En silencio, el gobierno de Javier Milei dio marcha atrás con los puntos más polémicos del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había enviado la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Era un documento secreto de 170 páginas que, según las fuentes consultadas y el análisis de su redacción original, entreabría la puerta a tareas de espionaje ilegal contra opositores, economistas, movimientos sociales y periodistas. Las modificaciones a ese texto original fueron confirmadas a por tres fuentes al tanto de las correcciones y enmiendas.

Desarrollado por el entonces titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y sus máximos colaboradores, el PIN fija cuáles son los lineamientos estratégicos del país para, en base a esos lineamientos, trazar los objetivos generales y las acciones particulares que debe adoptar la comunidad de inteligencia para impulsarlos o defenderlos. Pero la redacción libertaria levantó polvareda cuando reveló sus aspectos más controvertidos, el 25 de mayo pasado. Tras esa publicación y el debate político y social que generó, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso emitió en septiembre un dictamen crítico sobre el documento.

“Es cierto, eliminaron los aspectos más controvertidos del PIN y lo reenviaron a la comisión después de las elecciones de octubre”, indicó una de las fuentes consultadas, que requirió resguardar su identidad por tratarse de secretos oficiales. “Sólo puedo decirle que la SIDE receptó la mayoría de las observaciones que le hicieron los legisladores”, abundó.

En su redacción original, el PIN afrontó cuestionamientos porque la SIDE determinaba que quedaban bajo su lupa todos aquellos que buscaran “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la Nación, sin precisar si aludía a agentes de otras naciones o a expertos, periodistas y ciudadanos que cuestionaran los operativos de la entonces ministra Patricia Bullrich para evitar los cortes de tránsito, por ejemplo, frente al Congreso.

La SIDE libertaria también fijó como foco de interés de su primer PIN a aquellos “actores” que promovieran la “distorsión” de la “percepción” y afectaran los procesos “cognitivos” de la opinión pública. Por ejemplo, a través de las nuevas tecnologías y, en particular, por medio de la inteligencia artificial. Eso, con la nueva redacción, quedó atrás, confirmaron dos de las fuentes consultadas a .

“Quitaron todo lo que se prestaba al espionaje interno o lo modificaron o insertaron aclaraciones y salvedades, para transmitir antes de que se fuera Neiffert que querían cumplir con todo o que no querían problemas”, graficó una de las fuentes consultadas. “Cuando aludían al proceso ‘cognitivo’, por ejemplo, indicaron que aludían a agentes ‘externos’, como otros países”.

Así, al decir de las fuentes consultadas, Neiffert y sus colaboradores también habrían editado su foco sobre aquellos “actores” que pudieran generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno, sin precisar quiénes podrían quedar bajo la lupa. También, sobre aquellos que pudieran “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”.

Desde el Congreso, en tanto, marcan otro foco de interés o preocupación: el decreto 941/2025, que Milei firmó a fin de año, sin debate parlamentario. Así, mientras el Gobierno reescribía los pasajes más cuestionados del Plan de Inteligencia , el Presidente amplió por decreto las facultades de la SIDE, que quedó facultada a detener personas sin control judicial previo y al cruce masivo de información y datos personales.

La renovación del Poder Legislativo dejó a la comisión bicameral en suspenso, a la espera de una definición sobre quiénes serán sus nuevos integrantes, que a su vez deberán analizar la nueva versión del Plan de Inteligencia Nacional, que todavía no recibió su revisión definitiva. Para algunas fuentes consultadas, eso implica la vigencia de la versión más polémica del documento; otras fuentes no comparten esa interpretación.

“Nosotros damos por vigente el PIN que se envió al Congreso, con las correcciones, aunque no esté perfeccionado con el visto bueno de la comisión”, indicó una cuarta fuente consultada por . “El motivo es sencillo: el Plan lo redacta el Ejecutivo y recibe observaciones y sugerencias de la comisión, que tiene facultades para revisarlo y observarlo, pero no para aprobarlo ‘per se’ o rechazarlo”.

De acuerdo con la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), cabe aclarar, la Comisión Bicameral ejerce el control parlamentario del Sistema de Inteligencia Nacional y tiene entre sus funciones supervisar las actividades, planes y recursos de los organismos de inteligencia para garantizar que su actuación respete las garantías constitucionales.

La decisión de editar y reescribir el Plan de Inteligencia Nacional se combinó con una maniobra orquestada entre los miembros oficialistas y kirchneristas de la Comisión Bicameral que benefició a ambos sectores. Juntos aprobaron en simultáneo el último año de gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Alberto Fernández y el primer año de gestión de la SIDE de Milei.

“Fue durante la última reunión del año”, indicó, en alusión al encuentro que los senadores y diputados que integraban la Comisión Bicameral mantuvieron el martes 2 de diciembre, la semana previa a la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso. “Se aprobó el año de gestión y esa misma tarde o al día siguiente, Neiffert se fue de la SIDE”, precisó.

Presidencia anunció la salida de Neiffert minutos antes de la medianoche del 2 y horas después publicó la designación al frente de la SIDE del contador Cristian Auguadra, otro alfil del asesor Santiago Caputo. La versión oficial es que había “concluido la primera etapa de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional” (SIN) y comenzaba la “modernización técnica y operativa” de la SIDE.

Desde el kirchnerismo, defendieron la maniobra en tándem con los libertarios. “Se aprobaron los balances y las rendiciones de partidas”, indicó una segunda fuente. “No había motivo para no aprobar los números. No encontramos ninguna irregularidad contable y la gestión de Neiffert, en cuanto a los números, fue bastante prolija y se comprobó que devolvieron al Tesoro los 100.000 millones [de pesos] que tenían que devolver después que les volteamos el DNU [por el decreto de necesidad y urgencia], más allá de las reasignaciones presupuestarias posteriores”, sostuvo.

Desde el kirchnerismo confirmaron lo que definieron como “una suerte de acuerdo” con el oficialismo, aunque afirmaron que fue “sólo con respecto al último año de la AFI [con Fernández] y el primero de la SIDE [con Milei], pero lo más ‘picante’ de este año ocurrió en 2025, con Scatturice”, afirmó el informante, en alusión al exagente de inteligencia, lobista y empresario dueño de FlyBondi, muy cercano a Santiago Caputo.

Otros, sin embargo, se mostraron más críticos sobre lo ocurrido. “Se pelearon o simularon sacarse chispazos dentro de la comisión durante todo el año, pero llegaron a la última reunión con el informe ya escrito y sin objeciones para hacerse de los dos lados, y lo aprobaron sin dar muchas vueltas”, resumió.

El entendimiento transaccional entre oficialistas y kirchneristas llegó sobre el filo de los mandatos de la mayoría de los 14 legisladores que integraban la comisión; entre ellos, de su presidente, el entonces senador Martín Lousteau (UCR), el vice, el diputado Leopoldo Moreau (Unión por la Patria), y el entonces senador Oscar Parrilli (Unión por la Patria) como secretario. En la actualidad, Lousteau es diputado y los dos restantes dejaron el Congreso.

Cuenta la leyenda que durante siglos navegantes y pilotos evitaron una zona del Atlántico conocida como el Triángulo de las Bermudas. Desaparecían aviones, barcos, fallaban los instrumentos y quienes pasaban por ahí parecían perder su rumbo. Nadie sabía exactamente qué ocurría, pero todos sabían algo: quien entraba en ese triángulo corría el riesgo de no salir. Es una metáfora adecuada considerando que la Argentina vivió durante décadas atrapada en su propio Triángulo de las Bermudas.

En nuestro caso no era un fenómeno natural, ni una fatalidad histórica, era el resultado de un sistema político y económico que había construido una arquitectura legal para obtener privilegios pagados por todos los argentinos. Y del que, cada vez que queríamos escapar, el sistema desplegaba todos sus recursos para asegurarse que quedáramos atrapados y seguir aprovechándose de nosotros.

Ese sistema se sostuvo durante años apoyado sobre tres fuerzas que actuaban como verdaderos agentes bloqueadores del cambio: el peronismo (el gran gestor del statu quo), un sistema sindical organizado como monopolio de la representación de los trabajadores y un “capitalismo de amigos” que encontraba su rentabilidad en la captura de privilegios y regulaciones. Durante décadas esa tríada mantuvo a la Argentina atrapada en lo que parecía ser un statu quo infranqueable.

Por eso, para entender lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, no alcanza con mirar las variables macroeconómicas. El crecimiento, la caída de la inflación y el equilibrio fiscal son datos fundamentales y relevantes, pero no capturan del todo el cambio más profundo que está ocurriendo. Lo que estamos empezando a ver es algo distinto: por primera vez en mucho tiempo, los tres vértices de ese triángulo están siendo esmerilados, permitiendo avizorar por primera vez la posibilidad de que los argentinos escapemos de la trampa de la que somos prisioneros hace 50 años.

El primer vértice del triángulo es el peronismo. Durante años, el sistema electoral argentino funcionó con mecanismos que permitían distorsiones difíciles de detectar pero estructuralmente muy eficaces. La aprobación en el Congreso de la boleta única de papel en 2024 representó, en ese sentido, una reforma institucional de enorme alcance. Siempre se sospechó que el sistema anterior permitía cierto margen de manipulación electoral. Se hablaba de uno o dos puntos porcentuales, quizás tres. Pero en octubre del año pasado descubrimos que el cambio resultó mayor de lo que muchos imaginaban.

En distritos donde el peronismo parecía tener una ventaja estructural consolidada, los resultados empezaron a cambiar de manera visible. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, una elección que había sido ganada con comodidad apenas dos meses antes bajo el esquema anterior mostró un resultado completamente distinto cuando se utilizó la boleta única. Y si bien el resultado se debe seguramente a un conjunto de variables, negar que la boleta única jugó un rol fundamental sería negar la realidad.

Para entender la relevancia de esto suelo utilizar una metáfora de la física. Durante años el peronismo funcionó como un cuerpo de gran masa política que ejercía una fuerte atracción gravitacional sobre un conjunto de aliados, estructuras y dirigentes que orbitaban a su alrededor. La boleta única redujo esa masa política disminuyendo su tracción gravitacional efectiva. Y cuando un cuerpo pierde gravedad, inevitablemente comienzan a modificarse las órbitas de quienes giraban en torno a él. Eso es lo que estamos empezando a observar.

El segundo vértice del triángulo es el sindical. La nueva ley de modernización (y Federalización) laboral tiene implicancias económicas evidentes. Pero su dimensión política es igualmente relevante. Durante décadas, el sistema de negociación colectiva argentino estuvo organizado alrededor de convenios nacionales centralizados, conducidos por estructuras sindicales que funcionaban como monopolios de representación.

La reforma introduce muchos principios distintos, pero quiero destacar uno en particular: la negociación a nivel de empresa puede prevalecer sobre el convenio nacional. En términos económicos esto permite que las reglas laborales reflejen mejor la realidad productiva de cada sector, cada región y cada empresa. Un concepto de federalismo inédito en nuestro país. Pero, en términos institucionales, también produce un efecto más profundo: comienza a erosionar el poder monopólico de estructuras sindicales que durante décadas actuaron como uno de los principales frenos al cambio y, por ende, de la actualización del sistema productivo.

Este cambio no se va a ver de inmediato. Probablemente sus efectos se desplieguen gradualmente en los próximos años. Pero su dirección es clarísima: abre la posibilidad de modificar radicalmente el equilibrio de poder dentro del sistema político argentino. Otra reforma de enorme alcance. Requerirá que el resto de los actores recoja el guante y aproveche estas oportunidades.

El tercer vértice del triángulo es lo que el presidente Javier Milei ha denominado capitalismo de amigos. No todo el empresariado argentino forma parte de ese sistema, pero durante años existió un conjunto de sectores cuya rentabilidad dependía menos de competir en el mercado que de capturar regulaciones, privilegios o barreras de entrada que limitaban la competencia.

Cuando comenzamos a revisar el entramado regulatorio argentino encontramos algo revelador: muchas de las regulaciones que organizaban la economía no habían sido diseñadas para proteger a los consumidores, ni para mejorar el funcionamiento de los mercados. En muchos casos habían sido creadas para beneficiar a grupos específicos que utilizaban el poder del Estado para asegurar rentas extraordinarias y monopólicas. La agenda de desregulación está cambiando esa lógica. Lo mismo hace la apertura económica, que acota las rentas posibles cuando cazan en el zoológico.

Al abrir la economía, eliminar regulaciones innecesarias y fomentar la competencia, reducimos el espacio para capturar privilegios regulatorios. Y cuando desaparece la renta regulatoria también se reduce el poder político de quienes la utilizaban para bloquear reformas. Por eso la agenda de desregulación y apertura tiene dos dimensiones. La primera es la que cualquier economista reconoce: más competencia, mayor eficiencia, menores costos y mayor productividad. Pero existe también una segunda dimensión, más profunda, vinculada con la economía política de las reformas. Al eliminar privilegios regulatorios, la desregulación debilita el poder de los agentes que históricamente bloquearon el cambio en la Argentina. La tercera reforma de enorme alcance.

Boleta única. Modernización laboral. Apertura económica y desregulación. Tres reformas que actúan simultáneamente sobre los tres vértices del triángulo que mantuvo al país atrapado durante décadas. En los últimos seis meses hemos avanzado más que en las últimas décadas en debilitar esas estructuras, abriendo un mundo de posibilidades y libertad donde antes estaba el triángulo de las Bermudas.

Nunca se puede bajar la guardia. Los sistemas de privilegios tienen una enorme capacidad de adaptación, resistencia y, sobre todo, de ataque. El status quo no sólo busca perpetuarse simplemente porque es sino que también lo hace porque quiere seguir siendo, siempre. Sin importarle el decrecimiento del país, la pérdida de oportunidades o las crisis que su lucha inescrupulosa pueda generar.

Hoy esa arquitectura empieza a resquebrajarse. La historia económica de los países cambia cuando cambian sus instituciones, pero sobre todo cuando cambia el equilibrio de poder que las sostiene. Eso es lo que estamos empezando a ver.

No es el final del camino. Es el momento en que el país, después de décadas de navegar en círculos, empieza finalmente a encontrar una salida del triángulo. Y cuando una sociedad recupera la libertad de producir, innovar y competir sin las cadenas del privilegio, el amedrentamiento y la captura, ocurre algo que la historia ha demostrado una y otra vez: la energía creativa de millones de personas empieza a desplegarse.

Ahí comienza, de verdad, el futuro. VLLC!