“Formula denuncia penal por los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, todos agravados por haber sido realizados con el fin de provocar terror y sumir a los poderes públicos”, reza el texto presentado ante el juez federal de turno por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.

En la denuncia se pidió la investigación y detención inmediata de los responsables de los incidentes ocurridos frente al Congreso durante la manifestación contra la reforma laboral que este jueves a la madrugada obtuvo media sanción en el Senado.

Luego de que la ministra Monteoliva informara que identificaron a cuatro de los sospechosos que agredieron con objetos contundentes a agentes policiales, la denuncia planteada ante la Justicia Federal calificó lo sucedido como “atentado al orden constitucional” y posibles actos de terrorismo.

La denuncia fue presentada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional. Así, se solicitó a la Justicia federal que actúe con urgencia ante lo que calificó como hechos “de inusitada gravedad” ocurridos en las inmediaciones del Congreso, mientras se realizaban sesiones extraordinarias.

Según el escrito, el objetivo del accionar habría sido provocar “un escenario de terror” entre los ciudadanos y obstaculizar el funcionamiento del Congreso. Y planteó que estas acciones no solo infringieron la paz pública, sino que también buscaban “inhibir en forma parcial o plena la actividad legislativa”.

El escrito afirma: “El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso”.

Entre los pedidos al juez federal de turno, la cartera exige que “se inicie una exhaustiva investigación, se identifique a los responsables directos, a los partícipes y los eventuales instigadores” y “se oriente la pesquisa a efectos de determinar las estructuras por las que se orquestan estos atentados con rasgos terroristas”.

Se reclamó, además, la inmediata detención de los identificados. Esto ya lo habían pedido el secretario de Seguridad, Martin Ferlauto, como la propia ministra de Seguridad, luego de que se difundieran fotos e identidades de cuatro de los manifestantes involucrados y que fueron identificados.

“Se espera que la Policía Federal Argentina este viernes tenga los videos con los identificados que tenían las bombas molotov”, contaron fuentes del caso a este medio.

Cuántos detenidos quedan

La Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, en trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, detuvieron ayer a 24 sospechosos tras los disturbios en el Congreso.

De la lista inicial de 20 detenidos, por parte de la Policía porteña, puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, solo quedan detenidos cinco hombres.

Del mismo modo, según comunicó la Policía porteña, tres agentes resultaron heridos; uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.

Los otros dos fueron traumatismos en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.

Business,Civil Conflict,Demonstrations,Domestic Politics,Riots,Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics,Civil Unrest

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entrará en una nueva etapa en marzo, cuando la Justicia avance con la apertura de celulares, computadoras, servidores y otros dispositivos electrónicos secuestrados en la oficina de la droguería Suizo Argentina.

El expediente, que en los últimos días derivó en el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 acusados, ahora pone el foco en el rol de esa firma y en su eventual conexión con las pequeñas droguerías que resultaron beneficiadas en licitaciones “acotadas”.

Leé también: Lijo quedó a cargo de la causa que investiga la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

El procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello resolvió la situación procesal de un grupo de imputados, pero no cerró la causa. Por el contrario, la investigación continuará con un capítulo específico vinculado a Suizo Argentina, empresa de la familia Kovalivker. El fiscal Carlos Picardi profundizará una línea que apunta a determinar si la compañía tenía vinculación directa con las droguerías Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA, invitadas a cotizar en el sistema de compulsas “especiales”.

Según surge del procesamiento, producto de las maniobras de direccionamiento y cartelización se realizaron 21 licitaciones “acotadas”, con órdenes de compra por un total de $30.337.220.919,77. En ese esquema, Profarma SA y Génesis SA resultaron adjudicatarias del 93,11% de esos procesos, lo que se traduce en compras por $28.247.022.880 entre julio de 2024 y agosto de 2025.

En paralelo, New Farma SA y Floresta SA concentraron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los $5.117.817.946 asignados entre septiembre y diciembre de 2024.

Durante los allanamientos, la Justicia constató que varias de esas firmas no contaban con medicamentos ni infraestructura acorde. En Floresta SA se encontró “una vieja y pequeña heladera, depósitos vacíos y un sitio prácticamente abandonado y sin empleados”. A lo largo de la investigación también se determinó que New Farma tuvo un crecimiento exponencial de ventas a la ANDIS (su principal cliente en el período investigado) pese a que sus instalaciones estaban en condiciones precarias.

Del análisis de conversaciones incorporadas al expediente surge, según el procesamiento, la hipótesis de que algunas de estas empresas actuaban como meras intermediarias que obtenían un rédito significativo sin contraprestación acorde. En ese contexto, la Justicia no descarta que Suizo Argentina haya provisto los medicamentos que esas droguerías debían entregar en el marco de las contrataciones obtenidas. Es una línea de investigación que seguirá Picardi, aunque desde la compañía niegan esta posibilidad.

Para los investigadores, se trataría de firmas “sin capacidad para cumplir con los compromisos asumidos” y detrás de ellas “surgiría un gran jugador”. La pesquisa apunta a determinar si ese rol correspondía a Suizo Argentina. En rigor, se investiga el papel de uno de sus abogados y directivos.

En diálogo con TN, Martín Magram, abogado de la Suizo Argentina, aseguró: “Por información que tengo provista por la empresa, es lícita la venta de productos entre dorguerías, no hay nada ilegal ahí. Si Suizo Argentina tuvo alguna relación en venta de productos con las droguerías involucrados en el caso no fueron de aquellos que correspondían a las licitaciones con supuestos sobreprecios”.

“No existió mecanismo por el que suizo argentina intermediaba con otras empresas fantasmas o de menor porte. La Suizo tiene el 20, 25% de la torta del mercado y le vende también al Estado, no necesita esta clase de negocios”, agregó.

Leé también: Rechazan un pedido de Javier Faroni para que el fuero federal investigue las maniobras de la AFA en EE.UU.

Un abogado de la Suizo es señalado en el expediente como un actor central en el presunto esquema de sobrefacturación de medicamentos de alto costo destinados al Programa Federal Incluir Salud. El apodo “Helvético” aparece reiteradamente en escuchas y chats incorporados a la causa. Se trataría de Sebastián Nuner Uner.

“De esa conversación no surge que hablen de Sebastián Nuner Uner, no está explicitado en ningún lugar. No se entiende de dónde se saca esa conclusión”, sostuvo el letrado.

De acuerdo con un audio fechado el 6 de junio de 2025, el exfuncionario de la ANDIS Pablo Atchabahian le comunicó al empresario Miguel Ángel Calvete que el “Helvético” ya estaba al tanto de determinadas decisiones. Para los investigadores, esa conversación podría confirmar la existencia de una mesa de coordinación entre proveedores y funcionarios.

Según consta en el expediente, el letrado de la Suizo habría tenido participación directa en la remoción de una directora técnica de la ANDIS cuyo perfil profesional interfería con las contrataciones cuestionadas, así como en el ingreso de personal afín al grupo empresario. En una de las comunicaciones se alude a su “visto bueno” para despedir a la Directora General Técnica Administrativa del organismo, seguida de la orden de Atchabahian a Daniel Garbellini: “Rajala”. También se menciona su adhesión al ingreso de Matías Palotti como mano derecha de Garbellini en el ente.

Leé también: Procesaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández en la causa por corrupción con los Seguros

La causa también registra que el director de Génesis, Andrés Arnaudo, eliminó todas las conversaciones mantenidas con Uner y que, cuando estalló el escándalo, Calvete pidió a Patricia Canavesio que le facilitara su contacto. La Justicia investiga si existe un nexo entre Uner y los exfuncionarios Garbellini y Atchabahian. En la compañía niegan esta versión.

El avance sobre los dispositivos electrónicos de Suizo Argentina coincidirá con un cambio en la conducción del expediente. Tras el sorteo realizado por la Cámara Federal, el juez Ariel Lijo quedó a cargo de la investigación, que hasta ahora instruía Casanello. Antes de apartarse, el magistrado procesó a 19 personas por administración fraudulenta y describió un entramado con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios y retornos a través de droguerías proveedoras.

Lijo hereda una causa con procesamientos firmes y, al mismo tiempo, con planteos de nulidad por parte de las defensas, que cuestionan la validez de pruebas incorporadas al expediente.

Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) buscan definir si habrá o no un paro general ante la posibilidad de que el Congreso, por medio de la Cámara de Diputados, le de aprobación a la reforma laboral que quiere tramitar el Gobierno de Javier Milei.

El tiempo apremia, porque la reforma podría tratarse este mismo jueves, o bien el próximo miércoles 25 de febrero. Y por esa razón, los dirigentes de la Comisión Directiva de la CGT mantendrán una reunión de urgencia este lunes feriado y en formato digital.

La CGT se reunirá este lunes para definir si va o no a un paro general contra la reforma laboral

“Están dadas las condiciones”

Más allá de las dudas que puedan serpentear el ambiente gremial, uno de los co-secretarios generales, Cristian Jerónimo, advirtió que “están dadas las condiciones” para realizar un paro general, el cual se haría el mismo día en que se trate la reforma en Diputados.

Jerónimo, quien además encabeza el sindicato de trabajadores del vidrio, expresó que muchas de las demandas y críticas de la CGT a la reforma laboral no han sido escuchadas por el Gobierno.

La advertencia de la CGT a Javier Milei: “Si se logra la media sanción, profundizaremos el plan de lucha”

A su vez, consideró que existe un consenso de la mayoría de los sindicatos que integran la central en ir a una medida de fuerza.

En paralelo, desde la CGT redoblan la presión sobre los diputados, en especial los opositores de mayor diálogo con el Gobierno de Milei, para no votar a favor de la reforma laboral.

La entrada En la CGT advierten que “están dadas las condiciones” para un paro general contra la reforma laboral se publicó primero en Nexofin.

CGT,Congreso,Gobierno,Paro General,Reforma Laboral,Sindicatos