo electoral: que el rumbo del programa fiscal no se toca.
“El programa estaba diseñado para shocks dramáticos”, aseguró el funcionario, un entusiasta de la gestión libertaria, en referencia al resultado del pasado domingo, con una diferencia de 14 puntos con el peronismo. Frente a la creciente preocupación de los asistentes, Daza intentó ahuyentar fantasmas: “Hay mucha gente comprometida con esto”. Casi un calco de su jefe, “Toto”, que en conversaciones privadas que mantuvo en los últimos días, posteriores a la derrota, revalidó el rumbo de su programa fiscal pero deslizó, para sorpresa de sus interlocutores, airadas críticas a la praxis política de la Casa Rosada. “Por eso sí lo noté preocupado”, confió un dirigente que mantuvo una extensa charla con él.
Es, evidentemente, un denominador común en el equipo económico porque Daza así se manifestó durante el desayuno privado, en el que abundaron reproches muy notorios a la estrategia política del gobierno, cuyas deficiencias quedaron al desnudo en la derrota bonaerense. El funcionario invitado asintió a cada uno de los reproches de los empresarios presentes, que criticaron el armado y la estrategia provincial. Por ejemplo, respecto a la fiscalización, muy deficiente, según algunos de los presentes. Es más: en las horas posteriores a la elección, en el equipo de campaña bonaerense se ratificó, según trascendió, que no hace falta acudir a la “fiscalización voluntaria”. “¿Cómo puede ser que no hayamos tenido un jefe de fiscales en la Provincia?”, se preguntó un viejo dirigente del PRO que colaboró en esa tarea en las elecciones del 2023.
Daza no lo dijo de manera tajante, pero algunos de los asistentes remarcaron que el viceministro deslizó de manera elegante que había sido el presidente, y no el ministro de Economía, el autor intelectual del desarme de las LEFIs de principios de julio que desencadenaron el fastidio de los bancos y una volatilidad creciente en los mercados. Por esa decisión se instaló una versión muy insistente de algunos chispazos entre la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda que Milei y Caputo se ocuparon de desterrar, para no tirar más nafta al fuego.
Disputa eterna. La sucesión de reuniones de la semana, con nuevas mesas, nuevas dinámicas y los mismos protagonistas, confirmó también que las internas en el seno del Gobierno siguen tan vigentes como siempre: no hay mueblería -por la proliferación de mesas, una vieja metáfora de la dirigencia del PRO- que pueda disipar la tensión interna.
Esas eternas disputas quedaron en evidencia en estos días posteriores a la derrota en la cúpula de la gestión libertaria, y se diseminaron por todas las áreas. En Transporte, por ejemplo, que exhibió esta semana una insólita muestra del desorden y la precariedad de la administración de Milei. El miércoles, el mismo día en que se publicó en el Boletín Oficial la designación, retroactiva a principio de mes, de Nicolás Abelardo Dapena Fernández como director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se confirmó que el funcionario se alejaría de la gestión. En su perfil de Linkedin, el hombre escribió: “Lamentablemente, debido a problemas de incompatibilidad relacionados con la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director/a Ejecutivo/a de la ANSV, gracias por todos sus buenos deseos”. No hubo explicaciones oficiales, y el alejamiento aún es un misterio en despachos del Ejecutivo, pero trascendió que influyeron gestiones de último minuto de Patricia Bullrich y discusiones con parte del equipo económico. Trascendió que la salida tenía que ver con el pasado reciente del ex funcionario, pero puertas adentro aseguran que hay cuestiones mucho más profundas que no tendrían necesariamente que ver con él.
En simultáneo, incluso se empezó a propagar una versión que da cuenta de que no estaría demasiado claro el futuro del ingeniero Marcelo Jorge Campoy, que se oficializó en el Boletín Oficial el mismo día que Dapena Fernández como flamante administrador general de la Dirección de Vialidad. Campoy ocupó ese cargo a fines de los ‘90, durante el último tramo de la gestión de Carlos Menem, y llegó ahora a ese lugar, en teoría, de la mano de Eduardo Menem, “Lule”, cuestionado internamente por Las Fuerzas del Cielo y otros sectores, muy respaldado por Karina Milei, y salpicado por el escándalo de las coimas en discapacidad que ventiló Diego Spagnuolo.
A propósito, el ex titular de la ANDIS está encerrado en su casa de la zona norte del Gran Buenos Aires, un barrio cerrado en el que ni siquiera acude ahora al gimnasio. El ex funcionario tampoco fue a votar, está paranoico, sus abogados analizan los pasos a seguir. La declaración testimonial de este jueves por la noche del consultor Fernando Cerimedo, que ratificó bajo juramento que Spagnuolo le había contado de ese entramado que, según el relato judicial, tenía su terminal en la secretaria General de la Presidencia. El viernes hubo allanamientos, y renunciaron los abogados del ex titular de la ANDIS. El martes se levanta el secreto de sumario. En un sector de la Casa Rosada festejaban este viernes la declaración de Cerimedo frente al fiscal Franco Picardi. En paralelo, la familia Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, contrató una consultora de prensa para amortiguar las consecuencias mediáticas y judiciales.
De vuelta en Transporte, los recientes movimientos evidencian una gestión cuanto menos desordenada del secretario del área, Luis Pierrini, un empresario mendocino que se hizo cargo de ese sillón, impulsado por “Toto” y Juan Pazo, con el consentimiento de Santiago Caputo, cuando se despidió a Franco Mogetta, en teoría con la excusa de que se iría a hacer política a la provincia de Córdoba: el ex secretario quedó afuera de las listas. Nunca se ventilaron los motivos reales de la salida de Mogetta, aunque desde el vamos se ligó esa renuncia a cuestiones mucho más opacas en el área.
Peronismo en movimiento. Todas esas internas en el seno de LLA, sumadas al golpazo electoral del domingo pasado que no hizo más que exacerbar las peleas, son seguidos con especial atención desde el peronismo, que recobró energías. “Esto es como cuando se te cae una gota de sangre en el agua: los tiburones estamos ahí, al acecho”, reflejó un dirigente del PJ.
En el sistema político, también en el peronismo, hay incertidumbre. No solo por el futuro de ese espacio, que se revitalizó por el triunfo del 7S, si no por los próximos pasos del Gobierno. En especial, por las hipótesis, algunas disparatadas, que se instalaron en el círculo rojo sobre el horizonte de Milei, que tiene que plebiscitar ahora su gestión en las elecciones del 26 de octubre, que se transformaron en una instancia crucial para su administración. Fue motivo de debate en la previa del 7S, en un asado del que participó como invitado central Sergio Massa en Bolívar, el sábado 6, con todos los intendentes de la séptima sección y el anfitrión en el que el jefe del Frente Renovador se mostró contrariado por algunos movimientos de la oposición en el Parlamento que, según se habló en esa comida, previa incluso a la durísima derrota, estaban destinados a golpear de manera letal al Ejecutivo. “Prefiero loco conocido”, fue la frase que se le atribuyó al ex ministro de Economía. “No vamos a apurar ni ahora ni después de octubre al Gobierno”, se oyó también en ese asado a uno de los comensales. El ex candidato a presidente presagiaba una diferencia mayor a 5 con el gobierno al otro día. “No estamos en esa”, completaron. Se hizo alusión, en ese contexto, a la figura de Victoria Villarruel, y a algunas actividades subterráneas de Mauricio Macri, al que le adjudican una creciente preocupación por el rumbo del gobierno.
Cristina Kirchner ya había advertido deficiencias en el programa económico de Milei desde el año pasado, cuando inauguró sus posteos de redes con un nuevo estilo, más directo, bajo el slogan “Che Milei” que lanzó con la asesoría de los consultores brasileros que le recomendó Lula da Silva al Frente de Todos en la campaña del 2023 y que siguieron trabajando de manera externa para el expresidenta hasta estos días.
CFK estuvo muy atenta a la elección bonaerense desde su departamento de San José 1111, el lugar elegido para su condena, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, más allá de las sugerencias de algunos dirigentes que le aconsejaron elegir otra locación con mayor espacio y una zona verde: en la oferta, se le acercaron propuestas desde La Plata, Mercedes y la zona norte del conurbano. A todas les dijo que no.
En La Plata, Axel Kicillof tenía todo preparado para festejar el domingo un triunfo del peronismo. Se había preparado un escenario, como se adelantó en esta sección, para una puesta en escena con intendentes, dirigentes nacionales, legisladores y el gabinete provincial, tal como finalmente sucedió bien entrada la noche. Pero había dudas en torno a qué haría la ex presidenta.
A la tardecita, cuando ya se sabía que la diferencia con el Gobierno era mucho más holgada de lo que se esperaba -se creía que sería inferior a los 10 puntos-, la ex mandataria decidió que mandaría un audio para los festejos platenses. Hubo ratos de zozobra: se discutió, entre los organizadores, en qué momento transmitirlo. Antes del himno nacional, con el gobernador bonaerense sobre el escenario, sin él en el centro de la escena, hacia el final… Se resolvió, finalmente, pasarlo al comienzo, antes del himno, con Kicillof y la dirigencia del peronismo ya sobre el escenario montado frente al Teatro Argentino. Cuando la locutora lo presentó, la militancia presente en el lugar lo recibió con cierto desdén. Durante la transmisión del audio, hubo bastante indiferencia. Después, se cantó por la conducción del gobernador. También “Axel presidente”. Una postal impensada tiempo atrás.
Algo similar a lo que ocurrió a mediados de semana, cuando CFK recibió en San José 1111 a Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador de Salta y candidato a senador del peronismo en esa provincia, que no hablaba con ella desde hacía unos 10 años. Pero no fue el único reencuentro de CFK de esta semana porque en esas horas la ex presidenta recibió además a otro Juan Manuel, Abal Medina, con quien casualmente no se veía desde hacía unos 10 años y que también pasó por el departamento de San Cristóbal. Conversaron a solas durante un largo rato. “Fue la semana del reencuentro con los Juan Manueles”, bromeó un dirigente del peronismo.
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POLITICA
El titular de la IGJ dosifica la ofensiva contra la AFA y relativiza la chance de colocar un veedor oficial
En medio del escándalo por las sospechas en torno a la administración de los fondos de la AFA, el Gobierno de Javier Milei consideró que la documentación que presentó la entidad sobre sus estados contables y financieros desde 2017 hasta la fecha es insuficiente. Sin embargo, la Casa Rosada intenta por estas horas bajarle el tono a la pelea con Claudio “Chiqui” Tapia y el resto de las autoridades de la casa madre del fútbol argentino.
El encargado de fijar la postura oficial fue el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien reporta al ministro Mariano Cuneo Libarona y su vice, Sebastián Amerio, un hombre de confianza de Santiago Caputo, principal asesor del Presidente.
“No hay ningún enfrentamiento entre el Gobierno o la IGJ y la AFA”, advirtió Vítolo a , en una señal de distensión con Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.
En esa línea, el funcionario remarcó que “la IGJ no participa en ninguna causa judicial y no es parte de ninguna investigación respecto de los directivos”. “Nosotros no estamos imputando a nadie ningún delito”, insistió Vítolo, después del cruce con la AFA por las irregularidades contables. A su vez, sembró dudas respecto de la posibilidad de que el Gobierno nombre un veedor oficial para controlar las cuentas de la AFA.
No obstante, remarcó que la institución que conduce Tapia no explicó “nada” sobre el balance con cierre de ejercicio el 30 de junio de 2024, al que consideró como “el más importante”, por los “valores involucrados”.
“Es muy raro porque ese lo presentaron acá [en la ciudad de Buenos Aires], nosotros les pusimos observaciones y ellos después lo presentaron en la provincia de Buenos Aires y dicen: ‘Me los aprobaron’. Pero eran de acá. Es una cosa ridícula, veremos qué encontramos”, anticipó Vítolo a . Días atrás, había denunciado el intento de la AFA para escapar del radar de la IGJ, al promover un traslado de su sede al municipio de Pilar que no fue aprobado por el organismo.
Frente al creciente escándalo por la derivación de millonarios fondos de la AFA, la IGJ había citado para este jueves y viernes a los contadores que avalaron los balances tanto de la AFA como de la Superliga entre 2017 y 2024.
En ese marco, el titular del ente regulador dependiente del Ministerio de Justicia advirtió que todavía se encuentran revisando la documentación.
Los próximos pasos están supeditados a la verificación del informe que presentó la casa madre del fútbol argentino. Sin embargo, Vítolo relativizó hoy la posibilidad de que la IGJ le recomiende al Ministerio de Justicia que nombre a un veedor oficial para auditar sus documentos y libros contables de los últimos ocho años.
“El veedor no es ninguna decisión porque va a depender de lo que encontremos y lo que nos digan. A lo mejor no está todo correcto, pero no es que no entregaron nada. Le podemos decir: ‘Tiene cinco días para completar, o diez…’. Eso se ve de acuerdo a lo que traigan”, explicó.
La AFA había presentado los balances desde 2017 en el tiempo correspondiente. Sin embargo, la IGJ formuló vistas en cada balance, mediante las que pidió aclaraciones sobre algunas partidas. “Nunca las dieron”, señaló Vítolo.
Como parte de sus funciones, la IGJ revisa y controla que las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, las fundaciones y las entidades deportivas actúen su estatuto y que sus balances contables sean reales.
Ayer, en un nuevo comunicado, titulado “La única verdad, es la realidad (bis)”, la AFA negó irregularidades contables en su administración, como una posible malversación de fondos y lavado de dinero, y apuntó contra el Gobierno.
En ese sentido, aseguró haber respondido a los requerimientos sobre sus estados financieros. Señaló que existió “una única vista debidamente notificada a la AFA [en 2017]” y remarcó que fue respondida. Alegó que el resto de las vistas a las que hace alusión el inspector general “nunca fueron notificadas, como exige la propia normativa de la IGJ” y que “el incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ”.
Vítolo volvió hoy a desestimar esos argumentos. En diálogo con , dijo que el planteo de la entidad liderada por Tapia “es ridículo”, ya que “las vistas no se notifican por cédula”, sino que es el interesado del administrado el encargado de seguir el trámite.
En el mismo comunicado, la entidad liderada por Tapia sostuvo que la IGJ no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, sino que esa es una función que “corresponde exclusivamente a los socios”.
Vítolo también marcó diferencias con la cúpula de la AFA en ese punto. Según el funcionario, los socios aprueban los balances a los efectos de la sociedad, pero la IGJ los revisa y está habilitada a realizar observaciones.
El titular del ente regulador profundizó la desescalada de la disputa con la AFA. Aclaró que desde la IGJ no están enfrentados a la conducción de la entidad. “Aparece ahora porque antes nadie le pedía [aclaraciones sobre los números en los balances]. Cuando llegamos nosotros encontramos que estaba pendiente esto”, agregó.
Apenas estalló el escándalo en la AFA, el gobierno de Milei salió a confrontar con Tapia y activó una denuncia penal de la DGI por apropiación indebida de tributos por $7500 millones. Pero en las últimas semanas el Gobierno ensaya gestos orientados a dosificar su ofensiva.
Tanto la casa del fútbol argentino como Vítolo reconocen que la asamblea en la que se aprobó el cambio de jurisdicción de la AFA de la Ciudad a la provincia de Buenos Aires fue fiscalizada por veedores del organismo. La entidad alega que la IGJ nunca cuestionó el cambio de jurisdicción y que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) lo aprobó, inscribió y notificó formalmente a la IGJ.
Sin embargo, Vítolo aclaró que los veedores no aprueban ni convalidan las decisiones, sino que solo registran lo que pasa y confeccionan un informe. La AFA, entonces, debería haber elevado la reforma de estatutos a escritura pública, detalló. Respecto de la supuesta notificación de la DPPJ, Vítolo indicó: “Eso es falso. No hay constancia en IGJ de ninguna notificación en ese sentido. Tampoco la AFA acompañó copia de tal notificación en su presentación”.
Por el contrario, la entidad futbolística señala que adecuó la reforma estatutaria a los “sucesivos y cambiantes requerimientos formulados por la IGJ” a lo largo del año pasado.
El inspector general deslizó que imagina que la mudanza tiene una explicación política. “Para mí es inexplicable salvo que sea evitar controles”, sugirió en TN. Allí agregó que la AFA justifica que no van a explicar el balance de 2024 porque ya lo tienen aprobado en la provincia de Buenos Aires, “pero lo habían presentado antes en la IGJ, es decir estaba bajo análisis de la IGJ”.
El organismo inscribe y fiscaliza únicamente sociedades comerciales y entidades civiles con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires.
la documentación,la postura oficial,veedores del organismo,Inspección General de Justicia,AFA,Conforme a,,»Es increíble». Un funcionario de Milei negó las acusaciones de la AFA y celebró un traspié en el comunicado,,14 celulares. La Justicia abrirá los dispositivos secuestrados y el teléfono del financista de la AFA,Inspección General de Justicia,,Polémica con el «Chiqui» Tapia. El Gobierno descartó una intervención de la AFA y habló de “inconsistencias contables” por US$111 millones,,Resolución. Simplifican trámites para empresas y emprendimientos que quieren cambiar su forma jurídica,,»Se ha dado de forma ilegal». La IGJ prepara el contraataque contra la AFA: la acusación de «desobediencia» y la montaña rusa de los descensos
POLITICA
Nacho Torres pidió sumar el delito de ecocidio al Código Penal y endurecer penas por incendios intencionales
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reclamó que el Congreso incorpore la figura de ecocidio al Código Penal y establezca penas severas para quienes provoquen incendios forestales de manera intencional. El planteo se apoya en un proyecto de ley ya presentado en el Senado por la legisladora chubutense Edith Terenzi y apunta a que las sanciones reflejen el daño ambiental causado.
Según Torres, el marco legal vigente no contempla la magnitud del perjuicio que generan los incendios deliberados y las condenas actuales resultan insuficientes como mecanismo disuasivo. El pedido se formuló en declaraciones a medios nacionales y se enmarca en el debate por la reforma del Código Penal que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
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Además, el mandatario provincial confirmó la llegada de fondos para asistir a familias afectadas y destacó el trabajo coordinado con la Nación en la respuesta institucional, al tiempo que tomó distancia de hipótesis difundidas sobre el origen de los incendios.
“Hay un acompañamiento de la Nación como pocas veces se vio, un trabajo conjunto y de infraestructura”, afirmó en Radio Rivadavia, y remarcó que en la respuesta institucional “no se distingue entre Nación y provincia”.
Penas acordes al daño ambiental
Torres reclamó que “los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”. En ese sentido, respaldó la iniciativa que incorpora la figura de ecocidio, una demanda que, según indicó, se viene planteando desde hace años.
La propuesta fue elaborada como una ley de formas especiales de criminalidad ambiental y define al ecocidio como “daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.
En una entrevista con Urbana Play, Torres insistió en que la reforma del Código Penal abre una oportunidad concreta para avanzar con esta figura. “Es importante dimensionar el daño real que se hace y la figura de ecocidio tiene que existir, sea por un problema de vecinos, un pirómano o un delirante con delirio revolucionario anarquista, lo que sea”, sostuvo.
Rechazo a versiones conspirativas
El gobernador chubutense tomó distancia de versiones que apuntaron a comunidades mapuches u otros grupos como responsables de iniciar el fuego. “Jamás dije nada de los pueblos originarios. Hay que separar entre los pueblos originarios, con los que vivimos en armonía, que son gente de bien, de trabajo; de los que tuvimos un enfrentamiento y no tienen nada que ver con pueblos originarios y la gran mayoría vienen de afuera”, afirmó.
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“Son grupos violentos que se embanderan en falsas banderas originarias para cometer delitos, tomar tierras de manera ilegal, no quieren turismo y son personajes que no queremos en la provincia, son delincuentes y tienen que estar presos”, sostuvo.
En cuanto a las hipótesis que apuntan a los mapuches, opinó que “son teorías conspiranoides para generar ruido” y advirtió que ese tipo de versiones “angustia y asusta” en un contexto de alta sensibilidad social.
Incendios, Chubut, ignacio torres
POLITICA
Con una cita a Luis Alberto Spinetta: el juez Saettone rechazó el planteo de Carrió para sacarlo del caso Yofe
Walter Saettone, juez de garantías de San Isidro, rechazó declarar la nulidad del allanamiento al domicilio de Matías Yofe y su recusación en el caso que investiga al dirigente de la Coalición Cívica de Pilar por “extorsión”, según un acta a la que tuvo acceso . La defensa de Yofe, referente en el municipio de la fuerza que lidera Elisa Carrió, anticipó que apelará la medida.
La abogada de Yofe, Albana Zoppolo, había pedido la recusación de Saettone producto de ”manifestaciones públicas de afinidad político-partidarias”. Apuntaba a las frases de admiración que el magistrado dedicó en las redes sociales a Cristina Kirchner −“Ella, el cuadro político peronista más importante que dio la vida política argentina en democracia”, escribió en X, por ejemplo− o las fotos que compartió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
En su rechazo a la petición, el juez defendió su derecho a manifestar su ideología públicamente. “La ideología política de quien trabaja de magistrado se encuentra protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional”.
Saettone citó al fiscal Germán Camafreita para justificar el rechazo a su recusación: “La simple cita periodística no encuentra asidero en la presente investigación desde que allí no surgen mencionados el denunciante ni los imputados”. Los dichos del fiscal se derivan de la nota de que reveló el perfil en redes sociales del magistrado.
“Entiendo, humildemente, que la ideología política en nada puede afectar mi imparcialidad al momento de juzgar; pues ello forma parte de la construcción de mi ser”, fue uno de los argumentos que utilizó Saettone en otra parte del texto.
Pero no fue esa la frase más llamativa del fallo. Saettone apeló a Barro tal vez, la canción de Luis Alberto Spinetta, para rechazar el planteo de la Coalición Cívica y la objeción a sus posteos políticos y los elogios hacia la expresidenta, condenada por corrupción en la causa Vialidad. “Si yo no canto lo que siento, me voy a morir por dentro”, escribió el juez en el fallo.
En cuanto al pedido de nulidad planteado por la defensa de Yofe, en el que sostuvo que el allanamiento fue “arbitrario e ilegal”, el juez Saettone concluyó que “lo actuado no le causó agravio a la defensa pues −en definitiva− no se violó ninguna garantía constitucional ni le generó perjuicio alguno”.
Yofe había señalado “vicios e irregularidades” en el procedimiento en su domicilio del pasado 2 de enero: falta de motivación, ausencia de la exhibición de la orden judicial, abusos por parte de la policía bonaerense hacia su esposa Agustina Cambaceres y secuestros infundados. “Con el allanamiento violaron a mi familia”, lanzó Yofe antes de conocer su imputación ante el fiscal.
Por su parte, el fiscal Camafreita, quien solicitó el operativo, indicó que “el pedido de nulidad no debe prosperar”, ya que la defensa de Yofe “no ha fundado el agravio”. Agregó que la orden judicial tiene la firma de Cambaceres, y que se formó una causa por separado para investigar los planteos de violencia institucional por parte del personal policial.
“Deviene más por cuestiones de oportunidad y conveniencia, que por los hechos concretos y objetivos”, consideró Saettone sobre las críticas de la defensa a la policía bonaerense y se refirió a los dos custodios de Yofe, pertenecientes a esa fuerza de seguridad: “Velaron por la seguridad del imputado y su familia”.
Mañana, se espera que el fiscal Camafreita abra los dispositivos secuestrados en el allanamiento. El lunes, Yofe se presentó en la fiscalía con Cambaceres y la doctora Zoppolo y dieron el consentimiento para el procedimiento. “El secuestro de los elementos detallados resulta ser plenamente válido, no advirtiéndose extralimitaciones”, precisó el juez Saettone.
Respecto del teléfono de Matías Yofe, el cual tendría pruebas de la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y fue arrojado al mar tras el allanamiento según declaró un custodio del imputado, está “entorpeciendo la investigación”, consideró el magistrado.
El titular de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, cobró relevancia pública en las últimas semanas dado su rol como denunciante de la fastuosa mansión de Villa Rosa, atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Además, había realizado denuncias por irregularidades en la VTV bonaerense, que derivaron en la renuncia del exministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio.
En diciembre, Atilio Ormeño, chofer de D’Onofrio, denunció que Yofe se presentó en su domicilio en agosto pasado junto a un custodio y su colaborador Diego Escobar para amenazarlo. Según consta en su declaración, Yofe le habría mostrado en su celular el nombre de Martín Marinucci, actual titular de Transporte bonaerense, diciéndole que lo haría echar de su puesto.
“Como yo nunca supe la orden de allanamiento, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas de la estafa de la AFA”, había dicho Carrió a la prensa. Ese día, Yofe declaró ante el fiscal no tener su celular. El imputado aclaró en redes sociales: “‘Lilita’ dijo que hay información sensible de la AFA y no hay elementos para que lo necesiten. ¿Sabés que querían ver? Si había una foto de Marinucci”.
el caso que investiga al dirigente de la Coalición Cívica de Pilar por “extorsión”,la nota de LA NACION que reveló el perfil en redes sociales del magistrado,allanamiento fue “arbitrario e ilegal”,lanzó Yofe antes de conocer su imputación,fue arrojado al mar tras el allanamiento según declaró un custodio,fastuosa mansión de Villa Rosa,Elisa Carrió,Pilar,Coalición Cívica,Conforme a,,Polemico. El juez que elogia a Cristina Kirchner y que está detrás del allanamiento a un denunciantes de la AFA,Elisa Carrió,,En la Justicia. Un custodio de Yofe declaró que el denunciante de la AFA “revoleó” su celular al mar tras el allanamiento,,Por un llamado telefónico. Duro cruce entre Carrió y el fiscal que allanó al denunciante de la mansión vinculada a la AFA,,»Un mensaje mafioso». Qué dijo Elisa Carrió tras acompañar a tribunales a un dirigente de la Coalición Cívica allanado
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