POLITICA
El Gobierno busca votos a contra reloj para sostener los vetos al Garrahan y a las universidades
Con un margen estrecho tras la derrota en las elecciones bonaerenses, la Casa Rosada enfrenta esta semana una pulseada difícil en el Congreso. El miércoles, la oposición llevará a Diputados un temario cargado de proyectos sensibles, entre ellos dos que golpean de lleno al corazón libertario: la insistencia en las leyes de financiamiento universitario y de hospitales pediátricos como el Garrahan, ambas vetadas por Javier Milei.
La aritmética es despiadada: en la primera votación ambas iniciativas habían alcanzado el umbral de dos tercios, lo que hoy le permitiría a la oposición insistir y dejar sin efecto el veto presidencial. El oficialismo quedó muy por debajo del tercio necesario -87 diputados-para blindar la decisión de Milei: apenas 75 rechazos en universidades y 67 en el caso del Garrahan, mientras que en el Senado resistió prácticamente en soledad. Por eso, la Casa Rosada sabe que no tiene margen para errores y apuesta a seducir a un puñado de diputados que se movieron entre la abstención y la ausencia.
La búsqueda apunta a legisladores que orbitan alrededor de los gobernadores. Allí radica la estrategia de Milei: reabrir el diálogo con los mandatarios provinciales para intentar torcer voluntades en la Cámara baja.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se mostró la semana pasada con Ignacio Torres (Chubut) para acordar una compensación de deuda y rubricó convenios de obras con ministros de Osvaldo Jaldo (Tucumán). En paralelo, Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior, viajó a Tucumán y Salta para fotografiarse con Jaldo y Gustavo Sáenz, y relanzó la “mesa política federal” junto a tres aliados electorales: Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero.
El tablero de ausencias y abstenciones es el que puede definir la votación. Los cuatro diputados misioneros alineados con Carlos Rovira faltaron en ambas sesiones; lo mismo hicieron los dos legisladores cercanos a Cornejo y una diputada del sanjuanino Marcelo Orrego. Los chubutenses que responden a Torres optaron por abstenerse en la emergencia pediátrica y solo Ana Clara Romero repitió esa postura en la ley universitaria. También aparecen en ese lote los exlibertarios Oscar Zago, Eduardo Falcone y Marcela Pagano, hoy enfrentados con Milei y poco proclives a volver al redil. Todos ellos son las piezas que el Gobierno intentará pescar en un estanque cada vez más revuelto.
La apuesta es arriesgada: será un juego de sumas y restas que probablemente se defina en el propio recinto. Para resistir, Milei deberá hacer algo que hasta ahora despreció: política.
El proyecto de financiamiento universitario se sostiene sobre dos pilares. El primero es la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades, los hospitales universitarios y las partidas de ciencia y tecnología, con efecto retroactivo a 2024 y un esquema de ajuste bimensual en adelante.
El segundo apunta a los salarios: deberían ajustarse 40,8% para emparejar la inflación registrada desde diciembre del 2023 y todo incremento debería ser remunerativo y bonificable. Además, obliga al Poder Ejecutivo a convocar a paritarias cada tres meses y fija como piso de aumento mensual la inflación medida por el índice de precios al consumidor. A ello se suma la recomposición y actualización automática de becas estudiantiles y la obligación de que todas las universidades sean auditadas por la Auditoría General de la Nación.
No es un tema nuevo: Milei ya había vetado una norma similar el año pasado y la oposición no consiguió entonces los votos para insistir. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto presupuestario de la norma para este año sería de $1.9 billones, equivalentes a 0,23% del PBI.
La ley de emergencia pediátrica, en tanto, se concentra en el sistema de salud. A través de una reasignación de fondos y uso de reservas, establece una recomposición salarial para todo el personal que atiende a pacientes pediátricos, incluidos los residentes, tomando como piso los ingresos de noviembre de 2023.
También elimina el impuesto a las ganancias en guardias, horas extras y tareas críticas tanto en hospitales públicos como privados. El texto habilita compras directas de insumos esenciales y ordena al Poder Ejecutivo cubrir los costos con fondos de contingencia sanitaria.
A su vez, introduce una cláusula sobre la continuidad y fortalecimiento de los sistemas de residencias médicas, en línea con los debates internos del Ministerio de Salud. El malestar del sector ya venía escalando por la decisión oficial de permitir que los residentes eligieran entre becas “Ministerio” o “Institución”, una medida que muchos consideraron regresiva.
enfrenta esta semana,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,,Sin margen para tropezones. El Gobierno está bajo la lupa, hasta de los propios,,Solo en Off. “¡Choque los cinco!”: el barrilete sueco que le devolvió la alegría al Presidente,,En cadena nacional. Milei presenta el Presupuesto 2026 en un clima de tensión con los gobernadores y dudas por la economía,Cámara de Diputados,,Pulseada por los fondos. Los gobernadores y la oposición exigirán la sanción del presupuesto 2026 y advierten que no tolerarán otra prórroga,,Milei, acorralado. La oposición advierte sobre las consecuencias de no ejecutar la ley de discapacidad y apunta a Francos,,La pulseada por los fondos. La oposición convoca a una sesión especial en Diputados para insistir en las leyes del Garrahan y de financiamiento universitario
POLITICA
Reglamentaron la ley que amplía el registro de datos genéticos y pone el foco en el ADN de violadores
El Gobierno oficializó este jueves un cambio de fondo en la política criminal argentina al aprobar, mediante el Decreto 709/2025 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal.
El decreto establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación de la ley, desplazando así a la órbita de Justicia que hasta ahora tenía bajo su control la base de datos. El texto ordena la transferencia de toda la información existente en el antiguo registro al nuevo sistema, que amplía su alcance a la investigación de una gama más amplia de delitos graves.
La decisión central del Ejecutivo responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759, que amplió el objeto del registro.
Según el decreto, la individualización genética se considera “la herramienta más eficaz y certera usada para la identificación criminal”, y su uso forense resulta clave para el esclarecimiento de hechos bajo investigación judicial, la identificación de presuntos autores y la desvinculación de personas ajenas al delito.
En el considerando de la norma, enfatizaron que el almacenamiento, registro y tratamiento de los datos personales deberán realizarse bajo “estricto secreto y confidencialidad”, en línea con la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 y los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.
Además, se dispone que los perfiles genéticos se almacenen en una base de datos separada de la información filiatoria de los aportantes, y que se guarde constancia de los funcionarios que accedan al registro, garantizando la trazabilidad y la administración segura de la información.
A su vez, subrayaron que el registro contribuirá a evitar la revictimización que se produce cuando los delitos quedan impunes, y que su objeto incluye también la identificación de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas, así como la discriminación de las huellas del personal que interviene en la escena del hecho delictivo.
En este sentido, la reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
La nueva normativa refuerza la coordinación federal y la interoperabilidad entre jurisdicciones, promoviendo el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo estipulado, esta base de datos contará con información proveniente de laboratorios acreditados bajo normas de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y del Organismo Argentino de Acreditación.
En cuanto a la conducción del organismo, el decreto dispone que, hasta que se sustancie el concurso público de oposición y antecedentes para la designación del director titular, el Poder Ejecutivo podrá nombrar a un director interino con especialización en genética forense y experiencia probada en la materia. La autoridad de aplicación deberá aprobar el procedimiento del concurso en un plazo de 120 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto.
Para esto, derogaron la reglamentación anterior, aprobada en 2017, bajo el argumento de “readecuar y reforzar el marco normativo vigente para el uso forense de datos genéticos, mediante el establecimiento de altos estándares de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad entre jurisdicciones y respeto por los derechos fundamentales, con especial énfasis en la rigurosidad científica, la coordinación federal y la transparencia en el manejo de datos personales sensibles”.
La reglamentación también prevé la creación de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar, asesorar y supervisar la implementación y funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso para la designación del director.
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El anexo del decreto aclara cómo funcionará la recolección, almacenamiento y uso de perfiles genéticos en investigaciones penales:
- Para la obtención de perfiles genéticos de personas imputadas, procesadas o condenadas, la normativa exige que las autoridades judiciales ordenen la extracción de muestras biológicas dentro de los cinco días hábiles posteriores al acto procesal correspondiente. Se priorizarán los perfiles de imputados, procesados o condenados por homicidio doloso, abuso sexual, narcotráfico y robo agravado.
- Una vez extraída la muestra y configurado el perfil genético, el laboratorio interviniente deberá remitir al Registro, en un plazo de cinco días hábiles, la información filiatoria y genética pertinente, junto con copia de la resolución judicial.
- Los perfiles genéticos serán eliminados del Registro si la situación procesal no se resuelve y la investigación supera los tres años, o si una resolución judicial desvincula definitivamente a la persona de la causa penal.
- El Registro no podrá negar a los titulares el acceso a sus datos. Se deberá dejar constancia de las consultas y dar a conocer el procedimiento para solicitar la rectificación de datos erróneos, la cual deberá realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
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POLITICA
El Senado le exige a Guillermo Francos que aplique la Emergencia en Discapacidad y amenaza con removerlo de su cargo
En la sesión de este jueves, el Senado se opuso al decreto 681/2025 por el cual se promulgó la ley de Emergencia en Discapacidad -luego del rechazo del Congreso al veto de Javier Milei-, pero suspendió su aplicación. El Ejecutivo considera que el Parlamento omitió indicar la manera en la cual se financiaría.
La iniciativa, redactada por el legislador de la UCR Martín Lousteau, se aprobó en la sesión de este jueves por 54 votos a favor y cinco en contra. “(El Ejecutivo) está incumpliendo con la ley por no aplicar la Emergencia en Discapacidad”, advirtió Lousteau.
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Acompañado por los senadores Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas), el senador de la UCR además apuntó contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al advertir que el funcionario se atribuye competencias legislativas al suspender la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad.
Según explicó Lousteau, el ministro Coordinador tiene la obligación de realizar las ampliaciones y las modificaciones presupuestarias, para de esa manera asegurar el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Congreso.
“Hace dos años que no hay presupuesto por decisión del propio Gobierno, que impidió su tratamiento, por lo que desde entonces las partidas se asignan discrecionalmente“, concluyó el senador.
La iniciativa fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria. “hay una falta de interpretación del Presidente de lo que es el Estado de Derecho, y esto genera una gran inseguridad jurídica”, argumentó el presidente del bloque, José Mayans.
Pedidos de moción de censura contra el ministro Francos
Por el incumplimiento de la puesta en marcha de la Emergencia en Discapacidad, tanto en Diputados como en el Senado -y desde distintos bloques opositores- hay pedidos de mociones de censura contra Guillermo Francos.
En la próxima sesión de la Cámara Baja (sería el 8 de octubre) se fijarían una fecha para tratar los pedidos de interpelación en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se trata del primer paso para llevar adelante una moción de censura. De aprobarse esa moción en ambas cámaras, el jefe de Gabinete perdería la confianza del Congreso y debería ser removido del cargo.
“Conforme al artículo 101 de la Constitución Nacional pedimos la interpelación del jefe de Gabinete para que cumpla con el artículo 19 de la Ley de Emergencia en discapacidad y asigne las partidas presupuestarias. Es su obligación legal. De lo contrario, deberá afrontar las consecuencias. Las leyes se cumplen”, posteó Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre, uno de los espacios que realizó la presentación contra Francos. Desde Unión por la Patria, Encuentro Federal y Coherencia -el bloque que agrupa a los exlegisladores oficialistas- hicieron pedidos similares.
Qué es la moción de censura
Es el procedimiento por cual el Poder Legislativo puede exigir la responsabilidad política al Ejecutivo. Se requieren dos etapas. La primera, consiste en la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de la moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
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La segunda etapa de ejecución -la moción de censura- también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario. Sin embargo, no hay impedimento para que el Presidente vuelva a nombrarlo.
Senado, Discapacidad, Martin Lousteau
El caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 124 personas en Argentina sumó en las últimas horas una prueba clave que complica aún más a los empresarios involucrados. La Justicia incorporó al expediente un video registrado por las cámaras de seguridad de la casa del director del laboratorio Ramallo, Javier Tchukran, donde se observa a los hermanos Diego y Ariel García Furfaro participando de una reunión que hoy es investigada como un intento de encubrimiento.
El encuentro se llevó a cabo el 17 de mayo de 2025, apenas cinco días después de que la ANMAT realizara la denuncia penal por el lote 31202 de fentanilo. En ese video, hallado en el celular de Tchukran, se escucha al empresario admitir que ordenó borrar toda la información vinculada al laboratorio. “No hay un solo gramo de información”, aseguró frente a los García Furfaro, en una frase que se convirtió en uno de los pasajes más comprometedores del proceso judicial.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó con prisión preventiva a los tres protagonistas del encuentro. Tanto los García Furfaro como Tchukran están acusados de adulteración de sustancias medicinales agravada por resultado de muerte, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.
La causa, que ya tiene 17 imputados y siete detenidos, no solo apunta contra los empresarios farmacéuticos, sino también contra fallas graves en los mecanismos de control estatal. Documentos internos del Instituto Malbrán habían advertido en marzo sobre la falta de robustez en los procesos de producción, la existencia de “riesgos críticos” y la presencia de bacterias peligrosas en los lotes. Sin embargo, esas alertas no fueron atendidas hasta mayo, cuando los fallecimientos ya se habían multiplicado.
En paralelo, la investigación sumó testimonios que exponen un clima de irregularidades dentro de los laboratorios. El técnico químico Eduardo “Ruso” Darchuk, exjefe de producción, declaró que durante una reunión interna una jefa de control microbiológico reconoció haber omitido un resultado positivo en una muestra de fentanilo. “La verdad, me olvidé”, habría dicho, según reconstruyó Darchuk. Aquella omisión, de haber sido corregida a tiempo, podría haber evitado la tragedia.
Las consecuencias judiciales también alcanzaron a otros integrantes de la familia García Furfaro. Ariel, señalado como el principal responsable del grupo, fue procesado junto a sus hermanos Diego y Damián, su madre Nélida Furfaro y su abuela Olga Arena. Todos enfrentan embargos multimillonarios: un billón de pesos en el caso de Ariel y quinientos mil millones para Diego.
El avance de la investigación revela un entramado de negligencias empresariales y fallas regulatorias que explican cómo un medicamento adulterado pudo circular en hospitales y clínicas de todo el país. La Justicia sostiene que hubo una “decisión deliberada de encubrir la contaminación” y que los responsables priorizaron el negocio por encima de la salud de los pacientes.
El video:
No te puedo creer que en el caso del fentanilo son todos kukas, debe ser un error.
Voten bien , pelotudos.✌️👎
pic.twitter.com/7TvkxrWvOD— Hippies con Osde (@HippiesConOsde) October 2, 2025
La entrada Un video secreto complicó a los García Furfaro en la causa del fentanilo contaminado se publicó primero en Nexofin.
Fentanilo contaminado,GARCIA FURFARO,Javier Tchukran,Laboratorio Ramallo
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